I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SUS EFECTOS Y ALCANCES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY NÚMERO 677 EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. LA FACULTAD EXCLUSIVA PARA SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE AQUÉLLAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL RECAE EN LA AUTORIDAD FEDERAL QUE FACULTE LA LEY O EL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE. IV. DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. LA APORTACIÓN VOLUNTARIA DE LAS COMUNICACIONES POR ALGUNO DE LOS PARTICULARES INVOLUCRADOS EN ELLAS NO LO VULNERAN. V. MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. SU TITULAR ES EL ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DENOMINADO FISCALÍA GENERAL. VI. DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE LA ENTIDAD CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL LA INTERVENCIÓN DE AQUÉLLAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY NÚMERO 677 EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. LA PREVISIÓN DE QUE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBEN CONTAR, AL MENOS, CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUCIONES DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO IMPLICA QUE ÉSTAS CUENTEN CON LA ATRIBUCIÓN DE SOLICITAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE LA AUTORIZACIÓN PARA ORDENAR LA INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY NÚMERO 677 EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY NÚMERO 677 EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY NÚMERO 677 EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 77/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE NOVIEMBRE DE 2019. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de noviembre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que señaló como norma general impugnada y órganos emisores los siguientes:
Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
A. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
B. Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Norma general cuya invalidez se reclama:
Artículo 54, fracción VIII, de la Ley Número 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial de esa entidad el veinte de agosto de dos mil dieciocho.
SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer la accionante son, en síntesis, los siguientes:
El artículo 54, fracción VIII, de la Ley número 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz establece como una de las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición de Personas para dicha entidad, el solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables, por lo que vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, ya que contradice el mandato del numeral 16 de la Constitución Federal, el cual establece que dicha atribución corresponde exclusivamente a la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente.
El principio de legalidad y el derecho de seguridad jurídica se vulnera, entre otros supuestos, cuando la autoridad estatal actúa con base en disposiciones legales que contradicen el Texto Constitucional.
De manera específica, el promovente aduce que se transgreden los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como el numeral 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La disposición impugnada está comprendida en el título tercero denominado "Del mecanismo Estatal", capítulo sexto, de rubro "De la Fiscalía Especializada". La norma impugnada prevé como una de las atribuciones de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos vinculados con la Desaparición de Personas del Estado de Veracruz; una facultad que, conforme al párrafo décimo tercero del artículo 16 de la Constitución Federal, corresponde exclusivamente a las autoridades federales o al titular del Ministerio Público Local, el cual en el caso concreto es el fiscal general de esa entidad federativa.
El promovente puntualiza que la autoridad competente, en términos de la Constitución Federal, para solicitar al Juez Federal la intervención de comunicaciones, que en el ámbito local es el titular del Ministerio Público, quien en el caso del Estado de Veracruz es el fiscal general, tal como se precisa en el artículo 67, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del Estado de esa entidad federativa.
En ese orden de ideas, esa facultad no es propia de una Fiscalía Especializada, pues se encuentra subordinada a la Fiscalía General de esa entidad y, por tanto, la Constitución Federal no la faculta para solicitar de manera directa la intervención de comunicaciones.
Aclara que una ley tan importante como es la que regula la materia de desaparición de personas para la entidad federativa de Veracruz, debe ser lo más clara posible, máxime que su objetivo es preservar la vida y, por ello, debe abarcar todos los derechos humanos, como lo es el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.
Lo anterior, con la finalidad no sólo de evitar vulnerar el derecho previsto en el artículo 16 constitucional, sino también de evitar dilaciones en el procedimiento que tengan como consecuencia la violación de los derechos de las víctimas directas o indirectas.
Los derechos de las víctimas no abarcan sólo el encontrar el paradero de sus familiares, sino también de poder acceder a la justicia mediante mecanismos eficaces que les permitan conocer la verdad sin dilaciones, por lo que las facultades de la Fiscalía Especializada deben ser acordes al parámetro de constitucionalidad para garantizar la seguridad jurídica y el principio de legalidad en todas sus actuaciones.
Al otorgar la atribución de solicitar la intervención de comunicaciones a la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición de Personas, la ley impugnada genera una incertidumbre jurídica que vulnera el artículo 14 constitucional.
La Comisión precisa que no pasa inadvertido que el artículo 70, fracción VIII, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, establece que la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República, tiene entre sus facultades "solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones ..."
Asimismo, el artículo 71 de esa ley general establece que las Fiscalías Especializadas locales deben contar al menos, con las características y atribuciones previstas en el artículo 70.
Ello podría interpretarse que la ley general mandata que las Fiscalías Especializadas Locales deben tener la facultad de solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones.
Sin embargo, el Texto Constitucional es tajante en señalar que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
La norma impugnada constituye una grave restricción para el ejercicio pleno de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, así como para alcanzar los objetivos planteados en la resolución 70/1 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015, denominada "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", al ser un marco normativo que se decanta por establecer restricciones al acceso a la información sobre el ejercicio de los derechos humanos.
TERCERO.—Preceptos que se consideran vulnerados. Artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 24, numeral 3, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
CUARTO.—Admisión. Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 77/2018 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.(1)
Por auto de veintiuno de septiembre siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo. Al rendir su informe, sostuvo la constitucionalidad de las normas impugnadas, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación.
Se debe tener mucho cuidado al definir lo que se considera una violación a los derechos humanos de personas que sean sometidas a una intervención telefónica y por el otro de las víctimas directas e indirectas de delitos de alto impacto que requieren necesariamente de acciones invasivas como la consistente en una intervención de ese tipo, que no se libra al arbitrio de quien lo solicita, sino siguiendo los extremos del artículo 16, párrafo doce, constitucional, en el que se establece que exclusivamente la autoridad judicial federal a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración; además el artículo constitucional introduce una negativa cuando dice que la autoridad judicial federal no podrá otorgar esas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de comunicaciones del detenido con su defensor.
La Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz tiene como propósito principal establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre el Estado y sus Municipios, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos, en una entidad donde el registro oficial es de 3,600 desaparecidos, tan sólo en el sexenio de 2010 a 2016. Dicho ordenamiento busca prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados señalados en la ley general.
El objetivo de la ley es establecer el mecanismo estatal de coordinación en materia de búsqueda de personas; crear la Comisión Estatal de Búsqueda, garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas, así como la atención, asistencia, protección y, en su caso, reparación integral y garantías de no repetición, en términos de esa ley y la legislación aplicable. También busca garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación. El argumento toral del demandante consiste en que el artículo 54, fracción VIII, de la Ley 667 en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Veracruz vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, al otorgar la facultad de solicitar la intervención de comunicaciones al fiscal especializado en materia de desaparición de personas.
Dicho precepto no cambia la situación prevista en el artículo 16 constitucional, porque la referencia del Juez competente es a un Juez Federal, y sólo extiende hacia la figura del fiscal especializado en materia de desaparición de personas la facultad de formular la solicitud correspondiente. Ese acto no involucra una exclusividad tan literal como la referente a la actuación de la autoridad judicial federal; se traduce en un acto de coadyuvancia con el fiscal general del Estado en calidad de fiscal especializado para el caso de desaparición de personas, evitando con ello formulismos procedimentales o trámites burocráticos, respetando así el sentido del artículo 17 constitucional. Por tanto, dotar de la facultad de hacer única y exclusivamente la solicitud de intervención de las comunicaciones, sigue estando a disposición de la autoridad judicial federal quien se constreñirá al mandato constitucional.
Tampoco se vulnera el principio de legalidad, pues la facultad que concede el artículo combatido sigue siendo depositada en un fiscal, que al estar especializado en una materia como otro fiscal que no está facultado para hacer la investigación de los hechos y le corresponde la carga de la prueba en el proceso penal.
Luego, la autoridad difiere de que la solicitud de intervención de comunicaciones por parte del fiscal especializado en materia de desaparición de personas violente, retrase o perjudique la acción de la justicia. Máxime que la facultad sigue estando prevista para el fiscal general del Estado, por lo que el fiscal especializado sólo coadyuvaría en esta materia evitando formalismos procedimentales y burocráticos ejerciendo más rápida y eficazmente la búsqueda de personas desaparecidas, lo cual es un reclamo popular.
SEXTO.—Informe del Poder Legislativo. Al rendir su informe, el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave sostuvo la constitucionalidad de la norma impugnada.
En primer término aclara que el Decreto 677 en Materia de Desaparición Forzada de Personas de esa entidad cumplió a cabalidad con el procedimiento legislativo previsto en los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de ese Estado.
Respecto a la ley general, las iniciativas presentadas ante el Senado consideraron que era necesario emitir la ley que permitiera prevenir, investigar y sancionar el delito de desaparición forzada, para lo cual, al emitirse el dictamen correspondiente, definió que la ley debe reunir como mínimo diversos principios, bases y directrices, así como la distribución de competencias y obligaciones de los tres órdenes de gobierno. Entre ellas destaca la creación de las Fiscalías Especializadas en Materia de Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición de Personas para la Federación y para las entidades federativas.
En el dictamen emitido en la Cámara de Senadores se establece un título denominado competencia de los delitos. En dicho apartado el legislador buscó delimitar adecuadamente la intervención de la autoridad federal y de las autoridades locales.
También existió en la iniciativa el apartado que se refiere a las fiscalías especializadas, el cual hace referencia a que era necesario crear esas fiscalías especializadas adscritas a la Procuraduría General de la República y las Fiscalías o Procuradurías de los Estados, y se determinó el catálogo de sus facultades, entre ellas, solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones.
Alega que la ley impugnada respeta los estándares y principios que emanan del trabajo legislativo planteado en la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de conformidad con la exposición de motivos, cuyos argumentos resultan el verdadero espíritu de la ley general.
La ley número 677 crea diversos órganos estatales a los que dota de facultades idénticas a los de la Federación, en la materia de que se trata, de acuerdo con los lineamientos del artículo 2, fracción I, de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La licitud de las atribuciones y del fin que se impone la propia ley general tiene fundamento en el mandato contenido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), segundo párrafo, constitucional.
Por esa razón, la ley general definirá la organización y facultades de los entes que ejercerán la prevención, investigación y sanción de dichos delitos.
El legislador de Veracruz retomó el espíritu de la ley general, y emitió una ley apegada a las bases y principios que ella señala. Para demostrarlo, se remite al título quinto relativo a las Fiscalías Especializadas.
De acuerdo con el mandato impuesto por la ley general, el Congreso dotó al órgano investigador en materia de desaparición de personas de las facultades que plasmó en el numeral 54 de la ley local.
En la práctica, el hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pida que sólo el fiscal general del Estado sea quien tenga la facultad de solicitar la intervención de comunicaciones, violenta el principio de efectividad y exhaustividad previsto en el artículo 5, fracción I, de la ley general, pues quien integra y conoce las carpetas iniciadas con la desaparición de personas, es el fiscal especializado quien tiene a su cargo dichas indagatorias. Él recibe las denuncias e integra las investigaciones, por lo que resultaría dilatorio y burocrático que el fiscal especializado solicite a su superior jerárquico y a su vez a la autoridad federal una orden para intervenir comunicaciones, situación que también violenta la debida diligencia con la que deben actuar los investigadores.
Por ello, propone que se declare infundado e inoperante el concepto de invalidez. Concluir lo contrario sería sostener también que resulta inconstitucional la fracción VIII del artículo 70 y el primer párrafo del diverso 71 de la ley local impugnada.
SÉPTIMO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. Considera que es infundado el concepto de invalidez.
De la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se desprende que las razones en las que el legislador basó su razonamiento para determinar la homologación de criterios en la materia obedecen a los estándares internacionales establecidos en diversos organismos de los que forma parte el Estado Mexicano.
El legislador federal hizo énfasis en la inmediatez que requiere la atención de los delitos de desaparición forzada, pues burocratizar las investigaciones de dichos delitos podría contribuir a la dilación injustificada en la localización de la víctima.
La mencionada ley general tiene como objetivo homologar los protocolos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas, así como dotar a las entidades federativas de unidades especializadas y de legislaciones que cumplan con los estándares internacionales suscritos por México, así como dotar de inmediatez a la investigación en esa materia, fomentando la cooperación de los tres órdenes de gobierno, a fin de que se priorice la localización de la víctima con vida y no la burocratización de los procedimientos en la investigación.
La ley general, en su artículo 1o. establece que es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, mientras que en el artículo 2o., fracción I, establece los diversos objetivos que persigue, y destaca el de establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
Por otra parte, el artículo 70, fracción VIII, de la referida ley general precisa que la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la República tiene la facultad de solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, el numeral 71 de esa ley ordena que, para el cumplimiento de sus atribuciones, las fiscalías especializadas de las entidades federativas deben contar al menos, con las atribuciones previstas en el numeral 70.
Luego, si en el caso la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz es la autoridad competente para conocer de los delitos en materia de desaparición forzada de personas y debe contar, por lo menos, con las características y atribuciones establecidas en el artículo 70 de la citada ley general –dentro de las cuales se encuentra solicitar a la autoridad judicial competente la orden de intervención de comunicaciones (fracción VIII)–, la norma impugnada no es inconstitucional.
OCTAVO.—Cierre de la instrucción. En proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se plantea la posible contradicción entre un artículo de la Ley Número 677 en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Veracruz con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma Parte. SEGUNDO.—Oportunidad. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizará, en primer lugar, la oportunidad de la acción.
El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(2) dispone que el plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente al en que fue publicada la norma, si el último día del plazo fuere inhábil la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.
La norma impugnada se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el veinte de agosto de dos mil dieciocho, que obra agregado al expediente,(3) por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del martes veintiuno de agosto al jueves diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que al ser presentada en la última fecha mencionada, según se advierte del sello que obra al reverso de la foja diecisiete del expediente, resulta oportuna.
TERCERO.—Legitimación. Suscribe el escrito respectivo, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo.(4)
El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, establece que los organismos de protección de los derechos humanos en los Estados equivalentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrán promover la inconstitucionalidad de las leyes emitidas por las Legislaturas Locales, que sean contrarias a los derechos aludidos.
Por otro lado, la representación y las facultades del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentran consagradas en el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley que regula el mencionado órgano.(5)
En el caso, dicho funcionario ejerce la acción en contra del artículo 54, fracción VIII, de la Ley Número 677 en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Veracruz, por considerarlo contrario a derechos humanos en tanto no se adecua al marco internacional en la materia, por lo que cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
CUARTO.—Causales de improcedencia. El Tribunal Pleno no advierte de oficio motivo de improcedencia o de sobreseimiento en el presente asunto, aunado a que las autoridades que rindieron informe no plantearon causas de improcedencia.
QUINTO.—Estudio de fondo. La disposición impugnada tiene el siguiente contenido:
"Artículo 54. La Fiscalía Especializada tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:
"...
"VIII. Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables. ..."
En su único concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumenta que el artículo impugnado establece como una de las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz el solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables, por lo que vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, ya que contradice el mandato del numeral 16 de la Constitución Federal, el cual establece que dicha atribución corresponde exclusivamente a la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente.
El concepto de invalidez es fundado.
En el artículo 16, décimo segundo párrafo, constitucional se reconoce el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y en los párrafos décimo tercero y décimo quinto de ese precepto constitucional, se establecen las reglas para autorizar y efectuar la intervención de comunicaciones privadas:
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.
"...
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008)
"Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008)
"Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008)
"Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE JUNIO DE 2008)
"Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio."
Del precepto constitucional transcrito se desprende que las comunicaciones privadas son inviolables, por lo que cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas será sancionado penalmente, con excepción de aquéllas que sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares involucrados en ellas; supuesto en el que el Juez valorará su alcance, siempre y cuando tengan relación con la comisión de un delito, y no serán admitidas aquellas comunicaciones que violen el deber de confidencialidad establecido en la ley.
Asimismo, el precepto establece la facultad exclusiva de la autoridad judicial federal para autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, siempre y cuando tal petición provenga de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente y, ambas funden y motiven las causas legales de la solicitud, expresando el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. De igual manera, el precepto dispone que la autoridad judicial federal no podrá otorgar la autorización para intervenir comunicaciones privadas cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Por último, el artículo constitucional en comento, en lo que interesa, prescribe que las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites que establezcan las leyes, de manera que las intervenciones que no cumplan con éstos carecerán de valor probatorio.
Ahora bien, como se mencionó, el concepto de invalidez resulta fundado por lo que, para arribar a la determinación anterior, resulta importante analizar los antecedentes del artículo 16 constitucional.
El contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue adicionado por el "Decreto mediante el cual se declaran reformados los artículos 16, 20, fracción I y penúltimo párrafo, 21, 22 y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" publicado el tres de junio de mil novecientos noventa y seis en el Diario Oficial de la Federación, creando los párrafos noveno y décimo del precepto constitucional, quedando el texto de la siguiente manera:
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993)
"Art. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
"...
(ADICIONADO, D.O.F. 3 DE JULIO DE 1996)
"Las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31649-cd7ff623/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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