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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DICTADAS POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (A TRAVÉS DE SUS SECCIONES O EN PLENO). PARA SU VALIDEZ ÚNICAMENTE REQUIEREN QUE LOS ENGROSES SEAN AUTORIZADOS Y FIRMADOS POR LOS PRESIDENTES CORRESPONDIENTES Y POR LOS SECRETARIOS RESPECTIVOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 183/2015. · Registro digital (IUS): 25994
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, ACTUAL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN,
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II , Pág. 1188.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 183/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, ACTUAL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMO PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, ASÍ COMO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO, OCTAVO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO SEXTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigentes estos últimos a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del veintidós siguiente; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de Circuito.

Conviene precisar que, si bien en la especie cobraría aplicación la jurisprudencia «2a./J. 3/2015 (10a.)», de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."; esta Segunda Sala determina que el presente asunto reviste características excepcionales para ser resuelto de inmediato, en virtud de que la falta de resolución del tema en contradicción propicia la posibilidad de que un gran número de resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sean declaradas inválidas por la falta de firma de la totalidad de los Magistrados integrantes de sus secciones respectivas, aunado a la circunstancia de que nada impide que este Alto Tribunal atraiga el conocimiento de este tipo de contradicciones de tesis, en aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Federal, dada la importancia que significa para el orden jurídico nacional la certeza de la forma en la que deben dictarse las resoluciones del referido tribunal especializado.

SEGUNDO.-La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en representación de la autoridad responsable de diversas instancias, en términos de lo dispuesto en los artículos 27, fracción X, de la Ley Orgánica del citado tribunal, 226, fracción III, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo y la formulada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor.

TERCERO.-El Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al resolver la revisión fiscal 56/2015, y el amparo directo 484/2014, en la parte que interesa, sustancialmente, sostuvo lo siguiente:

• Que la sentencia reclamada carece de los requisitos de validez, ya que siguiendo los lineamientos establecidos en la jurisprudencia «2a./J. 151/2013 (10a.)», de voz: "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.", sustituida por la diversa 2a./J. 62/2014 (10a.), de rubro: "JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.), DE RUBRO: ‘ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYEN UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.’ ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN."; la resolución reclamada no contiene las firmas de todos los Magistrados que intervinieron en la decisión, pues sólo aparecían tres: la del Magistrado ponente, la del Magistrado presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la del secretario adjunto de Acuerdos adscrito, siendo que la sentencia fue aprobada por los cinco Magistrados integrantes de la Segunda Sección, lo que hace que se produzca la invalidez de dicha resolución.

• Añade el Tribunal Colegiado de Circuito, que el engrose fue elaborado con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal de referencia, firmado únicamente por la Magistrada ponente, el Magistrado presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del tribunal en cita, ante el secretario adjunto de Acuerdos adscrito; sin embargo, ello no subsana la omisión, pues si bien del contenido de los artículos 25, 27, fracción III, y 48 de la citada ley orgánica que rige la actuación de las secciones de la Sala Superior de dicho tribunal, no contienen disposición alguna que establezca si las sentencias que dicten aquellos órganos deben ser firmadas por todos los Magistrados integrantes, lo cierto es que del artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se advierte que las resoluciones deben firmarse por todos los Magistrados que las pronuncien, siendo autorizadas por el aludido Secretario.

CUARTO.-El Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el veinticinco de noviembre de dos mil diez, el amparo directo 874/2010, sostuvo, esencialmente, lo siguiente:

• Advirtió de manera oficiosa que la sentencia reclamada, dictada por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de un requisito de validez para su pronunciamiento, consistente en la falta de firma de uno de los Magistrados que participaron en su votación y discusión, apoyándose para ello en la jurisprudencia «1a./J. 12/2010», de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN UNA CAUSA PENAL. LA FALTA DE FIRMA DEL JUEZ EN ELLA, CONDUCE A CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE SUBSANE TAL OMISIÓN, PUES ÉSTA IMPIDE CUALQUIER EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EMITIDA EN APELACIÓN (LEGISLACIONES APLICABLES EN LOS ESTADOS DE GUERRERO Y MICHOACÁN)."

Lo anterior, porque la resolución reclamada se encuentra regulada en los artículos 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 31, 35 y 50, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de los que se advierte que las sentencias dictadas por las Salas Regionales del citado tribunal, se pronunciarán por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados para cuya validez es indispensable la presencia de estos últimos.

• Añade el Tribunal Colegiado de Circuito, que el secretario de Acuerdos adscrito a las Salas, tiene entre sus atribuciones, la de autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la Sala Regional.

Asimismo, el secretario de Acuerdos, adscrito a las Salas tendrá, entre sus atribuciones, la de autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la Sala Regional.

• De igual manera, se establece que cuando la mayoría de los Magistrados esté de acuerdo con el proyecto, el Magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado, en un plazo que no excederá de diez días.

• De la misma manera, se considera que si el proyecto no fuere aceptado por los otros Magistrados, el Magistrado ponente o instructor engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto podrá quedar como voto particular.

• Por último, que las resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación judicial, y se firmarán por el Juez, Magistrados o Ministros que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario.

• De lo anterior se sigue que, en términos de los preceptos citados, es un requisito indispensable el que todas las resoluciones que se pronuncien por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se encuentren autorizadas por los Magistrados que las pronuncien, con su firma, así como la del secretario que corresponda.

• Conclusión que se corrobora, si se toma en consideración que la propia Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sus artículos 27, fracción III, 30, fracción V, 47, fracción III, y 48, fracción III, dispone expresamente que corresponde a los presidentes tanto de las secciones como al presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; así como al secretario general de Acuerdos del tribunal y a los secretarios adjuntos de las secciones, firmar los engroses de las resoluciones y a estos últimos en unión de aquéllos autorizarlas, tal y como se pone de manifiesto enseguida.

• En tanto que los artículos 37 y 50 de la misma legislación orgánica, que prevén las facultades del presidente y secretario de Acuerdos de las Salas Regionales, respectivamente, no establecen la obligación de su firma en el engrose y para su autorización.

• De ahí que el Tribunal Colegiado de Circuito concluyera que, si la legislación en comento sí hace alusión expresa tratándose de las secciones (de la Sala Superior) del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quienes corresponde firmar y autorizar los engroses de las resoluciones que dicten -lo que se traduce en quienes deberán firmarlas para que se estime que son válidas- y no así cuando provienen de las Salas Regionales, es porque la intención del legislador fue que únicamente en el supuesto mencionado en primer término, esto es, que se trate de sentencias dictadas por las secciones, deberán firmarse por el presidente y el secretario respectivos.

Empero, de no ser así, entonces se requerirá de la firma de todos los Magistrados integrantes de la Sala Regional y su secretario de Acuerdos.

• Añade el Tribunal Colegiado de Circuito que en el caso, se advierte que la sentencia fue resuelta por mayoría de votos de los Magistrados con voto en contra de otro Magistrado y ante la secretaria de Acuerdos quien autorizó y dio fe, sólo que el fallo reclamado contiene tres firmas, debiendo ser cuatro, en tanto que tres Magistrados votaron y la secretaria de Acuerdos autorizó y dio fe de lo resuelto, de modo que faltó la firma del Magistrado que votó en contra en el engrose y formuló su voto particular.

Por tanto, al contravenir la resolución los preceptos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como los diversos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y del Código Fiscal de la Federación, antes reseñados, al no encontrarse la sentencia firmada por los que la votaron y participaron de su discusión carece de validez, sin que al efecto fuera obstáculo que el Magistrado que votó en contra haya firmado su voto particular, pues éste no forma parte de la sentencia, aun cuando el voto particular y, por ende, la firma del disidente, obren en la misma foja de los puntos resolutivos de la sentencia y las firmas de los dos Magistrados restantes y de la secretaria de Acuerdos, pues la firma plasmada corresponde a su voto particular.

De ahí que el Tribunal Colegiado de Circuito otorgara el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que se subsanara la deficiencia precisada.

Del citado criterio derivó la tesis que enseguida se reproduce:

"SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECEN DE VALIDEZ SI NO ESTÁN FIRMADAS POR LOS MAGISTRADOS QUE LAS PRONUNCIEN Y AUTORIZADAS POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS CORRESPONDIENTE.-En términos de los artículos 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 31, 35 y 50, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación citada en primer término, atento a su numeral 1o., las resoluciones que pronuncien las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deben estar firmadas por los Magistrados que las pronuncien y autorizadas por el secretario de Acuerdos correspondiente pues, de lo contrario, carecen de validez. Sin que obste a lo anterior el hecho de que uno de los Magistrados haya formulado y signado su voto particular, pues éste sólo refleja sus consideraciones personales en relación con el criterio de la mayoría, pero no forma parte de la sentencia, la que está determinada, al igual que su parte considerativa, por la decisión mayoritaria." (Novena Época. Registro digital: 162466. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis: aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, marzo de 2011, materia administrativa, tesis III.2o.T.Aux.26 A, página 2459)

QUINTO.-En la denuncia de la contradicción de tesis del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estableció que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en apoyo de los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Décimo Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Octavo, Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Sexto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 505/2014 y 286/2014, así como los diversos 762/2014, 7/2014, 648/2014, 258/2014, 403/2014, 1117/2013 y 594/2014, al abordar el examen de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo directo y al haber entrado al estudio del fondo del asunto, analizaron una sentencia dictada por un órgano colegiado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que no constan las firmas autógrafas de todos los Magistrados que intervinieron en el dictado de aquélla, como lo manifestó el presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la denuncia que dio lugar a la diversa 166/2015, del índice de este Alto Tribunal, de donde se advierte el criterio implícito, consistente en que son válidas y legales las sentencias dictadas por los órganos colegiados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando no estén firmadas por la totalidad de los Magistrados que intervinieron en su dictado.

SEXTO.-Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.

Al respecto, de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226 de la actual Ley de Amparo, se advierte que la figura de la contradicción de tesis se presenta cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno de la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho, y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que establezca la jurisprudencia que debe prevalecer y, dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (No. Registro digital: 164120, jurisprudencia, materia común, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7)

En la especie, del análisis de las referidas ejecutorias se advierte que no existe la contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, así como del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, en apoyo de los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Décimo Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Octavo, Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Sexto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito; en contra del criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco.

En efecto, si bien los Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron en torno de la validez y legalidad de las sentencias dictadas por órganos colegiados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando no están firmados por la totalidad de los Magistrados que en ellas intervinieron, lo cierto es que examinaron elementos diferentes.

En efecto, el entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, actual Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito sostuvo que no es válida la sentencia emitida por la Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al no estar firmada por todos los Magistrados que intervinieron en la resolución del asunto; basándose para ello, en lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, 30, fracción V, 47, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para concluir que la responsable no procedió conforme a lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como los diversos 31, 35 y 50, fracción II, de la ley orgánica citada, y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, vigentes en noviembre de dos mil diez.

Esto es, el referido Tribunal Colegiado de Circuito se basó, fundamentalmente, para emitir su resolución en disposiciones que rigen a los órganos colegiados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, determinando que tratándose de las sentencias de las Salas Regionales deben estar firmadas por la totalidad de los Magistrados que las emitieron.

En cambio, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, en apoyo de los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Décimo Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Octavo, Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Sexto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito determinaron de manera implícita, que son válidas y legales las sentencias emitidas por las correspondientes secciones de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando no estén firmadas por todos los Magistrados que intervinieron en la resolución del asunto.

Asimismo, el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de manera expresa determinó que no son válidas las resoluciones emitidas por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De ahí que la distinción de las normas que rigen las sentencias dictadas por las Salas Regionales y por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es relevante, en tanto que se rigen por supuestos diversos.

Así se ha considerado por esta Segunda Sala, al resolver el cinco de octubre de dos mil once, la contradicción de tesis 319/2011, sustentada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, por mayoría de votos de los Ministros José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, con voto en contra de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández, al sostener que de los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 31, 35 y 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigentes en dos mil catorce y dos mil quince, se advierten las siguientes notas referenciales en torno de las sentencias de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y que son del tenor siguiente:

"• Dentro de los diversos órganos jurisdiccionales con los que cuenta el mencionado tribunal, destacan las Salas Regionales que tienen jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, las cuales se integran por tres Magistrados cada una.

"• La validez de las sesiones de las Salas Regionales se encuentra condicionada a la presencia de sus tres Magistrados integrantes, y para resolver bastará mayoría de votos.

"• Las sentencias de las Salas Regionales pueden pronunciarse por unanimidad o mayoría de votos de sus Magistrados integrantes, dentro de los sesenta días siguientes a aquel en que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción en el juicio.

"• Cuando la mayoría de los Magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el Magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de diez días.

"• Si el proyecto no es aceptado por los otros Magistrados de la Sala, el Magistrado ponente engrosará el fallo con los argumentos de la mayoría y su proyecto original puede quedar como voto particular.

"• Los secretarios de Acuerdos de las Salas Regionales se encuentran facultados, entre otras cuestiones, para autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y del Pleno de la Sala Regional, así como para proyectar las sentencias y engrosarlas.

"De las anteriores notas se advierte que la legislación especial que rige la actuación de las Salas Regionales, esto es, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no contienen disposición alguna que establezca si las sentencias que dicten aquellos órganos colegiados deben ser firmadas o no por todos sus Magistrados integrantes, como sí sucede en el caso de las sentencias pronunciadas por la Sala Superior o por alguna de sus secciones, en las que los artículos 27, fracción III, 30, fracción V, 47, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establecen que corresponde a sus respectivos presidentes y secretarios de Acuerdos, firmar los engroses de las resoluciones y autorizarlas, pues al respecto únicamente el artículo 50 de la legislación citada en segundo término establece la obligación de los secretarios de Acuerdos de Sala Regional, de autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la propia Sala; por lo que debe acudirse a la anunciada supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, específicamente al artículo 219, por lo que las resoluciones de las mencionadas Salas Regionales deben firmarse por todos los Magistrados que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el aludido secretario."

Esto es, que la legislación que rige la actuación de las Salas Regionales, no contiene disposición expresa que establezca si las sentencias que dictan aquellos órganos colegiados deben ser firmadas o no por todos los Magistrados, como sí sucede en el caso de las sentencias pronunciadas por la Sala Superior o por alguna de sus secciones, de acuerdo con los artículos 27, fracción III, 30, fracción V, 47, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigentes en dos mil once, que establecen que corresponde a sus respectivos presidentes y secretarios de Acuerdos, firmar los engroses de las resoluciones y autorizarlas.

Por tanto, en el caso que se examina, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito analizaron elementos diferentes respecto de la cuestión jurídica propuesta relacionada con las firmas de las sentencias dictadas, en un caso, por una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, en los demás casos, los Tribunales Colegiados de Circuito examinaron tal aspecto en torno de las firmas de las sentencias dictadas por las secciones de la Sala Superior, basándose en normas diversas, y arribando a soluciones diferentes, lo que impide la contradicción de tesis denunciada.

Asimismo, cabe destacar que tampoco se da la contradicción de tesis con la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, el nueve de enero de dos mil catorce, el amparo directo 7/2014-45, toda vez que no se examinaron los mismos elementos, considerando que la resolución reclamada se dio en un expediente administrativo y se señalaron como autoridades responsables al director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública y otras, no así a los órganos colegiados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25994-58a795a4/sentencias-dictadas-por-la-sala-superior-del-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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