I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDE ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE AQUÉLLA, INCLUYENDO LAS RELATIVAS A LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y A LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE ADVIERTE UNA POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE LA LEY REGLAMENTARIA Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDE LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, DE FORMA INCIDENTAL, E INAPLICAR PARA EL CASO CUALQUIER DISPOSICIÓN QUE RESULTE CONTRARIA AL TEXTO CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA INTERPRETACIÓN DE LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES PROCESALES DEBE SEGUIR EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO ACTIONE, A EFECTO DE EVITAR QUE LOS FORMALISMOS IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMPATIBLE CON EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO ACTIONE ES AQUELLA EN EL SENTIDO DE QUE, EXCEPCIONALMENTE, SI EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA FUESE INHÁBIL, ÉSTA PODRÁ PRESENTARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) PARA PROMOVERLA ESTÁ SUPEDITADA A QUE HAGA VALER VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA FACULTAD DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA PROMOVERLA RESPECTO DE LEYES FEDERALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA PENAL Y PROCESAL PENAL NO IMPLICA QUE EL RESTO DE LOS ÓRGANOS LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ESTÉN IMPEDIDOS PARA HACERLO CONTRA NORMAS DE ESA NATURALEZA. VIII. DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN TORNO A SU TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 128 BIS, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, Y DE DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES", 304 BIS, 304 TER Y 304 TER 1 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA). IX. DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR SOBRE AQUÉL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 128 BIS, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, Y DE DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES", 304 BIS, 304 TER Y 304 TER 1 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA). X. NORMAS PENALES. ELEMENTOS QUE LAS CONSTITUYEN. XI. DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN TORNO A SU IMPRESCRIPTIBILIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 128 BIS, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, Y DE DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES", 304 BIS, 304 TER Y 304 TER 1 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 128 BIS, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, Y DE DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES", 304 BIS, 304 TER Y 304 TER 1 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, ASÍ COMO DEL SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS PENALES CON EFECTOS RETROACTIVOS A LA FECHA DE SU ENTRADA EN VIGOR, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS CON FUNDAMENTO EN LAS NORMAS INVALIDADAS SE ENCUENTRAN VICIADOS DE ORIGEN, POR LO QUE, PREVIA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SE DEBERÁ APLICAR EL TIPO PENAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DEL DELITO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 128 BIS, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, Y DE DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES", 304 BIS, 304 TER Y 304 TER 1 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, ASÍ COMO DEL SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL OCHO DE NOVIEMB
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 138/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE ENERO 2021. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ERIKA YAZMIN ZARATE VILLA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, emite la siguiente
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 138/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que reforman diversos artículos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial del Estado de esa entidad.
I ANTECEDENTES
Demanda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "CNDH" o "la Comisión") impugnó los artículos 128 Bis, 304 Bis, 304 Ter y 304 Ter 1, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (en adelante "Código Penal local"), reformados y adicionados mediante el decreto publicado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial de esa entidad. En su único concepto de invalidez, la CNDH planteó lo siguiente:(1)
"Único: El Congreso de Puebla hizo diversas modificaciones relacionadas con la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, así como de la punición aplicable en diversos supuestos. Conforme al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal ello es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, pues en dicha norma se le facultó para emitir las correspondientes leyes generales en materia de secuestro, desaparición forzada y otras formas de privación de la libertad, trata de personas, entre otros. Por ende, ellos son los únicos facultados para expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y las sanciones correspondientes para los delitos relacionados con desaparición forzada, y no el Congreso Local.
"Legislar en una materia sobre la que no tiene competencia viola el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Por un lado, la doble regulación (pues el delito ya está previsto en la ley general) genera inseguridad jurídica tanto para los operadores de la norma como para los ciudadanos, al no tener certeza de qué legislación les será aplicable. Por otro lado, la emisión de las normas impugnadas viola el principio de legalidad –que garantiza las autoridades sólo puedan actuar conforme a lo que la legislación les permite–, pues el Congreso Local no está facultado para establecer el tipo penal en materia de desaparición forzada."
2. Trámite. El presidente de esta Suprema Corte ordenó formar el expediente y turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek para que fungiera como instructor en el procedimiento.(2) Éste previno a la promovente para que presentara copia certificada de la documentación que la acreditara con el carácter que ostentaba.(3) Una vez que se tuvo por cumplida la prevención, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y requirió a las autoridades para que rindieran sus respectivos informes.(4)
3. Informes. El Ejecutivo y Legislativo Locales los rindieron. El Legislativo planteó dos causas de improcedencia y, en general, ambos defendieron la constitucionalidad de las normas impugnadas.(5) Respecto a los conceptos de invalidez planteados, refirieron:
"a) Congreso Local: i) el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es inconstitucional al otorgar un día más para presentar la demanda, cuando la Constitución Federal es clara en que sólo son 30 días naturales, por ende, al haberse presentado la demanda el lunes nueve de diciembre, y no el domingo ocho (fecha en que fenecía el plazo de 30 días naturales), la misma debe declararse extemporánea; y ii) la CNDH no tiene legitimación para impugnar normas penales, ya que la Constitución Federal concede tal facultad exclusivamente al fiscal general.
"Asimismo, las normas impugnadas no son inconstitucionales. La accionante hizo una mala interpretación del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, pues el segundo párrafo es claro en cuanto a que se trata de una materia concurrente en el que las leyes generales contemplarán la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
"Además, el argumento de la accionante es contradictorio. Por un lado, sostiene que deben armonizarse los ordenamientos locales, en el ámbito de sus competencias, con las leyes generales conforme al artículo noveno transitorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y por el otro, considera que el Congreso Local no tiene competencia para regular sobre tipo penal y penas aplicables en esta materia.
"El artículo 2 de dicha ley general contempla el establecimiento, distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de distintos órdenes de gobierno para buscar a personas desaparecidas y no localizadas, esclarecer los hechos, así como prevenir, investigar, sancionar y erradicar este tipo de delitos. Al ser una materia concurrente, el Congreso Local sólo cumplió con la obligación prevista en el régimen transitorio de la ley general para armonizar su legislación local, lo cual sucedió con los artículos impugnados. Finalmente, contrario a lo que se puede deducir de los argumentos de la accionante, las normas impugnadas sí respetaron el proceso Legislativo Local.
"b) Poder Ejecutivo Local: las normas impugnadas son constitucionales y se emitieron con fundamento en las disposiciones primera y novena transitorias de la ley general que ordenan a las entidades federativas a reformar y armonizar la legislación que corresponde a su ámbito competencial.
"Tanto la Constitución Federal como la ley general reconocen que ésta es una materia concurrente en la que participan los Estados, Municipios y la Federación, lo cual se confirma con el artículo 2 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y con los artículos 24, 25 y 26 del mismo ordenamiento, que disponen que cuando no se actualice el supuesto para que conozca la Federación, corresponderá a las entidades federativas el prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos de desaparición forzada. En este orden de ideas, dado que se reconoce competencia a las autoridades locales para ello, y las normas contribuyen a este propósito y debe reconocerse su constitucionalidad."
4. Alegatos. El Ministro instructor tuvo por rendidos los informes y les concedió un plazo de cinco días para que se formularan los alegatos correspondientes por escrito.(6) La actora remitió escrito reiterando la inconstitucionalidad de las normas,(7) mientras que las autoridades defendieron la constitucionalidad de las normas y reiteraron las causas de improcedencia.(8)
II. COMPETENCIA
5. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad en términos de los artículos 105, fracción II, inciso g ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(9) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria);(10) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(11) en relación con el punto segundo, fracción del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.(12) Ello, toda vez que se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 128 Bis, 304 Bis, 304 Ter y 304 Ter 1 del Código Penal del Estado de Puebla, reformados y adicionados mediante el decreto publicado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial de dicha entidad.
III. OPORTUNIDAD Y CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A ESTE TEMA
6. El Congreso Local planteó como causal de improcedencia que el artículo 60 de la ley reglamentaria es inconstitucional porque prevé una regla distinta a la del artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con ese Congreso, mientras este último artículo prevé que el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días naturales, la ley reglamentaria altera esa regla y prevé que si el último día es inhábil la demanda podrá presentarse al día hábil siguiente. En ese sentido, se argumenta que la norma referida debe declararse inconstitucional y que el domingo ocho de diciembre de dos mil diecinueve debe considerarse como el último día para la presentación de la demanda. Por tanto –continúa–, si la demanda fue presentada el lunes nueve de diciembre, la misma resulta extemporánea.
7. Esta causal de improcedencia hecha valer por el Congreso Local es infundada. Para llegar a tal conclusión, este Tribunal Pleno analizará el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 60 de la ley reglamentaria. Al respecto, es necesario considerar que las disposiciones que establecen las causales de improcedencia, tanto en las controversias constitucionales como en las acciones de inconstitucionalidad, son de orden público.(13) Por revestir tal carácter, la parte final del artículo 19 de la ley reglamentaria prevé que, en todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.(14) Asimismo, dado que el legislador no ha establecido algún límite temporal para hacer valer dichas causales, la parte interesada puede invocarlas en cualquier etapa del procedimiento.(15)
8. Tratándose de la acción de inconstitucionalidad, una vez iniciado el procedimiento y, en su caso, después de que haya transcurrido el plazo previsto para que el demandante o sus representantes comunes formulen aclaraciones, el Ministro instructor(16) dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y al órgano ejecutivo que la hubiere promulgado para que rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad.(17)
9. No es obstáculo a lo anterior que los argumentos relativos a la actualización de alguna causal de improcedencia, formulados por las autoridades en sus informes, estén vinculados con el estudio de constitucionalidad de alguna de las normas que rigen el procedimiento de este medio de control. Si bien el objeto de estudio en la acción de inconstitucionalidad es la posible contradicción entre la norma impugnada y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(18) esta Suprema Corte puede analizar incidentalmente el planteamiento de las autoridades en relación con las leyes que regulan el procedimiento y, en este caso, las causales de improcedencia y la oportunidad de la demanda.
10. Esta conclusión no solo deriva de que las disposiciones que prevén las causales de improcedencia detentan un carácter de orden público, sino también de la naturaleza de las normas que integran la ley reglamentaria y de la competencia de esta Suprema Corte como garante de la supremacía constitucional. Si bien la ley referida es reglamentaria de preceptos constitucionales, no es equivalente a la Constitución Federal y, por tanto, no debe escapar del control de regularidad constitucional.(19) Basta recordar que en ocasiones anteriores este Tribunal Pleno ha precisado que en las acciones de inconstitucionalidad es posible analizar cualquier tipo de normas generales.(20)
11. Finalmente, si el objeto de la ley reglamentaria es salvaguardar la supremacía de la Constitución Federal,(21) tanto en su aspecto orgánico como dogmático,(22) resulta imprescindible que el órgano al que corresponde su aplicación vigile que el contenido de dicho ordenamiento adjetivo no haga nugatorios esos aspectos en el ámbito procesal. Por tanto, si se advierte la posible existencia de una contradicción entre alguna de las disposiciones de la ley reglamentaria y la Constitución Federal, esta Suprema Corte puede llevar a cabo el análisis correspondiente, de forma incidental, e inaplicar para el caso cualquier disposición que resulte contraria al texto constitucional; particularmente, cuando exista un planteamiento expreso.
12. Por lo anterior, este Tribunal Pleno analizará el artículo 60 de la ley reglamentaria para dar respuesta al Congreso Local y, posteriormente, determinar si actualiza una causal de improcedencia. Como se precisó, el Congreso argumenta que el artículo referido es inconstitucional porque establece la posibilidad de presentar la demanda de la acción de inconstitucionalidad después del último día del plazo, a diferencia del artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal que establece que la demanda deberá promoverse "dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma". El artículo 60 establece lo siguiente:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
13. De conformidad con este artículo, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales. Sin embargo, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil(23) siguiente; por tanto, si el plazo venció en día inhábil, pero la demanda se presentó al siguiente día hábil ante el funcionario autorizado para recibir promociones de término, debe considerarse oportuna.(24) Este supuesto sobre la conclusión del plazo en un día inhábil, así como sus implicaciones para el análisis de la oportunidad de la demanda, no está previsto en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el supuesto fue incorporado a la ley reglamentaria como parte de la tarea del legislador ordinario de establecer la regulación procesal de los medios de control previstos en el referido artículo constitucional:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: ...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución ..." (Énfasis añadido)
14. De la exposición de motivos de la ley reglamentaria se advierte que tal precepto pretende "garantizar plenamente la supremacía de la Constitución".(25) En este sentido, es necesario considerar que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.(26) Esta conclusión deriva de la aplicación del principio in dubio pro actione, que opera como un criterio para resolver casos de duda en torno a la procedencia de un asunto, prefiriendo aquellas interpretaciones que faciliten el ejercicio de la acción y no aquellas que lo dificulten.(27) Esto no implica obviar o soslayar requisitos de procedencia o admisibilidad, sino adoptar un criterio de cierre ante la duda. La iniciativa de la ley reglamentaria se orientó por las mismas consideraciones:
"En el título III del libro primero de la presente iniciativa de ley; se regula el procedimiento de las acciones de inconstitucionalidad. Este título se compone por tres capítulos, relativos a las disposiciones de carácter general, al procedimiento y a las sentencias. Las normas que componen el título en cuestión son escasas, lo cual obedece al carácter flexible y ajeno a formalismos que se pretende caracterice a este tipo de acciones en tanto su naturaleza es la de un procedimiento de control abstracto en que un mínimo equivalente al 33% de un órgano legislativo federal o estatal o el procurador General de la República, platean a la Suprema Corte de Justicia que determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, independientemente de que ese porcentaje de miembros de un órgano legislativo haya sufrido o no un agravio o afectación jurídica."(28) (Énfasis añadido)
15. Por ello, se advierte que el artículo 105 constitucional puede interpretarse, al menos, en dos sentidos. Por un lado, puede considerarse que la demanda de la acción de inconstitucionalidad debe presentarse necesariamente dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, incluso cuando el último día del plazo es inhábil. Por otro lado, puede considerarse que la regulación de dicho supuesto corresponde al legislador ordinario a través de la ley reglamentaria. En este supuesto, la demanda de la acción también debe presentarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma; sin embargo, excepcionalmente, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
16. Este Alto Tribunal considera que la última interpretación del artículo 105 es la que resulta compatible con el objeto de la disposición constitucional en estudio y con la aplicación del principio in dubio pro actione. Esta interpretación no distorsiona la regla establecida por el artículo constitucional, sino que da respuesta a una hipótesis que no fue expresamente regulada por el Poder Reformador. Por tanto, bajo esta interpretación, el artículo 60 de la ley reglamentaria no resulta inconstitucional y, como consecuencia de esta determinación, la causal de improcedencia hecha valer por el Congreso Local es infundada.
17. Ahora corresponde establecer la oportunidad del ejercicio de la acción. Ello considerando que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que la norma general impugnada haya sido publicada en el medio oficial correspondiente. No obstante, si el último día es inhábil, podrá presentarse al día hábil siguiente, de conformidad con el artículo 60, párrafo primero, de la ley reglamentaria.(29)
18. Si el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el viernes ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el plazo para presentar la demanda inició el sábado nueve de noviembre de dos mil diecinueve y concluyó el domingo ocho de diciembre del mismo año, día inhábil en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(30) Por lo tanto, si la Comisión presentó la demanda el primer día hábil siguiente, esto es, el lunes nueve de diciembre de dos mil diecinueve,(31) es claro que la misma es oportuna.(32)
IV. LEGITIMACIÓN Y CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELACIONADA CON EL TEMA
19. Sólo los órganos señalados en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal cuentan con legitimación para presentar acciones de inconstitucionalidad. Dichos órganos deben comparecer por conducto de los funcionarios facultados legalmente para representarlos y, en todo caso, se debe presumir que el funcionario que comparece goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario [artículos 11(33) y 59(34) de la ley reglamentaria].
20. En el caso que ahora se estudia, el órgano que presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad fue la CNDH. Este órgano se encuentra facultado para promoverla cuando impugne normas generales –ya sean emitidas por el Congreso de la Unión o por algún otro Congreso Local– que estime contravengan derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales, conforme al inciso g), fracción II, del artículo 105 de la Constitución Federal.(35) Ello, contrario sensu, implica que no tiene legitimación para promover el medio si no argumenta violaciones a derechos humanos.
21. Sobre este aspecto, en la acción de inconstitucionalidad 22/2009, este Tribunal Pleno sostuvo que la legitimación solamente determina la posibilidad de ejercicio de la acción –en el sentido procesal–, mientras que la existencia o no de las violaciones a derechos fundamentales por las normas controvertidas es una cuestión que atañe al estudio de fondo. Por tal razón, para efectos de la legitimación, es suficiente con que en sus conceptos de invalidez las Comisiones planteen algún tipo de violación a los derechos humanos, sin que sea necesario en este apartado (legitimación) definir si las normas controvertidas vulneran o no derechos fundamentales, o si realmente la acción ejercida se refiere a un derecho fundamental.(36)
22. En su demanda, la CNDH impugna los artículos 128 Bis, 304 Bis, 304 Ter y 304 Ter 1 del Código Penal del Estado de Puebla porque violan, por un lado, el derecho a la seguridad jurídica al establecer una doble regulación del delito de desaparición forzada –ya tipificado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas– lo que genera incertidumbre sobre qué legislación será aplicable. Por otro lado, vulneran el principio de legalidad, pues el Congreso Local no tiene competencia para tipificar el delito y fijar una punibilidad, debido a que el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal reservó exclusivamente al Congreso de la Unión dicha facultad. Dado que su planteamiento sí está vinculado con posibles violaciones a derechos humanos, este Tribunal Pleno estima que la accionante sí cuenta con legitimación en la causa.
23. Ahora bien, conforme a los artículos 15, fracción I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(37) y 18 de su reglamento interno,(38) la representación de la CNDH corresponde a su presidente. Dado que la demanda fue promovida y firmada por María del Rosario Piedra Ibarra,(39) en su carácter de presidenta de la CNDH, y en virtud de que acreditó dicho cargo con la copia certificada de la constancia firmada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores en la que se comunica que, en sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, la citada Cámara la eligió como presidenta de la Comisión por un lapso de cinco años (el cual comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre del dos mil veinticuatro),(40) se llega a la conclusión de que la accionante cuenta con legitimación en el proceso.
24. Por otra parte, se procede a analizar la segunda causa de improcedencia alegada por el Congreso Local, que se refiere a una temática relacionada con este apartado.
25. En esa segunda causal el Congreso de la entidad alega que la CNDH carece de legitimación para impugnar normas en materia penal, pues el artículo 105, fracción II, inciso i), de la Constitución Federal reserva exclusivamente al Fiscal general tal facultad, mientras que el inciso g) –que legitima a la CNDH– sólo le permite impugnar normas que sean violatorias de derechos humanos. El argumento es infundado.
26. El Congreso Local parte de una premisa errónea al afirmar que sólo la Fiscalía General de la República tiene legitimación para impugnar normas en materia penal. Aunque es cierto que dicho órgano legitimado sólo puede impugnar normas en tal materia, de ninguna otra porción normativa del artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal se advierte que el resto de los órganos legitimados tengan impedido impugnar normas en materia penal:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;
"b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
"c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;
"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;
"e) (DEROGADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;
"h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas Locales;
"i) El fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones; ..." (Énfasis añadido).
27. Dicha fracción y sus respectivos incisos modulan la legitimación de los órganos legitimados para la presentación de una acción de inconstitucionalidad en atención a la materia de la que se trate, puesto que se entiende que sólo el Ejecutivo Federal y las Cámaras del Congreso de la Unión tienen la atribución para impugnar cualquier tipo de norma general por todo tipo de violaciones a la Constitución General.(41) En cambio, existen otros incisos –como el i)–, que deben entenderse como una limitante a la legitimación que la propia Constitución Federal confiere, por ejemplo, al fiscal General como órgano legitimado.
28. Sin embargo, ello en modo alguno puede entenderse como un reconocimiento de exclusividad para ejercer la acción en contra de normas penales, pues el resto de los órganos previstos en el 105, fracción II, de la Constitución Federal podrán impugnar leyes en materia penal siempre y cuando se encuadren en los supuestos que dicha fracción les reconoce, como sucede en este caso con la CNDH que impugna los artículos del Código Penal local por considerarlos contrarios al derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad. De ahí que la causa de improcedencia planteada por el Congreso es infundada.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
29. Dado que las causas planteadas por el Congreso fueron desestimadas en los apartados anteriores –por estar relacionadas con sus temáticas–, que el Ejecutivo no planteó alguna, y que este Tribunal Pleno no advierte alguna otra de oficio, corresponde entrar al análisis de las normas impugnadas.
VI. ESTUDIO
30. La Comisión plantea en su único concepto de invalidez que los artículos 128 Bis, 304 Bis, 304 Ter y 304 Ter 1 del Código Penal local son inconstitucionales por regular el delito de desaparición forzada. Por un lado, la accionante estima que las normas vulneran el derecho a la seguridad jurídica al prever una doble regulación de dicho delito (pues éste ya existe en la respectiva ley general) que deja en incertidumbre a los juzgadores y a los particulares sobre las normas que les serán aplicables en los procesos penales.
31. Por otro lado, la CNDH considera que las normas violan el principio de legalidad, que prevé que las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les autoriza, pues los Congresos Locales carecen de competencia para regular en materia de delitos sobre desaparición forzada conforme al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal.
32. Así las cosas, este Tribunal Pleno estudiará primero el argumento relativo a la falta de competencia de Legislatura Local, en virtud que es el primer elemento que se tiene que analizar para determinar la constitucionalidad de las normas impugnadas antes de otros vicios que se les atribuyen. Resultando fundado ese concepto de invalidez, no habrá necesidad de estudiar las otras alegaciones de la demanda.
33. Conforme al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal(42) –adicionada por la reforma constitucional de diez de julio de dos mil quince–, el Congreso de la Unión está facultado para expedir las leyes generales que prevean como mínimo los tipos penales y las sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29938-dcf77f3e/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-suprema-corte-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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