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Modo: Corpus Pro

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO EN MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS. SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE CUMPLA LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ABRIL DE 2019.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 551/2019. · Registro digital (IUS): 29476
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-28
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Pág. 2657.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 551/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 10 DE JUNIO DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando en sus términos el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis número P. I/2012 (10a.), de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).”;(2) así como 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en atención a que el conflicto denunciado se suscitó entre criterios de Tribunales Colegiados que pertenecen a diversos Circuitos Judiciales, respecto de un tema que no requiere la intervención del Tribunal en Pleno. Lo anterior, además, con base en la decisión adoptada por este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la contradicción de tesis 259/2009.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, en relación con el 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo;(3) toda vez que la hizo el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa.

TERCERO.—Criterios en conflicto. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis que se denunció, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados basaron sus resoluciones.

I) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.

1) El veintisiete de abril de dos mil diecinueve, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando como Juez de Control en la causa penal **********, celebró la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público de la Federación, formuló imputación contra **********, por el hecho delictivo de sustracción ilícita de petrolífero tipo gasolina regular Pemex Magna, previsto y sancionado en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; luego, solicitó su vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar.

El Juez de Control determinó procedente la imposición de la medida cautelar, en términos de lo dispuesto en el decreto de reforma al párrafo segundo del artículo 19 constitucional, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el doce de abril de dos mil diecinueve,(4) en el que se incorporó al catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa, entre otros, a los ilícitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Puntualizó que conforme al artículo primero transitorio de la citada reforma,(5) el precepto constitucional reformado entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el trece de abril de dos mil diecinueve y, por tanto, al veinticinco de abril siguiente, en que se impuso la medida cautelar, ya estaba vigente; ello, sin perjuicio de que el artículo segundo transitorio,(6) estableciera el plazo de noventa días para que el Congreso de la Unión hiciera las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a los nuevos ilícitos por los que era procedente la prisión preventiva oficiosa, pues estimó que la vigencia del texto constitucional reformado, no estaba condicionada a que se realizara el ajuste relativo en la legislación secundaria, además de que debía darse preferencia a la Norma Constitucional.

El dos de mayo posterior, en la continuación de la audiencia inicial, se vinculó a proceso al imputado.

2) En escrito que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, el imputado promovió amparo indirecto, en el que reclamó: i) la resolución de veintisiete de abril del mismo año, en la que el Juez de Control le impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar; y, ii) el auto de vinculación a proceso, dictado en su contra el dos de mayo siguiente.

3) Conoció del asunto el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en dicha entidad, quien la registró con el número **********, y en audiencia constitucional de veintiséis de junio posterior, dictó sentencia que se terminó de engrosar el veintiocho subsecuente, en la que se negó al quejoso el amparo que solicitó.

a) Con relación al tema de la prisión preventiva oficiosa:

• Se calificaron de infundados los conceptos de violación en los que se adujo que el Juez de Control, al imponer la medida cautelar conforme al párrafo segundo, del artículo 19 constitucional, no consideró la vacatio legis prevista en el artículo segundo transitorio, del decreto de reforma, en el que se preveían noventa días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que se realizaran las adecuaciones normativas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que transgredía en perjuicio del quejoso, los principios de exacta aplicación de la ley e in dubio pro reo, porque en la fecha en que se emitió el acto reclamado no era procedente la imposición de la prisión preventiva oficiosa.

• Para tales efectos, se coincidió con el Juez responsable, al considerar que si el artículo primero transitorio de la reforma, estableció que nuevo el Texto Constitucional entraría en vigor “... al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial ...”; entonces, a partir del trece de abril de dos mil diecinueve, el mismo era obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales en los que se resolviera lo relativo a la medida cautelar derivada de la comisión de los correspondientes ilícitos.

Y se añadió, que si bien el Poder Reformador de la Constitución Federal, precisó en el segundo transitorio del decreto, que otorgaba un lapso de noventa días posteriores a su publicación, para que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de dicha disposición no se advertía que se hubiera establecido circunstancia alguna que condicionara el inicio de la vigencia del segundo párrafo del artículo 19 constitucional reformado, a que se realizaran esas adecuaciones, pues únicamente le imponía al órgano legislativo la obligación de realizar la reforma en la ley secundaria, a fin de que existiera concordancia entre la ley procesal penal y la Norma Suprema reformada, y no dejar a su arbitrio esa circunstancia.

• Por ello, se consideró correcto que el Juez responsable le impusiera al quejoso, como medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, al haber sido imputado y sometido a la investigación formalizada por el delito sustracción ilícita de petrolífero tipo gasolina regular Pemex Magna, previsto y sancionado en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, porque conforme la disposición constitucional invocada, dicho ilícito era de aquellos respecto del que se preveía la prisión preventiva oficiosa.

• Por tanto, concluyó que la actuación del Juez responsable no transgredió en perjuicio del quejoso, los principios de exacta aplicación de la ley e in dubio pro reo, porque la norma constitucional que disponía la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, estaba vigente a partir de trece de abril de dos mil diecinueve, y los actos reclamados tuvieron lugar el veinticinco siguiente, es decir, cuando la norma ya estaba en vigor.

b) Respecto del auto de vinculación a proceso reclamado, el Juez de Distrito declaró su constitucionalidad.

4) Inconforme con la sentencia de amparo, el quejoso interpuso recurso de revisión; y en su escrito de agravios, únicamente impugnó la negativa de la tutela constitucional en lo concerniente al auto de vinculación a proceso.

5) Conoció del recurso el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, donde se registró con el número **********; y en sesión de tres de octubre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, se confirmó el fallo recurrido.

Pese a que el quejoso no expresó agravio alguno para combatir la negativa del amparo respecto de la prisión preventiva oficiosa, el Tribunal Colegiado analizó lo resuelto por el Juez de Distrito respecto de la medida cautelar, y consideró que no le irrogó perjuicio alguno; ello, bajo los siguientes argumentos:

• Aun ante la falta de agravio para combatir la negativa del amparo respecto de la resolución de veintisiete de abril de dos mil diecinueve, en la que se impuso al quejoso la prisión preventiva oficiosa como medida provisional, no le causa agravio alguno, por ajustarse estrictamente a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, reformado en decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil nueve, vigente a partir del día siguiente.

En términos idénticos se resolvió el amparo en revisión **********, fallado por unanimidad de votos, en sesión de tres de octubre de dos mil diecinueve.

II) Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.

1) El once de julio de dos mil diecinueve, la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Control en la causa penal **********, celebró la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público de la Federación, formuló imputación en contra **********, por el hecho delictivo de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, con relación al 11, inciso a), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Luego, a petición de la representación social, le impuso al imputado, como medida cautelar provisional, con vigencia durante el término constitucional ampliado, la prisión preventiva oficiosa.

Y el dieciséis de julio siguiente, en continuación de la audiencia inicial, le decretó al imputado auto de vinculación a proceso por el delito señalado; y reiteró como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que la reforma al párrafo segundo del artículo 19 constitucional, incorporó al catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa, el de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y si bien la legislación secundaria no se había adecuado a dicha reforma, atento a lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, debía aplicarse directamente la Constitución Federal, por lo que debía imponerse la medida cautelar.

2) En contra de esa resolución, el imputado, en escrito que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, el veinticinco de julio posterior, promovió amparo indirecto.

3) Conoció del asunto el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, quien lo registró con el número **********; y en audiencia constitucional de veintidós de agosto subsecuente, dictó sentencia que se terminó de engrosar el día treinta siguiente, en la que le negó al quejoso el amparo que solicitó, al tenor de las siguientes consideraciones:

• Calificó de infundados los conceptos de violación en los que el quejoso alegó que el artículo segundo transitorio del decreto de reforma al párrafo segundo del artículo 19 constitucional, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el doce de abril de dos mil diecinueve, fijó el plazo de noventa días para que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones normativas necesarias, a fin de incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes, las nuevas hipótesis delictivas respecto de las que procedía la prisión preventiva oficiosa, entre ello, los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; sin que a la fecha se hubiera realizado esa adecuación, y por tanto, conforme al artículo 1o. constitucional debía estarse a la redacción actual del citado artículo 167, en atención a los principios pro persona y de mayor beneficio.

• Lo anterior, porque si bien el artículo 1o. de la Constitución Federal, estatuía el respeto a los derechos humanos de todas las personas; de ello no deriva necesariamente que por virtud del principio pro homine o pro persona, todas las cuestiones que plantearan los gobernados debían ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones. Ello, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte, en la jurisprudencia de título y subtítulo: “PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.”

• Se señaló que la propia Constitución Federal incluía normas específicas sobre límites a derechos que estructuralmente eran reglas, no principios, que dictaban con precisión el tipo de conclusión jurídica que se debía seguir en determinada hipótesis, como ocurría en la norma constitucional que disponía la prisión preventiva oficiosa.

• Asimismo, se destacó que la omisión de adecuar la norma secundaria a lo dispuesto en la Constitución Federal, no constituía la existencia de dos o más normas aplicables al caso, y por ello, que debiera elegirse aquella que otorgara la protección más amplia a la persona, ni constituía la existencia de una sola norma que admitiera varias interpretaciones que se tradujeran en mayor o menor protección a derechos fundamentales, porque el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, era una norma secundaria, por lo que atendiendo a la jerarquía normativa, debía estarse siempre a lo establecido en la Constitución Federal, por ser la Ley Suprema y, por tanto, tampoco podía hacerse una interpretación conforme.

• Se dijo que la propia Ley Suprema podía establecer limitaciones a los derechos que reconocía, como en el caso aconteció, al disponer en su artículo 19, que respecto de quienes hubiera probabilidad de que hubieran participado o cometido un delito en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se les impondría prisión preventiva oficiosa.

• Consecuentemente, si lo establecido en el artículo 19 constitucional, aún no se reflejaba en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debía atenderse a la supremacía normativa de la Constitución Federal, que no sólo operaba al momento de la creación de las normas, sino que se prolongaba como parámetro interpretativo, a la fase de su aplicación.

• Se precisó que los hechos por los que se impuso al quejoso la prisión preventiva oficiosa, ocurrieron el nueve de julio de dos mil diecinueve, es decir, de manera posterior a la reforma al párrafo segundo del artículo 19 constitucional, que se publicó el doce de abril del mismo año, que entró en vigor a partir del día siguiente, de acuerdo a lo ordenado en su publicación en el Diario Oficial de la Federación; por lo que bastaba que la autoridad judicial tuviera conocimiento de ese acto, para que estuviera en condiciones de aplicarlo a partir de la vigencia que la misma publicación señaló.

• De manera que si la reforma constitucional se publicó el doce de abril de dos mil diecinueve, y de acuerdo al artículo primero transitorio, del decreto correspondiente, entraría en vigor a partir del día siguiente de su publicación; entonces, fue correcto que el nueve de julio de esa anualidad, en que ocurrieron los hechos, la juzgadora responsable aplicara la disposición reformada, pues el hecho de que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aún no incluyera en su texto la prisión preventiva oficiosa para los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada, no significa que el aplicador de la ley debiera ser omiso en acatar lo previsto en la Constitución Federal, en observancia al principio de supremacía constitucional.

• Al respecto, se consideraron aplicables las jurisprudencias emitidas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: “LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. AUNQUE EL TEXTO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NO SE HA AJUSTADO AL CONTENIDO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, LOS JUECES PUEDEN APLICAR DIRECTAMENTE ESTE ÚLTIMO Y NEGAR AQUEL BENEFICIO, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.” y “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ACORDE CON EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SU DICTADO DEBE HACERSE CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO ATENDER A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO ADECUADA A LO DISPUESTO EN DICHO PRECEPTO.”

• De igual manera, se calificó infundado el argumento que planteó el quejoso, en el sentido que la imposición de la prisión preventiva oficiosa transgredía el principio de presunción de inocencia, porque la propia Constitución Federal, en su artículo 19, párrafo segundo, permitía que se restringiera la libertad de una persona como medida cautelar, respecto de los delitos que el propio precepto establecía, ante la posible participación en su comisión, por lo que la restricción de la libertad en esos casos, era acorde al mismo cuerpo normativo, en cuanto establecía que nadie podría ser privado de la libertad, sino mediante el procedimiento seguido ante autoridad competente, previamente establecido, en el que se cumplieran las formalidades previstas en la ley, expedida con anterioridad al hecho; lo que aconteció en el caso.

Consideración que se apoyó en la tesis aislada de esta Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro: “PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.”

4) En contra de esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercero Circuito, donde se registró con el número **********; y en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictó sentencia en la que, por unanimidad de votos, se revocó la resolución recurrida y se concedió al quejoso, el amparo que solicitó, atento a las siguientes consideraciones:

• Los agravios que planteó el quejoso y recurrente, suplidos en su deficiencia, resultaron fundados.

• Para tales efectos, se reprodujo el texto de la reforma al segundo párrafo, del artículo 19 constitucional,(7) que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el doce de abril de dos mil diecinueve.

Luego, se dijo que dicha reforma entró en vigor el día siguiente de su publicación, como se estableció en el artículo transitorio primero.(8)

• Y en cuanto a su exigibilidad y aplicación, se precisó que no obstante que entró en vigor el trece de abril de dos mil diecinueve, no podía exigirse inmediatamente su aplicación, porque el propio Constituyente estableció una condición en el artículo transitorio segundo,(9) consistente en que el Congreso de la Unión, en un lapso de noventa días siguientes, hiciera las adecuaciones normativas necesarias.

Además, el Constituyente dejó establecido que la aplicación de las normas y los supuestos señalados en la reforma, se haría conforme a los principios de no retroactividad en perjuicio y de exacta aplicación de la ley penal, como se estableció en el artículo quinto transitorio de la citada reforma.(10)

Se dijo que de la exposición de motivos de la citada reforma constitucional, se advertía que su finalidad era incluir en el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa, algunos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, pero no todos sin excepción, como lo estableció la Jueza responsable y lo avaló el Juez de amparo al negar al quejoso la protección constitucional que solicitó.

Se destacó que del proceso de reforma constitucional, particularmente en el apartado: “Justificación del proyecto de decreto”, se apreciaba que la intención del Constituyente, fue que se establecieran como delitos de prisión preventiva oficiosa, aquellos cuya pena media aritmética excediera de cinco años de prisión, lo que quedaría a cargo del Congreso de la Unión, en un plazo de noventa días, a través de la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por tanto, la exigibilidad y aplicación de la reforma constitucional, estaba condicionada a la adecuación normativa que se ordenó al Congreso de la Unión, respecto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la fecha de la emisión del acto reclamado y del propio recurso de revisión, no se había realizado. Es decir, no se había satisfecho la condición a que estaba sujeta la exigibilidad y aplicación de la citada reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa.

• Consecuentemente, se concluyó que si bien la citada reforma constitucional entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el trece de abril de dos mil diecinueve; no podía ser aplicada hasta en tanto el Congreso de la Unión realiza las adecuaciones normativas correspondientes, a fin de respetar el principio de exacta aplicación de la ley penal contenido en el artículo 14 del pacto federal.

• Sin que se compartiera la afirmación de que todos los delitos en materia de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, ameritaban prisión preventiva oficiosa, sino sólo aquellos cuya media aritmética de la pena, excediera de cinco años de prisión; pero esa determinación legislativa estaba sujeta a la condición de que el Congreso de la Unión hiciera la adecuación correspondiente, a fin de respetar el principio de exacta aplicación de la ley penal contenido en el artículo 14 constitucional.

Ello, porque la reforma al artículo 19 constitucional, no especificó dentro del catálogo de delitos en materia de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, cuáles de ellos ameritaban prisión preventiva oficiosa; sino que esa tarea se le asignó al legislador ordinario.

• En apoyo, se reprodujo la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubro: “REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO REQUIEREN DE VACATIO LEGIS Y ANTE LA AUSENCIA DE DISPOSICIÓN EXPRESA SOBRE SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ESTARSE A LA DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SALVO QUE POR SU CONTENIDO NO SEAN EXIGIBLES DE MANERA INMEDIATA.”

• En ese orden de ideas, se determinó que era incorrecta la negativa del amparo respecto de la prisión preventiva oficiosa, porque el delito que se atribuyó al quejoso, hasta el momento de la resolución del recurso, no ameritaba esa medida cautelar, por no estar incluido en el catálogo de delitos previstos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues esa condición la estableció el propio Constituyente, en la reforma al párrafo segundo del artículo 19 constitucional, que se publicó el doce de abril de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, para que fuera exigible y aplicable dicha reforma, en atención al principio de exacta aplicación de la ley penal, que se establece en el artículo 14 del Pacto Federal.

• En esas condiciones, se consideró que el acto reclamado era violatorio de los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; y, por tanto, lo procedente era revocar la sentencia recurrida y conceder al quejoso el amparo que solicitó, para el efecto de que la Juez de Control responsable dejara insubsistente la determinación que tomó en la continuación de la audiencia inicial de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal **********, únicamente respecto de la imposición de la prisión preventiva oficiosa que decretó, repusiera parcialmente el procedimiento hasta esa etapa, y resolviera que no era procedente imponer la prisión preventiva oficiosa, considerando las razones expuestas en la ejecutoria de amparo. Ello, sin perjuicio de que impusiera la prisión preventiva con motivo y fundamento legal diverso al impugnado constitucionalmente.

En similares términos se resolvió, por unanimidad de votos, el amparo en revisión **********, en sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve.

CUARTO.—Existencia de la contradicción. Sobre la base de lo anterior, debe dilucidarse, en primer lugar, si existe o no la contradicción de tesis que se denunció.

Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

Lo anterior, quedó plasmado en la tesis jurisprudencial en materia común, número P./J. 72/2010, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.”

En complemento, esta Primera Sala ha sostenido que como la finalidad de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos, a fin de generar seguridad jurídica; entonces, para que exista una contradicción de tesis, debe verificarse:

A. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuera.

B. Entre los ejercicios interpretativos respectivos, exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

En ese orden de ideas, existe la contradicción de tesis que se denunció, porque del análisis de los procesos interpretativos involucrados, se advierte que los órganos judiciales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejaron en los argumentos que soportaron sus respectivas decisiones.

En efecto, los Tribunales Colegiados conocieron de sendos amparos en revisión, en los que se impugnó la determinación que se dictó en los respectivos amparos indirectos, en los que se reclamó, en lo conducente, la resolución a través de la cual, las correspondientes Juezas de Control, en continuación de la audiencia inicial, a solicitud del Ministerio Público Federal, le impusieron a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, respecto del delito por el que se formuló imputación en su contra –en un caso, sustracción ilícita de petrolífero tipo gasolina regular Pemex Magna, y en el otro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Nacional–; ello, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Federal, reformado en decreto que se publicó el doce de abril de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación.

Así, los asuntos derivaron de un idéntico supuesto jurídico; y en su solución, los Tribunales Colegiados hicieron pronunciamientos con relación a la aplicabilidad de dicha reforma; sin embargo, resolvieron en sentidos opuestos.

En efecto, en ambos casos, las respectivas Juezas de Control determinaron que la prisión preventiva oficiosa prevista en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, era procedente respecto del delito imputado, aun cuando no se hubiera hecho la adecuación ordenada en el artículo segundo transitorio de la citada reforma constitucional, en el que se estableció el lapso de noventa días para que el Congreso de la Unión incluyera en el texto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los ilícitos a los que se refería el precepto constitucional reformado; ello, porque ante la omisión del órgano legislativo de modificar el ordenami

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29476-a71e47ba/prision-preventiva-oficiosa-en-delitos-en-materia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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