I. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LO RIGEN (ARTÍCULO 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SUS LÍMITES. III. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL TRANSITORIO PARA SU IMPLEMENTACIÓN (ARTÍCULOS SEGUNDO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MAYO DE 2015). IV. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. BASES CONSTITUCIONALES QUE LO RIGEN (ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). V. PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL UMBRAL DE SU PROTECCIÓN DEBE SER MENOR QUE EL DE LOS PARTICULARES, EN ARAS DE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y EL LEGAL COMPORTAMIENTO DE ÉSTOS (ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). VI. PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA NECESIDAD DE UN MAYOR ESCRUTINIO DE SU INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y DE SUS INTERESES NO SUPRIME POR COMPLETO SU ESFERA PRIVADA (ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). VII. DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS DATOS QUE CONSTAN EN AQUÉLLAS, CUYA DIFUSIÓN NO AFECTE SU INTEGRIDAD, NO PONGA EN RIESGO SU VIDA O NO LOS HAGA IDENTIFICABLES, CONSTITUYEN INFORMACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULOS 29, 34, PÁRRAFO TERCERO, Y 48, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). VIII. DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS ARTÍCULOS 29 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO 113 Y 116 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEFINEN CLARAMENTE LOS LINEAMIENTOS Y ELEMENTOS QUE EL COMITÉ COORDINADOR DEBE OBSERVAR PARA LA ELABORACIÓN DE LOS FORMATOS EN LOS QUE SE RENDIRÁN AQUÉLLAS (ARTÍCULOS 29, 34, PÁRRAFO TERCERO, Y 48, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 70/2016. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 13 DE JUNIO DE 2017. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA Y LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de junio de dos mil diecisiete, por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve, la presente acción de inconstitucionalidad, promovida por diversos diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de los artículos 29; 34, tercer párrafo; 48, primer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como del sexto párrafo del artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil dieciséis.
I. Trámite
1. Presentación del escrito, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, por escrito entregado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos diputados federales, integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, promovieron acción de inconstitucionalidad, en contra del propio Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo Federal.
2. Norma general impugnada. En esta acción de inconstitucionalidad se impugnaron los artículos 29; 34, tercer párrafo; 48, primer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el sexto párrafo del artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de dieciocho de julio de dos mil dieciséis.
3. Conceptos de invalidez. Los diputados accionantes en sus conceptos de invalidez, manifestaron, en síntesis, lo siguiente:
Primer concepto de invalidez. Violación a los artículos 1o., 6o., 16, 108 y 113 de la Constitución Federal, así como a los artículos 1 y 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y del artículo 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
a) El punto central de la reforma constitucional en materia anticorrupción, consistió en hacer públicas y sin reservas las declaraciones de los servidores públicos, tanto la patrimonial, la fiscal y la de conflicto de intereses. No obstante ello, la mayoría de los legisladores integrantes del Congreso de la Unión, decidieron apartarse de esta lógica, ya que en el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se estableció una excepción ambigua que restringe la publicidad pretendida, ello bajo el amparo de una posible afectación a la vida privada o a los datos personales de los servidores públicos.
b) Esta excepción se configura como una tensión entre dos derechos humanos: el de la máxima protección de los datos personales frente al de acceso a la información. La interacción entre ambos derechos exige un prudente ejercicio de ponderación en el que se logre su optimización hasta donde sea posible.
c) En este escenario, resulta indispensable maximizar el derecho de acceso a la información frente al de la protección de datos o del patrimonio de los servidores públicos, pues ello generará la consolidación de una confianza social, respecto de las autoridades.
d) No debe perderse de vista que el derecho a recibir información, es un importante presupuesto de la democracia liberal. Tanto el derecho de acceso a la información pública como los principios constitucionales que conforman la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, son principios dotados de una dimensión colectiva que juega un papel fundamental en el ejercicio ponderativo que debe llevarse a cabo al entrar en conflicto con otros derechos. De este modo, la limitación prevista en el artículo 29 impugnado debe evaluarse bajo este tamiz institucional o público.
e) La publicidad de las normas y la transparencia de los actos del poder público es un elemento esencial de la democracia, y sobre todo, una garantía contra el uso arbitrario del poder y el combate a la corrupción.
f) Si bien el patrimonio constituye un atributo de la personalidad que debe permanecer ajeno al conocimiento de las demás personas, en el caso de los servidores públicos no puede valorarse de la misma manera. Ello porque, en primer lugar, la constitución de dicho patrimonio tiene un origen público, al estar integrado con recursos públicos; en segundo lugar, porque la relación de razonabilidad que debe guardar el aumento del patrimonio de dicho servidor, en relación con el ingreso que recibe, también constituye un elemento que reviste un interés justificado para el escrutinio de la sociedad al resultar un importante inhibidor de la corrupción y, finalmente, porque la correspondencia entre los ingresos que percibe el servidor público y el desempeño de la función pública que realiza, es un elemento que una sociedad madura y democrática debe analizar, no solamente para el fortalecimiento de la confianza en la representación -en este caso legislativa-, sino además para la exigencia de un mejor desempeño en el ejercicio de las labores encomendadas a los servidores públicos.
g) De esta forma una consideración absoluta al respeto a la vida privada y a la protección de datos personales de los servidores públicos, impone una restricción desproporcionada al derecho a la información y viola el principio democrático de rendición de cuentas, inmerso en el principio de máxima publicidad de la información en manos del poder público, en tanto pasa por alto que las declaraciones patrimoniales y de intereses no sólo contienen datos que son privados e indisponibles al escrutinio público, sino que además, y principalmente, contiene datos que aun siendo privados, como el patrimonio, por el interés público que representa y la calidad del sujeto, son datos públicos, y debe permitirse su conocimiento.
h) Además, en todo caso, no es dable homologar en cuanto a su alcance y contenido, el tratamiento de la información que se contiene en la declaración patrimonial y en la de intereses y la fiscal, pues en el supuesto de mantener la tutela de la vida privada y los datos personales para la declaración patrimonial, no cabe tal reserva en los otros dos tipos de declaraciones, ya que éstas pueden implicar una afectación en el desarrollo imparcial de las funciones de los servidores públicos, además de que dan la oportunidad de revisar que el monto total del pago de sus impuestos, sea acorde a los ingresos públicos que hayan obtenido. De este modo, tanto la declaración de intereses como la fiscal de un servidor público, deben ser públicas en su integridad.
i) Finalmente no debe perderse de vista que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que en una sociedad democrática, los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público.
j) De este modo, se solicita la declaración de invalidez de la salvedad, prevista en el artículo 29 impugnado, para el efecto de que se ratifique que las declaraciones patrimonial y de intereses deben ser públicas.
Segundo concepto de invalidez. Violación a los artículos 1o., 6o., 16 y 108 de la Constitución Federal. En este concepto de invalidez se hace valer un argumento general en el sentido de una violación al principio de reserva de ley y al respecto se elaboran tres tipos de argumentos particulares:
a) Regulación legal, tanto del proceso como del contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses. En este apartado se indica que el esquema previsto en los artículos 29, 34 y 48 impugnados, vulnera el mandato constitucional establecido en los artículos 6o., apartado A, fracción II; 16 y 108 de la Constitución Federal, ya que el legislador federal se abstuvo de reglamentar, e incluso de dar un contenido mínimo, en lo relativo a los alcances de las declaraciones patrimonial y de intereses que deben presentar los servidores públicos, así como también fue omiso en establecer un marco legal en el que se precisen los alcances de los derechos a la vida privada y a la protección de datos personales. Esta falta de regulación, transgrede el principio de reserva de ley, ya que es obligación del Congreso de la Unión establecer dichos alcances. En este sentido, el artículo 29 impugnado, dispone que corresponderá al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción -a propuesta del Comité de Participación Ciudadana-, delimitar la información pública de las declaraciones, otorgando la facultad a dicho comité para graduar el alcance del derecho a la información pública que deben contener dichas declaraciones, permitiendo a su vez, una reglamentación de los derechos a la vida privada y la protección de los datos personales de los servidores públicos. Cita en apoyo la tesis aislada 1a. CCXV/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."
b) Reglamentación de los derechos humanos previstos en la Constitución o en los tratados internacionales. El artículo 29 impugnado, encomienda al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción la elaboración de los formatos, mediante los cuales los servidores públicos deberán rendir sus declaraciones patrimoniales y de intereses, con lo que se faculta a este comité para que determine los alcances al derecho a la máxima publicidad de documentos públicos y efectúe el ejercicio de ponderación frente a otros derechos humanos, como el de tutela a la vida privada y protección de datos personales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 87/2015 y 75/2015, ha señalado que los derechos humanos sólo pueden ser de fuente constitucional o convencional, excluyendo la posibilidad de que poderes o entes públicos diversos puedan reglar su contenido. En este sentido, si bien el aludido comité es una instancia constitucional responsable de la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, y que uno de sus principales mandatos es el diseño de políticas públicas integrales en la materia, dicha instancia no es una autoridad formal y materialmente legislativa que cuente con atribuciones para definir y dar contenido a los derechos humanos, previstos en la Constitución Federal. El legislador federal renunció a su atribución constitucional de legislar los alcances a dichos derechos al determinar que correspondería al citado comité establecer los elementos y alcances de una versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, sin establecer en la ley un parámetro para realizar la ponderación respectiva, y en cuanto a esto, se distingue respecto de los tres tipos de declaraciones:
- Tratándose de las declaraciones patrimoniales, el legislador federal debió haber realizado, al menos, un ejercicio básico para definir y distinguir los siguientes datos: 1) datos de identificación del servidor público, 2) ingreso mensual neto, 3) bienes -inmuebles, muebles, vehículos, forma de adquisición-, 4) inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, 5) gravámenes o adeudos, 6) función que realiza y, 7) datos del cónyuge y dependientes económicos. Sin embargo, fue omiso al respecto.
- En cuanto a las declaraciones sobre conflicto de interés, el parámetro de análisis debe ser distinto, ya que este tipo de declaraciones, por su naturaleza, no deben estar sujetas a ninguna tutela en cuanto a protección de datos personales o a la vida privada del servidor, puesto que se trata de una herramienta fundamental en el combate a la corrupción y los ciudadanos deben tener acceso a cualquier información que pueda influir impropiamente en el desempeño de las responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos derivados de sus relaciones privadas. Al respecto debe tenerse en cuenta que, si bien en la Ley General de Responsabilidades Administrativas -artículos 3o., fracción VI y 47- el legislador federal al menos estableció un contenido conceptual que permite arribar a la conclusión de que la declaración sobre conflicto de interés debe ser íntegramente pública, debe precisarse de manera cierta que en dicho caso no será oponible la excepción del derecho a la vida privada o a la protección de datos personales de los servidores públicos.
- Finalmente tratándose de la declaración fiscal, en los conceptos de invalidez, únicamente se hace referencia a lo que establece el artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero no se hace un argumento específico, sino únicamente se elabora una conclusión general en la que se reitera que el Congreso Federal indebidamente abdicó su obligación de legislar sobre los alcances del derecho a la información pública y su respectiva ponderación con la protección de la vida privada y los datos personales de los servidores públicos.
c) Establecimiento de tipos administrativos en blanco. De la lectura de los artículos 29, 34, 48 y tercero transitorio, impugnados, se desprenden ciertos elementos que configuran una conducta cuya omisión se traduce en una falta administrativa, sin embargo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece en su artículo 49 como falta no grave la omisión de la presentación, en tiempo y forma, de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, mientras que en el artículo 60 estableció como conducta grave la falta de veracidad o el ocultamiento de información por parte de los servidores públicos. De estos ejemplos se puede advertir que el tipo administrativo se perfeccionará no por lo dispuesto en la ley o en un reglamento administrativo, o por lo que al caso disponga un organismo constitucional autónomo -lo que en todo caso integraría un tipo penal en blanco o una falta administrativa-, sino por un ente constitucional, responsable de dictar políticas públicas integrales en materia de prevención y combate a la corrupción. Esta delegación a una autoridad distinta al poder legislativo genera una inconstitucionalidad ya que la ley debe establecer con claridad el alcance normativo de la conducta a la que está obligado el servidor público, pues es justamente el Congreso de la Unión el facultado para legislar en materia de delitos y faltas federales. Se citan como apoyo a estos argumentos, dos criterios aislados emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos números y título y subtítulo son los siguientes: 1a. CCCXIX/2014 (10a.), "TIPOS ADMINISTRATIVOS EN BLANCO. SON CONSTITUCIONALES SI SE JUSTIFICAN EN EL MODELO DE ESTADO REGULADOR." y 1a. CCCXVIII/2014 "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. MODULACIÓN APLICABLE A LA VERTIENTE SANCIONATORIA DEL MODELO DEL ESTADO REGULADOR."
Conclusión de los conceptos de invalidez planteados. Se solicita se declare la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, en la porción normativa establecida en el artículo 29 que dispone que "el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes", así como de las demás porciones normativas impugnadas que son consecuencia directa del citado enunciado, para así mantener un orden jurídico vigente para la debida tutela de los derechos humanos primarios, tanto de acceso a la información como de protección a la vida privada y a los datos personales, tal como debe acontecer en un régimen democrático como lo es el Estado Mexicano.
4. Artículos constitucionales que los accionantes señalan como violados. Los diputados accionantes señalaron como artículos violados los siguientes: 1o., 6o., 16, 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Admisión y trámite. Mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 70/2016(1) y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.
6. Por acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro instructor, admitió la demanda de acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión para que rindieran sus informes.(2)
7. Informes de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo Federal.
A) La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión señaló, en síntesis, lo siguiente:
• Los conceptos de invalidez planteados son infundados, porque las normas generales impugnadas son formal y materialmente constitucionales ya que el procedimiento legislativo por el cual se expidió el "Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", cumplió con los requisitos formales y procesales que dispone la Constitución Federal, además de que los artículos impugnados, se ajustan al texto de la Ley Fundamental.
• Si bien el artículo 6o. de la Constitución Federal, establece un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, éste también se encuentra limitado -en forma genérica igualmente- por el derecho a la protección de datos personales, por lo que el acceso público a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información, sólo procede en ciertos supuestos reconocidos, expresamente por las leyes respectivas. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 333/2009, señaló que los poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones legalmente tasadas que operan cuando la revelación de datos sea susceptible de afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas.
• Por su parte el artículo 16 constitucional, establece el derecho a la protección de datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, así, este reconocimiento del derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En relación con esto, cita como apoyo lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 56/2011.
• El artículo 108 constitucional, en lo que interesa, establece que los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.
• El artículo 113 constitucional establece el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual contará con un Comité Coordinador competente, entre otras cosas, para determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.
• La excepción establecida en los artículos 29 y 34 impugnados, respecto de la información en las declaraciones patrimoniales y de intereses, cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales de los servidores públicos, tutela derechos de orden constitucional, ya que busca proteger la privacidad de los datos personales, por ello carece de sustento establecer una contradicción entre esta excepción y el derecho a la información de los ciudadanos.
• Además esta excepción no genera una violación al derecho de acceso a la información, ya que éste no es absoluto y puede limitarse válidamente, conforme a lo dispuesto por la propia Constitución Federal, tal como lo hace cuando categóricamente prevé que la información relativa a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, con lo que se establece una cláusula de reserva legal por razones de interés público, seguridad nacional, vida privada y datos personales.
• Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión 168/2011, determinó que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales, de modo que si bien existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, este derecho está limitado también en forma genérica por el derecho a la protección de datos personales. Cita la tesis aislada 1a. VII/2012 (10a.), de rubro "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL)."
• Una interpretación relacionada y armónica de los artículos 6o. y 16 de la Constitución Federal, permite establecer que la información relativa a la vida privada y los datos personales, no cambia su naturaleza jurídica por el hecho de estar en posesión de las autoridades o entidades públicas señaladas en el propio artículo 6o. y, por tanto, no está sujeta de manera absoluta a los principios de máxima publicidad.
• La propia Suprema Corte reiteradamente, ha emitido criterios en el sentido de sustentar la limitación del derecho de acceso a la información, respecto de la protección de datos que afecten la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución Federal. Algunos de los criterios que sirven de apoyo son las tesis: P./J. 26/2013 (10a.), de rubro "AUDITORÍAS AMBIENTALES VOLUNTARIAS. LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN GENERADAS POR LOS PARTICULARES O SUS AUDITORES Y ENTREGADAS A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DURANTE SU TRAMITACIÓN, SI BIEN SON DE CARÁCTER PÚBLICO, NO PODRÁN DIVULGARSE SI SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PARA SU RESERVA TEMPORAL O SE TRATA DE DATOS CONFIDENCIALES.", 1a. VIII/2012 (10a.), cuyo rubro es: "INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).", 2a. LXIV/2008, de rubro: "SECRETO FINANCIERO O BANCARIO. ES PARTE DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA DEL CLIENTE O DEUDOR Y, POR TANTO, ESTÁ PROTEGIDO POR LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA EN SU VERTIENTE DE DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD." y 1a. XLIX/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO A LA VIDA PRIVADA. ALCANCE DE SU PROTECCIÓN POR EL ESTADO."
• La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de mayo de dos mil quince no tuvo como resultado el establecimiento de una obligación constitucional para los servidores públicos en el sentido de presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses sin restricción alguna, sino que esta obligación se cumpla "en los términos que determine la ley".
• Además los preceptos impugnados son constitucionales ya que reproducen las limitaciones al derecho de acceso a la información establecidas por los propios artículos 6o., 16 y 108 constitucionales. Lo mismo sucede desde la perspectiva del ámbito de convencionalidad, ya que en el orden internacional, tampoco se ha establecido en forma vinculante la obligación del Estado Mexicano para que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos sean públicas sin restricción alguna.
• Aun suponiendo sin conceder que los artículos impugnados establecieran una restricción del derecho a la información pública, o a los principios derivados del Sistema Nacional Anticorrupción, ésta debe considerarse como una excepción a los derechos constitucionales establecidos en la Constitución Federal, por lo que al regular un caso de excepción, encuentra sustento en los citados preceptos constitucionales. Se señala que sirve de apoyo lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 293/2011 y cita la tesis P./J. 20/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL."
• La atribución establecida en los artículos impugnados para que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, expida las normas y los formatos impresos de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los declarantes deberán presentar la declaración de intereses, así como los manuales e instructivos, no es contraria al principio de reserva de ley, pues se trata de una norma habilitante a efecto de que el citado Comité Coordinador pormenorice, de manera concreta y específica, los principios y lineamientos convenidos en la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cita como apoyo los criterios contenidos en las siguientes tesis: 1a. XXIII/2012 (10a.), "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE DICIEMBRE DE 1995), CONSTITUYE UNA CLÁUSULA HABILITANTE QUE AUTORIZA A DICHO ÓRGANO DESCONCENTRADO PARA EMITIR REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS.", 2a. LXII/2016 (10a.), "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LAS CLÁUSULAS HABILITANTES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ESTÁN SUJETAS A LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, POR LO QUE NO LOS TRANSGREDEN (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013)." y 1a. CXIV/2012 (10a.), "TELECOMUNICACIONES. LOS ARTÍCULOS 9-A, FRACCIÓN I, Y 41 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE FACULTAN A LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A EXPEDIR LOS PLANES TÉCNICOS FUNDAMENTALES QUE PERMITAN LA INTERCONEXIÓN E INTEROPERABILIDAD DE SUS REDES, NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA."
• En cuanto al argumento relativo a que las normas impugnadas no regulan específicamente ciertos detalles en el ejercicio de la atribución referida, ello no significa que sean violatorias del artículo 16 constitucional, pues ello equivaldría a exigir en el texto legal de una norma secundaria, la precisión de detalles casuísticos y concretos del actuar administrativo. No obstante ello, de cualquier modo, las autoridades deben fundar y motivar correctamente sus actos por disposición expresa del mandato constitucional de referencia, esto es, la omisión del legislador no exime a la autoridad del cumplimiento de los requerimientos constitucionales.
• Además, el hecho de que no se hayan establecido definiciones o conceptualizaciones específicas que debe abordar el Comité Coordinador y que el legislador haya empleado conceptos jurídicos indeterminados, de ninguna manera implica que las normas impugnadas, se tornen inseguras o que se deje en manos de la autoridad administrativa la facultad de dictar libremente, o incluso arbitrariamente, la resolución que corresponda pues el ejercicio de la función administrativa está sometida al control de las garantías de fundamentación y motivación que presiden el desarrollo no sólo de las facultades regladas o discrecionales, sino también de aquellas en que ha de hacerse uso del arbitrio, respetando el marco constitucional y los principios en la materia. Se cita como apoyo la tesis 1a./J. 1/2006, de rubro: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS."
• Finalmente en relación con el parámetro relativo a la limitación de "los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución", dicha restricción ya ha sido explorada en materia de derecho a la información, siendo que las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Federal establecen los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al derecho relativo, cuyo desarrollo se encuentra tanto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como en la jurisprudencia. Al respecto cita lo resuelto en diversos asuntos tales como la acción de inconstitucionalidad 49/2009, el amparo en revisión 50/2008 y el amparo en revisión 168/2011.
B) La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión señaló, en síntesis, lo siguiente:
• Las normas generales impugnadas son formal y materialmente constitucionales, ya que el procedimiento legislativo por el cual se expidió el "Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", cumplió con los requisitos formales y procesales que dispone la Constitución Federal, además de que los artículos impugnados, se ajustan al texto de la Constitución Federal.
• El acceso a la información pública, admite dos grandes excepciones: a) la que responde a los casos en que la divulgación de la información puede causar daño a un interés público jurídicamente protegido -segurida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27319-a4f59017/i-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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