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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SON LEGALMENTE VÁLIDAS AUNQUE NO INDIQUEN EXPRESAMENTE SI EL ASUNTO SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD O POR MAYORÍA DE VOTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/2016. · Registro digital (IUS): 26383
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-06-24
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Pág. 1177.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 18 DE MAYO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los últimos dos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo del año citado, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios, sustentados por Tribunales Colegiados de distinto circuito, sin que resulte necesaria la intervención del Pleno dado el sentido de la presente resolución.

SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ese tribunal el que sustentó uno de los criterios presumiblemente discrepantes.

TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los que se denuncian como opositores y las consideraciones esenciales que los sustentan:

I. Del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo **********.

**********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistente en la sentencia de diez de julio de dos mil quince, dictada en el juicio de nulidad **********.

Habiendo correspondido el conocimiento de la demanda de amparo al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de cinco de febrero de dos mil dieciséis, dictó sentencia que concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso. Al efecto, en cuanto a lo que aquí interesa consideró lo siguiente:

"NOVENO.-Por cuestión de técnica jurídica en la estructura de las sentencias, se analizan los argumentos formulados por la parte quejosa en un orden distinto al en que fueron planteados.

"Por ser de estudio preferente, se analiza, en primer término, el tercer concepto de violación de la demanda de amparo, en el que el quejoso señala que la sentencia reclamada carece de plena eficacia jurídica, porque no contiene la manifestación expresa de si fue aprobada por unanimidad o por mayoría de votos, por tratarse de una formalidad que permite crear certeza sobre el sentido del fallo, invocando la tesis de rubro: ‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA SU PLENA EFICACIA JURÍDICA DEBEN CONTENER LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE SI FUERON APROBADAS POR UNANIMIDAD O POR MAYORÍA DE VOTOS.’

"Son infundados los argumentos anteriormente resumidos, de conformidad con las consideraciones siguientes:

"‘Artículo 49.’ (se transcribe)

"El precepto legal transcrito, en lo que al presente asunto interesa, establece que la sentencia que dicten las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados integrantes de la Sala, dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción en el juicio.

"También dispone que cuando la mayoría de los Magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el Magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

"Asimismo, se prevé si el proyecto no fue aceptado por los otros Magistrados del Pleno, sección o Sala, el Magistrado ponente o instructor engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá quedar como voto particular.

"Por su parte, el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dispone:

"‘Artículo 35.’ (se transcribe)

"El precepto legal transcrito, en lo que al presente asunto interesa, establece que para la validez de las sesiones de la Sala, será indispensable la presencia de los tres Magistrados y para resolver bastará mayoría de votos.

"De lo anteriormente expuesto, se desprende que no constituye un requisito de validez de las sentencias que dicten las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establezcan expresamente si se emiten por unanimidad de votos o por mayoría de votos.

"Ello es así, porque no existe precepto legal que disponga tal situación.

"Además, debe estimarse que cuando una sentencia se dicta por unanimidad de votos, resulta lógico considerar que los Magistrados que integran la Sala, firman como signo inequívoco de estar de acuerdo con el sentido de la resolución.

"En efecto, la firma autógrafa hace referencia al signo gráfico que una persona plasma en un documento con su puño y letra y que se relaciona con la identificación de la persona autora del documento de que se trate, así como con la exteriorización de su voluntad de aceptar lo que allí se manifiesta.

"Tratándose de las actuaciones judiciales, la firma constituye un elemento esencial de validez, cuyo objetivo es identificar al funcionario que las practica, a fin de asegurarse de que éste sea el legalmente facultado para actuar en tal sentido.

"Por ello, cuando una sentencia se dicta por unanimidad de votos, es que los Magistrados que integran la Sala, firman como signo inequívoco de estar de acuerdo con el sentido de la resolución.

"De manera que sólo en el caso de que la sentencia se dicte por mayoría de votos, es que nace la obligación para el Magistrado disidente de señalar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado.

"Por tanto, opuesto a lo estimado por el quejoso, la circunstancia de que la sentencia reclamada, no establezca expresamente que se dictó por unanimidad o por mayoría de votos, no la torna ilegal.

"Esto es así, porque como se ha demostrado, los artículos 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 21, 25 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no prevén como un requisito de validez de las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establezcan expresamente si se emiten por unanimidad de votos o por mayoría de votos.

"Sin que lo anterior, deje en estado de indefensión al solicitante del amparo, toda vez que la sentencia contiene la firma de las tres Magistradas que integran la Sala responsable, lo que significa inequívocamente que estuvieron de acuerdo con el sentido del fallo y no deja lugar a dudas de que se emitió por unanimidad de votos.

"Lo anterior adquiere mayor relevancia, si se toma en consideración que de haber existido disidencia por alguna de las Magistradas que integran la Sala, así se hubiera señalado en la propia sentencia reclamada, por así establecerlo el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Por las razones anteriores, no se comparte el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en la tesis XXVII.3o. J/17 (10a.), publicada en la página 2075, Libro 21, Tomo II, agosto de 2015, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente:

"‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PARA SU PLENA EFICACIA JURÍDICA DEBEN CONTENER LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE SI FUERON APROBADAS POR UNANIMIDAD O POR MAYORÍA DE VOTOS.’ (se transcribe)

"De ahí que este órgano jurisdiccional estime procedente que sea denunciada la contradicción de tesis respectiva. ..."

II. Del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el amparo directo ********** de su índice.

**********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil quince, en el juicio contencioso administrativo **********, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

Seguido el juicio en sus términos, dicho órgano dictó sentencia en sesión de catorce de mayo de dos mil quince, en que concedió la protección constitucional a la quejosa y en cuanto aquí interesa determinó lo siguiente:

"QUINTO.-Violaciones procesales.

"Conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once, y 174 de la Ley de Amparo, en el primer amparo directo, promovido por un justiciable con relación a un proceso ordinario, debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales planteadas y de aquellas que, en su caso, se adviertan en suplencia de la queja.

"Esos mismos preceptos establecen que las violaciones adjetivas no invocadas en el primer amparo directo ni en el amparo adhesivo, o no advertidas oficiosamente, tampoco podrán ser materia de estudio en los posteriores.

"Este amparo directo es el primero que se promueve con motivo del juicio de origen, por lo que en cumplimiento a las precitadas normas se señala lo siguiente:

"a) La sociedad quejosa no planteó conceptos de violación procesales.

"b) Es improcedente el análisis oficioso de transgresiones adjetivas, ya que en el caso no se actualiza alguna hipótesis de suplencia de la queja.

"Por tanto, se decreta que han quedado firmes e intocadas todas las cuestiones relativas al procedimiento del juicio contencioso administrativo de origen que pudieran perjudicar a las partes.

"Lo anterior implica que ninguna de las partes de dicho juicio podrá reclamar violaciones procesales en subsecuentes juicios de amparo relacionados con el presente asunto.

"SEXTO.-Análisis oficioso de la validez de la sentencia reclamada.

"No se analizarán los conceptos de violación propuestos por la sociedad quejosa, toda vez que este Tribunal Colegiado de Circuito, advierte oficiosamente que la sentencia reclamada contiene un vicio formal que amerita declararla inválida.

"Para justificar la anterior premisa es menester reproducir los artículos que rigen el dictado de las sentencias de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entre los que destacan el 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los diversos 31, 35 y 50, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del mencionado tribunal, los cuales disponen lo siguiente:

"Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"‘Artículo 49.’ (se transcribe)

"Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"‘Artículo 31.’ (se transcribe)

"‘Artículo 35.’ (se transcribe)

"‘Artículo 50.’ (se transcribe)

"De los preceptos legales transcritos, se advierten las siguientes notas referenciales en torno a las sentencias de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

"• Dentro de los diversos órganos jurisdiccionales con los que cuenta el mencionado tribunal, destacan las Salas Regionales que tienen jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, las cuales se integran por tres Magistrados cada una.

"• La validez de las sesiones de las Salas Regionales se encuentra condicionada a la presencia de sus tres Magistrados integrantes, y para resolver bastará mayoría de votos.

"• Las sentencias de las Salas Regionales, pueden pronunciarse por unanimidad o mayoría de votos de sus Magistrados integrantes, dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción en el juicio.

"• Cuando la mayoría de los Magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el Magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

"• Si el proyecto no es aceptado por los otros Magistrados de la Sala, el Magistrado ponente engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría y su proyecto original puede quedar como voto particular.

"• Los secretarios de Acuerdos de las Salas Regionales se encuentran facultados, entre otras cuestiones, para autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y del Pleno de la Sala Regional, así como para proyectar las sentencias y engrosarlas.

"De las anteriores notas se advierte que la legislación especial que rige la actuación de las Salas Regionales no contiene disposición alguna que establezca si las sentencias que dicten aquellos órganos colegiados deben ser firmadas o no por todos sus Magistrados integrantes, pues al respecto únicamente el artículo 50 de la ley orgánica en cita, establece la obligación de los secretarios de acuerdos de Sala Regional, de autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la propia Sala.

"Sin embargo, lo anterior no implica que los Magistrados de dichos órganos no deban firmar sus resoluciones, pues tal deber deriva de la aplicación supletoria del artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que las resoluciones de las mencionadas Salas Regionales, deben ser firmadas por los Magistrados que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario con quien actúen.

"Es importante significar que acorde con el marco legal referenciado los Magistrados de las Salas Regionales del referido tribunal, deben aprobar y firmar sus resoluciones por unanimidad o por mayoría de votos, con la posibilidad de que en este segundo supuesto el Magistrado disidente opte por emitir su voto particular.

"En el derecho procesal se denomina voto particular a la opinión divergente que emite uno de los integrantes de un tribunal u órgano colegiado con respecto a la decisión adoptada por la mayoría. El voto particular puede centrarse en la decisión final tomada (en cuyo caso se conoce como voto disidente o discrepante) o en la argumentación (en este supuesto, se denomina voto concurrente, pues el disconforme no coincide con la argumentación mayoritaria, pero sí con la decisión final adoptada).

"El voto particular se traduce en la opinión personal que emite el integrante de un órgano jurisdiccional colegiado, cuando no está de acuerdo con la decisión de la mayoría, y quiere dejar constancia por escrito de sus discrepancias y motivos, así como la solución alternativa que él habría adoptado.

"Al respecto, el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la posibilidad de formular voto particular razonado, cuando el Magistrado disidente no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, el cual debe presentar en un plazo que no exceda de diez días, o bien limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto aprobado; además, el propio normativo, también contempla la hipótesis de que si el proyecto presentado originalmente no es aceptado por los otros Magistrados de la Sala, el ponente lo deje como voto particular y engrose el fallo con los argumentos de la mayoría; sin embargo, la emisión de un voto particular en contra, presenta como condición previa el consenso sobre el proyecto de al menos la mayoría de los titulares.

"De acuerdo con tales reflexiones jurídicas, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que es requisito de validez de toda sentencia emitida por las Salas Regionales del tribunal en cita, contener expresamente la forma en que fue aprobada, esto es, si fue por unanimidad o por mayoría de votos.

"Lo anterior se afirma, pues si el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contempla dos alternativas para aprobar una sentencia, deviene imprescindible que en ésta se contenga la forma en que fue aprobada, es decir, que se señale expresamente si fue autorizada por unanimidad o por mayoría de los Magistrados que participaron en su votación, ya que sólo de esa manera se podrá dar cabal cumplimiento al mandato, previsto en dicho numeral y, por ende, se habrá satisfecho ese requisito de validez establecido para crear certeza jurídica, de modo que su ausencia implicará que la sentencia no deba surtir efecto jurídico alguno.

"La conclusión anterior, lleva a sostener que dicho requisito de validez no queda satisfecho cuando en la sentencia únicamente se plasmen los nombres y firmas de los Magistrados integrantes, sin especificar si su votación fue por unanimidad o por mayoría, pues de ese modo el fallo sólo revelará que fue aprobado, pero no la forma en que se hizo tal aprobación.

"De igual manera resultará inválida la sentencia que contenga el nombre y firma de los Magistrados integrantes y al margen de una de esas firmas se asienten expresiones como ‘en contra’, ‘disiente’, ‘con los puntos resolutivos’ o alguna similar que revele no estar a favor del fallo o de alguna de sus partes, pues además de que tales anotaciones por sí mismas resultan imprecisas cuando carecen de alguna aclaración que las respalde, incluso podrían no provenir del autor de la firma a la que se encuentren vinculadas, dado que cabría la posibilidad de que después de que los Magistrados votantes asienten su firma, alguna otra persona plasmara esas manifestaciones; de ahí que expresiones de ese tipo generen inseguridad jurídica para las partes, pues no habría certeza de que lo anotado provenga de la voluntad del Magistrado votante y, por ende, de la forma en que fue aprobada.

"Por lo anterior, es ineludible que las sentencias dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contengan expresamente si fueron aprobadas por unanimidad o por mayoría de votos, para que sólo de esa forma se cumpla el requisito de validez, previsto en el primer párrafo del artículo 49 de la ley en cita.

"Cabe precisar que cuando un fallo adolezca de dicho requisito de validez, oficiosamente podrá decretarse su nulidad, pues de lo contrario se estaría convalidando un vicio de origen; lo anterior, en similitud a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 147/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Sobre el tema que se analiza este Tribunal Colegiado de Circuito emitió la tesis XXVII.3o. J/17 (10a.), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título, subtítulo y texto siguientes:

"‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PARA SU VALIDEZ FORMAL ES REQUISITO QUE CONTENGAN LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE SI FUE APROBADA POR UNANIMIDAD O POR MAYORÍA DE VOTOS.’ (se transcribe)

"En el caso la sentencia recurrida, adolece del referido requisito de validez, pues no contiene la expresión de si fue aprobada por unanimidad o por mayoría de votos, además de que contiene una anotación marginal que genera ambigüedad. Al efecto se reproduce la imagen digital de la parte conducente de la sentencia:

"(Imagen).

"De la anterior imagen se aprecia que los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Caribe, responsable, emitieron su fallo sin indicar si lo aprobaron por unanimidad o por mayoría de votos. Más aún, al margen de una de esas firmas, aparece la expresión ‘con los puntos resolutivos’, lo que abona incertidumbre al denotar disconformidad con la parte considerativa, lo que implica que podría tratarse de un voto disidente, pero sin que eso quede claramente dilucidado, pues tal anotación no está respaldada con alguna aclaración conducente, aunado a que podría no provenir del suscriptor de la firma a la que está vinculada.

"Además, se aprecia que dos de los firmantes de la sentencia reclamada, actuaron como ‘Magistrado por ministerio de ley’ por ausencia temporal de los Magistrados titulares de la Sala Regional el Caribe, sin mencionar si son el primer secretario de Acuerdos de la ponencia del Magistrado que suplen ni quién los autorizó para suplir esa ausencia.

"Lo anterior es relevante, pues conforme las ausencias temporales de los Magistrados de Sala Regional, deben ser suplidas por el primer secretario de la ponencia del Magistrado ausente o por un Magistrado supernumerario, según sea el lapso de la ausencia. Así deriva del siguiente marco normativo:

"Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"‘Artículo 8.’ (se transcribe)

"‘Artículo 37.’ (se transcribe)

"‘Artículo 41.’ (se transcribe)

"‘Artículo 29.’ (se transcribe)

"‘Artículo 30.’ (se transcribe)

"‘Artículo 31.’ (se transcribe)

"‘Artículo 32.’ (se transcribe)

"Acorde con el texto legal reproducido, las ausencias de los Magistrados de las Salas Regionales se cubrirán de la siguiente manera:

"• Las faltas definitivas serán suplidas por un Magistrado supernumerario adscrito a la Junta de Gobierno y administración; y a falta de aquél, por el primer secretario del Magistrado ausente.

"• Las faltas temporales y las comisiones menores a un mes, serán suplidas por el primer secretario del Magistrado ausente.

"• Las faltas temporales y las comisiones mayores a un mes, serán cubiertas por un Magistrado supernumerario y a falta de éste por el primer secretario del Magistrado ausente.

"El Magistrado de cada ponencia de Sala Regional es el encargado de designar a su primer secretario de Acuerdos y de informar tal designación al presidente de dicho órgano.

"El presidente de la Sala Regional, tiene el deber de informar a la Junta de Gobierno y administración el nombramiento del primer secretario de acuerdos, hecho por cada Magistrado de la Sala Regional. Asimismo, dicho presidente tiene el deber de informar a ese órgano administrativo la ausencia de algún Magistrado y la designación del primer secretario de éste que habrá de suplir la ausencia temporal menor de un mes.

"La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es la encargada de nombrar al Magistrado supernumerario que habrá de suplir al Magistrado ausente de la Sala Regional o, ante la falta de aquél, al primer secretario del Magistrado ausente que habrá de cubrir la falta, cuando ésta es definitiva en tanto se nombra un nuevo Magistrado, o temporal mayor a un mes.

"Lo anterior se aprecia gráficamente de la siguiente manera:

"(Imagen).

"De las reflexiones jurídicas anteriores, este Tribunal Colegiado de Circuito, estima que será inválida una sentencia suscrita por un primer secretario de Magistrado ausente, sin que en ella se mencione quién lo autorizó, es decir, si fue nombrado por la Junta de Gobierno y Administración ante la falta de un Magistrado supernumerario (por falta definitiva o temporal mayor a un mes) o si fue designado por el Magistrado presidente de la Sala Regional (por falta temporal menor a un mes).

"Lo anterior no implica que sea indispensable precisar el acuerdo o el número de oficio por medio del cual fue autorizado, sino que es suficiente con hacer la mención de quién lo autorizó para desempeñar las funciones del Magistrado ausente, esto es, si fue el presidente de la Sala Regional ante una ausencia temporal menor a un mes, o por la Junta de Gobierno y Administración ante la falta de un Magistrado supernumerario en ausencias definitivas o temporales mayores a un mes.

"En el caso, la sentencia reclamada está suscrita por el Magistrado Alberto Romo García -quien fungió como presidente de la Sala Regional por ausencia del presidente electo-, junto con dos personas de nombres Pedro Alfredo Duarte Albarrán y por Rogelio Olvera Márquez, sin mencionar si ambos son el primer secretario del Magistrado que respectivamente suplen o si son Magistrados supernumerarios adscritos a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ni tampoco se indica quién los autorizó para suplir la ausencia del Magistrado titular, lo cual es relevante para crear seguridad jurídica, pues el desconocimiento de esos datos no permite constatar si en el caso concreto esa personas fueron debidamente autorizadas para desempeñar las funciones del Magistrado ausente.

"Es así, pues como se ha señalado en párrafos precedentes, el artículo 49 de la Ley Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, señala como requisito de validez de toda sentencia que ésta sea aprobada por los Magistrados integrantes de la Sala Regional, ya sea por unanimidad o por mayoría de votos, por lo que resulta necesario constatar si la sentencia fue legalmente aprobada por personas que tienen facultades legales para actuar en suplencia de los Magistrados ausentes, ya que de lo contrario se estaría en presencia de un documento que no tendría la calidad de sentencia por no reflejar la voluntad de las personas investidas de las facultades necesarias para emitir un fallo.

"Incluso es transcendente conocer esos datos, porque si ambas ausencias fueron menores a un mes y suplidas por el primer secretario de cada Magistrado ausente, entonces la autorización debió hacerla el Magistrado presidente y, en tal supuesto, la sentencia se habría aprobado por un Magistrado y dos secretarios de acuerdos de Sala Regional, lo cual no sería jurídicamente válido, ya que entonces en realidad, sólo estaría aprobada por un Magistrado y dos secretarios, con lo cual no quedaría satisfecho el requisito de validez, previsto en el referido artículo 49 de la Ley Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que exige que las sentencias sean aprobadas cuando menos por dos Magistrados.

"Lo anterior se asevera, pues como referencia analógica, cabe tener en cuenta el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se sustentó que es válido que un Tribunal Colegiado de Circuito se integre por un Magistrado titular y por dos secretarios en funciones de Magistrado, siempre que uno de aquéllos haya sido designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y otro por el Pleno del propio Tribunal Colegiado, porque el primero en realidad se convierte en un verdadero titular del órgano jurisdiccional con las facultades inherentes al cargo de Magistrado, mientras que el segundo no, por lo que en esos casos el tribunal sí se integra por dos Magistrados y un secretario.

"Por consiguiente, lo procedente es declarar la nulidad de la sentencia reclamada y ordenar que se subsanen los vicios formales advertidos, por lo que se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a la sociedad quejosa para los efectos que se señalan en el siguiente considerando.

"SÉPTIMO.-Efectos de la concesión de amparo y medidas para su cumplimiento.

"1. Efectos.

"En mérito de lo expuesto, y con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que la Sala responsable realice lo siguiente:

"a) Deje sin efectos la sentencia reclamada.

"b) Hecho lo anterior, dicte una nueva sentencia en la que deberá cumplir con la formalidad prevista en el artículo 49, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, consistente en asentar expresamente en la sentencia si ésta fue aprobada por unanimidad o por mayoría de votos. En este último supuesto, los Magistrados de la mayoría, deben estar de acuerdo tanto en la parte considerativa como en la resolutiva. Asimismo, en el caso de que alguno o algunos de los Magistrados titulares de la Sala Regional se encuentren ausentes, se deberá mencionar además del nombre de la persona que suple, si ésta es el primer secretario del Magistrado ausente o si es Magistrado supernumerario, y quién hizo la autorización para cubrir esa ausencia.

"2. Medidas para su cumplimiento.

"Toda vez que el presente asunto no es susceptible de ser recurrido en términos del artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo, se requiere a la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Cancún, Quintana Roo, para que en el plazo de tres días, contados, a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente ejecutoria, previsto en el artículo 192 de la Ley Amparo, dé cumplimiento a lo aquí ordenado, en el sentido de dejar insubsistente la sentencia reclamada y emitir una nueva en la que subsane el vicio formal referido.

"Lo anterior, ya que en el caso, la responsable no va a hacer un mayor estudio respecto a dejar insubsistente la sentencia reclamada y la elaboración de una nueva resolución en la que subsane el vicio formal destacado, lo que puede realizar dentro del lapso referido.

"Se hace el apercibimiento a dicha autoridad, que de no hacerlo así en el término establecido y/o sin causa legal justificada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, segundo párrafo, de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del numeral 258 del propio ordenamiento.

"Además, se seguirá el trámite que establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, el cual implica remitir los asuntos a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26383-8af65052/sentencias-de-las-salas-regionales-del-tribunal-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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