ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA CANTIDAD DE EMISIONES DE METANO GENERADA POR LOS ENTES REGULADOS DEL SECTOR HIDROCARBUROS ES DE CARÁCTER PÚBLICO.
AMPARO EN REVISIÓN 27/2025. 14 DE MAYO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día catorce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 27/2025, interpuesto por ********** en contra de la sentencia dictada el siete de febrero de dos mil veinticuatro por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo **********.
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado vía electrónica en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, **********, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dentro de los RRA **********, **********, ********** y **********; asimismo, señaló como tercero interesado a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
2. SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio, los reconocidos en los artículos 4° y 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1.1, 8 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1 y 11 del Protocolo de San Salvador y 6, 7 y 8 del Acuerdo de Escazú.
3. TERCERO. Trámite y resolución del juicio de amparo. Por razón de turno conoció el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien, por auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, tuvo por presentada la demanda de amparo y, dado que en ésta se cuestionan diversas resoluciones administrativas emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, las cuales emanaron de procedimientos distintos, ordenó la separación de dichos actos a efecto de que se tramitaran en juicios por separado.
4. Con motivo de la división decretada, por acuerdo de seis de octubre siguiente, se determinó admitir la demanda de amparo en contra del acto reclamado consistente en la resolución administrativa contenida en el expediente RRA **********, fue registrada con el número de expediente **********, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y ordenó dar la intervención correspondiente al Ministerio Público Federal adscrito.
5. Posteriormente, en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter del tercero interesado señalado en la demanda de amparo, por lo que ordenó su emplazamiento a juicio para manifestar lo que su interés conviniera.
6. Concluido el procedimiento de trámite, el siete de febrero de dos mil veinticuatro, se dictó sentencia en los términos siguientes:
“ÚNICO. – La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a **********, en contra del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.”
7. CUARTO. Interposición y trámite del recurso de revisión. En contra de la sentencia anterior, mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinticuatro, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.
8. Del recurso correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia del Primer Circuito, quien, por auto de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro lo registró bajo el toca R.A. ********** y lo admitió a trámite. Posteriormente, el diez de julio de dos mil veinticuatro, se tuvo por presentado y admitido el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en su carácter de tercera interesada.
9. En sesión de siete de agosto de dos mil veinticuatro, el órgano colegiado determinó solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción del recurso de revisión.
10. QUINTO. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta del Alto Tribunal registró la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción con el número de expediente **********, se admitió a trámite y ordenó el turno a la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
11. En consecuencia, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, esta Primera Sala, por mayoría de tres votos decidió ejercer su facultad de atracción para conocer y resolver el amparo en revisión ********** del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
12. SEXTO. Trámite del amparo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió a trámite el recurso de revisión, lo registró bajo el número de expediente 27/2025 y ordenó el turno del asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, así como su envío a la Primera Sala.
13. Posteriormente, el diecisiete de febrero del mismo año, la Ministra Presidenta de esta Primera Sala ordenó el avocamiento del asunto y el envío a la ponencia correspondiente a efecto de elaborar el proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
14. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo en vigor; 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) en relación con lo dispuesto en los puntos Segundo, fracción III, inciso A) y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero siguiente, y modificado mediante Instrumento Normativo aprobado por el Tribunal Pleno el diez de abril de dos mil veintitrés y publicado en el referido medio de difusión oficial el catorce de abril de esa anualidad; en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juzgado de Distrito en materia administrativa, y esta Primera Sala ejerció su facultad de atracción para conocer del asunto, sin que se advierta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
15. SEGUNDO. Oportunidad y Legitimación. Es innecesario analizar estos presupuestos procesales en relación con el recurso de revisión principal y adhesivo, toda vez que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ya se pronunció al respecto y los tuvo por acreditados.
16. TERCERO. Procedencia. Es procedente el estudio del presente recurso de revisión ante este Alto Tribunal, ya que fue interpuesto contra una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, respecto del cual se resolvió ejercer la facultad de atracción.
17. CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Previo al estudio de fondo, es necesario precisar las cuestiones medulares planteadas en el presente asunto:
18. I. Antecedentes relevantes.
• El trece de enero de dos mil veintitrés, la parte quejosa y recurrente principal presentó una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en los términos siguientes:
“Descripción clara de la solicitud de información:
Solicito la versión pública del Diagnóstico de las emisiones de metano presentado por Petróleos Mexicanos Logística, en términos de las DISPOSICIONES Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del Sector Hidrocarburos.”
• En respuesta a la solicitud, aquella que fue registrada con el folio **********, mediante oficio **********, el sujeto obligado comunicó que la información requerida se encontraba reservada, por tratarse de datos confidenciales para la justificación de secreto industrial.
• En contra de dicha determinación, la solicitante presentó el recurso de revisión en la referida plataforma, del cual conoció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien lo registró con el número de expediente ********** y mediante resolución de treinta de agosto de dos mil veintitrés resolvió:
“PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y con fundamento en lo que establece el artículo 157, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
[...]”
• La resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se basó en que la información solicitada, es decir, el Diagnóstico de las emisiones de metano presentado por Petróleos Mexicanos Logística en términos de las Disposiciones administrativas sobre los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano de dicho sector, debe reservarse en términos de la fracción I, artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativa a que se pueda comprometer la seguridad nacional, en relación con el artículo Décimo Séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.
• Esto, pues representa información que por su propia naturaleza permite acceder a aquella de carácter estratégico para Petróleos Mexicanos Logística, ya que dar a conocer la metodología de cuantificación y justificación de las emisiones de metano, así como la justificación técnica de las acciones equivalentes o superiores en la cual se describen las acciones equivalentes o superiores a implementar para la prevención y control integral, supone vulnerar la infraestructura de carácter estratégico del ente regulador en tanto que no constituye información aislada y, por tanto, contiene el desarrollo y particularidades de las actividades estratégicas de dicha empresa.
• Por su parte, también se actualiza la causal prevista en el artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativa a información confidencial por secreto industrial o comercial, pues se tratan de datos con carácter industrial, comercial y que resultan de utilidad para los competidores en el mercado, éstos no se han dado a conocer públicamente con anterioridad, no han sido del dominio público ni resulta evidente para un técnico o perito en la materia.
• Luego entonces, ordenó que el sujeto obligado:
- Clasificara como información reservada lo concerniente a las secciones de metodología de cuantificación, diagnóstico del año base, información de los pozos, equipos y sus competentes que se localizan al interior de las instalaciones de áreas estratégicas, el diagnóstico de operaciones en pozos fuera del año base, las características del SRC y el número de pozos; todo ello, en términos del artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Clasificara como información confidencial lo relacionado con la justificación de la selección de la metodología de cuantificación de emisiones y la justificación técnica pormenorizada de las acciones equivalentes a superiores que serán implementadas; en términos del artículo 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
19. II. Conceptos de violación en la demanda de amparo. La parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto en contra de la resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde formuló los argumentos siguientes:
• ÚNICO. Violación al artículo 6 de la Constitución Federal debido a la ilegal e inconstitucional reserva de información por motivo de seguridad nacional y secreto industrial.
• A partir del marco que rige el contenido y alcance del derecho de acceso a la información, a nivel nacional como internacional, se estima que la información solicitada por la parte quejosa constituye información medioambiental asociada a la prevención de riesgos ambientales, al combate contra el cambio climático y a la salud.
• En efecto, las Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la prevención y control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos publicados en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil dieciocho, donde se prevén los Diagnósticos de Emisiones de Metano, tienen un carácter eminentemente ambiental, ligado a la protección del ambiente, pues así se establece en las consideraciones de dicho instrumento en cuanto establecen que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos cuenta con atribuciones para regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad industrial y seguridad operativa, así como en materia de protección al medio ambiente. Además, se señala que existe una necesidad de prevenir y controlar las emisiones a la atmósfera derivadas de las actividades del sector hidrocarburos, dado los impactos negativos que estas ocasionan en la salud humana, en el ambiente y en otras actividades de las que depende el desarrollo nacional.
• Así, entre estas emisiones se encuentran las relacionadas con el metano, el cual es un hidrocarburo que en su interacción con la luz solar tiene un potencial de calentamiento global de 28 en un periodo de 100 años y contribuye en un 30% al incremento de la temperatura media anual mundial.
• A través de la ratificación del Acuerdo de París, México se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2°C y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1.5° con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos asociados y los efectos del cambio climático. Asimismo, que se suscribió la Declaración de Líderes de América del Norte sobre la Alianza del clima, energía limpia y medio ambiente, donde se estipula la meta regional de reducir las emisiones de metano del sector petróleo y gas en un 40% a 45% al año 2025.
• Entre otras razones, esto llevó a la publicación de las Disposiciones Administrativas, con el objeto de minimizar los efectos adversos que generan las emisiones de metano del sector hidrocarburos y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales y regionales de nuestro país en materia de cambio climático y de medio ambiente.
• Contrario a dichas disposiciones, la autoridad responsable no toma en consideración esta naturaleza ambiental y, en consecuencia, la interpretación que realiza la hace ponderando ante todo el sector de hidrocarburos como un tema estratégico y de secreto industrial, eliminando con ello, de forma contraria a la Constitución, los argumentos de la hoy quejosa y haciendo nugatoria el acceso a la información ambiental de gran relevancia para combatir el cambio climático y para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y a la salud.
• De tal manera, la autoridad parte de una premisa equivocada, ya que dejó de advertir el objetivo legal y constitucional que persiguen las Disposiciones Administrativas, siendo que en dichas resoluciones ni siquiera hace mención del tema ambiental ni a una ponderación real de derechos, razón por la cual los actos reclamados no tienen un motivo constitucionalmente válido. Lo anterior, pues tales Disposiciones Administrativas no se tratan de regulaciones constreñidas a garantizar la seguridad de las instalaciones de una empresa, sino de prevenir las emisiones de metano para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y combatir los efectos del cambio climático y cumplir con las obligaciones internacionales a las cuales se obligó el Estado mexicano al suscribir tratados internacionales en la materia. Incluso, los instrumentos internacionales referidos contemplan y reconocen la importancia de la participación y el acceso público a la información.
• Así, la autoridad responsable tenía la obligación de sostener su fallo interpretando el orden jurídico de su competencia a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, tales como el medio ambiente sano y el acceso a la información, así como en los tratados internacionales. Asimismo, parte de una premisa errónea al vincular las Disposiciones Administrativas con medidas de prevención de accidentes de una empresa y no con aquellas tendientes a garantizar los derechos referidos. Lo anterior, en la medida que se consideró adecuada la reserva de información del Diagnóstico por dos razones: seguridad nacional y secreto industrial; argumentos que devienen inconstitucionales.
• Sobre la primera, se consideró que la infraestructura de hidrocarburos es considerada como una actividad estratégica, esto no supone per se un tema de seguridad nacional ni mucho menos un límite absoluto a los alcances del derecho a la información pública ambiental; máxime cuando el propio artículo 5 de las Disposiciones Administrativas indican que la información que los regulados presentan debe ser considerada como información pública, atendiendo al principio de máxima publicidad, además de que tienen una naturaleza eminentemente pública, lo que implica que no puede denegarse su acceso de forma absoluta. En todo caso, la excepcionalidad a esta naturaleza depende de las circunstancias comprobables y demostrables que el sujeto obligado pueda establecer como justificación.
• Sin embargo, la autoridad al hacer el análisis de clasificación indica que toda la información relativa a la ubicación de equipos, pozos, ductos y otros sitios donde se desarrollen las actividades vinculadas al sector hidrocarburos, por ser una actividad de estrategia del Estado, tendría que ser reservada por seguridad nacional, ya que, en caso de difundirse, pondría en peligro el desarrollo nacional que fortalece la soberanía nacional y su régimen democrático, en especial, se presentaría un detrimento en el crecimiento económico puesto que se posibilitaría la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico y prioritario. Lo anterior supondría, entonces, no exista ninguna posibilidad de que dichas instalaciones puedan ser del conocimiento público bajo ningún contexto ni parámetro; siendo que hay casos, como las licitaciones o autorizaciones de impacto ambiental, donde dicha información debe ser divulgada.
• En tal medida, el concepto de seguridad nacional no puede ser interpretado de cualquier manera, sino que debe ser desde una perspectiva democrática y bajo los parámetros de las exigencias del bien común y los estándares internacionales, así como las leyes aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. Luego, la información solicitada no corresponde a aquella que deba ser resguardada por motivos de seguridad nacional pues no representa información que anule o ponga en riesgo la capacidad del Estado para seguir realizando las actividades relacionadas con el sector hidrocarburos. ·Sobre todo, al considerar que los Diagnósticos de emisiones de metano deben abarcar la identificación de las emisiones de metano, la clasificación de las emisiones y su cuantificación; lo que no constituye información de seguridad nacional, sino que trata de datos climáticos necesarios para que la sociedad conozca las emisiones de determinadas empresas.
• En cuanto al elemento de secreto industrial invocado por la responsable, lo cierto es que los Diagnósticos mencionados no corresponden a información que tenga un valor comercial o que genere una ventaja competitiva, pues se refiere a la implementación de metodologías y equipos necesarios para minimizar los efectos negativos de las emisiones de metano; lo cual realmente implica el cumplimiento de una regulación ambiental.
• No obstante, la autoridad bajo el argumento de que se actualizaba la confidencialidad de la información solicitada como secreto industrial ya que contienen información relativa a los procedimientos que se van a emplear para utilizar adecuadamente el instrumento de detención de fugas, datos de acciones programadas, las metodologías de estimación desarrolladas o elegidas y sus características depende de los tipos de pozos, equipos, componentes de los procesos que se lleven a cabo y las emisiones que estos registren de acuerdo a las fuentes identificadas de la etapa en la cadena de valor del sector hidrocarburos en la que se encuentran. De ahí es que se concluye que estos datos, si son divulgados, implicaría una ventaja competitiva.
• Como se sostiene, esa interpretación es incorrecta pues la información contenida no tiene como objetivo comercial, ya que no agrega valor a los servicios que brinda el ente regulado y bajo este marco, no tiene valor comercial pues no genera disminución de los costos de los hidrocarburos ni mucho menos es un factor diferenciador que le brinde ventaja competitiva en el mercado; ya que todos los regulados tienen las mismas obligaciones de cumplir con las disposiciones administrativas y de reducir y minimizar las emisiones de metano a través del uso de metodologías y equipos o componentes de uso común en el mercado. Es decir, no son de creación propia.
• Incluso, estos datos, sobre todo aquellos atinentes al uso de información técnica-científica, tienen como fundamento la obligación del Estado mexicano de hacer frente al cambio climático, considerando los compromisos en la materia, actuando siempre en base a la mejor información disponible que es un principio toral del derecho humano al medio ambiente sano.
20. II. Consideraciones del Juzgado de Distrito. El Juzgado de Distrito resolvió lo siguiente:
• Lo conducente es negar la protección constitucional solicitada en atención a lo siguiente.
• Por una parte, son inoperantes los argumentos relativos a que se debió estudiar el caso bajo una perspectiva medioambiental, puesto que no hacen más que señalar que debe considerarse inconstitucional el acto reclamado, pues la información solicitada por la quejosa constituye información medioambiental asociada a la prevención de riesgos ambientales, al combate contra el cambio climático y a la salud. Es decir, no controvierte la fundamentación y motivación contenida en la resolución de la autoridad responsable.
• En cuanto a las consideraciones de la quejosa sobre la inconstitucionalidad de la reserva de información por motivos de seguridad nacional y secreto industrial, por estimar que se forma parte de una actividad estratégica del Estado, son infundadas.
• Lo anterior en virtud de que, del artículo 6 constitucional se advierte que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información; sin embargo, para el ejercicio de dicho derecho se deberán cumplir ciertos principios y bases, así como que la propia ley establecerá aquella información que se considere como reservada o confidencial. Lo que pone de manifiesto que el derecho de acceso a la información no es absoluto, ya que admite las restricciones y modulaciones que el propio texto constitucional establece.
• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6 de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados. Limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático".
• En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera. Así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva.
• Por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.
• Por su parte, el artículo 28 constitucional establece que la industria de petróleo y los demás hidrocarburos es considerada dentro de la infraestructura de carácter estratégico; que el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional precisa que se entiende por seguridad nacional a las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano; que el artículo 5 de dicho ordenamiento señala dentro de otros que son considerados una amenaza de seguridad nacional los actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos; y que el artículo 110 primer párrafo, fracción I de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, menciona que conforme al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como información reservada podrá clasificarse aquella publicación que comprometa la seguridad nacional.
• De todo lo anterior, se concluye que el sector de hidrocarburos es considerado una actividad estratégica para el Estado mexicano por mandato constitucional, y por ende cualquier acto relacionado con la infraestructura de carácter estratégico que guarde relación con la misma, implica que cierta información deba ser considerada como reservada de lo contrario su divulgación conllevaría a poner en riesgo o incluso causar un daño a la infraestructura y con ello comprometa la seguridad nacional.
• Además, de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que Establecen los Lineamientos para la Prevención y el Control Integral de las Emisiones de Metano Del Sector Hidrocarburos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil dieciocho, se advierte que para la elaboración de un diagnóstico de las emisiones de metano que se presenten en los equipos, incluyendo sus componentes así como en las operaciones en pozos de las instalaciones de los proyectos en donde se llevan a cabo las actividades de dichas disposiciones, deberán abarcar identificación, clasificación y cuantificación.
• Siendo incluso que el diagnostico deberá elaborarse de conformidad con lo establecido en el anexo II de las citadas disposiciones, de las cuales se puede advertir que se conforma de cuatro secciones como lo son I. Datos generales, II. Diagnostico año base, III. Diagnóstico de operaciones en pozos fuera del año base, y IV. Documentos Anexos al Formato; y que el diagnóstico contiene información de pozos, equipos y sus componentes, que se localizan al interior de las instalaciones de áreas estratégicas en las que se desarrollan actividades estratégicas de distribución de hidrocarburos, como lo son el número de identificación de pozos, equipos y componentes; operaciones en pozos, actividades y operaciones que se llevan a cabo asociadas al pozo.
• Por lo que, el hecho de que se dé a conocer un diagnóstico no constituye una información aislada pues se pueden dar a conocer entre otra información, los planos, ubicación de los pozos y condiciones de infraestructura utilizada.
• Bajo esos razonamientos, se estima correcta la determinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues la información solicitada se relaciona con la actividad de hidrocarburos, la cual es considerada dentro de la infraestructura de carácter estratégico y su divulgación podría comprometer la seguridad nacional, siendo que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como válida esa restricción al derecho de acceso a la información.
• Al respecto, no pasa inadvertido que el artículo 5 de las referidas disposiciones administrativas establece que la información que los Regulados presenten a la Agencia en razón de las Disposiciones, será considerada como información pública, salvo en los supuestos previstos por la legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública y datos personales. Toda reserva o clasificación s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33499-954bc502/acceso-a-la-informacion-y-proteccion-de-datos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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