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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO DEL DECRETO 565, PUBLICADO EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PREVISIÓN DE QUE LA DEUDA ADQUIRIDA POR EL PODER EJECUTIVO DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SEA AMORTIZABLE EN UN PERIODO DE 25 AÑOS, O QUE INCLUSO SU PAGO IMPLIQUE LA AFECTACIÓN A PARTICIPACIONES PRESENTES O FUTURAS, NO IMPLICA QUE LAS NORMAS DE VIGENCIA ANUAL TRASCIENDAN A EJERCICIOS FISCALES POSTERIORES (ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO DEL DECRETO 565, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CONCEPTO MATERIAL DE NORMA GENERAL PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA PUEDE EXTENDERSE MÁS ALLÁ DE LA CONCEPCIÓN FORMAL DE LEY. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA EXPEDICIÓN DE UNA NORMA DENOMINADA FORMALMENTE COMO DECRETO, CUYO CONTENIDO FUNDAMENTAL REGULA SITUACIONES JURÍDICAS Y DE HECHOS CON EFECTOS GENERALES E IMPERSONALES, DIRIGIDA A ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO, CONSTITUYE UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉLLA. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO 565, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, ES UNA NORMA DE CARÁCTER GENERAL SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN AQUELLA VÍA. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBEN DESESTIMARSE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRAN EL ESTUDIO DE FONDO. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE LA NORMA RELATIVA (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO 565, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO 565, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO 565, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA FALTA DE CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA QUE LOS INTEGRANTES DE ÉSTA ANALIZARAN Y DISCUTIERAN EL PROYECTO DE DECRETO RELATIVO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DERIVÓ EN EL DECRETO 565, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). XII. DEUDA PÚBLICA. PARÁMETROS PARA CONSIDERAR QUE ÉSTA ES DE CORTO PLAZO. XIII. DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. EL REFINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO PÚBLICOS AUTORIZADOS MEDIANTE EL DECRETO 565, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, NO CONSTITUYEN OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO. XIV. DEUDA PÚBLICA. OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LIQUIDAR LOS PASIVOS DE CORTO PLAZO A MÁS TARDAR TRES MESES ANTES DE QUE FINALICE EL PERIODO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. XV. DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. LA AUTORIZACIÓN DE REFINANCIAMIENTO DE LOS PASIVOS DE CORTO PLAZO SIN SU CORRESPONDIENTE PAGO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE LIQUIDAR ESTE TIPO DE ADEUDOS A MÁS TARDAR TRES MESES ANTES DE QUE FINALICE EL PERIODO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO 565, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). XVI. DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. LA AUTORIZACIÓN DE CONTRATAR UN CRÉDITO DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE PUEDE AMORTIZARSE HASTA UN PLAZO DE VEINTICINCO AÑOS NO ESTÁ SUJETA A LAS PROHIBICIONES REFERIDAS A LAS OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO 565, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). XVII. DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. LA PREVISIÓN DE DIVERSOS LINEAMIENTOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE CONTRATACIONES FINANCIERAS NO ESTABLECEN AUTORIZACIÓN ALGUNA DE FINANCIAMIENTOS O REFINANCIAMIENTOS DE AQUÉLLA (ARTÍCULOS TERCERO AL DÉCIMO DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO 565, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). X

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 108/2015. · Registro digital (IUS): 28320
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-02-01
Promovente: DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Pág. 174.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 108/2015. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 28 DE MAYO DE 2018. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo, Adriana Lucía Mesina Tena, Miguel Alejandro García Rivera, Luis Ayala Campos, Norma Padilla Velasco, Julia Licet Jiménez Angulo, Luis Humberto Ladino Ochoa, Mirna Edith Velázquez Pineda y Leticia Zepeda Mesina, con el carácter de diputados del Estado de Colima, promovieron acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

A. Órgano legislativo: Congreso del Estado de Colima.

B. Órgano ejecutivo: Gobernador del Estado de Colima.

Norma impugnada: Decreto No. 565 con todos sus transitorios, así como las disposiciones legales que, en virtud de éste se reformaron y adicionaron, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el día veintidós siguiente.

SEGUNDO.—En los conceptos de invalidez, en síntesis, se argumenta lo siguiente:

1) El decreto impugnado fue aprobado en contravención a lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Federal; en virtud que, en tal disposición se determinan los requisitos y lineamientos para que las entidades federativas puedan contraer obligaciones crediticias.

Dicho precepto constitucional establece que los Estados podrán contraer endeudamiento público atendiendo a las disposiciones reglamentarias del mencionado artículo 117; sin embargo, debe atenderse que la normatividad secundaria en materia de endeudamiento de los Estados aún no ha sido emitida, por lo que es indudable que hasta en tanto no se expidan las normas reglamentarias en materia de disciplina financiera, no existen condiciones para que los Estados y Municipios puedan atender a cabalidad los procedimientos de contratación de deuda pública.

Sin que obste a lo anterior el hecho que, en la especie, existan disposiciones locales que reglamentan la adquisición de obligaciones crediticias, pues con la sola entrada en vigor del artículo 117 de la Constitución General, los cuerpos jurídicos locales quedan sin efecto alguno, pues debe acatarse lo mandatado en la Norma Fundamental.

Además, se corrobora la transgresión al multicitado precepto constitucional, dado que hasta la fecha no se han expedido sus normas reglamentarias, ni mucho menos se han realizado las adecuaciones legales al marco jurídico local sobre la materia referida.

2) El decreto reclamado conculca el contenido del artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en dicho numeral se establece que las entidades federativas no pueden contraer obligaciones crediticias dentro de los tres meses anteriores a que concluya la administración que corresponda.

Debe tomarse en consideración que el gobernador del Estado de Colima, quien envío la propuesta de decreto, concluyó su periodo de gestión el treinta y uno de octubre de dos mil quince, mientras que la solicitud de aprobación de endeudamiento se presentó el diez de septiembre de dicha anualidad; por lo que, es inconcuso que la aprobación de la obligación crediticia es extemporánea, ya que se realizó dentro del periodo en el que por disposición constitucional se encuentra prohibido adquirir nuevas obligaciones crediticias.

3) El decreto que por esta vía se controvierte no acata correctamente las disposiciones locales que regulan la adquisición de deuda pública, dado que para la aprobación del decreto por el que se autoriza el endeudamiento referido, es necesaria la previa creación de una comisión de seguimiento, que tiene por objeto el observar y vigilar el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del decreto correspondiente.

Sin embargo, en el dictamen que se aprobó no se precisa, en los puntos resolutivos, la creación de la aludida comisión, por lo que si bien se adujo tal actuación en los considerandos, lo cierto es que no se reflejó en los resolutivos, por lo que existe incongruencia en el decreto combatido; ello en virtud que no se ordena la intervención de la comisión de seguimiento.

4) El Decreto No. 565 impugnado, contiene diversas violaciones formales al proceso legislativo que determina la Constitución Política del Estado de Colima, así como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de dicha entidad federativa.

a. La iniciativa del decreto reclamado fue sometida a la consideración del Pleno del Congreso del Estado de Colima sin previo análisis y estudio por parte de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sin que en momento alguno se hayan dispensado, por parte de la asamblea, los trámites legislativos correspondientes en términos del artículo 48 de la Constitución Local.

Si bien se presentó el dictamen correspondiente, lo cierto es que no se convocó a la referida Comisión para que analizara y discutiera su procedencia.

b. No se respetó lo dispuesto en el artículo 42, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, dado que el presidente de la mesa directiva no convocó a la sesión extraordinaria de veintiuno de septiembre de dos mil quince; en virtud que no existe oficio o documento en el que se corrobore que convocó a los legisladores locales debidamente y con tiempo suficiente para acudir a dicha sesión, lo que provocó que diversos diputados no asistieran a ésta.

c. En el dictamen relativo al Decreto No. 565, no se advierte la firma de uno de los secretarios de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, a saber, la del diputado Sergio Hernández Torres, lo que pone de relieve que los supuestos trabajos de análisis y discusión son nulos.

d. El orden del día de la sesión fue circulado a los diputados asistentes al momento en que dio inicio la sesión correspondiente junto con los expedientes a discutir, con lo que se limitó el derecho a participar en la discusión de los asuntos, así como de ejercer el voto razonado, en términos del artículo 22, fracciones IV y VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

e. La propuesta del Decreto No. 565 no se entregó a la totalidad de los miembros de la Legislatura, sino hasta el momento en que se le dio lectura en la sesión extraordinaria de veintiuno de septiembre de dos mil quince, trastocándose el numeral 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

En momento alguno se justificó, ni razonó la urgencia a que se refiere el artículo 86 de la mencionada legislación, en el que se prevé la hipótesis de dispensar el turno y estudio en comisiones de una propuesta de ley.

TERCERO.—Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son 14, 16, 40 41, 48, 117 y 133.

CUARTO.—Mediante proveído de veinte de octubre de dos mil quince, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 108/2015.

En diverso acuerdo de veintiuno de octubre siguiente, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República, para que emitiera su opinión.

QUINTO.—En el informe rendido por el Congreso del Estado de Colima se señala, en síntesis, lo siguiente:

• En primer lugar, estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción II y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en virtud que, únicamente procede la acción de inconstitucionalidad que tenga por objeto plantear la posible contradicción entre una norma general y la Constitución Federal.

Lo anterior es así, ya que el decreto impugnado no reúne las características propias de una norma general.

• Por lo que hace a los conceptos de invalidez que esgrime la parte actora, el Congreso del Estado de Colima considera que de la lectura del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reformó el numeral 117 de la Constitución General, relacionado con el cuarto y quinto transitorios, se advierte que las entidades federativas y los Municipios están obligados a sujetarse a las disposiciones que delimita la propia Norma Fundamental y la ley reglamentaria, hasta en tanto sean emitidas por el Congreso de la Unión y adquieran vigencia, cuestión que no aplica en la especie, dado que a la fecha de aprobación del decreto impugnado no se ha emitido la ley secundaria del mencionado precepto constitucional.

Del mismo modo, es infundado el argumento en el que se sostiene que se aprobó el decreto controvertido, sin que previamente se haya adecuado la legislación local en materia de endeudamiento público, conforme a la ley reglamentaria del artículo 117 de la Constitución General, pues debe considerarse que en el segundo transitorio del decreto en el que se reformó el aludido precepto constitucional, se indica que las entidades federativas deberán efectuar las modificaciones y armonización de la legislación local dentro del plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria referida; cuestión que en el caso concreto no se actualiza debido a que hasta la fecha el Congreso de la Unión no ha emitido la ley secundaria de que se trata en materia de deuda pública.

• En diverso aspecto, respecto de las supuestas violaciones al proceso legislativo que menciona la parte actora, es necesario tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los principios de seguridad jurídica y debido proceso se colman cuando el legislador regula determinadas conductas sociales, siempre que cuente con facultades para ello.

SEXTO.—En el informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima se manifiesta, fundamentalmente, lo siguiente:

• Califica de infundado el motivo de disenso consistente en que no existen condiciones para emitir un decreto que aprueba la adquisición de deuda pública hasta en tanto no se emita la legislación reglamentaria relativa al artículo 117 de la Norma Fundamental; lo anterior lo considera así, debido a que de los artículos transitorios del mencionado precepto constitucional, no se indica la imposibilidad que Estados y Municipios puedan contraer obligaciones crediticias hasta la expedición de la reglamentación a que se hace referencia, sino que por el contrario, se señala que deben ajustarse a los lineamientos generales que prevé la Constitución General de la República.

• Es infundada la aseveración de los actores, por lo que se refiere a que no se puede contratar deuda pública en los tres meses anteriores a que concluya la administración correspondiente; puesto que de la lectura del artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Federal, se advierte que la prohibición se refiere a las obligaciones crediticias a corto plazo, pero no así respecto del refinanciamiento de la misma, ni mucho menos la contratación a largo plazo.

• Por cuanto hace a la violación al proceso legislativo, específicamente, a la creación de la comisión de seguimiento, el argumento de la parte actora resulta infundado, debido a que en el considerando décimo del decreto reclamado, se señala la intervención de la aludida comisión; sin que sea obstáculo al cumplimiento de ello, que en los puntos resolutivos no se haya hecho mención de tal circunstancia.

• Es infundado el concepto de invalidez en el que se expone que la propuesta del Decreto No. 565 no fue analizado previamente por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sin que exista dispensa de los trámites legislativos.

• Lo anterior es así, en virtud que del contenido del oficio 4481/2015, de catorce de septiembre de dos mil quince, se advierte que los diputados integrantes de la Comisión Permanente turnaron a la mencionada Comisión de Hacienda, la iniciativa para efectos de su estudio, discusión y elaboración de dictamen.

• Finalmente, es infundado que no se haya convocado a la sesión donde se aprobó el decreto relativo y que se limitó el derecho a la participación de los legisladores, puesto que de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, se advierte lo contrario.

SÉPTIMO.—La Procuraduría General de la República se abstuvo de formular pedimento.

OCTAVO.—Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el contenido del Decreto No. 565 con todos sus transitorios, así como las disposiciones legales que, en virtud de éste se reformaron y adicionaron, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, número 50 de veintidós de septiembre de la misma anualidad, y la Constitución Federal.

SEGUNDO.—Oportunidad. Por cuestión de orden, se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente.

El artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."

Conforme a este precepto, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya validez se solicita, haya sido publicado en el correspondiente medio oficial.

El Decreto No. 565 reclamado fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Colima el veintidós de septiembre de dos mil quince, como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado en autos (fojas 172-181), por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la presente acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del miércoles veintitrés de septiembre al jueves veintidós de octubre de dos mil quince.

En el caso, según consta en el sello asentado al reverso de la foja veintitrés vuelta del expediente, la demanda se presentó el lunes diecinueve de octubre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que la presentación de la demanda es oportuna.

TERCERO.—Legitimación. Se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

La demanda es suscrita por Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo, Adriana Lucía Mesina Tena, Miguel Alejandro García Rivera, Luis Ayala Campos, Norma Padilla Velasco, Julia Licet Jiménez Angulo, Luis Humberto Ladino Ochoa, Mirna Edith Velázquez Pineda y Leticia Zepeda Mesina, en su carácter de diputados pertenecientes al Congreso del Estado de Colima, lo que acreditan con copias certificadas(1( de sus respectivas constancias de asignación expedidas por el Consejo General del Instituto Electoral de la referida entidad federativa (fojas 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 y 37).

Ahora bien, el artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) dispone que las acciones de inconstitucionalidad se podrán promover por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del órgano legislativo estatal, en contra de leyes expedidas por la propia asamblea, lo que también se afirma en el artículo 62 de la ley de la materia.(3)

Por otra parte, el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Colima, dispone lo siguiente:

"Artículo 22. Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso integrado por dieciséis diputados electos según el principio de mayoría relativa y por nueve diputados electos según el principio de representación proporcional, el cual se sujetará al procedimiento que disponga el Código Electoral del Estado. Al efecto, el Estado se dividirá en dieciséis distritos electorales uninominales y una circunscripción plurinominal."

En términos de lo dispuesto por el precepto transcrito, el Congreso del Estado de Colima se integra por veinticinco diputados, por lo que el treinta y tres por ciento necesario para promover la acción de constitucionalidad constituye la expresión de la voluntad de ocho diputados de la mencionada entidad federativa, en otras palabras en el caso específico requiere de la suscripción del escrito por el que se promueve el medio de control constitucional, de por lo menos ocho legisladores locales; siendo que en la especie son diez los que promueven esta acción de inconstitucionalidad, por lo que se encuentra plenamente acreditada la legitimación en el presente asunto.

CUARTO.—Causa de improcedencia (fundada). Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio advierta este Alto Tribunal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme lo establece el artículo 19, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(4)

Al respecto, este Tribunal Pleno estima que en relación con los artículos segundo y tercero del Decreto No. 565, publicado en el Diario Oficial del Estado de Colima el veintidós de septiembre de dos mil quince, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19, en relación con los artículos 59, 65 y 20, fracción II, todos de la ley reglamentaria de la materia, referentes a la cesación de efectos.

Para dar claridad a lo anterior, es conveniente traer a colación el contenido de los citados preceptos legales:

"Artículo primero. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Poder Ejecutivo, a refinanciar pasivos de corto plazo destinados en su momento a inversiones públicas productivas y contratar uno o varios créditos destinados al financiamiento y/o refinanciamiento de inversiones públicas productivas; para quedar como sigue:

"‘Artículo primero. Se reconoce como operación constitutiva de deuda pública destinada a inversión pública productiva, la obligación de pago contraída por el Gobierno del Estado de Colima en 2015 con Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, por conducto del Poder Ejecutivo, por la cantidad de $638'000,000.00 (seiscientos treinta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.).’

"Artículo segundo. Se reforma el artículo 4 (sic), fracción VIII, inciso a), denominada ‘ingresos derivados de financiamientos’ de la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2015, para incluir la cantidad de $1'728,000.00 (un mil setecientos veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.) que se destinará al refinanciamiento y financiamiento de inversiones públicas productivas, modificándose en consecuencia el monto total de ingresos; y se adiciona el artículo 11 a la misma ley, para quedar como sigue:

"‘Artículo 1o. ...

"‘I a VII. ...

"‘VIII. ...

"‘a) ... 1,728'000,000.00

"‘b) ... 1,728'000,000.00

"‘...

"‘Total de ingresos 14,381'092,000.00.’

"‘Artículo 11. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima para que, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, contrate con Instituciones de Crédito de Banca Múltiple o Banca de Desarrollo de nacionalidad mexicana, uno o varios créditos, hasta por la cantidad de $1,728'000,000.00 (un mil setecientos veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.), a un plazo máximo de 25 (veinticinco) años.

"‘Los recursos señalados, deberán destinarse a:

"‘I. Refinanciar, con la o las Instituciones de Crédito de Banca de Desarrollo o Banca Múltiple de Nacionalidad Mexicana, que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, las obligaciones financieras de corto plazo que hubiere contratado con anterioridad y que se encuentren vigentes, siempre que el destino de las mismas hubiera sido inversión pública productiva, hasta por un importe de $638'000,000.00 (seiscientos treinta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.); incluidos los impuestos, comisiones, constitución de fondos de reserva, coberturas, pagar asesorías y honorarios profesionales que se relacionen con la estructuración, negociación y formalización del o los créditos que se celebren con base en la presente autorización y el o los mecanismos que se requieran para formalizar la fuente de pago y/o la garantía de los mismos, calificaciones de la estructura y cualquier otro gasto asociado a la correcta concreción de las operaciones; y

"‘II. Contratar con Instituciones de Crédito de Banca de Desarrollo o Banca Múltiple de Nacionalidad Mexicana, que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos hasta por la cantidad de $1,090'000,000.00 (un mil noventa millones de pesos 00/100 M.N.), incluidos los impuestos, comisiones, constitución de fondos de reserva, coberturas, pagar asesorías y honorarios profesionales que se relacionen con la estructuración, negociación y formalización del o los créditos que se celebren con base en la presente autorización y el o los mecanismos que se requieran para formalizar la fuente de pago y/o la garantía de los mismos, calificaciones de la estructura y cualquier otro gasto asociado a la correcta concreción de las operaciones.

"‘El o los créditos que contrate el Gobierno del Estado de Colima por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, con base en la presente autorización, deberán destinarse al financiamiento de inversiones públicas productivas, de manera enunciativa y no limitativa, en los sectores de: conectividad, educación, deporte, seguridad, impartición de justicia, salud e infraestructura carretera y/o al re financiamiento de obra ejecutada y pagada por el Gobierno del Estado de Colima o por pagos de principal efectuados a otros financiamientos en el presente año y ejercicios fiscales anteriores, siempre que su destino haya sido inversión pública productiva.

"‘Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo, para que, por conducto de sus funcionarios legalmente facultados, afecte en favor de la o las instituciones acreedoras, como garantía y/o fuente de pago y/o fuente alterna de pago para cumplir con las obligaciones asociadas al o a los créditos que contrate con motivo de las operaciones de refinanciamiento y financiamiento, con base en la presente autorización, los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores ni de aquellos derechos o ingresos que las sustituyan y/o complementen total o parcialmente, pudiendo celebrar los mecanismos que resulten necesarios o convenientes para instrumentar la afectación señalada.

"‘Se podrán celebrar y suscribir todos los documentos, títulos de créditos, contratos, convenios, mecanismos, notificaciones, instrucciones o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el o los créditos autorizados en el presente artículo, con las características, montos, condiciones, modalidades y términos que constan en el mismo, así como las que se requieran para la mejor concreción de éstos, pudiendo contratar coberturas de tasa de interés y evaluaciones de agencias calificadoras.

"‘Dichas autorizaciones se otorgan sin perjuicio de las demás que hubiere dado la Legislatura del Estado de Colima, y que resulten afines o complementarias a las previstas en este artículo.’

"‘Artículo tercero. Se reforman los artículos 8, 12, en la clasificación administrativa (1er. nivel), correspondiente al Poder Ejecutivo y su asignación presupuestal y total; clasificación administrativa a nivel agregado, códigos 20000, 21000, 21100, 21110 y 21111, en sus correspondientes asignaciones presupuestales, 13, fracción 1, en la asignación correspondiente a la unidad presupuestal 20 cancelación de pasivos y total; 22, sexto párrafo, la asignación correspondiente a la partida 99103 adeudos de ejercicios anteriores por conceptos distintos de servicios personales y total; 23, en las cantidades de los conceptos 4 otras no clasificadas en funciones anteriores, 44 y 441 adeudos de ejercicios fiscales anteriores y total, del primer cuadro, así como en las cantidades del concepto 4 otras no clasificadas en funciones anteriores, así como los porcentajes y total, del segundo cuadro; 24, en el monto de la clave 06 compromiso de modernización del Poder Ejecutivo y total; 25, en el monto de la clave del programa 61 gasto no programable y total; 26, en la asignación del proyecto G181 erogaciones extraordinarias realizadas en el ejercicio fiscal y total; 27, en programas de gasto federalizado (Gobierno Federal ) adeudos de ejercicios fiscales anteriores y total; 28, en el cuadro de clasificación por fuentes de financiamiento y total; 29, inciso a), en el monto de tipo de gasto número 3 amortización de la deuda y disminución de pasivos y el total, inciso b), en el cuadro de clasificación por objeto del gasto, a nivel de capítulo, en el monto del capítulo 90000 deuda pública y en el total; en el cuadro de clasificación por objeto del gasto a segundo nivel de capítulo y concepto del gasto, en el capítulo 90000 deuda pública, concepto 99000 adeudos de ejercicios fiscales anteriores, adefas, así como en el total; y en el cuadro clasificación por objeto del gasto a nivel partida específica, en el capítulo 90000 deuda pública, concepto 99000 adeudos de ejercicios fiscales anteriores, partida genérica 99100 adefas, partida específica 99103 adeudos de ejercicios anteriores por conceptos distintos de servicios personales y el total; y se adiciona el artículo 58; todos del presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2015, para quedar de la siguiente manera:"

"‘Artículo 8. El gasto neto total previsto en el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2015, asciende a la cantidad de: $14,381'092,000 y su asignación se hará de acuerdo a lo estipulado en el presente capítulo.

"‘...

"‘Dentro del mismo capítulo, correspondiente a deuda pública, se establece por separado una asignación por un importe de $1'735,345.811 para el concepto denominado adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas), mismo que se desglosa de la siguiente manera: ...’

"‘Artículo 58. Se autoriza al Gobierno del Estado de Colima para que, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, realice las erogaciones derivadas de la contratación de uno o varios créditos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2015, hasta por la cantidad de $1,728'000,000.00 (un mil setecientos veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.), cuyo destino será:

"‘I. Refinanciar, con la o las Instituciones de Crédito de Banca de Desarrollo o Banca Múltiple de Nacionalidad Mexicana, que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, las obligaciones financieras de corto plazo que hubiere contratado con anterioridad y que se encuentren vigentes, siempre que el destino de las mismas hubiera sido inversión pública productiva, hasta por un importe de $638'000,000.00 (seiscientos treinta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.); incluidos los impuestos, comisiones, constitución de fondos de reserva, coberturas, pagar asesorías y honorarios profesionales que se relacionen con la estructuración, negociación y formalización del o los créditos que se celebren con base en la presente autorización y el o los mecanismos que se requieran para formalizar la fuente de pago y/o la garantía de los mismos, calificaciones de la estructura y cualquier otro gasto asociado a la correcta concreción de las operaciones; y

"‘II. Contratar con Instituciones de Crédito de Banca de Desarrollo o Banca Múltiple de Nacionalidad Mexicana, que ofrezcan las mejores condiciones de mercado uno o varios créditos hasta por la cantidad de $1,090'000,000.00 (un mil noventa millones de pesos 00/100 M.N.), incluidos los impuestos, comisiones, constitución de fondos de reserva, coberturas, pagar asesorías y honorarios profesionales que se relacionen con la estructuración, negociación y formalización del o los créditos que se celebren con base en la presente autorización y el o los mecanismos que se requieran para formalizar la fuente de pago y/o la garantía de los mismos, califi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28320-519ca858/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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