MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. EL ARTÍCULO 312 DEL CÓDIGO ELECTORAL ESTATAL QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA SU DESIGNACIÓN POR EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, PARA EL CASO DE QUE EL CONGRESO DE LA ENTIDAD NO RESUELVA SOBRE EL PARTICULAR EN EL PLAZO AHÍ SEÑALADO, SE APARTA DE LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, TRANSGREDE EL DIVERSO 16 DE LA LEY FUNDAMENTAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2001 Y SU ACUMULADA 27/2001. DIPUTADOS DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de septiembre de dos mil uno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escritos presentados los días doce y dieciséis de julio del año dos mil uno, el primero ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el segundo en el domicilio particular de la persona autorizada por el secretario general de Acuerdos de este Alto Tribunal para recibir promociones de término, Jorge Octavio Íñiguez Larios, Jesús Fuentes Martínez, Gonzalo Lino Peregrina, Fernando Ramírez González, Antonio Morales de la Peña, Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Rosa Esthela de la Rosa Munguía, Armando de la Mora Morfín, Jaime Enrique Sotelo García y Mercedes Carrasco Zúñiga, en su carácter de diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Colima, y Amalia Dolores García Medina, en su carácter de presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:
Autoridades que emitieron la norma general impugnada:
"a) El H. Congreso del Estado de Colima.
"b) El Gobernador Constitucional del Estado de Colima."
Norma general cuya invalidez se reclama y medio oficial en que se publicó:
"Lo constituye el Decreto Número 129 emitido por el H. Congreso del Estado de Colima con todos sus transitorios, así como las disposiciones legales que en virtud de éste se reformaron y adicionaron, de fecha 15 de junio de 2001, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’ número 25 del día sábado 16 del mismo mes y año, suplemento No. 1, por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos cuya invalidez se reclama, a saber: Artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados; artículo 93 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado; artículos 7o. y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; se adiciona el artículo 7o. bis de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y se adicionan los artículos 152, 312 y 314 del Código Electoral, todos estos ordenamientos legales del Estado de Colima."
SEGUNDO.-Los antecedentes expuestos por los diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Colima son los siguientes:
"Primero. Con fecha 27 de febrero del año en curso, mediante oficio DGG-136/01, suscrito por el Lic. Gilberto García Nava, director general de Gobierno, se turnó al H. Congreso del Estado iniciativa del titular del Poder Ejecutivo del Estado para reformar los siguientes ordenamientos legales: Artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados; artículo 93 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado; artículos 7o. y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; se adiciona el artículo 7o. bis de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y se adicionan los artículos 152, 312 y 314 del Código Electoral, todos del Estado de Colima.-Segundo. En sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 6 de marzo de 2001, se acordó turnar a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente de dicha iniciativa.-Tercero. El día 5 de junio del año 2001, en sesión número catorce, se incluyó en el punto V del orden del día el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar diversas disposiciones legales para el Estado de Colima, mismo que al ser abordado el punto respectivo en el Pleno y en vista del rechazo en lo económico de todos los integrantes del H. Congreso, fue retirado por el C. Diputado Sergio Marcelino Bravo Magaña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.-En virtud de lo anterior, se presentó la iniciativa de reforma constitucional suscrita por los CC. Diputados Jorge Íñiguez Larios, Armando de la Mora Morfín y Arturo Velasco Villa, en su carácter de coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, según se desprende del acta de sesión número quince de fecha 8 de junio de 2001.-En este orden, con fechas 12 y 14 de junio del año en curso, fue sometido a la consideración del Pleno del H. Congreso del Estado el dictamen a la iniciativa de la Comisión de Gobierno Interno, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, mismo que nuevamente, ante el rechazo en lo económico de la mayoría de los diputados, fue retirado por el C. Dip. Sergio Marcelino Bravo Magaña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.-Cuarto. Con fecha 15 de junio de 2001 fue sometido, de nueva cuenta, al Pleno del H. Congreso del Estado el dictamen de iniciativa del Ejecutivo Estatal por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones legales para el Estado de Colima, mismo que fue aprobado por mayoría de catorce votos a favor y once en contra, del total de veinticinco diputados que integramos la LIII Legislatura del Estado de Colima.-Quinto. Con fecha 16 de junio de 2001, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional ‘El Estado de Colima’, correspondiente al número 25 de dicha publicación, el Decreto Número 129, mediante el cual se le da formal publicidad a las reformas que hoy se combaten."
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática señaló como antecedentes del caso, los siguientes:
"1. Con fecha 27 de febrero del año en curso, mediante oficio DGG-136/01, suscrito por el Lic. Gilberto García Nava, director general de Gobierno, se turnó al H. Congreso del Estado iniciativa del titular del Poder Ejecutivo del Estado para reformar los siguientes ordenamientos legales: Artículos 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, 93 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, 7o., 7o. bis y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y 152, 312 y 314 del Código Electoral, todos del Estado de Colima.-2. Con fecha 15 de junio de 2001, fue sometido al Pleno del H. Congreso del Estado el dictamen de dicha iniciativa, mismo que fue aprobado por mayoría de catorce votos a favor y once en contra del total de veinticinco diputados que integran la LIII Legislatura del Estado de Colima.-3. Con fecha 16 de junio de 2001, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional ‘El Estado de Colima’, correspondiente al número 25 de dicha publicación, el Decreto Número 129, mediante el cual se le da formal publicidad a las reformas que hoy se combaten."
TERCERO.-Los conceptos de invalidez que hacen valer los promoventes son los siguientes, haciendo la aclaración que respecto de los formulados por los diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Colima, únicamente se transcriben el primero y el quinto por las razones que más adelante se indican.
Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Colima:
"Primero. Enunciados los hechos anteriores, procederemos a advertir, en lo particular, cómo algunos de los artículos reformados y adicionados en virtud del Decreto 129, contravienen en forma notoria lo preceptuado por la Constitución Particular colimense y, por ende, los dispositivos constitucionales que han quedado indicados en el punto IV del presente libelo.-Como lo señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de su artículo 41: ‘El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. ...’.-Asimismo, dentro de la misma Ley Suprema de la Unión se señala en su artículo 116, segundo párrafo, que: ‘Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos ...’.-Es así como se advierte claramente que la intención del Poder Constituyente de 1917 fue la de establecer para las entidades federativas vinculadas en virtud del Pacto Federal, un sistema jurídico constitucional en los mismos términos que se establecen a nivel federal en los términos del artículo 133 de nuestra Carta Magna que señala que la Constitución Federal será Ley Suprema de toda la Unión.-Bajo este orden de ideas se advierte que los Estados de la Unión se regirán en su ámbito interno por sus Constituciones Particulares, que deben estar conforme a la Constitución General, y por sus leyes locales secundarias que a su vez deben sujetarse a lo preceptuado por la Constitución Particular, de lo contrario se estaría violentando claramente nuestro sistema jurídico constitucional cuya base es nuestro Código Político.-En primer lugar, el Decreto 129 en su artículo quinto adiciona, entre otros, el artículo 312 del Código Electoral del Estado de Colima en los siguientes términos: ‘Artículo 312. ... Para cubrir la vacante de un Magistrado, el Supremo Tribunal de Justicia someterá una terna por cada nombramiento a la consideración del Congreso, el cual, por mayoría calificada de los diputados presentes designará a la persona que deba cubrir la vacante, en el improrrogable plazo de 30 días naturales. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que de cada una de las ternas, designe el Supremo Tribunal. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Supremo Tribunal someterá una nueva, con respecto a la cual el Congreso resolverá dentro del improrrogable plazo de 15 días naturales. Si el Congreso no resuelve en ese plazo o si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que de esta terna, designe el Supremo Tribunal.’.-En este caso, el legislador local nuevamente violenta los principios fundamentales consagrados en la Constitución Local y, por ende, en la Constitución General de la República, ya que el cuerpo legal citado, en primer término, ordena expresamente que será facultad del Supremo Tribunal de Justicia del Estado proponer al Congreso del Estado a los Magistrados del tribunal y, por otra parte, será facultad del Congreso del Estado elegir a los Magistrados del Tribunal Electoral, esto en los términos de los artículos 74, fracción XI y 33, fracción XXI, mismos que me permito transcribir a continuación: ‘Artículo 74. Corresponde exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado: ... XI. Proponer al Congreso del Estado a los Magistrados del Tribunal Electoral, en los términos que establezca la ley de la materia.’.-‘Artículo 33. Son facultades del Congreso: ... XXI. Elegir a los Magistrados del Tribunal Electoral, así como a los consejeros electorales del Instituto Electoral, en los términos que determine la ley de la materia.’.-En este sentido se advierte que la Norma Fundamental colimense determina con claridad las atribuciones tanto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado como las del Congreso del Estado, atribuciones que en virtud del multicitado decreto han sido indebidamente violentadas y, por ende, se conculcan cada uno de los imperativos de nuestra Ley Suprema, acorde a los razonamientos vertidos en los puntos inmediatos anteriores, que en obvio de repeticiones innecesarias solicito se me tengan por reproducidas en este apartado como si se insertasen a la letra.-Adicionalmente y a riesgo de ser reiterativo, se debe particularizar sobre los anteriores conceptos, atendiendo a su natural trascendencia dentro de nuestro régimen constitucional, que fundamenta la creación de órganos dotados de plena autonomía, para la organización de los procesos electorales y los medios para darle definitividad a los actos que de ellos emanen, en aras de consolidar nuestra democracia.-En este contexto, el citado artículo 312 del Código Electoral reformado, al establecer que: ‘Artículo 312. ... Para cubrir la vacante de un Magistrado, el Supremo Tribunal de Justicia someterá una terna por cada nombramiento a la consideración del Congreso, el cual, por mayoría calificada de los diputados presentes designará a la persona que deba cubrir la vacante, en el improrrogable plazo de 30 días naturales. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que de cada una de las ternas, designe el Supremo Tribunal. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Supremo Tribunal someterá una nueva, con respecto a la cual el Congreso resolverá dentro del improrrogable plazo de 15 días naturales. Si el Congreso no resuelve en ese plazo o si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que de esta terna, designe el Supremo Tribunal.’.-Lo anterior contraviene lo dispuesto por el artículo 86 bis, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Colima, que establece específicamente: ‘Artículo 86 bis. ... VI. El Tribunal Electoral del Estado será órgano autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de pleno derecho y máxima autoridad jurisdiccional electoral. Funcionará en Pleno y sus sesiones de resolución serán públicas. Se organizará en los términos que señale la ley; regirá sus relaciones de trabajo conforme al estatuto que apruebe el Congreso del Estado, en el que se establecerá que los derechos y obligaciones de sus trabajadores no podrán ser menores a los preceptuados por el artículo 123 apartado B constitucional, y los mecanismos de vigilancia y disciplina se establecerán en la ley electoral. Sus Magistrados responderán sólo al mandato de la ley; deberán satisfacer los requisitos establecidos en la legislación electoral, que no podrán ser menores de los que señala esta Constitución para ser Magistrado del Poder Judicial. Serán electos por el Congreso del Estado, por mayoría calificada de los diputados presentes, a propuesta del Supremo Tribunal de Justicia de conformidad con la ley de la materia.’.-Dado lo anterior, si bien es cierto que dicho ordenamiento señala que ‘se hará de conformidad con la ley de la materia’, también lo es que categóricamente establece que los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado ‘serán electos por el Congreso del Estado’, sin dar opción a que sea algún otro poder del Estado el que elija o designe a dichos funcionarios, y la ley de la materia, que es secundaria y reglamentaria del precepto constitucional precitado, no puede por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia ir más allá de lo establecido por el precepto constitucional y, en consecuencia, no debe darle vida a la hipótesis mediante la cual bajo determinadas circunstancias, sea otro poder el que elija o designe a los Magistrados del Tribunal Electoral, pues hacerlo sería quitarle al Poder Legislativo la exclusiva facultad que la Constitución le otorga de elegir a los Magistrados de dicho tribunal.-Asimismo, el antes citado numeral 312 del Código Electoral reformado, contraviene lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Colima, ya que el mismo, en su fracción XI, establece claramente como facultad del Poder Judicial del Estado la de ‘proponer al Congreso del Estado a los Magistrados del Tribunal Electoral, en los términos que establezca la ley de la materia’, pero de ninguna manera, en ningún apartado y bajo ninguna circunstancia, señala la posibilidad de que este poder pueda elegir o designar a dichos Magistrados, esto es, que la ley de la materia o secundaria, violentando el principio de supremacía constitucional consagrado en los artículos 129 de la Constitución Política del Estado de Colima, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorga al Poder Judicial Estatal una facultad que no le está conferida por la Constitución Política del Estado.-Igual violación al orden constitucional se actualiza al establecer el numeral 312 del Código Electoral, dos procedimientos distintos para nombrar a un mismo tipo de funcionarios, puesto que el primer párrafo establece un procedimiento distinto para elegir a Magistrados del Tribunal Electoral que vayan a cubrir vacantes.-Por otra parte, el ya citado artículo 312 del Código Electoral reformado, también contraviene el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que: ‘IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: ... c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.’. Así, el legislador estatal, cumpliendo con ese mandato constitucional, en los artículos 33, fracción XXI, 74, fracción XI y 86 bis, fracción VI, de la de sus decisiones y su autonomía, pues previó que fueran electos por el Congreso del Estado, poder en el que está representada la soberanía del pueblo; y al determinar que a diferencia del nombramiento de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Magistrados del Tribunal Electoral sean electos por mayoría calificada de los diputados presentes, garantiza esta autonomía e independencia de que deben gozar por mandato constitucional las autoridades electorales; precisamente por la delicada función que deben de realizar al organizar, calificar y resolver de manera jurisdiccional las elecciones del Estado, es que deben ser electos por el poder que, además de ser electo por el voto popular, está integrado en forma plural, es decir, en él están representadas las diversas corrientes políticas que existen en nuestro Estado, cumpliendo así con el espíritu del legislador de no permitir que sea una sola fuerza política o un determinado partido político, el que decida finalmente sobre el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Electoral, sino que debe mediar el acuerdo y consenso de la mayoría de los integrantes del Congreso del Estado que son finalmente quienes representan a la ciudadanía, y con la reforma aprobada al artículo 312 del Código Electoral, se le quita al Poder Legislativo la facultad que constitucionalmente tiene de elegir a los Magistrados del máximo órgano jurisdiccional electoral en el Estado e indebidamente le otorga esta facultad al Poder Judicial Local, cuando constitucionalmente no cuenta con ella.-Cabe hacer mención, que el contenido de la adición al Código Electoral del Estado de Colima excede lo dispuesto por la Constitución Estatal. En efecto, el artículo 116, párrafo segundo que los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos.-En el caso concreto se contraviene el dispositivo constitucional citado y el artículo 41 también constitucional, en vista de que el Congreso establece en la acción pretendida al Código Electoral, preceptos incompatibles con la Constitución Estatal. Esto es, que mediante adición de ley se están otorgando al Supremo Tribunal de Justicia facultades que la Constitución otorga al Congreso del Estado, a saber: la facultad de elegir a los Magistrados del Tribunal Electoral que corresponde por mandato constitucional al Congreso del Estado, no así al Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis jurisprudencial 59/99, que se desprendió de la acción de inconstitucionalidad 5/99 y que dice: ‘DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 55, FRACCIÓN I, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 224, INCISO E), DEL CÓDIGO ELECTORAL LOCAL, QUE ESTABLECEN UN PROCEDIMIENTO ALEATORIO PARA LA DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS Y MAGISTRADOS ELECTORALES, CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 122, APARTADO A, FRACCIÓN II, Y APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PORQUE NO SE SUJETAN A LAS BASES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 125 Y 132 DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.’ (se transcribe).-En otro orden de ideas, se vulnera el contenido del artículo 116, fracción IV, inciso b), que establece como principios rectores en materia electoral los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; asimismo, se conculca el contenido del numeral precitado en su inciso c), que ordena que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.-En esta virtud, con la adición al artículo 312 que se analiza, será atribución del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima el proponer y elegir, en determinados casos, el nombramiento de Magistrados electorales, lo que en momento alguno garantiza la autonomía en su funcionamiento, ni mucho menos que los Magistrados nombrados en estas condiciones, observen los principios rectores de imparcialidad, objetividad e independencia en sus decisiones.-Por todos los razonamientos, el artículo 312 del Código Electoral reformado vulnera diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Colima, contraviniendo el orden constitucional federal, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 116, párrafo segundo, que: ‘Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos ...’, y en el caso que nos ocupa, la reforma aprobada pretende que los Poderes del Estado de Colima, a saber, Legislativo y Judicial, se organicen conforme a la ley. ... Quinto. Realizado el estudio de las transgresiones directas o materiales a nuestra Carta Magna, procederemos a exponer las violaciones formales en que incurrieron las autoridades durante el proceso legislativo, que culminó con la expedición del Decreto 129 por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos legales del Estado de Colima, mismo que constituye el objeto de la acción de inconstitucionalidad que se plantea: ‘El artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inciso d), establece que las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, además de establecer el sujeto activo de dichas acciones, que en el caso particular corresponde a más del treinta y tres por ciento del órgano legislativo del Estado de Colima.’.-La norma jurídica cuya invalidez se reclama, es decir, el Decreto Número 129 con todos sus transitorios, emitida por el H. Congreso del Estado de Colima el día quince de junio de dos mil uno, así como las disposiciones legales que en virtud de él se reformaron, modificaron y adicionaron, que son diversos artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y del Código Electoral del Estado, mismos que fueron publicados en el Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’, el día 16 de junio del año 2001, es un decreto que intrínsecamente contraviene nuestro sistema jurídico constitucional.-Al respecto cabe mencionar que se impugna el Decreto 129 y las diversas disposiciones legales que por virtud de éste se reforman o adicionan, en lo general, en virtud de existir en éste notorias irregularidades en su elaboración, es decir, existen manifiestas transgresiones al procedimiento legislativo consagrado tanto en la Constitución Política del Estado de Colima, como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, constituyendo esto en forma evidente una violación indirecta a los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política Federal, los cuales consagran en su texto los inviolables principios de seguridad jurídica y debido proceso, conocidos también como garantías de audiencia y legalidad, contraviniendo de esta manera todo nuestro sistema jurídico.-En tratándose de la impugnación en general cabe mencionar que el Decreto 129 en su totalidad, incluyendo sus transitorios así como las disposiciones que reforman y adicionan diversos artículos de varios cuerpos legales del Estado de Colima, contrarían lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, los cuales consagran las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, entendidas como garantías de audiencia y legalidad; en ese sentido, podemos afirmar de manera categórica que dichas reformas y adiciones violentan indirectamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que: A) La iniciativa correspondiente fue sometida a la aprobación del Congreso sin el previo estudio y dictamen en la comisión respectiva y sin que se hayan dispensado estos trámites por la asamblea en los términos previstos por el artículo 48 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, que a la letra ordena: ‘Artículo 48. En el caso de urgencia notoria calificada por mayoría de votos de los diputados presentes, la legislatura puede dispensar los trámites reglamentarios, sin que se omita en ningún caso el traslado al Ejecutivo.’.-El imperativo legal inserto fue adoptado textualmente por el diverso artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mismo que dispone: ‘Artículo 86. Ninguna iniciativa de ley o decreto se presentará a la asamblea, sin que antes haya sido analizada y dictaminada por la comisión o comisiones correspondientes: esta exigencia sólo podrá dispensarse, en aquellos asuntos que a juicio del Congreso, tengan el carácter de urgentes, no ameriten mayor examen o cuyo trámite se hubiese dispensado.’.-Si bien es cierto que se presentó el dictamen respectivo, igualmente cierto es que en momento alguno se convocó a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de hecho, el diputado secretario Antonio Morales de la Peña, ahora actor, firma el dictamen bajo protesta debido a esta inconsistencia procesal.-Lo anterior se acredita plenamente del contenido del acta de la sesión diecisiete de fecha 15 de junio del año 2001, que se anexa al presente escrito.-B) El orden del día fue circulado a los integrantes del Congreso del Estado al momento de iniciarse la sesión respectiva, conjuntamente con los expedientes que fueron sometidos a su aprobación, tal y como se desprende del acta de sesión número diecisiete previamente anexa, delimitando con ello el derecho que asiste a los diputados de participar en la discusión de los asuntos que han de tratarse, así como el de ejercer el voto razonado en términos de lo previsto en el artículo 22, en sus fracciones IV y VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mismo que a continuación se transcribe: ‘Artículo 22. Los derechos de los diputados son: ... IV. Participar con voz y voto en las sesiones del Congreso. ... VII. Abstenerse de votar en las sesiones del Congreso o de las comisiones de que forme parte, pudiendo razonar su abstención, previamente a la votación.’.-C) Igual contravención a la norma jurídica encontramos si tomamos en cuenta que, a efecto de estar en condiciones de someter cualquier iniciativa o dictamen a la aprobación de la asamblea, necesariamente deben ser entregadas a los miembros de la misma las copias que contengan la iniciativa correspondiente, a más tardar en la sesión anterior a la que vaya a discutirse, acorde a lo previsto por el artículo 71 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, destacando que dicha iniciativa no fue entregada dentro del lapso de tiempo mínimo establecido para tales efectos por dicho reglamento.-En este orden, basta dar una simple lectura del acta de sesión número dieciséis de junio del presente año que acompaña a la presente demanda, para percatarse que en momento alguno fue circulado el dictamen de referencia.-D) Por último, debe considerarse que la iniciativa presentada inicialmente por el titular del Ejecutivo fue rechazada por acuerdo económico de los integrantes del Congreso, en sesión del día 5 de junio del año 2001, mismos que propusieron el contenido de la iniciativa de ley, en vía de reforma a la Constitución Local, la cual en su oportunidad fue igualmente rechazada y posteriormente retirado el dictamen correspondiente por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, cuando fue presentada por la Comisión de Gobierno y Acuerdos Parlamentarios, integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Congreso, tal y como se desprende del acta de la sesión iniciada el día 12 de junio de 2001 y concluida el día 14 del mismo mes y año, por ende, se encontraban impedidos para presentar la misma iniciativa, ahora como reforma de leyes reglamentarias, en términos de lo previsto por el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.-‘Artículo 88. Desechada una iniciativa en su discusión en lo general, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.’.-Resulta inconcuso que por el hecho de no haber observado las disposiciones referentes al proceso legislativo, dicho decreto, así como los preceptos legales que por virtud de éste se reforman o adicionan, son violatorios de los artículos 14 y 16 de nuestra Ley Suprema, ya que todo acto de autoridad, en los términos del citado precepto constitucional, debe contener la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento y al haber vicios
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2822-f63aee4c/magistrados-del-tribunal-electoral-del-estado-de-colima · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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