I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS SUPUESTOS DE RESERVA EX ANTE Y ABSOLUTOS DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR RAZONES DE SEGURIDAD PÚBLICA RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES, INSTALACIONES, ACTIVIDADES, MOVIMIENTOS DEL PERSONAL O VEHÍCULOS DE ASIGNATARIOS, CONTRATISTAS O PERMISIONARIOS QUE SE VINCULEN CON LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO EXCEDEN LA EXCEPCIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o., APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL SENTIDO DE QUE ESA RESERVA DEBE SER TEMPORAL, FUNDADA Y MOTIVADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE DAÑO (ARTÍCULO 23 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS). IV. DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS. EL MINISTERIO PÚBLICO AL SOLICITAR LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA SE ENCUENTRA OBLIGADO A JUSTIFICAR SU IMPOSICIÓN, SIENDO EL JUEZ DE CONTROL QUIEN DETERMINARÁ SI PROCEDE O NO DECRETARLA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DURANTE EL PROCEDIMIENTO PENAL EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN SOLICITARÁ LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR SIN PERJUICIO DE SOLICITARLA CONJUNTAMENTE CON ALGUNA OTRA", DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS). V. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ELEMENTOS PARA ANALIZAR EL GRADO DE SUFICIENCIA EN LA CLARIDAD Y PRECISIÓN DE UNA NORMA (ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS). VI. PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. SU NATURALEZA Y ALCANCES (ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS). VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL. DIRECTRICES A PARTIR DE LAS CUALES SE VERIFICA (ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS). VIII. NORMAS PENALES EN BLANCO. SUS TIPOS CONFORME A LA JURISPRUDENCIA (ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS). IX. DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS. EL TIPO PENAL CONSISTENTE EN EL AUXILIO, LA FACILITACIÓN O LA AYUDA EN SU COMISIÓN, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, TAXATIVIDAD Y PLENITUD HERMÉTICA, PUES SU CONTENIDO SE COMPLEMENTA NECESARIAMENTE CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 9 DE ESA LEY (ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS). X. DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS. LA NORMA TRANSITORIA AL TENOR DE LA CUAL LA LEGISLACIÓN PENAL APLICABLE SERÁ IPSO FACTO LA NUEVA LEGISLACIÓN PENAL EN DICHA MATERIA, NO OBSTANTE EL MOMENTO EN QUE SE COMETIÓ EL ILÍCITO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INCULPADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS). XI. DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS. LA FACULTAD DEL JUEZ O TRIBUNAL DE EFECTUAR LA TRASLACIÓN DEL TIPO EN ATENCIÓN A LA CONDUCTA Y SUS MODALIDADES NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INCULPADO (ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL QUE IMPLICA DEJAR SIN EFEC
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13/2016 Y SU ACUMULADA 14/2016. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 25 DE FEBRERO DE 2020. PONENTE: NORMA LUCIA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: RICARDO GARCÍA DE LA ROSA, RICARDO MONTERROSAS CASTORENA Y ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del veinticinco de febrero de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad identificadas al rubro; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de las demandas y normas impugnadas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovieron, respectivamente, acción de inconstitucionalidad mediante oficios recibidos el once de febrero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales solicitó la invalidez del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó la invalidez de los artículos 4, segundo párrafo, 10 y tercero transitorio, todos, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día doce de enero del dos mil dieciséis.
3. SEGUNDO.—Artículos constitucionales que se señalan como violados. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales estima que el precepto impugnado viola los artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII; y 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo noveno transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución General en materia de energía, el cual funda que "las contrataciones y asignaciones en materia de hidrocarburos serán otorgadas a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia".
4. Asimismo, considera violados los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que el Congreso de la Unión, con el numeral 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, impuso límites y restricciones injustificados y sin criterios de racionalidad al derecho fundamental de acceso a la información.
5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que se violentan los artículos 1o., 14, 16, 19 y 20, apartado B, fracción I, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo considera se violan los numerales 7, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
6. TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante "instituto accionante"), expresó lo siguiente:
a) En su primer concepto de invalidez, que el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos es contrario a los artículos 1o. y 6o. de la Constitución Federal; y 1, 2, 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que sin criterio de razonabilidad alguno, impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, los cuales de acuerdo a interpretaciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, deben ser idóneos, necesarios y proporcionales.
b) Lo anterior lo considera, desde un primer punto de vista, porque con el artículo impugnado se restringe y limita el derecho funda (sic) del ejercicio de acceso a la información. A este respecto, estima que el artículo 6o. constitucional establece un nuevo marco en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, imponiendo a toda autoridad de los tres niveles de gobierno, una serie de restricciones y proscripciones respecto de tales derechos fundamentales, entre las que se encuentran la prevalencia del principio de máxima publicidad.
c) Estima que el Poder Reformador de la Constitución estableció claramente que el derecho de acceso a la información sólo puede ser reservado temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. Esto se corrobora con lo previsto en los artículos 30 y 32.2, y el inciso b) del punto 2 del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como diversos precedentes emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se ha establecido un estándar a través del cual todo Estado miembro debe sujetarse en materia de límites y restricciones a los derechos humanos, en el caso concreto, en materia de acceso a la información.
d) Considera que el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos no cumple con los estándares antes señalados, ya que de forma arbitraria y sin claridad alguna prevé que será información reservada por causas de seguridad nacional la relativa al funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios que se vinculen con las actividades previstas en el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Federal.
e) Advierte que el legislador, a través del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, impuso una restricción abusiva y arbitraria, contraria al propio artículo 6o. constitucional, pues lejos de propugnar el acceso a la información que por su naturaleza es pública –maximizando con ello un derecho fundamental–, limita de manera irrestricta el acceso a la misma por causa de seguridad nacional. Además, considera que aunque el legislador le haya dado el tratamiento de "seguridad nacional", esto no puede justificar la generación de una restricción indefinida y una facultad omnímoda del legislador para que emita normas que por razones de seguridad nacional, condicionen o restrinjan el ejercicio de un derecho fundamental de acceso a la información.
f) En este mismo tenor, considera que el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos es arbitrario, ya que establece una restricción y limitación al derecho fundamental de acceso a la información, que radica en una imprecisión en cuanto a sus alcances, puesto que no se establece en forma accesible, inequívoca, de forma acotada y precisa los límites y restricciones, lo cual genera que las personas no puedan comprender qué información va a ser sujeta a reserva automática por causas de seguridad nacional.
g) Sostiene además, que la norma impugnada se abstiene de expresar una limitación o restricción en forma clara, la cual no permite que el gobernado sepa tanto los alcances de la misma como sus términos, contribuyendo a la opacidad y confusión, puesto que de manera tajante solo prevé que cierta información (datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios) será reservada por causas de seguridad nacional, bastando sólo para ello que se vinculen con las actividades previstas en el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional.
h) Afirma que la restricción establecida en el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos no persigue un fin legítimo. Esto es, al no haberse apegado dicho precepto al mandato del Poder Reformador de la Constitución contenido en el artículo 73, fracción XXIX-S, cualquier restricción o limitación carece de legitimidad de origen; aunado a que tales restricciones son a todas luces desproporcionales pues lejos de asegurar el acceso a cierta información que es por naturaleza pública, se impone una reserva a priori y atemporal a cierta información por la sola presunción que puede resultar relacionada con actividades dispuestas en el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional.
i) Desde un segundo punto de vista, el instituto accionante considera que la medida impugnada no cumple con los elementos de un test de proporcionalidad; tales como idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido.
j) En cuanto a la idoneidad de la medida restrictiva, el instituto accionante considera que si bien es dable sostener que se puede considerar como formalmente idónea una medida restrictiva por estar contenida en la ley, también lo es que dicha medida no resulta material o sustancialmente idónea, pues de acuerdo con el marco jurídico dicha medida debió estar contenida necesariamente en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
k) Por lo que se refiere a la necesidad de la medida restrictiva, el instituto accionante estima que la medida restrictiva impuesta en el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, resulta innecesaria pues lejos de estar contenida en la norma que dispuso para ello el Poder Reformador de la Constitución –Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública–, se previó en un artículo contenido en una norma jerárquicamente inferior, contraviniendo así la fracción I del apartado A del artículo 6o. constitucional y del segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
l) Considera violentada también la fracción XXIX-S del artículo 73 constitucional, en relación con el segundo párrafo del numeral 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aunado a que existen medidas alternativas igualmente idóneas para limitar el derecho de acceso a la información que intervienen el derecho fundamental en un grado menor, como sería la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
m) En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto de la medida restrictiva, el instituto accionante argumenta que la medida establecida en el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, resulta desproporcional, pues lejos de modular el derecho de acceso a la información de manera temporal y en determinados casos, lo hace prima facie y proscribe el derecho a acceder a cierta información que por su naturaleza es pública.
n) En su segundo concepto de invalidez, el instituto accionante considera que el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, es contrario al artículo 6o. de la Constitución Federal al establecer una reserva automática y atemporal a determinada información, cuando el Poder Reformador de la Constitución fue expreso al sostener que toda información de esa índole, no sólo debe ser considerada como pública, sino que será sujeta a reservas siempre temporales. De esta forma, estima el instituto accionante que el precepto impugnado impone una limitante y restricción al derecho de acceso a la información sin criterio de razonabilidad alguno.
o) Considera que la remisión del artículo 23 a la Ley de Seguridad Nacional, resulta infructuosa, vacía, pues en la ley de la materia no se regula cuál información debe ser considerada de seguridad nacional, aunado a que se está en presencia de una remisión circular; esto es, atento a lo establecido en el artículo 8, fracción V, de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos remite a la Ley de Seguridad Nacional, y ésta se encuentra a su vez supeditada a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
p) Afirma que la instancia competente para conocer de los procesos de clasificación y desclasificación de información en materia de seguridad nacional, es el Consejo de Seguridad Nacional y no el legislador federal ordinario de conformidad con el artículo 13, fracción IX, de la Ley de Seguridad Nacional.
q) En cuanto a su tercer concepto de invalidez, el instituto accionante estima que el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, es contrario al artículo 6o. constitucional al incurrir el legislador ordinario en una omisión legislativa consistente en la deficiente regulación en que incurrió al procurar reservas fuera de las contenidas en la ley general.
r) Argumenta que el Congreso de la Unión estableció en el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, una figura novedosa consistente en una causal de reserva a la información atemporal por causas de seguridad nacional, misma que no encuentra sustento ni en la Constitución Federal ni en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo cual indudablemente es una omisión legislativa relativa.
s) Estima que el legislador federal, reguló de manera deficiente y creó una figura propia que lejos de maximizar el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, lo inhibe y circunscribe a mayores estándares.
t) En su cuarto concepto de invalidez, el instituto accionante considera que el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, es contrario a los artículos 1o. y 6o. constitucionales, ya que lejos de expandir los derechos fundamentales y maximizar el ejercicio del acceso a la información, lo inhibe al categorizar cierta información ipso facto como reservada, estableciendo con ello una regresividad en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información.
u) Estima que todas las autoridades del Estado Mexicano, dentro del ámbito de su competencia, tienen la obligación de incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado Mexicano.
v) Por tanto, considera que el legislador ordinario, lejos de cumplir con el mandato constitucional contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, emite una norma regresiva que modula el ejercicio del derecho de acceso a la información de tal manera que proscribe el acceso a la información de ciertos datos, los cuales hasta antes de la publicación del precepto impugnado no estaban ni reservados por razones de seguridad nacional y podían ser de acceso público.
w) Considera se genera un efecto inhibitorio del derecho de acceso a la información, ya que al establecerse requisitos infranqueables para acceder a determinados datos e información, trae como consecuencia un desánimo en el ejercicio de un derecho fundamental.
x) Respecto de su quinto concepto de violación, estima que el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos es contrario al artículo noveno transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, ya que contraviene el principio de máxima transparencia en materia de contrataciones y asignaciones en materia de hidrocarburos, dispuesto por el Poder Reformador de la Constitución.
y) Estima que en el caso concreto, el legislador ordinario, contraviniendo claramente el principio de máxima transparencia en materia de energía e hidrocarburos, pretende con el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos de personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios que se vinculen con la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos sea reservada por razones de seguridad nacional.
z) En su sexto concepto de invalidez, el instituto accionante considera que el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos es contrario a los artículos 1o., 6o. y 73 de la Constitución Federal, al contravenir diversos preceptos constitucionales, tales como el de máxima publicidad de la información pública; el principio de excepcionalidad que reviste a las reservas de la información; el principio de temporalidad que debe caracterizar a toda limitante al acceso a la información; el principio de máxima publicidad y transparencia en el manejo de los ingresos que la Nación habrá de obtener, con la finalidad adicional de prevenir, combatir y sancionar la corrupción; así como el principio de progresividad en materia de derechos humanos establecidos en el artículo 1o. constitucional.
aa) Considera se viola el principio de máxima publicidad de la información pública, ya que durante la reforma de 2014, el Poder Reformador de la Constitución precisó que para acotar el margen de discrecionalidad que pudiera existir por parte de los sujetos obligados, sería en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en la que se normarían todas las reservas a la información a efecto de que toda la información pública no sujeta a ellas, observara el principio de máxima publicidad. En ese sentido con el artículo impugnado se va en contra de los principios de reserva establecidos en la ley general.
bb) Se viola el principio de excepcionalidad que reviste a las reservas de la información, ya que la definición de instalaciones estratégicas hecha por la mencionada Ley Federal en Materia de Delitos de Hidrocarburos, no cuenta con limitación alguna, por lo que todos los elementos tangibles vinculados a las actividades estratégicas pueden ser clasificados como reservados.
cc) Se viola el principio de temporalidad que debe caracterizar a toda limitante al acceso a la información ya que, de conformidad con el artículo 6o., apartado A, fracción I, constitucional se establece que toda información en posesión de los sujetos obligados es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes.
dd) Se violenta también el principio de máxima publicidad y transparencia en el manejo de los ingresos que la nación habrá de obtener, con la finalidad adicional de prevenir, combatir y sancionar la corrupción.
ee) Estima violentado el principio de progresividad en materia de derechos humanos establecido en el artículo 1o. constitucional, al afirmar con criterios de esta Suprema Corte, que dicho principio exige que todas las autoridades del Estado Mexicano, dentro del ámbito de su competencia, están obligados a incrementar gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, lo que les impide adoptar medidas que disminuyan su nivel de protección.
7. Conceptos de Invalidez expresados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
a) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante "Comisión Accionante"), en su primer concepto de invalidez, estima que el artículo 4, segundo párrafo, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, es transgresor de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al disponer la prisión preventiva para todos los delitos previstos en esa ley como regla general absoluta. De esta forma, considera la Comisión Accionante que se trata de una restricción inconstitucional del derecho a la libertad personal, así como de seguridad jurídica y de legalidad.
b) Afirma que la hipótesis normativa que contiene el artículo impugnado, generaliza el uso de la prisión preventiva para todos los delitos contenidos en la ley respectiva sin evaluar si la medida cautelar es racional y proporcional para cada caso concreto, porque sucede que algunos de los ilícitos descritos en el ordenamiento jurídico penal no actualizan la necesidad ni la excepcionalidad que haga procedente la prisión preventiva.
c) Estima que la norma impugnada no distingue que la medida procede a solicitud del Ministerio Público, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
d) Considera que la norma impugnada invirtió la regla de excepcionalidad de la prisión preventiva porque además de la prisión podrán solicitarse otras medidas de manera adicional. De esta forma no se agota la posibilidad de evaluar a priori la pertinencia de otras medidas preferentes a la imposición de la prisión.
e) Afirma que para imponer la prisión preventiva, se debe cumplir con las condiciones, términos y requisitos que señale la Constitución Federal en su artículo 19, cuestión que no se cumple en todos los delitos que contiene la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, pues no encuadran en la exigencia constitucional de ser delitos graves.
f) Esto se hace patente con los criterios fundamentales establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a saber: 1) que la libertad personal, puede ser limitada por la prisión preventiva, pero solo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas; 2) la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurarse de no impedir el desarrollo eficiente de las investigaciones; y, 3) toda vez que la prisión preventiva es una medida cautelar, ésta se debe imponer excepcionalmente y no como la regla general.
g) En su segundo concepto de invalidez, la Comisión Accionante estima que el artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, resulta violatorio del artículo 20, aparado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, materializándose con ello una violación a los principios de presunción de inocencia, legalidad, formalidades esenciales del procedimiento, así como a los derechos de seguridad jurídica, libertad personal y principio pro persona.
h) Considera que la hipótesis normativa adolece de las siguientes imprecisiones: 1) no delimita la participación que da origen a la calidad del sujeto activo; como tal, no se desprende el grado de participación y se inhibe la presunción de inocencia de los imputados ante cualquier participación; 2) utiliza ambiguamente los verbos "a quien auxilie, facilite, o preste ayuda, por cualquier medio" como tal no se delimita ni describe la acción específica; 3) los verbos rectores no quedan definidos, ni se prevé los medios para su acreditación; 4) no delimita elementos ni descriptivos del tipo para determinar la actualización de la hipótesis normativa en el auxilio, facilitación o prestación de ayuda, por cualquier medio; 5) no se conectó la acción rectora del tipo con la intencionalidad del sujeto activo; 6) no refiere un bien jurídico concreto que se intente proteger, como tal no existe correspondencia entre el bien jurídico que se pretende salvaguardar y el tipo penal; 7) no se completa el tipo penal por sí mismo, por ello resulta un tipo penal abierto; y 8) no utiliza el derecho penal como ultima ratio.
i) Afirma que así, el artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, transgrede el contenido de los artículos 1o., 14, 16, primer párrafo y 20, apartado B, fracción I, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratándose de los principios de seguridad jurídica, legalidad, taxatividad y plenitud hermética.
j) En su tercer concepto de invalidez, considera que el tercero transitorio de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, es violatorio de la prohibición de retroactividad en beneficio de un imputado o sentenciado, así como el derecho a la seguridad jurídica, transgrediendo así los artículos 1o. y 14, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
k) Advierte que de la literalidad de la norma, se observa que la norma posterior modifica los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, esto, sin atender a la prohibición de retroactividad en perjuicio del imputado o sentenciado. Si bien existe la válida aplicación retroactiva de la ley, ésta tiene como excepción que su aplicación transgreda derechos adquiridos, a fin de generar seguridad jurídica; principio que a su juicio, se ve trastocado con la norma impugnada.
l) De esta forma, afirma que el artículo tercero transitorio de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, atiende al principio de retroactividad por pretender regir situaciones ocurridas antes de su vigencia, en relación con las condiciones jurídicas que antes no fueron comprendidas en la nueva disposición y respecto de actos verificados bajo una disposición anterior.
m) Sin embargo, estima que la composición normativa del referido transitorio, no incluye la excepción constitucional del principio de la irretroactividad cuando la aplicación de la ley causa perjuicio a alguna persona, de donde es deducible la afirmación contraria; esto es, de que se puede dar afectos retroactivos a la ley si ésta no causa perjuicio.
n) Culmina diciendo que el artículo tercero transitorio de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, resulta contrario al principio de irretroactividad de la ley, previsto en el artículo 14 constitucional, por prever la traslación de tipos penales en los procesos en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias por el Ministerio Público Federal o en los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, así como al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado. Sin condicionar a que dicha traslación sea en beneficio de la persona.
8. CUARTO.—Registro y turno. Acumulación. Por acuerdos del quince y dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad con los números 13/2016 y 14/2016, respectivamente, por lo que en razón de turno designó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que actuara como instructora en la primera. Sin embargo, al existir identidad respecto de la norma impugnada en ambas acciones, el Ministro presidente decretó la acumulación, turnándose el segundo expediente a la Ministra instructora al haber sido designada como ponente en el primer medio de control constitucional.
9. QUINTO.—Admisión. Por auto de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la Ministra instructora admitió las acciones relativas, ordenó dar vista a las cámaras de senadores y de diputados del Congreso de la Unión, así como al Poder Ejecutivo Federal que promulgó el decreto, a efecto de que rindieran sus respectivos informes. Al mismo tiempo ordenó dar vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento correspondiente hasta antes del cierre de instrucción.
10. SEXTO.—Informes de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de las normas generales impugnadas rindieron sus informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente:
El Poder Legislativo Federal, Cámara de Diputados, representado por el presidente de la mesa directiva, señaló lo siguiente:
a) Por lo que hace a los conceptos de invalidez esgrimidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consideró que el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, no transgrede los artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, y 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Federal; así como tampoco el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en materia de energía y además instrumentos internacionales.
b) Considera que todas las manifestaciones vertidas por el instituto accionante en sus seis conceptos de invalidez, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, derivan de una incorrecta interpretación tanto del artículo impugnado, como del marco constitucional relativo al derecho de acceso a la información.
c) Advierte que del texto de la norma impugnada, la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatario
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30100-e0308b91/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. EL ARTÍCULO 22 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, AL OTORGARLE LA FACUL (1a./J. 123/2024 (11a.))
- PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL. NO SON APLICABLES EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REVOCACIÓN DE PERMISOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS. (P./J. 199/2026 (12a.))
- COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. EL ARTÍCULO 22 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, AL OTORGARLE LA FACUL (1a./J. 124/2024 (11a.))
- REGULACIÓN EN LA MATERIA DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE PETROLÍFEROS E HIDROCARBUROS. LA CLÁUSULA QUE HABILITA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA PARA EMITIRLA NO VIOLA EL PRINCIPIO DE (1a./J. 90/2022 (11a.))
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