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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DICTADAS POR LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL REQUISITO DE VALIDEZ CONSISTENTE EN QUE LAS FIRMEN TODOS LOS MAGISTRADOS QUE LAS PRONUNCIEN SE COLMA, EN LOS CASOS EN QUE SE EMITAN POR MAYORÍA, CON LA FIRMA QUE CALZA EL VOTO PARTICULAR DEL DISIDENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 319/2011. · Registro digital (IUS): 23256
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO (ACTUAL CU
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Pág. 3113.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 319/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO (ACTUAL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON IGUAL RESIDENCIA). 5 DE OCTUBRE DE 2011. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: GABRIEL REGIS LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno, en la medida de que los criterios denunciados como discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que es del siguiente tenor:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

Se expone tal aserto, en virtud de que en la especie denuncian la presente contradicción de criterios los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que es el órgano judicial que emitió uno de los criterios en probable contienda; de ahí que es patente que tienen legitimación para actuar en el mencionado sentido.

TERCERO. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas:

I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver en sesión del dos de junio de dos mil once la revisión fiscal número 130/2011, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"... Consecuentemente, ante la inoperancia de los agravios expresados, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida.

"No es obstáculo a lo anterior, que en la última página de la sentencia recurrida de la cual se agrega copia certificada al toca, se advierte que están dos firmas de los Magistrados, la que corresponde a la secretaria de Acuerdos, un voto particular y debajo del mismo, la firma del restante Magistrado que integra la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Esto es así, porque con independencia del lugar en que se encuentren las firmas de los integrantes de la referida Sala, la sentencia se emitió por acuerdo de los mismos y de ello dio fe la Secretaria de Acuerdos adscrita.

"Bajo esa tesitura, la sentencia reclamada sí contiene la firma del Magistrado disidente, sin importar que además aparezca asentado su voto en contra, con lo cual debe entenderse que no comparte el criterio de la mayoría.

"Así es, la firma constituye el signo gráfico con base en el cual se otorga certeza y eficacia a un acto, en virtud de ser la forma como se exterioriza la participación de una persona en relación con el mismo, lo cual, en relación con una sentencia, será la expresión que permite asegurar que un sujeto determinado colaboró en la decisión ahí adoptada, sea en sentido afirmativo o negativo.

"Ante tal contexto, en el supuesto de no compartir lo resuelto en una sentencia, sea de forma total o porque sólo se acepte el sentido, el Magistrado correspondiente tendrá derecho de expresar sus consideraciones de disenso, las cuales se vierten mediante voto en contra o concurrente, según sea el caso.

"Por eso, si la firma en cuestión se plasmó en el mismo acto, en virtud de no haber motivo legal alguno con base en el cual se pudiese establecer la distinción o separación entre la sentencia y el aludido voto, entonces, se debe entender que tal firma en cuestión sí constituye la expresión de la voluntad del Magistrado disidente en cuanto a su participación en la sentencia y su disentimiento.

"Sobre el tema, el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver por mayoría de votos la revisión fiscal 195/2011 en sesión de tres de marzo de dos mil once (encontrado en la página del sistema integral de seguimiento a expedientes), consideró que:

"(se transcribe)

"Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196, fracción III, de la Ley de Amparo, denúnciese la posible contradicción de criterios.

"Por lo expuesto y fundado, se resuelve ...

II. El entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco (actual Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con idéntica sede), al resolver en sesión del tres de marzo de dos mil once la revisión fiscal 47/2011 (cuaderno auxiliar 195/2011), sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"... QUINTO. No se abordará el estudio de las consideraciones que sustentan el sentido de la resolución recurrida, ni de los agravios expresados para combatirla, toda vez que este Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar advierte de oficio que dicha sentencia carece de un requisito de validez para su pronunciamiento, consistente en la falta de la firma de uno de los Magistrados que participaron en su votación y discusión.

"Respecto de la facultad de este órgano jurisdiccional para abordar tal estudio de manera oficiosa, se cita, por analogía y por las razones que la informan, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 12/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página setecientos sesenta y cuatro, del Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa:

"‘SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN UNA CAUSA PENAL. LA FALTA DE FIRMA DEL JUEZ EN ELLA, CONDUCE A CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE SUBSANE TAL OMISIÓN, PUES ÉSTA IMPIDE CUALQUIER EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EMITIDA EN APELACIÓN (LEGISLACIONES APLICABLES DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y MICHOACÁN).’ (se transcribe texto).

"Establecido lo anterior, conviene tener presente que la sentencia que se reclama en esta instancia constitucional fue dictada por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Así, es preciso destacar que el dictado y la validez de las resoluciones pronunciadas por ese órgano colegiado se encuentran regulados en los artículos 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como en los diversos 31, 35 y 50, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en el 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación citada en primer término, como ésta lo previene en su 1o. numeral, los cuales disponen: (se transcribe texto).

"La correcta intelección de las disposiciones legales previamente transcritas, permite advertir que las sentencias que dicten las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se pronunciarán por unanimidad o por mayoría de votos de los Magistrados, según sea el caso.

"Asimismo, lo referente a que dichas Salas serán integradas por tres Magistrados y que para la validez de su sesión será indispensable la presencia de todos los Magistrados.

"Igualmente, lo relativo a que el secretario de Acuerdos adscrito a las Salas tendrá, entre sus atribuciones, la de autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado Instructor y de la Sala Regional.

"De igual manera, se establece que cuando la mayoría de los Magistrados esté de acuerdo con el proyecto, el Magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado en un plazo que no excederá de diez días.

"De la misma manera, se contempla que si el proyecto no fuere aceptado por los otros Magistrados, el Magistrado ponente o instructor engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá quedar como voto particular.

"Por último, que las resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad y la determinación judicial, y se firmarán por el Juez, Magistrados o Ministros que las pronuncien, siendo autorizadas en todo caso, por el secretario.

"De lo anterior se sigue, que en términos de los dispositivos legales transcritos, constituye un requisito indispensable el que todas las resoluciones que se pronuncien por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentren autorizadas por los Magistrados que las pronuncien con su firma, así como la del secretario que corresponda.

"Conclusión que se corrobora si se toma en consideración que la propia Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sus artículos 27, fracción III, 30, fracción V, 47, fracción III y 48, fracción III, dispone expresamente que corresponde a los presidentes tanto de las secciones como al presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como al secretario general de acuerdos del tribunal y a los secretarios adjuntos de Acuerdos de las secciones, firmar los engroses de las resoluciones y a éstos últimos en unión de aquéllos autorizarlas, tal y como se pone de manifiesto enseguida. (se transcribe texto de los citados numerales).

"De lo que se sigue, indefectiblemente, que si la propia legislación en comento sólo hace alusión de manera expresa, en tratándose de las secciones y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quiénes corresponde firmar y autorizar los engroses de las resoluciones que dicten -lo que se traduce en quiénes deberán firmarlas para que se estime que son válidas- y no así cuando provienen de las Salas Regionales, es porque la intención del legislador fue que únicamente en el supuesto mencionado en primer término, esto es, que se trate de sentencias dictadas por el tribunal o las secciones, deberán firmarse por el presidente y el secretario respectivos.

"Empero, de no ser así, entonces se requerirá de la firma de todos los Magistrados integrantes de la Sala Regional y su secretario de Acuerdos.

"En el caso concreto, el examen visual de la sentencia reclamada en el presente juicio constitucional, cuya parte conducente se digitaliza a continuación, revela la siguiente votación de la sentencia impugnada (folio 123 vuelta del juicio de nulidad):

Ver votación de la sentencia impugnada

"Sin embargo, del propio documento se advierte que el fallo reclamado contiene tan sólo tres firmas, en la parte de la votación de la sentencia, debiendo tener plasmadas un total de cuatro, dado que fueron tres Magistrados quienes la votaron y el secretario de Acuerdos quien autorizó y dio fe de lo resuelto.

"Luego, del contenido de dicha resolución se pone de manifiesto que la firma faltante en el engrose de ésta es del Magistrado quien votó en contra y coadyuvó en la elaboración del voto particular.

"En esas condiciones, es evidente que la responsable no procedió conforme a lo dispuesto en los invocados artículos 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como en los diversos 31, 35 y 50, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en el 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento, pues la sentencia no se encuentra autorizada con la firma de todos y cada uno de los Magistrados que la votaron y participaron en su discusión, y con esa sola razón basta para considerar que la sentencia reclamada carece de validez.

"Bajo el marco trazado, la invalidez de la sentencia reclamada se erige en violación a las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, lo cual origina además, que dicha resolución no surta efecto jurídico alguno e impida el análisis de los conceptos de violación que se aducen con relación a las consideraciones que sustentan la misma.

"En ese sentido, por analogía y por las razones que la informan, cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 147/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 542, del Tomo XXVI, agosto de dos mil siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra señala:

"‘LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA.’ (se transcribe texto).

"No obsta para arribar a la anterior determinación, el hecho de que el Magistrado Salvador Rivas Gudiño, cuya firma hace falta en la sentencia reclamada, haya formulado voto particular razonado e incluso lo haya firmado, pues dicho voto particular no forma parte de la sentencia.

"En efecto, el voto particular de un Magistrado refleja sus consideraciones personales en relación con el criterio de la mayoría, empero, de ninguna manera forma parte del fallo reclamado, ya que éste es determinado, al igual que la parte considerativa, por la decisión mayoritaria de los Magistrados integrantes de la Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; cuestión que se corrobora con el hecho de que el voto razonado se engrosa en forma posterior a la sentencia y a la declaración de votación. De esa manera, el hecho de que el voto razonado se encuentre firmado por dicho Magistrado, no significa que haya autorizado la sentencia impugnada, por lo que era menester que su signatura se hubiera plasmado en el acto reclamado.

"Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J.97/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece visible en la página 286, del Tomo XXII, agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que menciona:

"‘VOTO PARTICULAR DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO. NO FORMA PARTE DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE UNA SENTENCIA.’ (se transcribe texto).

"Aunado a que el hecho de que el voto particular formulado y, por ende, la firma del Magistrado disidente, obren en la misma foja que los puntos resolutivos de la sentencia y las firmas de los dos Magistrados restantes y del secretario de Acuerdos, no es óbice para concluir en los términos indicados.

"Se dice que no obsta, habida cuenta que, tal y como se aprecia de la sentencia reclamada, la firma plasmada por el Magistrado Salvador Rivas Gudiño -se insiste, disidente- corresponde a su voto particular, pues incluso, obra al finalizar el texto de éste.

"Apoya lo anterior, la tesis aislada III.2o.A.Aux. 26 A aprobada por este Tribunal Colegiado Auxiliar en sesión de nueve de diciembre de dos mil diez, la cual se encuentra pendiente de publicación, que lleva por rubro y texto:

"‘SENTENCIA. SIN LA FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UNA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA O DE SU SECRETARIO DE ACUERDOS, CARECE DE VALIDEZ.’ (se transcribe texto).

"Similar criterio adoptó este Tribunal Colegiado Auxiliar al fallar el amparo directo 40/2011 y revisión fiscal 87/2011.

"Adicionalmente, se estima importante reiterar el impedimento técnico que este órgano jurisdiccional tiene para realizar el estudio de los agravios que la parte recurrente propuso. Lo anterior, pues aún siendo claro el deber que este Tribunal Colegiado Auxiliar tiene de resolver los asuntos sujetos a su potestad pretendiendo una solución de fondo, sin embargo, es su obligación también el verificar que estén dadas las condiciones adecuadas para que dicho estudio sea procedente y el mismo tenga plena eficacia, las que no se logran en este caso en el que la falta de firma acarrea la inexistencia de la sentencia recurrida.

"En las relatadas condiciones, lo que se impone es revocar la resolución recurrida, para el efecto de que la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emita una nueva determinación, en la que subsane la deficiencia precisada en esta ejecutoria. ..."

CUARTO. En principio, es menester destacar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar en la jurisprudencia P./J. 72/2010 los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales. El citado criterio establece lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)

De la jurisprudencia preinserta se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En tal virtud, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis -mediante aclaraciones-, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

Sobre tales premisas, debe decirse que en la especie sí existe contradicción de tesis, ya que de las ejecutorias transcritas se evidencia que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco (actual Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con idéntica sede), examinaron una misma cuestión jurídica, consistente en determinar si el requisito de validez de firmar las sentencias dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando uno de sus Magistrados integrantes votó en contra del criterio de la mayoría, puede colmarse o no con la que estampe en el voto que al respecto elabore, y al efecto sustentaron criterios divergentes.

Lo anterior es así, en virtud de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito determinó que con independencia del lugar en que se encuentre la firma del Magistrado disidente de la Sala Regional, al final de los puntos resolutivos o después de un voto particular, lo cierto es que aclaró que la sentencia se emitió por acuerdo de sus tres integrantes y que la Secretaria de Acuerdos adscrita dio fe de tal circunstancia, por lo que concluyó que la sentencia reclamada en su asunto sí contiene la firma del Magistrado disconforme al haberla plasmado en el voto en contra que formuló, pues sostuvo que con éste debe entenderse que no comparte el criterio de la mayoría, dado que esa firma constituye el signo gráfico que permite asegurar que colaboró en la decisión adoptada en la sentencia aunque sea en sentido negativo, habida cuenta que adujo, no existe motivo legal alguno con base en el cual se pudiese establecer la distinción o separación entre la sentencia y el voto particular.

Por su parte, el entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco (actual Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con idéntica sede), determinó que la sentencia reclamada en su asunto carece de un requisito de validez, consistente en la falta de la firma de uno de los Magistrados que participaron en su votación y discusión, pues sostuvo que del propio documento se advierte que el fallo reclamado contiene tan sólo tres firmas, en la parte de la votación de la sentencia, debiendo tener plasmadas un total de cuatro, dado que fueron tres Magistrados quienes la votaron y el secretario de Acuerdos quien autorizó y dio fe de lo resuelto, y que la firma faltante en el engrose es la del Magistrado que votó en contra.

Lo anterior, en virtud de que el mencionado órgano judicial señaló que de conformidad con los artículos 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 31, 35 y 50, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación citada en primer término, según lo previene ésta en su numeral 1o., constituye un requisito indispensable el que todas las resoluciones que se pronuncien por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentren autorizadas con la firma de los Magistrados que las integran, así como la del secretario que corresponda, habida cuenta que la citada ley orgánica en sus artículos 27, fracción III, 30, fracción V, 47, fracción III y 48, fracción III, dispone expresamente que corresponde a los presidentes tanto de las secciones como al presidente del aludido tribunal, así como al secretario general de Acuerdos y a los secretarios adjuntos de Acuerdos de las secciones, firmar los engroses de las resoluciones y a estos últimos en unión de aquéllos autorizarlas, pero que esta disposición no es aplicable a las Salas Regionales por no haber sido esa la intención del legislador.

Por tal motivo, señaló que la invalidez de la sentencia reclamada por la falta de firma del Magistrado disidente se erige en violación a las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, lo cual adujo, origina además, que dicha resolución no surta efecto jurídico alguno e impida el análisis de los conceptos de violación que se aducen con relación a las consideraciones que la sustentan, precisando que no es óbice que aquél haya formulado voto particular razonado e incluso lo haya firmado, pues éste no forma parte de la sentencia al reflejar únicamente sus consideraciones personales en relación con el criterio de la mayoría, habida cuenta que el fallo reclamado es determinado por la decisión mayoritaria de los Magistrados integrantes de la Sala Regional, máxime que el aludido voto razonado se engrosa en forma posterior a la sentencia y a la declaración de votación; de ahí que la firma plasmada en dicho voto no significa que el disconforme haya autorizado la sentencia impugnada.

Sobre tales premisas, es patente que los Tribunales Colegiados contendientes examinaron un mismo punto jurídico y emitieron criterios divergentes, pues ambos se pronunciaron respecto de si la firma que obra en el voto particular del Magistrado disidente (al final del fallo respectivo y no después de los puntos resolutivos), puede colmar o no el requisito de validez relativo a que las sentencias que emitan las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentren firmadas por todos los Magistrados que las integran, y al efecto, uno consideró que sí se cumple dicho requisito por considerar que la firma plasmada en el aludido voto permite asegurar que el disconforme colaboró en la decisión adoptada en la sentencia aunque en sentido negativo; en tanto que el otro sostuvo lo contrario al señalar que el mencionado voto no forma parte de la sentencia al reflejar únicamente las consideraciones personales del discordante en relación con el criterio de la mayoría, y que la sentencia se rige únicamente por la decisión mayoritaria de los Magistrados integrantes de la Sala Regional, así como que el voto razonado se engrosa en forma posterior a la sentencia y a la declaración de votación; de ahí que es evidente que dichas posturas se contraponen.

De esa manera, la presente contradicción de tesis se centra en determinar si el requisito de validez de firmar las sentencias dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando uno de sus Magistrados integrantes votó en contra del criterio de la mayoría, puede colmarse o no con la que estampe en el voto que al respecto elabore.

QUINTO. En primer lugar, se estima necesario precisar que la firma autógrafa hace referencia al signo gráfico que una persona plasma en un documento con su propio puño y letra.

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española precisa que es el nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido.

En la Enciclopedia Jurídica Mexicana, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se conceptúa a la firma como el nombre y apellido (o apellidos) que una persona pone, con rúbrica o sin ella, al pie de un escrito como señal de autenticidad.

Los juristas Planiol y Ripert definen a la firma como una inscripción manuscrita que indica el nombre de una persona que entiende hacer suyas las declaraciones del acto.

De lo expuesto se pone de manifiesto que la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23256-919361fd/sentencias-dictadas-por-las-salas-regionales-del-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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