PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL. NO SON APLICABLES EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REVOCACIÓN DE PERMISOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS.

Hechos: Una persona moral promovió juicio de amparo indirecto contra la Secretaría de Energía y otras autoridades, en el que cuestionó la constitucionalidad de los artículos 55, fracción I, inciso b), y 56 de la Ley de Hidrocarburos, así como 18 y 19 del Acuerdo por el que se Establece la Clasificación y Codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya Importación y Exportación está Sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía, aplicados en procedimientos de revocación de permisos de importación de petrolíferos.

La parte quejosa alegó violación al debido proceso y a la presunción de inocencia, pues la autoridad asumió simultáneamente las funciones de acusadora, investigadora y resolutora, lo que vulneró el principio de separación de funciones e imparcialidad. El Juzgado de Distrito negó el amparo al considerar que la Ley de Hidrocarburos delimitaba claramente las conductas, consecuencias jurídicas y atribuciones de las autoridades competentes.

Las partes interpusieron recursos de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito se declaró incompetente y remitió los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el examen del tema de constitucionalidad.

Criterio jurídico: Los principios propios del derecho penal no resultan aplicables a los procedimientos administrativos de revocación de permisos en materia de hidrocarburos, ya que ésta no es una sanción derivada de la comisión de una infracción, sino una consecuencia jurídica asociada al incumplimiento de las obligaciones inherentes al permiso otorgado.

Justificación: El régimen de permisos en materia de hidrocarburos se encuentra regulado por el artículo 28, párrafo noveno, de la Constitución Federal. Los permisos constituyen actos administrativos mediante los cuales el Estado autoriza a los particulares para que realicen actividades en un sector de utilidad pública, sujetos a condiciones y obligaciones específicas. La revocación opera cuando el permisionario incumple dichas obligaciones y no tiene como finalidad sancionar una conducta ilícita, sino declarar la extinción del título de permiso por incumplimiento.

Este tipo de incumplimiento no constituye la comisión de una infracción administrativa prevista en una norma general, abstracta e impersonal, sino que se trata de un conjunto de derechos y obligaciones que se otorgan al permisionario a partir de que acepta las condiciones establecidas en dicho permiso.

Por esta razón, no resultan aplicables los principios del derecho penal ni los del derecho administrativo sancionador.

PLENO.