I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 222, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; 224, FRACCIONES I Y III; 225, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; 226, PRIMER PÁRRAFO; 227, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; 229, FRACCIONES I, II Y III; 232; 233; 235, PRIMER PÁRRAFO Y 236, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y MULTA"). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. POLÍTICA CRIMINAL. EL LEGISLADOR TIENE UNA AMPLIA LIBERTAD PARA DETERMINAR SU RUMBO, PERO SIEMPRE RESPETANDO LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y DE RAZONABILIDAD. V. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. VI. NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA. VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SE EXTIENDE A LA CORRECTA DEFINICIÓN DE LAS PENAS QUE CORRESPONDAN A LAS CONDUCTAS SOCIALMENTE LESIVAS. VIII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. RESULTA JURÍDICAMENTE VÁLIDO QUE EL LEGISLADOR, AL FORMULAR UN TIPO PENAL Y LA PENA QUE LE CORRESPONDE, ESTABLEZCA SU REDACCIÓN EN MÁS DE UN ARTÍCULO, SIEMPRE Y CUANDO EL TEXTO DE LOS PRECEPTOS PERMITA ADVERTIR DE FORMA CLARA LA RELACIÓN ENTRE ELLOS. IX. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUALES Y EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN EL ESTADO DE COAHUILA. LA PREVISIÓN DE LA PORCIÓN NORMATIVA "Y MULTA" EN UNA DISPOSICIÓN DISTINTA A AQUELLA EN LA QUE SE CONTEMPLAN SUS LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO PARA EFECTOS DE SU INDIVIDUALIZACIÓN ES ACORDE CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (ARTÍCULOS 222, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; 224, FRACCIONES I Y III; 225, PÁRRAFO PRIMERO; 226, PRIMER PÁRRAFO; 227, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; 229, FRACCIONES I Y III; 232; 233; 235, PRIMER PÁRRAFO Y 236, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA). X. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUALES Y EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN EL ESTADO DE COAHUILA. EL MARGEN DE APRECIACIÓN DEL LEGISLADOR PARA DISEÑAR EL RUMBO DE LA POLÍTICA CRIMINAL LE PERMITE PREVER UNA PENA DE MULTA CONJUNTA A LA DE PRISIÓN PARA AQUÉLLOS (ARTÍCULOS 224, FRACCIONES I Y III; 225, PÁRRAFO PRIMERO; 226, PÁRRAFO PRIMERO; 227, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; 229, FRACCIONES I Y III; 232; 233; 235, PÁRRAFO PRIMERO, Y 236, FRACCIONES I, PÁRRAFO PRIMERO, Y II, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA). XI. DELITO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON FINES SEXUALES EN EL ESTADO DE COAHUILA, AL TRATARSE DE UNA FORMA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL CONTRARIA A LA LEY, EL LEGISLADOR LOCAL CARECE DE FACULTADES PARA REGULARLO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 222 DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA). XII. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. CONSTITUYE UNA EXTENSIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. XIII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. XIV. DELITO DE VIOLACIÓN IMPROPIA EN PERSONA MENOR DE QUINCE AÑOS EN EL ESTADO DE COAHUILA. LA OMISIÓN DE ESPECIFICAR LA CLASE DE PENA EN NÚMERO DE AÑOS PARA LA CONDUCTA TIPIFICADA TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 229, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA). XV. DELITO DE VIOLACIÓN IMPROPIA EN PERSONA MENOR DE QUINCE AÑOS EN EL ESTADO DE COAHUILA. LA SOLA REFERENCIA A UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO DE TIEMPO PARA LA CONDUCTA TIPIFICADA, CUANDO EXISTE UN CATÁLOGO DE SANCIONES EN EL ORDENAMIENTO QUE LA PREVÉ, NO PERMITE CONCLUIR SIN AMBIGÜEDAD QUE LA PENA QUE CORRESPONDE A AQUÉL ES LA DE PRISIÓN, POR LO QUE CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 229, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA). XVI. DELITO DE VIOLACIÓN IMPROPIA EN PERSONA MENOR DE QUINCE AÑOS EN EL ESTADO DE COAHUILA. SI EL CONTORNO MÁXIMO DE LA MULTA PREVISTA PARA ESE DELITO DEPENDE DE LA EXACTA DEFINICIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN Y ÉSTA ES AMBIGUA, DICHA SANCIÓN ECONÓMICA SE TORNA IGUALMENTE AMBIGUA, POR LO QUE CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 229, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA). XVII. DELITO DE VIOLACIÓN IMPROPIA EN EL ESTADO DE COAHUILA COMETIDO EN CONTRA DE PERSONA QU
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 53/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE JUNIO DE 2020. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de junio de dos mil veinte.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación. Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidente, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las porciones normativas que indican "y multa" de los artículos 222, párrafos primero y segundo; 224, fracciones I y III; 225, párrafos primero y segundo; 226, primer párrafo; 227, párrafos primero y segundo; 229, fracciones I, II y III; 232; 233; 235, primer párrafo y 236, fracciones I y II, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza; asimismo, de forma particular el numeral 229, fracción II de dicha codificación reformados mediante el Decreto 242, publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el doce de abril de dos mil diecinueve.
SEGUNDO.—Normas constitucionales y convencionales que se aducen violadas. La promovente consideró que las normas cuya invalidez se demanda son violatorias de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
TERCERO.—Texto de las normas cuya invalidez se solicita:
"CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA
"ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 12 DE JULIO DE 2019.
"Artículo 222 ...
"Se impondrá de dos a ocho años de prisión y multa, a quien prive a una persona de su libertad con el propósito de realizar con ella un acto sexual.
"Cuando la persona a quien se le prive de la libertad sea menor de dieciocho años o sea una persona que no tuviere capacidad de comprender el significado del hecho o de decidir conforme a esa comprensión, o por cualquier circunstancia personal no pueda resistirlo, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y multa ..."
"Artículo 224 ...
"I. ...
"Se considera violación y se impondrá de ocho a quince años de prisión y multa, a quien por medio de la violencia física, psicológica o moral tenga cópula con una persona de cualquier sexo sin su voluntad. ...
"III. ...
"Se equipará a la violación y se impondrá de diez a diecisiete años de prisión y multa, a quien tenga cópula con una persona sin capacidad para comprender la naturaleza de la relación sexual o de decidir de acuerdo a esa comprensión; o de resistir la conducta delictuosa. ..."
"Artículo 225 ...
"Se considera violación impropia y se impondrá prisión de cinco a diez años y multa, a quien ilícitamente introduzca en forma total o parcial por la vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto al pene, sin el consentimiento de la persona.
"Se aplicará de siete a doce años y multa, a quien ilícitamente introduzca en forma total o parcial cualquier elemento o instrumento distinto al pene, por la vía anal o vaginal a persona que por cualquier causa no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o posibilidad de resistir la conducta delictuosa. ..."
"Artículo 226 ...
"Se aplicará de dos a seis años de prisión y multa, a quien sin el propósito de llegar a la cópula y sin consentimiento de una persona de cualquier sexo, mayor de quince años de edad, ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico. ..."
"Artículo 227...
"Se impondrá de tres a siete años de prisión y multa, a quien, sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o decidir conforme a esa comprensión; o por cualquier circunstancia no pueda resistirlo.
"Si se emplea violencia física, psicológica o moral suficiente para intimidar a la víctima y cometer el delito, se aplicará de cuatro a nueve años de prisión y multa ..."
"Artículo 229 ...
"I. ...
"Se considera violación equiparada y se impondrá de diez a diecisiete años de prisión y multa, a quien realice cópula con una persona de cualquier sexo, menor de quince años de edad.
"II. ...
"Se considera violación impropia y se impondrá de siete a doce años y multa, a quien ilícitamente introduzca en forma total o parcial cualquier elemento o instrumento distinto al pene, por la vía anal o vaginal a persona menor de quince años de edad.
"III. ...
"Se considera abuso sexual y se impondrá de tres a siete años de prisión y multa, a quien sin el propósito de llegar a la cópula y con o sin consentimiento de una persona menor de quince años de edad, de uno u otro sexo, ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico. ..."
"Artículo 232 ...
"Se impondrá de tres a cinco años de prisión y multa, a quien solicite a una persona que tenga menos de quince años, que brinde favores sexuales para aquél o para otra persona."
"Artículo 233 ...
"Se impondrá de cuatro meses a tres años de prisión y multa, a quien le conste cualquiera de las conductas de violación equiparada, violación impropia o abuso sexual contra una persona menor de quince años de edad, previstas en este capítulo, o le conste cualquiera de dichas conductas cuando sean cometidas contra incapaces, y no acuda a denunciarlas, a menos que haya causa de licitud o excusa legal para esa omisión."
"Artículo 235 ...
"Se aplicará prisión de siete meses a cinco años y multa, a quien por medio de la seducción o el engaño tenga cópula con un menor de dieciocho años de edad y mayor de quince. ..."
"Artículo 236 ...
"I.
"Se aplicará de dos a seis años de prisión y multa, a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, ya sea de manera directa, a través de medios informáticos, audiovisuales, virtuales o de cualquier otra forma, que le cause un daño o sufrimiento psicológico el cual lesione su dignidad, y coloque a la víctima en un estado de indefensión o de riesgo, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. ...
"II. ...
"Se aplicará de tres a ocho años de prisión y multa, a quien, basado en el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real respecto de la víctima, realice una conducta de tipo verbal, física o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva que le cause un daño o sufrimiento psicológico que lesione su dignidad, y coloque a la víctima en un estado de indefensión o de riesgo, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. ..."
CUARTO.—Concepto de invalidez. En síntesis, la promovente hizo valer los siguientes argumentos en contra de la validez de las normas impugnadas:
Señala que el doce de abril de dos mil diecinueve fue publicado en el Periódico Oficial de Coahuila de Zaragoza, el Decreto 242 por el que se reformaron diversas disposiciones del código penal de esa entidad federativa con el objeto de aumentar las sanciones privativas de libertad de los delitos de privación de la libertad con fines sexuales, violación, violación entre cónyuges, violación equiparada, violación impropia, abuso sexual, abuso sexual de persona incapaz y sus modalidades agravantes.
Señala que las disposiciones que fueron modificadas regulan la imposición de multas, sin embargo, no se especificó la cuantía de éstas, por lo que estima que transgreden el derecho a la seguridad jurídica, así como el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
En concreto, dicho defecto lo advierte en las porciones normativas que indican "y multa" de los artículos 222, párrafos primero y segundo; 224, fracciones I y III, 225, párrafos primero y segundo; 226, primer párrafo; 227, párrafos primero y segundo; 229, fracciones I, II y III; 232; 233; 235, primer párrafo y 236, fracciones I y II, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza.
Al respecto aduce que la Primera Sala de este Alto Tribunal ha sostenido que, en atención al principio de legalidad en materia penal, el mandato del artículo 14, tercer párrafo, de la Norma Suprema no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma, por lo que al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito.
En este sentido, dice que la referida Sala ha sostenido que, como derivación del principio de legalidad, existe el diverso principio de taxatividad, definido como la exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación y configuración de la ley, por lo que la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad de su aplicación.
Menciona que el mandato de taxatividad o tipicidad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que la conducta objeto de prohibición pueda ser conocida por el destinatario de la norma, por lo que los textos que contengan normas sancionadoras deben describir claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se pueden aplicar a quienes las realicen. De lo anterior se obtiene que el principio de taxatividad no sólo se limita a la correcta definición de las conductas socialmente lesivas, sino que se extiende a las penas, lo que resulta importante para asegurar el correcto actuar de la autoridad judicial en la individualización de las mismas, de manera que se abone a la certeza con la que deben contar las personas que, en su caso, se vean afectadas en sus derechos al aplicarse dichas normas punitivas, es decir, las personas que se vean implicadas en un proceso penal deben contar con la certidumbre necesaria respecto de las penas que les deberán de ser aplicadas como consecuencia de la comisión de un ilícito.
En el caso de los artículos 222, párrafos primero y segundo; 224, fracciones I y III, 225, párrafos primero y segundo; 226, primer párrafo; 227, párrafos primero y segundo; 229, fracciones I, II y III; 232; 233; 235, primer párrafo y 236, fracciones I y II, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, la promovente estima que, si bien, las conductas antijurídicas se encuentran delimitadas de manera suficiente no ocurre lo mismo respecto de las sanciones pecuniarias, toda vez que se encuentran redactadas de modo tal que generan un margen de arbitrariedad en la imposición de las mismas por la indefinición de montos mínimos y máximos para su correcta individualización cuando así resulte procedente.
Adicionalmente señala que las porciones normativas impugnadas vulneran el principio de proporcionalidad de las sanciones en virtud de que no permiten al juzgador prescindir de aplicar la sanción pecuniaria en asuntos concretos, pues la misma se señala como una pena obligatoria sin posibilidad de que el operador jurídico realice una ponderación caso por caso de la imposición de la misma, pues establece como pena la aplicación de forma necesaria e irrestricta de multas por la comisión de los delitos de privación de la libertad con fines sexuales, violación, violación entre cónyuges, violación equiparada, violación impropia, abuso sexual, este último respecto de persona incapaz y sus modalidades agravantes, sin atender en cada caso específico a los derechos fundamentales de los sujetos pasivos del delito, sin determinar un parámetro definido entre una cantidad mínima y una máxima para la imposición de las mismas en cada caso concreto.
En este sentido, argumenta que la sanción pecuniaria es conjuntiva respecto de la privativa de libertad y se establece como un imperativo de una manera irrestricta, lo que deviene contrario a la Norma Suprema, en virtud de que el Juez Penal se encuentra invariablemente obligado a imponer la pena de carácter económico, pero tendrá un margen amplísimo para determinarla en perjuicio de la seguridad jurídica con la que debe contar la persona que se encuentra sujeta al proceso acusatorio.
Por otra parte, de forma particular señala que el artículo 229, fracción II, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, también modificado mediante el referido Decreto 242, contempla las sanciones que amerita el delito de violación impropia, señalando que "se impondrá de siete a doce años", sin embargo, no especifica si se trata de años de prisión u otra pena, pudiendo ser de libertad supervisada, trabajo en favor de la comunidad, reclusión domiciliaria, suspensión o privación de derechos, o cualquier otra prevista en el mismo ordenamiento, por lo cual resulta violatoria del principio de legalidad penal en su vertiente de taxatividad.
Destaca el accionante que, si bien pudiera realizarse una interpretación sistemática del precepto en su totalidad, con el objeto de integrar debidamente la norma y así considerar que la pena a la que se refiere es a la privativa de libertad, el empleo de tal método hermenéutico se encuentra vedado en materia penal, atento al mandato de la estricta aplicación de las normas penales que se encuentra reconocido por el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal, por lo que resulta imperioso que el legislador establezca de manera absolutamente clara e indefectible la pena que resulte aplicable a la hipótesis normativa que establece el tipo.
QUINTO.—Registro del expediente y turno de la demanda. Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el número 53/2019; y, por razón de turno, designó como instructora a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa(1) la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.
SEXTO.—Admisión de la demanda. Posteriormente, la Ministra instructora dictó acuerdo el quince de mayo del dos mil diecinueve, en el que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que rindieran sus respectivos informes; a la Fiscalía General de la República, para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal con la finalidad de que, de considerar que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad pudiera trascender a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su representación correspondiera.(2)
SÉPTIMO.—Informe rendido por el Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza. El diputado Jaime Bueno Zertuche, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en representación del Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, rindió el informe correspondiente (fojas 78 a 141 del expediente), señalando en esencia, lo siguiente:
Que el veintidós de mayo de dos mil dieciocho se presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal de Coahuila de Zaragoza para tipificar el delito de violencia obstétrica y aumentar las penas previstas para los delitos de carácter sexual, suscrita por el gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, misma que en la décima tercera sesión del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza celebrada por el Pleno del Congreso en esa misma fecha, se acordó turnar a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen.
En la décima sexta sesión del primer periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, celebrada el doce de junio de dos mil dieciocho, se recibió en el informe de correspondencia y documentación del Congreso Local, el escrito de los integrantes del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Saltillo A.C., en el cual realizaron un análisis y solicitaron fueran escuchados en relación a la iniciativa de reforma al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, en lo referente al capítulo cuarto denominado violencia obstétrica, el cual se acordó turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y Justicia.
Precisó que, en la décima séptima sesión del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, celebrada el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en el informe de correspondencia y documentación del Congreso del Estado un escrito del C. Francisco Cué Martínez, de Vinculación Legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida A. C., mediante el cual envió consideraciones a la iniciativa de reforma al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, en lo referente a la violencia obstétrica, el cual se turnó a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Que, en la sexta sesión del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de Coahuila de Zaragoza, celebrada el veinte de marzo de dos mil diecinueve, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia sometió a consideración del Pleno el Dictamen relativo a la Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado; el escrito de integrantes del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Saltillo A.C., así como el escrito del C. Francisco Cué Martínez de Vinculación Legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida A. C.
Que, en la misma sexta sesión del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza celebrada el veinte de marzo de dos mil diecinueve, se aprobó por unanimidad de votos y en los términos en que fue leído, el Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia relativo a la iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal de Coahuila de Zaragoza presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza; el escrito de integrantes del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Saltillo A.C.; así como el escrito del C. Francisco Cué Martínez de Vinculación Legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C., turnándose al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, lo que ocurrió el doce de abril de dos mil diecinueve.
Que, de lo anterior se observa que para llegar a la aprobación del Decreto, el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, se siguieron los trámites previstos en la Constitución Política del Estado y en su ley orgánica.
En relación con los conceptos de invalidez planteados en contra de los artículos cuestionados, señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos 20, fracción II; 60 y 65 del citado ordenamiento legal, toda vez que la acción de inconstitucionalidad fue ejercida fuera del plazo legalmente establecido, puesto que las normas impugnadas no pueden ser tomadas como un nuevo acto legislativo toda vez que la porción normativa cuya validez se cuestiona de las disposiciones que son objeto de controversia provienen de la expedición del Decreto Número 990, por el cual se emite el Código Penal de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.
En consecuencia, al ser dicho decreto el que generó un supuesto perjuicio por constituir la base de la acción, debió acudirse a las instancias correspondientes en el momento oportuno que se produjo la afectación, sobre todo si se toma en cuenta que el Decreto 242 no modificó el contenido formal ni material del Decreto 990, por tanto, a partir de las porciones normativas que se pretenden combatir no se produjo un nuevo acto legislativo que permita su impugnación.
En este contexto, señala que la acción de inconstitucionalidad debe sobreseerse porque su presentación es extemporánea, esto porque el acto legislativo impugnado únicamente provoca, como se indica expresamente en la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen al Decreto 242, el aumento de las penas mínimas y máximas establecidas como marco legal punible, sin que se haya actualizado una modificación sustancial en las normas combatidas dado que no sufrieron modificación alguna los elementos objetivos de la descripción típica del delito, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros), la forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o inmediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto activo, y el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa o culposa.
Al referirse específicamente a las porciones normativas que indican "y multa", de los artículos cuestionados, el Poder Legislativo Local señaló que es infundado el argumento de la accionante respecto de que vulneren el derecho a la seguridad jurídica al tratarse de sanciones pecuniarias abiertas que no cumplen con el requisito de legalidad y generen incertidumbre jurídica para las personas que sean judicialmente condenadas por los diversos delitos sexuales. Lo anterior porque la parte actora omite considerar lo dispuesto en el artículo 124 del mismo código punitivo que a la letra señala:
"Artículo 124 (límites punibles e individualización de la multa). El mínimo de la multa para cualquier delito será el equivalente al de diez días multa (sic) para cualquier delito será el equivalente al de diez días multa. El máximo de la multa se determinará tomando en cuenta que cada año de prisión o fracción que la ley señale como pena máxima de prisión al delito de que se trate, equivaldrá a cincuenta días multa.
"No se aplicarán las reglas establecidas en el párrafo precedente, en los delitos que la ley les asigne marcos punibles específicos de multa, con independencia de los baremos señalados en el párrafo anterior.
"En cualquier caso, la multa se individualizará por el Juez o tribunal entre el mínimo y el máximo que resulte.
"Para ello, el Juez o tribunal apreciará las condiciones personales y familiares del sentenciado, así como su situación económica, sin que necesariamente el importe de la multa deba guardar equivalencia con la pena de prisión que imponga."
De esta forma apunta que, del texto anterior, se desprende que el legislador local contempló de forma clara, precisa y exacta, las sanciones correspondientes a las conductas tipificadas, al prever las penas y describir las conductas que se señalan como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, evitando confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado, en cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional.
Así, el legislador ordinario, en el marco de los principios constitucionales, determinó conjuntamente un parámetro mínimo y uno máximo en relación al bien jurídicamente tutelado, dando margen al juzgador para considerar factores sustanciales para individualizar las sanciones, tales como la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, a fin de que esté en aptitud de imponer una menor o mayor sanción pecuniaria dependiendo de tales aspectos.
En este contexto, el Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza concluye que es infundado referir que el texto normativo en lo referente a la pena de multa, implica violaciones al derecho a la seguridad jurídica, pues el legislador, en uso de sus facultades, estableció parámetros punibles que permiten al juzgador analizar la gravedad del ilícito de acuerdo con las circunstancias exteriores de ejecución, la naturaleza de la acción desplegada, los medios para cometerlo, la magnitud o el peligro al bien tutelado, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión del hecho realizado, la forma y grado de intervención del agente en su comisión, entre otros factores de individualización de sanciones, así como el grado de culpabilidad del activo conforme a su edad, educación, costumbres y condiciones sociales, económicas y culturales, entre otras. De ahí, se advierte que, por lo que hace a las sanciones pecuniarias contenidas en las normas tildadas de inconstitucionales, las mismas se encuentran legalmente determinadas en la misma codificación penal, estableciéndose al efecto un sistema de gradualidad de la pena para su fijación, respecto a las cuales el juzgador individualizará dichas cantidades en cada caso.
De esta forma, en su informe apunta que el legislador ordinario, en uso de su libertad configurativa del ius puniendi que le corresponde en el ámbito de su competencia determinó la protección de la libertad y seguridad sexuales, y el desarrollo psicosexual como bienes jurídicos tutelados, mediante la aplicación conjunta de la pena de prisión y la multa a todos los tipos penales del título quinto del código penal, dentro de los parámetros legales de aplicabilidad de las penas, sanción que no puede considerarse como inusitada por no tratarse de una inhumana, cruel o excesiva que al ser desproporcionada se aleja de los fines de la penalidad; ni tampoco es una pena trascendental que pudiera ir más allá de la persona del delincuente.
Por lo que hace a la inconstitucionalidad del artículo 229, fracción II, del código penal controvertido, en cuanto a que la referida porción normativa al no definir a qué medida punitiva se refiere, vulnera también el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, el Poder Legislativo señala en su informe que dicho argumento debe ser considerado infundado, pues la pena impuesta al delito de violación impropia a persona menor de quince años previsto en dicho precepto consiste en prisión, toda vez que ya fue determinado por el legislador local como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, según lo dispone el artículo 13 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, lo que en correlación con lo que dispone el artículo 18 constitucional, sólo es aplicable a delitos que merezcan pena privativa de libertad.
Señala que, si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia aprobada por el Pleno de este Máximo Tribunal Constitucional, no puede realizarse una interpretación sistémica del precepto en su totalidad con el objeto de integrar debidamente la norma y así considerar que la pena a la que se refiere es a la privativa de libertad, también lo es que este Alto Tribunal ha emitido jurisprudencia (penal, constitucional) al tenor de permitir que en un problema de constitucionalidad de leyes se atienda a las razones expuestas por los órganos encargados de crear la ley en todos los casos y, en forma expresa, en el proceso de creación de la ley, lo que en razón se desprende del espíritu de la reforma.
En este contexto, el Poder Legislativo hace referencia a la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, que dio lugar al Decreto 242, para advertir que la propuesta consistió en aumentar un año la pena de prisión mínima y máxima de los delitos de privación de la libertad con fines sexuales, violación a cónyuge y a otras personas con vínculos similares; violación equiparada; violación impropia por instrumento o elemento distinto al natural; abuso sexual; abuso sexual de persona incapaz; violación equiparada en persona menor de quince años; violación impropia en persona menor de quince años; abuso sexual en persona menor de quince años; procuración sexual a menores de quince años; omisión de denuncia respecto a los delitos de violación, equiparado a la violación; violación impropia o abuso sexual contra personas menores de edad; estupro; acoso sexual y hostigamiento sexual.
Así, el Poder Legislativo Local señala que lo anterior adquiere relevancia si se toma en consideración que al corresponderle al legislador señalar expresamente las razones de mérito, el órgano de control de constitucionalidad contará con otro elemento valioso cuyo análisis le permitirá llevar a cabo la declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos impugnados.
Advierte que en este caso fue lo que aconteció, en virtud de que el espíritu de la iniciativa y la consecuente intención del legislador plasmada en el proceso legislativo que dio origen al Decreto 242, fue la de aumentar la penalidad de prisión mínima y máxima de los delitos relativos a la libertad, seguridad y desarrollo psicosexual, entre los que se incluye el delito de violación impropia a persona menor de quince años de edad previsto en el artículo 229, fracción II, de dicha codificación penal, atendiendo a la protección de los derechos fundamentales de las víctimas de esta clase de tipos penales y buscando desalentar la comisión de los mismos siendo de interés general el salvaguardar a la sociedad de la proliferación de estos delitos que la impactan de manera considerable.
OCTAVO.—Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza. María del Carmen Galván Tello, consejera jurídica del Gobierno del Estado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30309-13833d52/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. I (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL QUE A SU JUICIO VULNERAN DERECHOS H (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO PARA INTERPONERLA ES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA.- (6)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO PARA INTERPONERLA ES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA. (P./J. 2/99 )
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO PARA INTERPONERLA ES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA. (15)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE REALIZARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN GENERAL COMBA (1)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis