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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. VII. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. VIII. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. LA SOLICITUD Y EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES IMPLICA PARA LA AUTORIDAD LA OBLIGACIÓN CONCRETA DE EXPEDIRLAS Y CERTIFICARLAS, DE MODO QUE DICHO SERVICIO ES UN ACTO INSTANTÁNEO PORQUE SE AGOTA EN EL MISMO ACTO EN QUE SE EFECTÚA SIN PROLONGARSE EN EL TIEMPO. IX. DERECHOS POR SERVICIOS. DIFERENCIAS ENTRE COPIAS SIMPLES Y COPIAS CERTIFICADAS. X. FE PÚBLICA. SU CONCEPTO. XI. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. EL COBRO POR LAS COPIAS SOLICITADAS NO DEBE SER COMO EN EL DERECHO PRIVADO, PUES NO PUEDE EXISTIR UN LUCRO O UNA GANANCIA PARA EL ESTADO, SINO QUE EL MONTO DEBE GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO. XII. SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. ANÁLISIS DE LAS NORMAS QUE PREVÉN EL MONTO POR EL PAGO DE COPIAS EN TAMAÑO OFICIO O CARTA, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES CONTENIDOS EN DISCOS COMPACTOS, DISCOS DUROS, MEMORIAS TIPO USB, SD Y MICRO SD (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 99, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, CENTRO, ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO). XIII. DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. XIV. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LOS JUZGADORES DEBEN ATENDER A SU FINALIDAD Y OPTAR POR LA SOLUCIÓN JURÍDICA QUE LA HAGA OPERATIVA. XV. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO DEBE PRESTAR UN SISTEMA DE APOYOS PARA EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA CONFORME A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. XVI. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL MODELO SOCIAL DE ASISTENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES ENTRAÑA EL PLENO RESPETO A SUS DERECHOS, VOLUNTAD Y PREFERENCIAS. XVII. MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD. IMPLICA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TENGAN UNA VIDA INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMA A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA. XVIII. IGUALDAD FORMAL. ES UNA PROTECCIÓN CONTRA DISTINCIONES Y/O TRATOS ARBITRARIOS Y SE COMPONE DE LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y LA IGUALDAD EN LA NORMA JURÍDICA. XIX. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. XX. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN. XXI. IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL. XXII. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. XXIII. DISCAPACIDAD. EL ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA DEBE REALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. XXIV. NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR. XXV. CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO. XXVI. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA A LOS ESTABLECIMIENTOS POR VENDER "UNA BEBIDA ALCOHÓLICA A UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL", NO CONTIENE ALGÚN PROPÓSITO VÁLIDO, SINO MÁS BIEN UNA MEDIDA QUE SE TRADUCE EN UNA RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL Y CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 185, FRACCIONES III, INCISO B), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O A PERSONAS CON DEFICIENCIAS MENTALES", Y IV, INCISO A), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CON DEFICIENCIAS MENTALES", DE LA LE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2024 Y SU ACUMULADA 101/2024. · Registro digital (IUS): 33831
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-01-30
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Enero de 2026, Tomo V, Volumen 1, Pág.205.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2024 Y SU ACUMULADA 101/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE DICIEMBRE DE 2024. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: PABLO RAÚL GARCÍA REYES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Promoventes: Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Norma impugnada: Se impugnan diversos preceptos de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, expedida mediante Decreto No. 2005, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca de Juárez, el seis de abril de dos mil veinticuatro.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 98/2024 y su acumulada 101/2024, promovidas por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicada en el periódico oficial de dicha entidad, el seis de abril de dos mil veinticuatro, mediante Decreto No. 2005.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1 Presentación de las demandas. El seis de mayo de dos mil veinticuatro, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, promovieron acciones de inconstitucionalidad impugnando diversas disposiciones de carácter general, señalando como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

2 La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal estimó vulnerados los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 16 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 1, 4, 5, 12, 17 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó actualizadas violaciones a los numerales 1, 4, 9, 14, 16, 24 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

3 Radicación y acumulación. Por auto de siete de mayo de dos mil veinticuatro, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo Federal, a la que le correspondió el número 98/2024.

4 Similarmente, mediante acuerdo de esa misma fecha se registró la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el número de expediente 101/2024.

5 Al existir identidad en el decreto legislativo impugnado ordenó la acumulación de ambos expedientes y por razón de turno designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que actuara como instructor en el procedimiento.

6 Admisión. En proveído de treinta de mayo de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió las acciones relativas, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca de Juárez para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República para los efectos legales conducentes.

7 Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Por acuerdo de once de julio dos mil veinticuatro se tuvo al Poder Legislativo local de dicha entidad rindiendo el informe respectivo en el que expresó que los artículos y el decreto impugnado no contravenían disposición alguna de la Constitución Federal o de tratados internacionales y, por tanto, la vía intentada por la actora no era idónea.

8 Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Mediante acuerdo de quince de agosto de dos mil veinticuatro, se tuvo por presentado el informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en el que señaló que el decreto no resultaba inconstitucional porque había sido emitido en ejercicio de las facultades previstas en la Constitución de dicha entidad federativa.

9 Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro se declaró cerrada la instrucción.

I. COMPETENCIA

10 Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca.

II. OPORTUNIDAD

11 De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y el cómputo inicia a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial, en el entendido de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

12 En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el sábado seis de abril de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad trascurrió del siete de abril al seis de mayo de dos mil veinticuatro.

13 Luego, si los escritos de demanda del Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se presentaron el seis de mayo de dos mil veinticuatro en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, esto es, el último día del plazo para su vencimiento, es claro que su interposición resulta oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

14 La acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal fue instada por parte legítima, conforme al artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal, pues fue suscrita por María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 11, párrafo último, y 59 de la Ley Reglamentaria, así como el Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno. Dicha personalidad la acreditó con copia certificada del nombramiento respectivo.

15 Asimismo, la acción promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también fue instada por parte legitimada, toda vez que de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) dicha Comisión está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.

16 En el caso, el escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia de la comunicación emitida por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo dos mil diecinueve a dos mil veinticuatro.

17 Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(5) y 18 de su Reglamento Interno;(6) y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con el numeral 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(7)

18 Además, en el caso se plantea que diversos preceptos de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, del Estado de Oaxaca, resultan violatorios de los derechos de libertad personal, así como los principios de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria.

19 Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el referido artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, procede reconocerse la legitimación activa en este asunto.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

20 En virtud de que las cuestiones relativas a la procedencia de la acción son de estudio preferente, procede examinar los planteamientos expresados sobre ese aspecto por las autoridades del Estado de Oaxaca, que no han sido materia de estudio previamente. Aunque las autoridades no precisaron con claridad si esos argumentos se hicieron valer como causas de improcedencia, por exhaustividad se estima oportuno abordarlos en este apartado.

21 El Poder Ejecutivo local manifestó en su informe que la promulgación y publicación del decreto impugnado se realizaron conforme a sus atribuciones; además, que las disposiciones combatidas no contravienen la Constitución Federal.

22 El motivo de improcedencia alegado resulta infundado.

23 Los artículos 61, fracción II(8) y 64, párrafo primero,(9) de la Ley Reglamentaria, establecen que en el escrito inicial el promovente deberá señalar, entre otras cosas, los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas, a quienes se les requerirá un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a evidenciar la validez de sus actos o la improcedencia del medio de impugnación.

24 En ese sentido, como lo ha precisado este Tribunal Pleno, no se actualiza una causa de improcedencia bajo el argumento de que el Ejecutivo realizó la promulgación y publicación de la norma impugnada conforme a las facultades que le otorga algún ordenamiento, pues dicha autoridad se encuentra invariablemente implicada en la emisión de la norma impugnada, y, por ende, debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal. Esto, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES”.(10)

25 Por otro lado, también resultan infundados los argumentos de los poderes demandados, en torno a que las normas cuestionadas no vulneran derechos humanos y, por tanto, la vía intentada no es la adecuada, puesto que ello constituye una cuestión que no se vincula con la procedencia de la acción, sino que corresponde al estudio de fondo del asunto.

26 Sirve de apoyo lo establecido en la tesis P./J. 36/2004, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.(11)

27 Conforme a lo anterior, los motivos de improcedencia aducidos resultan infundados y al no existir alguna otra cuestión de este apartado por dilucidar se analizará las disposiciones impugnadas.

V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

28 La litis de estas acciones de inconstitucionalidad se circunscribe a analizar determinados preceptos de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, del Estado de Oaxaca, en relación con los temas siguientes:

TEMA I. Cobros desproporcionados por reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso la información.

• Artículo 99, fracciones I, II, y VII, inciso h).

TEMA II. Prohibición de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos para personas con deficiencias mentales.

• Artículo 185, fracciones III, inciso b), en la porción normativa “o a personas con deficiencias mentales”, y IV, inciso a), en la porción normativa “con deficiencias mentales”.

TEMA III. Establecimiento de infracciones que causan inseguridad jurídica.

• Artículo 190, incisos c), f), s), z), aa) ee) y ff).

VI. ESTUDIO DE FONDO

29 A continuación, se procede al estudio, por separado, de los temas antes destacados.

TEMA I. Cobros desproporcionados por reproducción de información, no relacionada con el derecho de acceso a la información.

30 La Comisión accionante impugna el artículo 99, fracciones I, II, y VII, inciso h), que establecen el cobro de derechos por los servicios que preste el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito de Centro, por la expedición de copias certificadas, así como la legalización de firmas, la entrega de información a través de medios digitales y por su impresión, ya que vulneran el principio de proporcionalidad porque las tarifas no representan realmente el costo de la prestación de dichos servicios; además, algunas disposiciones no son claras para los sujetos a los que se dirigen.

31 El contenido de las disposiciones impugnadas es el siguiente:

Artículo 99. Los pagos de los derechos por la expedición de constancias y certificaciones a que se refiere esta sección, deberán ser realizados al momento de la solicitud de las constancias y certificaciones. Dicho monto deberá determinarse tomando como base el valor de la UMA vigente, y aplicando las tarifas siguientes, según sea el caso:

Ver cuadro 1

32 El concepto de invalidez planteado es parcialmente fundado.

33 Previo a analizar los argumentos de la promovente es necesario precisar que es criterio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las disposiciones ahora examinadas no están vinculadas a los procedimientos de acceso a la información pública, por lo que éstas no se analizarán a la luz del principio de gratuidad en materia de acceso a la información, sino en función al principio de proporcionalidad tributaria.(12)

34 Ello, en tanto que la lectura de las disposiciones impugnadas no permite afirmar con absoluta certeza que los conceptos gravados se encuentran vinculados directamente con el derecho de acceso a la información.

35 Sentado lo anterior, conviene señalar que los alcances de los principios de justicia tributaria, derivados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte, entre otras, en las acciones de inconstitucionalidad 9/2022 y sus acumuladas 13/2022, 14/2022, 18/2022 y 22/2022,(13) y 44/2022 y sus acumuladas 45/2022 y 48/2022,(14) de manera reciente en las acciones de inconstitucionalidad 19/2023,(15) 54/2023,(16) 55/2023,(17) 18/2023 y su acumulada 25/2023(18) y 34/2023 y sus acumuladas 36/2023 y 49/2023(19) y 50/2023,(20) más recientemente al resolver las acciones de inconstitucionalidad 106/2023,(21) 75/2024,(22) 64/2024,(23) y 45/2024 y su acumulada 51/2024.(24)

36 En aquellos precedentes, este Tribunal Pleno ha sostenido que para considerar constitucionales las normas que prevén derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser igual para todos los que reciban el mismo servicio.

37 Lo anterior, porque, como se ha señalado, la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributaria es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la prestación del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.

38 Dicho criterio se encuentra reflejado en las jurisprudencias de rubro: “DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS”(25) y “DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA”.(26)

39 Al respecto, en las acciones referidas, de forma similar a lo determinado en el apartado anterior, se destacó que la solicitud de copias certificadas y el pago de los correspondientes derechos implican para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas, de modo que dicho servicio es un acto instantáneo, porque se agota en el mismo acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.

40 Además, que, a diferencia de las copias simples, que son meras reproducciones de documentos que para su obtención se colocan en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado; las copias certificadas involucran la fe pública del funcionario que las expide, la cual es conferida expresamente por la ley como parte de sus atribuciones.

41 En efecto, se destacó que la fe pública es la garantía que otorga el funcionario respectivo al determinar que el acto de reproducción se otorgó conforme a derecho y que lo contenido en él es cierto, proporcionando así seguridad y certeza jurídica al interesado; y, a partir de lo anterior, se concluyó que el servicio que presta el Estado en ese supuesto se traduce en la expedición de las copias que se soliciten y el correspondiente cotejo con el original que certifica el funcionario público en ejercicio de las facultades que le confiere una disposición jurídica.

42 También se destacó que, a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, la correspondencia entre el servicio proporcionado por el Estado y la cuota aplicable por el acto de certificar no debe perseguir lucro alguno, pues se trata de una relación de derecho público, de modo que para que la cuota aplicable sea proporcional debe guardar relación razonable con lo que cuesta para el Estado la prestación de dicho servicio, en este caso, de certificación de documentos.

43 De dichos precedentes derivó la jurisprudencia de rubro: “DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA CUOTA A PAGAR POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)”,(27) así como la tesis de rubro: “DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA”.(28)

44 En el presente caso, el proyecto presentado ante el Tribunal Pleno consideraba que no resultaba razonable que se cobrara por la expedición de copias certificadas un costo de .24 UMA, por cada hoja tamaño oficio o carta y 1 UMA por copias certificadas de toda clase de manifiestos, de las constancias relativas a la actividad fiscal inmobiliaria emitidas por las autoridades fiscales.

45 A fin de determinar la equivalencia en moneda nacional de las tarifas combatidas, el proyecto proponía realizar el procedimiento previsto en el artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida Actualizada,(29) así como la publicación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veinticuatro y fijó el valor diario de la unidad de medida y actualización para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro en $108.57 (ciento ocho pesos 57/100 M.N.). 46 En ese sentido, siguiendo la operación aritmética prevista por el diverso artículo 3 de la Ley para determinar la correspondencia en pesos de valor expresado en unidad de medida y actualización,(30) se desprende que la disposición aquí combatida prevé el derecho por certificación de documentos en un monto equivalente a $26.05 (veintiséis pesos 05/100 M.N.) por cada hoja y $108.57 (ciento ocho pesos 57/100 M.N.) por expedición de toda clase de manifiestos, relativas a la actividad fiscal inmobiliaria emitida por las autoridades fiscales.

47 A partir de lo anterior, se concluía que las cuotas previstas en las fracciones indicadas resultaban desproporcionales, pues no guardaban una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio ni con el costo que implica certificar un documento.(31)

48 Pues presuponía que el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación o constancia, sino que implicaba la certificación respectiva del funcionario público autorizado; sin embargo, la relación entablada entre las partes no es de derecho privado, de modo que no podía existir un lucro o ganancia para el Estado, sino que debía guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.

49 Idéntica conclusión se proponía en relación con las disposiciones que prevén la certificación de archivos digitales contenidos en discos compactos, discos duros, memorias tipo USB, SD o Micro SD, con costos entre $32.57 (treinta y dos pesos 57/100 M.N.) y $217.14 (doscientos diecisiete pesos 14/100 M.N.), pues las tarifas establecidas por la certificación y entrega de información a través de estos medios carecen de justificación alguna por parte del legislador, ya que no se justifican en virtud de la actividad de certificación realizada sino en función del volumen de la información compartida.

50 No obstante, en la sesión pública en que se discutió el asunto se conformó una mayoría de seis votos a favor de la propuesta, de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo y Presidenta Piña Hernández, para declarar la invalidez del artículo 99, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2024. Las señoras Ministras Batres Guadarrama y Ríos Farjat y los señores Ministros Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra.

51 Similarmente, se expresó una mayoría de siete votos a favor de la propuesta, de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat y Presidenta Piña Hernández, respecto a declarar la invalidez del artículo 99, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2024. La señora Ministra Batres Guadarrama y los señores Ministros Laynez Potisek y Pérez Dayán votaron en contra.

52 Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del artículo 99, fracciones I y II, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.(32)

53 Sin embargo, se considera que la cuota prevista en el artículo 99, fracción VII, inciso h), sí resulta desproporcional, pues no guarda una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio ni con el costo que implica certificar un documento; además, no es clara en cuanto a si se trata de un cobro por hoja o por la expedición del documento completo, la manera en que se compone ese manifiesto, así como el mecanismo para computar el periodo de tiempo estipulado.

54 En ese sentido, procede declarar únicamente la invalidez del artículo 99, fracción VII, inciso h), de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.

TEMA II. Prohibición de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos para personas con deficiencias mentales.

55 La Comisión accionante impugna el artículo 185, fracciones III, inciso b), en la porción normativa “o a personas con deficiencias mentales”, y IV, inciso a), en la porción normativa “con deficiencias mentales”, al constituir una regulación discriminatoria en contra de las personas con discapacidad mental, que impide el reconocimiento de su dignidad humana, personalidad y capacidad jurídica.

56 El contenido de la norma impugnada es el siguiente:

Artículo 185. Las sanciones de orden administrativo y fiscal por infracciones a las leyes y reglamentos municipales que, en uso de sus facultades, imponga la autoridad municipal, serán aplicadas conforme a las siguientes:

Ver cuadro 2

57 El concepto de invalidez es parcialmente fundado por las siguientes razones.

58 Este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 81/2023(33) y 104/2023 y su acumulada 105/2023(34) analizó disposiciones de contenido similar y desarrolló diversas consideraciones sobre la discapacidad y su modelo social, así como sobre el principio de igualdad y no discriminación en materia de discapacidad, las cuales se retoman al resultar relevantes para la solución del presente asunto.

Discapacidad y modelo social.

59 La discapacidad es definida como una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que puede ser permanente o temporal, congénita o adquirida, que tiene una persona que, al interactuar con las barreras sociales y actitudinales, le impide una inclusión plena y efectiva en igualdad de circunstancias que el resto de las personas.(35)

60 Tal concepción no siempre fue así, pues ha ido evolucionando: en principio existía el modelo de "prescindencia" en el que las causas de la discapacidad se relacionaban con motivos religiosos, el cual fue sustituido por un esquema denominado "rehabilitador", "individual" o "médico", en el cual el fin era normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía, mismo que fue superado por el denominado modelo "social", el cual propugna que la causa que genera una discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona.

61 En este modelo social de la discapacidad la persona es vista como un sujeto de derechos humanos y no como mero objeto de cuidado, dejando de poner énfasis en la deficiencia de la persona, pues es la sociedad la que impone barreras estructurales y actitudinales al dejar de considerar las necesidades que tenemos como diversidad humana. De ahí que se ha concluido que las discapacidades no son enfermedades.(36)

62 En este sentido, el modelo social y de derechos humanos reconoce que la discapacidad es una construcción social y que las deficiencias no deben considerarse como motivo para restringir o negar derechos humanos.(37)

63 Así, el modelo social y de derechos humanos involucra el replanteamiento de la discapacidad y sus consecuencias jurídicas e implica una interpretación en clave de derechos humanos que asuma el respeto a la diversidad como condición inherente a la dignidad humana. Por ello, al analizar los asuntos debe tenerse presente la finalidad de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y optar siempre por aquella solución jurídica que la haga operativa.(38)

64 La citada Convención reconoce desde su preámbulo la importancia de la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, lo cual reafirma como un principio general en su artículo 3, inciso a).(39)

65 Dicha independencia, como forma de autonomía personal, implica que la persona con discapacidad no se vea privada de la posibilidad de elegir y controlar su modo de vida y sus actividades cotidianas.(40)

66 Para ello, la Convención(41) prevé que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídicas en todas partes y en todos los aspectos de la vida. Asimismo, contempla el establecimiento de apoyos para la facilitación del ejercicio de la capacidad jurídica, y salvaguardias, como medidas que buscan que en su ejercicio se respeten la voluntad, preferencias y derechos de las personas con discapacidad, y evitar que exista influencia indebida o conflicto de interés.

67 En ese sentido, las personas con discapacidad pueden auxiliarse de apoyos y salvaguardias en el ejercicio de su capacidad jurídica como un sistema de asistencia en la toma de sus decisiones, sin que pueda sustituirse en ningún momento su voluntad,(42) pues incluso en los casos que requieran apoyos más intensos, siempre debe atenderse a la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona y no así a su interés superior.(43)

68 El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que la capacidad jurídica es indispensable para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y que su negación a las personas con discapacidad ha hecho que se vean privadas de muchos derechos fundamentales.

69 Determinó que el apoyo en la adopción de decisiones no debe utilizarse como justificación para limitar otros derechos fundamentales y que el reconocimiento de la capacidad jurídica está vinculado de manera indisoluble con el disfrute de muchos otros derechos humanos establecidos en la Convención, por lo que, el no reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona compromete notablemente su capacidad de reivin

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33831-055a19f0/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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