I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CORRESPONDE AL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SOLICITAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL SU AUTORIZACIÓN. VI. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. LA FACULTAD DE AUTORIZARLA ES EXCLUSIVA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL. VII. DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. LA FACULTAD EXCLUSIVA PARA SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE AQUÉLLAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL RECAE EN LA AUTORIDAD FEDERAL QUE FACULTE LA LEY O EL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CORRESPONDIENTE. VIII. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA FISCALÍA DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IX, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O QUIEN DELEGUE", DE LA LEY SOBRE DESAPARICIÓN Y BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). IX. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. "LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA ESTATAL" RECAE EN EL FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, EL CUAL PUEDE SOLICITARLA A LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL, POR SER ÉSTE EL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IX, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O QUIEN DELEGUE", DE LA LEY SOBRE DESAPARICIÓN Y BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. X. INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA FACULTAD PARA SOLICITARLA A LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL, RECAE EXCLUSIVAMENTE EN LA PERSONA A QUIEN FACULTE LA LEY, O BIEN, EN EL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, POR LO QUE NO EXISTE POSIBILIDAD DE QUE ESA FACULTAD SE DELEGUE, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS DÉCIMO SEGUNDO A DÉCIMO QUINTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IX, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O QUIEN DELEGUE", DE LA LEY SOBRE DESAPARICIÓN Y BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IX, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O QUIEN DELEGUE", DE LA LEY SOBRE DESAPARICIÓN Y BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IX, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O QUIEN DELEGUE", DE LA LEY SOBRE DESAPARICIÓN Y BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IX, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O QUIEN DELEGUE", DE LA LEY SOBRE DESAPARICIÓN Y BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 107/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclamó la porción normativa “o quien delegue” de la fracción IX del artículo 47 de la Ley Sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Baja California, expedida mediante Decreto número 418, publicado en el Periódico Oficial del Estado el doce de abril de dos mil veinticuatro.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al primero de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
A través de la cual, se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 107/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la porción normativa “o quien delegue” de la fracción IX del artículo 47 de la Ley Sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Baja California, expedida mediante Decreto número 418, publicado en el Periódico Oficial del Estado el doce de abril de dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES DE LA NORMA IMPUGNADA
1. El ocho de septiembre de dos mil veintidós, en el Estado de Baja California, la Diputada María del Rocío Adame Muñoz presentó iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado.
2. El cuatro de marzo siguiente, el Diputado Sergio Moctezuma Martínez López presentó iniciativa que creaba la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Baja California.
3. El dieciocho de enero de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo turnó sendas iniciativas a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, a efecto de que se realizara el proyecto de dictamen correspondiente.
4. Realizados los trámites legislativos correspondientes, el doce de abril de dos mil veinticuatro, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el Decreto número 418, a través del cual se expidió la Ley Sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Baja California.
TRÁMITE DE LA DEMANDA
5. En escrito que se presentó el trece de mayo siguiente en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de la porción normativa “o quien delegue”, que se establece en la fracción IX, del artículo 47 del citado ordenamiento legal.
6. En su demanda, la accionante señaló como preceptos constitucionales vulnerados, los artículos 14, 16 y 133 de la Constitución Federal.
7. En su único concepto de invalidez, argumentó:
• El artículo 47 de la Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Baja California, establece las atribuciones de la Fiscalía Especializada en la investigación y persecución de los delitos de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas. En su fracción IX, prevé que podrá solicitar a la autoridad judicial competente, a través de la persona titular de la Fiscalía Estatal “o quien delegue”, la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones privadas.
• El párrafo décimo tercero, del artículo 16 de la Constitución Federal, expresamente establece que la solicitud para la intervención de comunicaciones privadas, será ante la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente.
Por tanto, no es constitucionalmente posible que se delegue esa facultad; y en consecuencia, el precepto local impugnado, se aleja del mandato constitucional, lo que vulnera el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y supremacía constitucional.
• Así, el precepto combatido era incompatible con el parámetro de regularidad constitucional, en cuanto a las autoridades que pueden solicitar la intervención de comunicaciones privadas.
• Para sustentar lo anterior, se abordaron los alcances del derecho a la seguridad jurídica, así como de los principios de legalidad y de supremacía constitucional; y a parir de su contexto, se analizó la norma impugnada.
A. El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
Se encuentran previstos en el artículo 14, con relación al 16, ambos de la Constitución Federal, y constituyen prerrogativas fundamentales por virtud de las cuales, toda persona se encuentra protegida frente al arbitrio de la autoridad estatal. Buscan proteger los derechos fundamentales de las personas en contra de afectaciones e injerencias arbitrarias de la autoridad, cometidas sin autorización legal o en exceso de las potestades autorizadas legalmente.
Constriñen a las autoridades a conducir su actuar conforme a lo expresamente señalado en las leyes; y dotan de certeza al gobernado respecto de las consecuencias que podrían acarrear determinadas situaciones jurídicas, y en su caso, de las herramientas que posibiliten su oposición frente a la eventual actuación arbitraria o irregular de los órganos estatales.
La transgresión al derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, se configuran cuando la esfera jurídica de los gobernados se ve afectada por parte de una autoridad que actúa sin sustento legal para hacerlo, o cuando lo realiza de una forma alejada a lo preceptuado por la Constitución Federal y las leyes secundarias que resulten conformes con ésta.
De una interpretación armónica y congruente del contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, se colige que el actuar de todas las autoridades debe estar perfectamente acotado de manera expresa en la ley, y debe tener como guía en todo momento, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En ese orden de ideas, no se puede afectar la esfera jurídica de una persona a través de actos ausentes de un marco jurídico habilitante, y que acote debidamente su actuación, pues es principio general de derecho, que en salvaguarda de la legalidad, la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le autoriza.
Así, la actuación de las autoridades deberá estar determinada y consignada en el texto de las normas que sean acordes con lo previsto en la Constitución, así como con las leyes secundarias que resulten conforme a ésta. De otro modo, se les dotaría de un poder arbitrario incompatible con el régimen de legalidad.
El principio de legalidad y el derecho de seguridad jurídica, se pueden vulnerar en escenarios o supuestos como los siguientes:
a. La actuación de cualquier autoridad del Estado, no se encuentre debidamente acotada conforme a la Constitución o las leyes secundarias que resultan acordes con ella.
b. La autoridad estatal actúa con base en disposiciones legales que contradicen el texto constitucional.
c. La autoridad afecta la esfera jurídica de los gobernados, sin sustento legal que la respalde.
En ese orden de ideas, el respeto a la seguridad jurídica y a la legalidad, constituyen pilares fundamentales para el desarrollo del Estado Constitucional Democrático de Derecho. Su inobservancia hace imposible la permanencia y el desarrollo del Estado Mexicano, pues cuando el actuar de la autoridad no se rige por esos mandatos de regularidad, el Estado de Derecho desaparece y es sustituido por la arbitrariedad.
El espectro de protección que otorgan el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, no se acota exclusivamente a la aplicación de las normas y a las autoridades encargadas de llevar a cabo ese empleo normativo; se hace extensivo al legislador, como creador de las normas, pues se encuentra obligado a establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación arbitraria de la ley, siempre guiadas bajo los cauces determinados en la Ley Fundamental.
Los órganos emisores de las normas, no solo deben observar que las personas tengan plena certeza sobre a quién se dirige la disposición y su contenido; sino también, que su actuar se conduzca de conformidad con los mandatos, límites y facultades que prescribe la Norma Suprema.
En el Estado Mexicano, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Federal, todo aquello que no esté expresamente concedido por la Constitución a las autoridades federales, se entiende reservado a los Estados o a la Ciudad de México, según corresponda.
Por lo que las entidades federativas, en el ámbito legislativo, pueden emitir normas que regulen todo aquello que no esté expresamente concedido al Congreso de la Unión; de lo contrario, se transgrede el orden constitucional, al realizar actos que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin estar habilitados para ello.
B. Principio de supremacía constitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que de los artículos 1º y 133 de la Constitución Federal, se desprende que en el país, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías establecidas para su protección.
De igual forma, consagran el principio de supremacía constitucional, que impone a toda autoridad el deber de ajustarse a los preceptos fundamentales en los actos que despliegan en ejercicio de sus atribuciones.
Principio que ha tenido un desarrollo que exige que se deberá atender al nuevo enfoque derivado de la reforma constitucional de dos mil once. Además de que los contenidos normativos locales, deben sujetarse al texto constitucional y a los tratados internacionales.
De esta manera, la supremacía constitucional se predica de todos los derechos humanos incorporados al orden jurídico mexicano, pues forman parte de un mismo catálogo normativo. Máxime que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, al resolver la Contradicción de Tesis 293/2011, señaló que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internaciones y la Constitución Federal, se integran al catálogo de derechos que funcionan como el parámetro de regularidad constitucional.
C. Inconstitucionalidad de la norma.
El artículo 47, fracción IX, de la Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Baja California, en su porción normativa “o quien delegue”, es incompatible con el texto de la Constitución Federal, pues modifica una de las reglas constitucionalmente previstas para llevar a cabo la solicitud de intervención de comunicaciones privadas en la investigación de algún hecho delictivo.
Los párrafos décimo segundo y décimo tercero, del artículo 16 de la Constitución Federal, reconoce la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, al realizar las precisiones siguientes:
Reglas generales sobre la garantía de inviolabilidad:
• Se sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las comunicaciones, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.
• El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito.
• En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
• Reglas de excepcionalidad sobre la intervención de las comunicaciones privadas:
• Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
• La autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos y su duración.
• La autoridad judicial federal, no podrá otorgar esas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Así, el texto constitucional contiene las previsiones mínimas tratándose de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, como las formalidades -control judicial-, para realizar la intervención de manera excepcional; de manera que ninguna autoridad, incluidas las legislaturas locales, pueden variar, modificar o aplicar de forma distinta lo previsto en la Constitución.
Conforme al principio de supremacía constitucional, deberá prevalecer el texto Constitucional.
En ese sentido, la norma impugnada no guarda conformidad con la Constitución Federal, respecto de una de las garantías previstas para solicitar la intervención de comunicaciones privadas.
El texto de la norma reclamada dispone:
“Artículo 47. La Fiscalía Especializada tiene, en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes:
[...]
IX. Solicitar a la autoridad judicial competente, a través de la persona titular de la Fiscalía Estatal o quien delegue, la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones privadas, en términos de las disposiciones aplicables;
[...]”.
Así, se aleja de las reglas previstas en el párrafo décimo tercero del artículo 16 constitucional, respecto de los sujetos que pueden llevar a cabo la solicitud de intervención de las comunicaciones privadas; pues dispone que la Fiscalía Especializada podrá solicitar la intervención de comunicaciones privadas ante la autoridad judicial competente, a través de:
• La persona titular de la Fiscalía Estatal.
• La persona a quien se delegue la facultad.
Lo que es incompatible con el texto constitucional, pues el Poder Reformador de la Constitución, textualmente previó que la solicitud respectiva se hará a la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente. Así, solo habilita a dos sujetos legitimados específicos; sin que esa atribución pueda ser delegada a ninguna otra autoridad.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 114/2020, con relación a los sujetos legitimados para realizar la solicitud, determinó que se debía tener en cuenta el Dictamen de veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, emitido por las “Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, Primera Sección” de la Cámara de Senadores, en el que se asentó la importancia de que el texto constitucional reflejara expresamente que serían los Titulares de la Representación Social de cada entidad federativa, los que estarían facultados para solicitar ante una autoridad judicial federal, la intervención de comunicaciones privadas, sin que exista la posibilidad de atribuir o delegar esa facultad reservada a esos funcionarios.
La norma impugnada, dispone que la Fiscalía Especializada en materia de desaparición de personas, pueda solicitar por medio de persona distinta al titular de la Fiscalía Estatal; es decir, la autoridad a quien se delegue la autorización para la intervención de comunicaciones privadas, lo que no guarda armonía con la Constitución Federal.
La norma impugnada se aleja del estándar de validez, en atención a que autoriza a delegar una facultad que por mandato expreso del artículo 16 constitucional, le corresponde en exclusiva al titular del Ministerio Público de la entidad federativa. Lo que genera un estado de incertidumbre jurídica, en perjuicio del derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad; además, vulnera lo dispuesto por el artículo 16 constitucional.
La interpretación de la norma impugnada, debe ser en el sentido de que la Fiscalía Especializada puede solicitar la autorización para ordenar la intervención de comunicaciones privadas, pero necesariamente a través de la persona titilar de la Fiscalía Estatal, y no de manera directa al órgano jurisdiccional federal competente.
La redacción del precepto reclamado es confusa, porque parece que la Fiscalía Especializada está autorizada para solicitar directamente a la autoridad judicial competente, la intervención de comunicaciones privadas. Sin embargo, acorde con el artículo 16 constitucional, solo el titular de la Fiscalía General de Baja California, puede solicitar esa intervención a la autoridad judicial federal competente.
8. En auto de catorce de mayo posterior, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la Acción de Inconstitucionalidad 107/2024 y designó como instructor del procedimiento al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
9. En auto de veintiocho de mayo subsecuente, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, tuvo por presentada a la promovente con la personalidad que se ostentó y por designadas a las personas autorizadas y delegados, así como por exhibidas las documentales presentadas; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California, para que rindieran sus respectivos informes; requirió al primero para que enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada; y al segundo, para que remitiera un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial de la entidad, en el que se hubiera publicado la norma controvertida. Por último, ordenó dar vista al Fiscal General de la República.
10. En escrito que se presentó el cuatro de julio subsecuente, el Consejero Jurídico del Estado de Baja California, en representación del Poder Ejecutivo del Estado, rindió informe en el que esencialmente señaló:
• Son ciertos los actos cuya invalidez se reclamaron, consistentes en que la Gobernadora del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, promulgó y ordenó publicar en el Periódico Oficial de la entidad, el doce de abril de dos mil veinticuatro, el Decreto número 418, en el que se aprobó la creación de la Ley Sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Baja California, que contiene el artículo 47, fracción IX, reclamado, en la porción normativa “o quien delegue”.
• Decreto que entraría en vigor a los ciento veinte días naturales luego de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en términos de su artículo primero transitorio, por lo que no se encontraba surtiendo efectos.
• Conforme a los artículos 69, párrafo primero, de la Constitución estatal, así como 45 y 46 de la Ley Sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Baja California, se organizará una Fiscalía General del Estado, que contará con una Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas en el Estado.
• Se sostuvo la constitucionalidad del Decreto reclamado, porque el proceso jurídico de formación de leyes, en sus etapas precedentes a la vigencia de la legislación impugnada, se ajustó al procedimiento formal que señalan los artículos 28, 29, 30, 33, 34, 49, fracción I, de la Constitución del Estado.
11. Informe del Poder Legislativo. El Poder Legislativo del Estado de Baja California, por conducto del Presidente y Secretario de la Mesa Directiva de la XXIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, rindió su informe en el que argumentó: • El trabajo legislativo estaba dotado de legalidad y constitucionalidad para discutir, emitir y aprobar la Ley Sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Baja California; sus porciones normativas concordaban con el margen de jerarquía constitucional, por lo que no se contradecía el principio de supremacía constitucional; además de que el legislador cuidó en todo momento al dictar esa ley, que fuere acorde a derecho y sin atentar contra los principios a los que aludió la actora.
• En consecuencia, resultaba improcedente la acción intentada, porque respecto de la constitucionalidad de la porción normativa impugnada, el Poder Legislativo Estatal, contaba con facultades propias para establecer el texto legal en la norma, en términos de los artículos 13, 27, fracción I, 28 y 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Por tanto, la porción normativa impugnada, se aprobó conforme a la Constitución Estatal, los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, y de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
• Los argumentos de la promovente se debían declarar inoperantes e ineficaces, porque el procedimiento legislativo cumplió con los principios fundamentales contenidos tanto en la Constitución Federal, como la de la entidad.
• Se estimó que en términos del artículo 19, fracción IX, y 20 fracción II, de la Ley de la Materia, la acción propuesta resultaba improcedente respecto de la porción normativa “o quien delegue”, contenida en el precepto reclamado. En consecuencia, se debía declarar el sobreseimiento del asunto.
• En respuesta al concepto de invalidez, se precisó:
- La porción normativa “o quien delegue”, contenida en la fracción IX, del artículo 47, no transgrede el parámetro de regularidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, ni el principio de supremacía constitucional, porque el legislador actuó ajustado a derecho, con apego a la Constitución Local y a la Constitución Federal.
- De la norma reclamada, se advierte que la solicitud a la autoridad judicial competente para la autorización de la orden de intervención de comunicaciones privadas, la puede realizar el titular de la Fiscalía Estatal, o a quien esta misma se delegue; lo que era una facultad reglamentaria para delegar atribuciones propias del cargo cuando fuera procedente, conforme a derecho o por la necesidad del servicio, establecida en la fracción VII, del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California.
- La Fiscalía Estatal, conocida como Fiscalía General del Estado de Baja California, cuenta con facultades conferidas por la Constitución Federal y por la Constitución Local, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; dentro de esas atribuciones, se encontraba que su titular podía emitir instrucciones de carácter particular o general al personal a su cargo, y delegar atribuciones propias de su cargo a sus subordinados cuando fuera procedente conforme a derecho y a las necesidades del servicio, para salvaguardar los derechos de la colectividad.
- La Fiscalía del Estado, es un órgano constitucional autónomo de reglamentación interna y de decisión, que tiene a su cargo las atribuciones conferidas al Ministerio Público, en términos de la Constitución Federal y la Local, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que con la finalidad de investigar los delitos y el esclarecimiento de los hechos, se establecen las Fiscalías Especializadas para ejercer facultades de Ministerio Público en determinada materia, como lo es la desaparición y búsqueda de personas.
- Por lo que el titular de la Fiscalía Estatal, puede delegar la intervención a otro encargado, lo que además es una determinación facultada y una disposición interna en términos de la ley y su reglamento.
A. Derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad.
- La autoridad legislativa actuó conforme a las facultades conferidas por las Constituciones Federal y Local, salvaguardando los principios rectores de seguridad jurídica y legalidad, actuando en observancia a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; por tanto, la norma impugnada no atentaba contra los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Así, resultaba improcedente la acción intentada, ya que en atención a la competencia constitucional para la emisión de la norma impugnada, el Congreso del Estado contaba con facultades constitucionales y legales, que derivaban de los artículos 13, 27, fracción I, 28 y 29 de la Constitución Local.
- La norma reclamada no vulneraba el derecho de seguridad jurídica ni el principio de legalidad, pues su texto se retomó de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de su artículo 70, fracción VIII, que autorizaba a la Fiscalía Especializada a solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para la intervención de comunicaciones.
- No se demostró la transgresión al derecho de seguridad jurídica ni al principio de legalidad, pues las facultades de la Fiscalía Especializada deben ser amplias, ya sea para la investigación de los delitos en materia de desaparición de personas, o bien, para ubicar a las personas desparecidas, lo que se logra mediante mecanismos eficaces y sin dilaciones, que se podría evitar al delegarse por circunstancias necesarias.
- En la exposición de motivos y en el Dictamen para analizar la Ley Sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Baja California, se sustentó la homologación de protocolos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas con los estándares internacionales, previstos en los diversos organismos de los que el Estado Mexicano forma parte, así como la inmediatez que requiere la atención de los delitos de desaparición forzada, por lo que la acción de delegar por parte del Fiscal Estatal, no genera una transgresión a principios, sino mejora el mecanismo procedimental para esclarecer el delito que se persigue.
- El hecho de que el Fiscal Especializado sea la que solicite al Fiscal Estatal la autorización para intervenir comunicaciones, no es un acto inconstitucional ni de molestia o privación, pues quien resolverá sobre la solicitud, es una autoridad jurisdiccional.
B. Principio de supremacía constitucional.
- La parte actora no vertió argumentos con relación al principio de supremacía constitucional.
C. Inconstitucionalidad de la norma.
- Los argumentos de la contraparte no evidenciaban la incompatibilidad de la norma reclamada con lo dispuesto en la Constitución Federal; la regla general para llevar a cabo la solicitud de intervenir comunicaciones privadas, guardaba armonía con la Constitución, como se advertía de la norma reclamada, en la que se precisa que a petición de la autoridad federal o del titular de la Fiscalía Estatal de la entidad federativa, realizará la solicitud a petición de la Fiscalía Especializada.
- La porción normativa “o quien delegue”, es una decisión interna de la Fiscalía Especializada, al estar junto con la Fiscalía General del Estado, como órganos autónomos con decisión propia e independiente en el ejercicio de sus funciones, bajo el marco de su reglamento interno, por ello actúan en conjunto y no de forma unipersonal para realizar la autorización de la intervención de comunicaciones privadas.
- La porción normativa no contraviene la Constitución Federal, pues solo se establecen las formas procedimentales para ejercer atribuciones de la Fiscalía Especializada y solicitar el auxilio del titular de la Fiscalía Estatal, que conforme a sus atribuciones reglamentarias, de conformidad a la fracción V, del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, puede emitir instrucciones de carácter particular o general al personal a su cargo, sobre el ejercicio de sus funciones y delegar atribuciones propias de su cargo a sus subordinados cuando sea procedente conforme a derecho y a las necesidades del servicio.
- Así, ante la premura del cargo o circunstancias en particular, el titular de la Fiscalía Estatal puede girar instrucciones para delegar las atribuciones propias del titular a sus dependientes, cuando sea procedente conforme a las leyes y a las necesidades de la asistencia de investigación; aun cuando sea el titular de la Fiscalía Estatal el facultado para la solicitud de mérito, no actúa de manera unipersonal, sino en conjunto con la Fiscalía Especializada, en virtud de que para el caso de investigación interviene todo el Ministerio Público, en ánimo de resolver el acto delictivo, ya que forman en el ámbito de su competencia, un mismo ente investigador de delitos, y debe prevalecer la atención del servicio a la ciudadanía y esclarecimiento de delitos, así como evitar obstáculos o limitantes en las acciones que le corresponderían al titular, por ello, la necesidad en sentido común de delegar ciertas acciones que le corresponderían al titular, además de las situaciones de premura, ausencias o de otro índole, facultando a sus delegados determinadas acciones, siempre y cuando proceda conforme a derecho y se justifique conforme al reglamento interno de la Fiscalía.
- El titular se rige bajo su reglamento interno, por lo que sus subordinados tendrán encomiendas que provienen del mismo titular, la que tendrá que ser justificada y conforme la ley lo permita.
La instrucción encomendada por el titular para realizar la solicitud, será justificada conforme a la ley, siempre y cuando sea procedente y por la necesidad de la operación, pues a Fiscalía o Ministerios Públicos locales, son órganos autónomos que toman decesiones en su vida interna para el mejor desarrollo, sin contravenir la Constitución.
- Por lo que no se podrían declarar inconstitucionales todas las acciones delegadas por necesidades diversas de las Fiscalías del país o Ministeri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33684-36494b69/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-que-presida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. SU REGLAMENTO INTERNO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ENERO DE 2006, ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINIS (I.1o.A.E.13 A (10a.))
- TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 51, PÁRRAFO SEGUNDO, DE SU LEY ORGÁNICA, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL LOCA (P. X/2014 (10a.))
- DERECHOS HUMANOS. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO A CARGO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS, NO SIGNIFICA QUE ÉSTAS (I.2o.C.3 K (10a.))
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