Sin rubro
AMPARO EN REVISIÓN 599/2012. 12 DE AGOSTO DE 2014. MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y JUAN N. SILVA MEZA. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ.
México, Distrito Federal, resolución del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del doce de agosto de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver, el amparo en revisión 599/2012, promovido por ********** contra la sentencia dictada por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo indirecto **********; y
RESULTANDO
PRIMERO. Antecedentes del caso. El veintiocho de julio de dos mil once, ********** solicitó a la Unidad de Enlace de la Auditoría Superior de la Federación, por vía electrónica, las versiones públicas y electrónicas de las declaraciones de situación patrimonial de cada uno de los quinientos diputados federales.
SEGUNDO. El uno de agosto de dos mil once, la Unidad de Enlace de la Auditoría Superior de la Federación informó al quejoso, igualmente por vía electrónica, que su solicitud de acceso a la información quedó registrada con el folio 134 y que le daría respuesta dentro del plazo de veinte días hábiles a partir de esa fecha, conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Normatividad Interna.
TERCERO. El once de agosto de dos mil once, la Unidad de Enlace de la Auditoría Superior de la Federación negó la petición realizada por el quejoso, debido a que sus funciones de custodia y registro de las declaraciones de situación patrimonial derivan de un acuerdo específico con la Cámara de Diputados.
CUARTO. En contra de esa determinación, el quejoso interpuso el recurso de revisión ante el Comité Resolutor de los Recursos de Revisión y Reconsideración de la Auditoría Superior de la Federación, el cual se registró bajo el expediente **********. En resolución de nueve de noviembre de dos mil once, dicho comité confirmó la respuesta impugnada, en los siguientes términos.
Ver términos
QUINTO. Demanda de amparo. **********, por su propio derecho, en escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil once en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra las autoridades y los actos que a continuación se precisan.
AUTORIDADES RESPONSABLES:
1. Cámara de Diputados;
2. Cámara de Senadores;
3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
4. Secretario de Gobernación;
5. Director General del Diario Oficial de la Federación;
6. Auditor Superior de la Federación;
7. Presidente del Comité Resolutor de los Recursos de Revisión y Reconsideración de la Auditoría Superior de la Federación;
8. Presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información de la Auditoría Superior de la Federación;
9. Secretario Ejecutivo del Comité de Transparencia y Acceso a la Información, de la Auditoría Superior de la Federación; y
10. Directora General Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación.
ACTOS RECLAMADOS:
a) A las autoridades enunciadas en los puntos 1 a 5, en el ámbito de sus respectivas competencias, reclamó, esencialmente, la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
b) A las autoridades enunciadas en los puntos 6 a 10, reclamó, fundamentalmente, la negativa de proporcionar la información solicitada, mediante la resolución emitida en el recurso de revisión **********.
El quejoso señaló violados en su perjuicio los derechos humanos previstos en los artículos 1°, 6°, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y expresó, esencialmente, los siguientes conceptos de violación, como los resumió la juez de distrito en la sentencia constitucional.
Que se restringe la libertad de acceso a la información al establecer un régimen de reserva contrario a la fracción I del artículo 6º constitucional, el cual señala que la información gubernamental es pública y sólo podrá ser reservada cuando se haga temporalmente y por razones de interés público, debiendo prevalecer el principio de máxima publicidad, sin que la información esté sujeta para su publicitación al consentimiento de un servidor público.
Que el derecho a la información debe prevalecer sobre el derecho de salvaguardar los datos personales de las declaraciones patrimoniales.
Que al restringirse el acceso a la información contenida en las declaraciones patrimoniales, a la voluntad y consentimiento expreso del servidor público, constituye un requisito que obstruye la fiscalización del servidor público en el ejercicio de las actividades encomendadas, lo cual es contrario a los artículos 6°, fracción VI, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se impide conocer el ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos.
Que el párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos contraviene el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso 133 y las obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano en el combate a la corrupción y que protegen el derecho humano de acceso a la información pública gubernamental (fojas 14 a 36 y 441 vuelta y 442 del juicio de amparo indirecto).
SEXTO. Trámite del juicio de amparo. Prevención. Por razón de turno, conoció de la demanda el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, cuyo secretario en funciones de juez, -autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal- en auto de siete de diciembre de dos mil once, ordenó formar y registrar el juicio de amparo ********** y requirió al quejoso para que dentro del término de tres días precisara claramente los actos reclamados, si señalaba como tal el criterio vigésimo segundo del acuerdo por el que se establecen los criterios del Comité de Transparencia y Acceso a la Información sobre la clasificación de la información de la Auditoría Superior de la Federación y exhibiera once copias de su escrito aclaratorio, con los apercibimientos respectivos.
SÉPTIMO. Desahogo de la prevención. El quejoso, en escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil once en el juzgado de distrito del conocimiento, desahogó la prevención.
OCTAVO. Admisión de la demanda. En auto de doce de diciembre de dos mil once, la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal admitió a trámite la demanda de amparo.
NOVENO. Audiencia y sentencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, la juez del conocimiento celebró la audiencia constitucional el doce de marzo de dos mil doce y dictó sentencia, engrosada el veintiocho de mayo siguiente, en la que sobreseyó en una parte en el juicio de garantías y por la otra, que es materia de este recurso de revisión en amparo indirecto, negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto del precepto reclamado, conforme a las siguientes consideraciones esenciales.
Del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se desprende que el acceso a la información relativa a la situación patrimonial de los servidores públicos -en el caso, de los Diputados Federales- sólo será pública si se cuenta con la autorización del funcionario de que se trate.
La garantía de acceso a la información, prevista en el artículo 6º de la Constitución Federal, no es absoluta, sino que su ejercicio debe ser ponderado en cada caso, incluso su especie relativa al derecho de acceso a la información "pública", pues ese derecho no instituye a favor de los gobernados, la potestad de obtener la información que las autoridades tengan en ejercicio de sus atribuciones, en la forma y en el tiempo que ellos determinen, sino que debe ejercerse a partir de las reglas que fije la ley correspondiente que regula ese derecho, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece el marco jurídico para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión así como los supuestos de excepción, conforme a los cuales el acceso a la información se encuentra restringido en aras de proteger el interés público, nacional o de la sociedad, así como los derechos de terceros, entre ellos el de protección de la privacidad.
De la comparación del precepto reclamado, que restringe el acceso a la información, a la previa autorización del servidor público, con el diverso artículo 6º constitucional, se obtiene que no existe violación alguna al derecho de acceso a la información, pues esa garantía no es absoluta o ilimitada y a través de esa disposición, el legislador pretendió proteger el interés público en la actuación ordinaria de las autoridades, al ejercer sus atribuciones encomendadas.
El precepto reclamado atiende precisamente a las restricciones existentes en las diversas materias vinculadas con la información, en aras de proteger bienes jurídicos de rango también constitucional, cuya entidad sea igual o mayor a la garantía prevista en el artículo 6° de la Ley Suprema, en sus tres diversas vertientes, de informar, ser informado y allegarse de información, los cuales son la seguridad nacional, los intereses de la sociedad y los derechos de los gobernados.
La restricción que contiene, debe pasar el tamiz de constitucionalidad en los términos expresados, atendiendo en principio, a si su finalidad es proteger algún diverso derecho o bien jurídicamente tutelado relacionado con los intereses nacionales o de la sociedad, o con derechos de terceros, que estuviera en conflicto con el derecho de acceso a la información, y si la medida está justificada.
El derecho de acceso a la información pública está limitado por el derecho a la protección de la privacidad y específicamente de datos personales, entendido como la facultad del individuo de decidir quién, cuándo y bajo qué circunstancias utiliza sus datos personales, tanto en el sector público como en el privado; de ahí que la necesidad de otorgar el consentimiento para su transmisión, no limita la utilización de la información en el ámbito público, sino que se trata de hacerla compatible con los derechos de los ciudadanos; por lo tanto, no puede pretenderse que el derecho a la información sea garantizado indiscriminadamente y en todos los casos, sino que el respeto de su ejercicio encuentra limitantes que lo regulan y a su vez garantizan.
En apoyo de estas consideraciones citó la tesis de rubro "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL)."(1)
En otro orden, el precepto reclamado no viola el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 133 y las obligaciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano en el combate a la corrupción, que protegen el derecho humano de acceso a la información pública gubernamental, pues el artículo 6º de la propia Norma Fundamental, establece que las restricciones deberán establecerse en las leyes correspondientes, por lo tanto, si la norma ordinaria contiene limitaciones a la garantía de acceso a la información pública, no pretende posicionarse sobre la Constitución ni los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, sino que es acorde a dicha garantía de acceso a la información, que remite a las leyes, que en todo caso deben cumplir los parámetros establecidos en la propia Constitución respecto de dicha garantía, esto es, que las restricciones legislativas correspondientes atiendan a razones objetivas con el propósito de salvaguardar intereses nacionales o de la sociedad, o derechos de terceros.
Igualmente, el precepto reclamado es consecuente con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, especialmente, los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protegen la reputación de las personas y establecen restricciones legítimas a este derecho.
Finalmente, el precepto reclamado tampoco viola el artículo 134 en relación con el 6º, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los servidores públicos deben reflejar con claridad lo concerniente a la obtención, manejo y destino de los recursos públicos que reciben para el desarrollo de sus actividades.
El Estado Mexicano ha cumplido la fiscalización de los recursos públicos que detentan los servidores en aras de combatir actos de corrupción, en los artículos 36, 37, 40 y 41 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos, que establecen las obligaciones de los servidores públicos de presentar declaraciones de situación patrimonial, las sanciones correspondientes por su incumplimiento y los requisitos para la publicitación de la información relativa a su situación patrimonial, todo lo que constituye un sistema de vigilancia de su desempeño, en aras de transparentar y hacer eficiente el ejercicio de los recursos públicos (fojas 417 a 457 vuelta del juicio de amparo indirecto).
DÉCIMO. Interposición del recurso de revisión. En contra de la sentencia anterior, el quejoso, por su propio derecho, interpuso recurso de revisión en escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil doce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
DÉCIMO PRIMERO. Admisión del recurso de revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito. Por razón de turno, conoció del asunto el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya presidenta, en auto de cuatro de julio de dos mil doce, lo admitió y ordenó su registro bajo el expediente amparo en revisión **********.
DÉCIMO SEGUNDO. Resolución del tribunal colegiado de circuito. El tribunal colegiado del conocimiento, en resolución de veinte de septiembre de dos mil doce, modificó la sentencia recurrida, confirmó el sobreseimiento respecto de la publicación del Acuerdo por el que se establecen los criterios del Comité de Transparencia y Acceso a la Información sobre la Clasificación de la Información de la Auditoría Superior de la Federación, reclamada al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, en atención a que no se formularon agravios al respecto; hizo extensivo ese sobreseimiento a la publicación del citado acuerdo, al corregir una incongruencia por falta de pronunciamiento de la juez del conocimiento sobre el particular, aunado a que la publicación no se impugnó por vicios propios; reparó diversas incongruencias en términos de los considerandos 5º y 6º de su resolución, y, envió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la constitucionalidad del artículo 40, tercer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al no existir jurisprudencia temática específica.
DÉCIMO TERCERO. Trámite del recurso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de ocho de octubre de dos mil doce, admitió a trámite el amparo en revisión y ordenó su registro bajo el expediente 599/2012; decretó que ésta asumiera su competencia originaria para conocer de él; lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz y envió a la Sala de su adscripción para que su Presidente lo radicara; y, finalmente, ordenó notificar al Procurador General de la República por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
Avocamiento en la Primera Sala. En auto de diecisiete de octubre de dos mil doce, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó su avocamiento al conocimiento del recurso de revisión y lo remitió a la ponencia del Ministro relator.
Envío al Tribunal Pleno. En sesión de treinta y uno de enero de dos mil trece, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió el asunto al Tribunal Pleno, en donde se radicó previa certificación.
Desechamiento del proyecto. En sesión de veinte de junio de dos mil trece, por ocho votos el Tribunal Pleno desechó el proyecto y determinó returnarlo a un Ministro integrante de esa mayoría, conforme al orden de la Secretaría General de Acuerdos.
Returno del asunto. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de veintiuno de junio de dos mil trece, returnó el asunto al Ministro José Fernando Franco González Salas; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo abrogada, en razón de que la demanda de amparo se promovió durante su vigencia; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2013, porque se interpone contra una sentencia dictada por una juez de distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y la Primera Sala, en sesión de treinta de enero de dos mil trece, determinó que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte debía conocer del recurso de revisión, por su importancia y trascendencia.
SEGUNDO. Procedencia. El recurso de revisión es procedente debido a que se promueve en contra de la sentencia dictada por una juez de distrito dentro de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
TERCERO. Oportunidad y Legitimación. No se hará pronunciamiento respecto de la oportunidad del recurso de revisión ni la legitimación del recurrente, pues el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ya lo hizo en la resolución emitida en el amparo en revisión de su índice; determinación a la que debe estarse con fundamento en el punto noveno, fracción I, del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se establece que el tribunal colegiado verificará la procedencia del recurso de revisión, entre cuyos elementos están, necesariamente, los concernientes a su oportunidad, personalidad y legitimación de quien promueve el recurso.
CUARTO. Agravios. El recurrente expone, esencialmente, los siguientes agravios.
1. La sentencia recurrida le causa perjuicio porque estudia indebida e incompletamente los conceptos de violación expuestos en la demanda y vulnera su derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6° constitucional.
Lo anterior en razón de que la juez del conocimiento omitió estudiar todos los argumentos expuestos en el primer concepto de violación, en el que adujo que el párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos contraviene el artículo 6°, fracción I, constitucional, según el cual toda información gubernamental es pública y en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad.
Asimismo, deja de responder sus planteamientos respecto a que no se deben considerar como datos personales toda la información de las declaraciones de situación patrimonial de un servidor público; que los funcionarios del Estado tienen naturaleza pública por sus actividades, por ende, deben satisfacer necesidades colectivas en función del interés estatal y rendir cuentas a los ciudadanos; y, que los datos personales contenidos en las declaraciones patrimoniales pueden ser testados y protegidos para generar una versión pública.
De igual forma, sostiene el recurrente, la juez del conocimiento tampoco estudió en forma adecuada y completa el segundo concepto de violación, en el cual expresó que el párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos viola el artículo 6° constitucional, en el que se dispuso que toda información gubernamental es pública y solo puede ser reservada por razones de interés público, pues vulnera el sistema restringido de excepciones debido a que no acata lo relativo a la prueba de daño y la prueba de interés público previstos en las leyes de transparencia.
En la sentencia impugnada no se tomó en cuenta que existe una causa de interés público para conocer las versiones públicas de declaraciones patrimoniales de servidores públicos, aunado a que no se estudió la causa de interés público ni se demostró las pruebas de daño e interés público.
Sostiene el quejoso que tampoco se estudió completa y adecuadamente el tercer concepto de violación, en el que planteó que el precepto reclamado viola el artículo 1° en relación con el 133 constitucionales y las obligaciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano en el combate a la corrupción.
A su juicio, la juez no realiza una interpretación pro homine y no estudia ni toma en cuenta las obligaciones internacionales de transparencia que constriñen al Estado a hacer del conocimiento público el contenido de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos; inclusive, existe la posibilidad de realizar versiones públicas porque no toda la información que contienen son datos personales.
En este sentido, continúa el quejoso, la juez hace referencia a un estudio académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que aborda el tema de la privacidad y los datos personales. Del contenido e interpretación que se le da, se precisa que no es lo mismo el derecho a la privacidad e intimidad que el derecho a la protección de datos personales, los cuales son derechos autónomos.
El derecho a la privacidad implica satisfacer condiciones de resguardo al ámbito más íntimo de las personas físicas; el derecho a la protección de datos personales implica la autodeterminación informativa en la que cada persona física decide el uso que da a sus datos personales.
El dato personal es una categoría agnóstica que hace identificable a una persona física, su protección, resguardo y divulgación obedecen a cuestiones de interés público, de modo que es legítimo divulgar ciertos datos personales en fuentes de acceso público o por razones de interés público o seguridad nacional, como también lo es resguardar los datos personales de una persona física.
En la demanda de amparo, aspecto no estudiado por la juez, se demostró que existen causas de interés público por las cuales los ciudadanos tienen el derecho legítimo de acceder a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
La juez se confundió porque el estudio académico y la tesis invocados se refieren al derecho a la intimidad, que es distinto al de protección de datos personales.
Asimismo, no existe criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la publicación de los datos contenidos en una declaración patrimonial de un servidor público, por ello, era necesario que la juez se pronunciara al respecto y realizara la prueba de interés público atendiendo a la máxima protección constitucional a la persona y respetando las obligaciones internacionales suscritas en materia de transparencia de rendición de cuentas.
En consecuencia, la juez no estudió en forma adecuada y completa los conceptos de violación expuestos en la demanda, que debe analizarse integralmente, en apoyo de lo cual cita la tesis de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."
2. La resolución recurrida viola los principios constitucionales de máxima protección a la persona tratándose de la salvaguarda de un derecho fundamental.
El quejoso expone que lo que intenta salvaguardar la demanda de amparo que promovió es la protección al derecho humano de acceso a la información pública gubernamental; sin embargo, la juez realiza una interpretación inocua y faltante de elementos jurídicos. Al respecto, por tratarse de la protección de un derecho humano, debe interpretarse del modo que brinde al individuo la protección más amplia.
En apoyo de estos argumentos cita las tesis sustentadas por tribunales colegiados de circuito, de rubros "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA." y "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN."
En caso de duda razonable, se debe optar por dicho principio, porque se trata de la protección de un derecho fundamental. Al margen de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y la Ley de Amparo, el juzgador debe optar por la interpretación más favorable a la persona respecto de la protección de un derecho y elegir la que más proteja a su titular.
Con base en estos argumentos, el recurrente solicita la revocación de la sentencia dictada por la juez del conocimiento.
QUINTO. Estudio. En primer lugar, es necesario precisar que el quejoso no formuló agravios encaminados a desvirtuar los razonamientos realizados por la juez del conocimiento para contestar los conceptos de violación identificados con el inciso c) en su sentencia, relativos a la contraposición del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativa para los Servidores Públicos con el artículo 1° constitucional; consecuentemente, debe considerarse firme la resolución emitida al respecto.
Por otro lado, en esencia el quejoso expone en sus agravios que la juez de distrito estudió indebida e incompletamente los conceptos de violación primero, segundo y tercero de su demanda de amparo, debido a que no tomó en cuenta que argumentó la existencia de una causa de interés público para conocer las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
Asimismo, añade que respecto de la protección de un derecho humano como lo es el derecho de acceso a la información, debe realizarse una interpretación que brinde la protección más amplia y favorable al individuo en el caso concreto.
Con base en los agravios formulados por el recurrente, aunado al contraste de la demanda de amparo con la sentencia recurrida, se advierte que la juez de distrito no realizó pronunciamiento sobre las argumentaciones medulares del quejoso tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del artículo impugnado, por lo que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el estudio realizado en la sentencia de amparo fue incompleto y poco detallado, como lo afirma el quejoso en su escrito de revisión, y, por ende, sus agravios son fundados.
Consecuentemente, al resultar fundados los argumentos del quejoso, este Tribunal Pleno debe estudiar los planteamientos de constitucionalidad y decidir sobre la constitucionalidad del artículo 40, tercer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativa para los Servidores Públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada.
Ahora, en atención a la conexión que guardan entre sí los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, al referirse esencialmente a las consideraciones de la sentencia recurrida respecto del derecho de acceso a la información pública, por técnica jurídica su análisis se realizará en conjunto.
En esta instancia subsiste el tema de constitucionalidad del artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,(2) el cual establece que la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial de los servidores públicos se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. El análisis del caso se relaciona con el derecho de acceso a la información pública, previsto en el artículo 6º constitucional.
Para entrar en materia, debe señalarse que el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete no preveía el derecho de acceso a la información pública.
El seis de diciembre de mil novecientos setenta y siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 6º constitucional, para establecer en lo conducente que "... el derecho a la información será garantizado por el Estado." En la exposición de motivos de la reforma constitucional, el Presidente de la República señaló que el derecho a la información "será básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana y contribuirá a que ésta sea más enterada, vigorosa y analítica, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad."
El veinte de julio de dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial una segunda reforma que incorporó un párrafo segundo al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la exposición de motivos se indicó que la propuesta buscaba fortalecer el derecho de acceso a la información, para que "toda persona pueda contar con los elementos mínimos y adecuados en materia de información pública para que se pueda evaluar el desempeño de la acción gubernamental y, entre otros, se manifiesten aspiraciones y demandas."
Poster
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80194-6e7642ca/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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