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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PARA SU VALIDEZ FORMAL ES INNECESARIO QUE LOS NOMBRES, APELLIDOS Y CARGOS DE QUIENES LAS SUSCRIBEN SE UBIQUEN AL PIE DEL DOCUMENTO, A DIFERENCIA DE LAS FIRMAS QUE SÍ DEBEN ENCONTRARSE EN ESTE ÚLTIMO APARTADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2014. · Registro digital (IUS): 25229
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-09-26
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTR
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, Pág. 770.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE JUNIO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de Circuito de diferente circuito en que la materia de los asuntos es de naturaleza administrativa, en cuyo conocimiento se encuentra especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, en atención a que fue formulada por la presidenta de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentó uno de los criterios discrepantes.

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el veintitrés de abril de dos mil catorce, el amparo directo **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. ... Cabe recordar que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de cinco de noviembre de dos mil trece, emitida por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del juicio de nulidad ... promovido por ... en contra del oficio ... de ocho de agosto de dos mil doce, por el que el administrador local de Servicios al Contribuyente de Guadalajara Sur, le determinó a la impetrante un crédito fiscal por la cantidad de **********.

"Asimismo, conviene establecer que la sentencia que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional se considera válida en la medida de que cumple lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... que dice: ‘ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.’ (se transcribe)

"Ello es así, pues si bien es cierto que al pie de dicho documento no obra el nombre de todos los integrantes de la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cierto es que en el proemio de la sentencia materia del presente juicio constitucional, se advierten los nombres y apellidos de los Magistrados que integran la Sala responsable, así como de su secretaria de Acuerdos.

"No siendo óbice a lo anterior que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia referida, se haya establecido:

"‘Así tenemos, que entre los requisitos que debe contener todo acto para que sea legal, se encuentra el de ostentar la firma autógrafa del funcionario que lo expide y conforme al Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo «firma» significa «nombre y apellido o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento»; de ahí que, por seguridad y certeza jurídica todo acto de molestia para ser legal y válido, deberá contener no sólo la firma autógrafa, sino también el nombre y apellido del funcionario público emisor.’

"Lo anterior es así, pues la intelección de dicha consideración no puede llegar al extremo de imponer que el nombre y la rúbrica de los funcionarios aparezcan necesariamente al pie del documento, ya que de la propia consideración se advierte que ésta impone que por seguridad y certeza jurídica todo acto de molestia para ser legal y válido, deberá contener no sólo la firma autógrafa, sino también el nombre y apellido del funcionario público emisor, sin especificar que ésta deba ser al pie del documento; lo cual es así, ya que la mención ‘pie del documento’ únicamente es lo definido por el Diccionario de la Real Academia Española, no así lo establecido por el Máximo Tribunal del País, por lo que considerar lo contrario, implicaría desconocer la totalidad del documento que refleja la decisión del órgano jurisdiccional.

"Máxime que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diverso criterio jurisprudencial, ha definido que por firma debe entenderse:

"‘En primer lugar, se estima necesario precisar que la firma autógrafa hace referencia al signo gráfico que una persona plasma en un documento con su propio puño y letra.

"‘Al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española precisa que es el nombre y apellido o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido.

"‘En la Enciclopedia Jurídica Mexicana, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se conceptúa a la firma como el nombre y apellido (o apellidos) que una persona pone, con rúbrica o sin ella, al pie de un escrito como señal de autenticidad.

"‘Los juristas Planiol y Ripert definen a la firma como una inscripción manuscrita que indica el nombre de una persona que entiende hacer suyas las declaraciones del acto.

"‘De lo expuesto se pone de manifiesto que la firma se relaciona con la identificación de la persona autora del documento de que se trate, así como con la exteriorización de su voluntad de aceptar lo que allí se manifiesta.

"‘Significativo resulta destacar que tratándose de las actuaciones judiciales, la firma constituye un elemento esencial de validez, cuyo objetivo es identificar al funcionario que las practica, a fin de asegurarse que éste sea el legalmente facultado para actuar en tal sentido.’

"Consideraciones que dieron sustento a la jurisprudencia 2a./J. 11/2011 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal ... que dice: ‘SENTENCIAS DICTADAS POR LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL REQUISITO DE VALIDEZ CONSISTENTE EN QUE LAS FIRMEN TODOS LOS MAGISTRADOS QUE LAS PRONUNCIEN SE COLMA, EN LOS CASOS EN QUE SE EMITAN POR MAYORÍA, CON LA FIRMA QUE CALZA EL VOTO PARTICULAR DEL DISIDENTE.’ (se transcribe).

"Así pues, en ningún momento el Alto Tribunal ha impuesto como una obligación para dar validez a los actos jurisdiccionales el que la firma (compuesta por nombre y rúbrica) deba aparecer al pie del documento; dado que cabe recordar que la firma constituye un elemento esencial de validez, cuyo objetivo es identificar al funcionario que las practica, a fin de asegurarse que éste sea el legalmente facultado para actuar en tal sentido; lo cual no se restringe cuando en el proemio del fallo aparece el nombre de los integrantes del órgano jurisdiccional y al pie del documento únicamente sus rúbricas.

"En ese orden de ideas, si bien es cierto que en la sentencia aquí reclamada al pie de la sentencia no aparece el nombre de todos los Magistrados que integran la sala responsable, pues solamente obran el nombre del ponente y de la secretaria de Acuerdos con cuatro rúbricas, también se advierte en el proemio del documento el nombre de los otros dos Magistrados restantes; razones por las cuales, se estima que el acto reclamado cumple con el requisito de validez impuesto en la jurisprudencia citada en primer término."

CUARTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo administrativo **********, el cuatro de abril de dos mil catorce, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. ... en el caso se advierte una irregularidad en la propia sentencia que impide pronunciarse sobre el fondo del juicio de amparo, en tanto que carece del nombre y apellidos de los Magistrados y del secretario de Acuerdos integrantes de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cual produce la invalidez del fallo reclamado por no existir certeza o autenticidad de la persona que suscribió dicho acto.

"Para evidenciar lo anterior, resulta de trascendencia tener presente el contenido de los siguientes preceptos legales: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Capítulo V. De las Salas Regionales. ‘Artículo 31.’ (se transcribe). ‘Artículo 35.’ (se transcribe). ‘Artículo 50.’ (se transcribe).

"Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Título I. Del juicio contencioso administrativo federal. Capítulo I. Disposiciones generales. ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). Capítulo VIII. De la sentencia. ‘Artículo 49.’ (se transcribe)

"Código Federal de Procedimientos Civiles. Título quinto. Capítulo único. Resoluciones judiciales. ‘Artículo 219.’ (se transcribe)

"De la lectura relacionada de los preceptos transcritos, se tiene que los juicios tramitados por la vía ordinaria serán resueltos por unanimidad o mayoría de votos de los tres Magistrados integrantes de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y autorizada por el secretario de Acuerdos de dicho tribunal.

"Además, atento a las formalidades y requisitos de validez de las resoluciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las sentencias, entre otros datos, deberán expresar el tribunal que las dicta y se firmarán por el Juez, Magistrados o Ministros que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario.

"En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 162/2013, en lo que a este asunto interesa, determinó que por seguridad y certeza jurídica todo acto de molestia para ser legal y válido, deberá contener no sólo la firma autógrafa, sino también el nombre y apellido del funcionario público emisor.

"Asimismo, el Alto Tribunal consideró que el principio de legalidad y seguridad jurídica que contiene el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que las actuaciones judiciales y las que provengan de autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, para que sean legales y válidas, además de contener la firma autógrafa deberán expresar el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe, ya que con el nombre se establece la identificación de quien la imprime y con la firma se prueba su voluntad, que es la misión fundamental de ésta, pues el ‘nombre’ es el signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales; de modo que, a juicio del Máximo Tribunal del País, ante la omisión del nombre y apellido del titular o de los integrantes del órgano jurisdiccional o del secretario que autoriza y da fe, no existe certeza de la autenticidad del acto procesal y será inválido.

"Aunado a lo anterior, el Máximo Tribunal del País sostiene que la falta del nombre del servidor público que actúa como titular o como integrante de un órgano jurisdiccional deja en estado de indefensión a las partes al no poder formular en un momento dado, recusación contra quien fungió con ese carácter, o bien, alegar que está impedido legalmente para intervenir en esas actuaciones. Las consideraciones que anteceden se advierten de la ejecutoria relativa, la cual es del tenor siguiente: (se transcribe).

"La ejecutoria de mérito, dio lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.’ (se transcribe).

"Así las cosas, es de indicar que en el caso se actualizan las hipótesis referidas en la jurisprudencia transcrita, de observancia obligatoria para este Tribunal Colegiado de Circuito, atento a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor.

"Por analogía, se cita la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... que establece: ‘JURISPRUDENCIA, OBLIGATORIEDAD DE LA.’ (se transcribe).

"A fin de evidenciarlo, es menester tener presente que de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo Federal, cuya sentencia se reclama en este juicio de amparo directo, se advierte que por escrito presentado el seis de julio de dos mil doce en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ... por propio derecho, demandó la nulidad del oficio número ... de dieciséis de abril de dos mil doce, emitido por la subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que determinó que no era procedente aumentar la cuota de pensión, debido a que los conceptos 39 Material didáctico, 44 Previsión social múltiple, CC Compensación temporal compactable, SC Servicios CO Curriculares, 41 Bono para pasajes y E2 Asignación pedagógica específica, son propios de los trabajadores que se encuentran en activo.

"De dicha demanda de nulidad correspondió conocer a la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ... Seguido el juicio en la vía ordinaria, el veintiocho de febrero de dos mil trece, se dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada.

"Inconforme con el fallo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión del cual conoció este tribunal, mismo que fue radicado bajo el número ... el cual fue resuelto en sesión de nueve de octubre de dos mil trece, en el que se declaró fundado el recurso, para el efecto de que la Sala dejara insubsistente y dictara una nueva atendiendo a los lineamientos expuestos en dicho fallo.

"En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el dieciocho de octubre de dos mil trece, dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.

"Sin embargo, al pie de la sentencia reclamada no aparece el nombre y apellidos de los Magistrados que integran dicha Sala, así como del secretario de Acuerdos de dicho tribunal, lo cual produce la invalidez del fallo reclamado por no existir certeza o autenticidad de las personas que suscribieron dicho acto.

"Esto es así, porque al pie de la sentencia se indica que así lo resolvieron y firman los Magistrados que integran la Sala mencionada, ante el secretario de Acuerdos que actúa y da fe, y aparecen cuatro firmas, como se advierte de la siguiente imagen: (se reproduce)

"La reproducción que antecede evidencia la falta de expresión del nombre y apellidos de los Magistrados y del secretario de Acuerdos que integran la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cual produce la invalidez del fallo reclamado, al considerarse esa formalidad un requisito esencial de validez de las actuaciones jurisdiccionales, en tanto que, como ha quedado evidenciado en párrafos precedentes, con el nombre se establece la identificación de quien firma, por lo que ante la omisión de los nombres y apellidos de los funcionarios señalados, no existe plena certeza de las personas que emitieron el fallo reclamado; lo cual incluso dejó en estado de indefensión a las partes, al no poder formular en un momento dado, recusación contra quien fungió con tal carácter, o bien, alegar que está impedido legalmente para intervenir en esas actuaciones.

"En ese sentido, este órgano colegiado se encuentra imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las consideraciones de la sentencia reclamada.

"No es óbice a lo anterior que en el proemio de la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil trece, se adviertan los nombres y apellidos de los Magistrados que integran la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como del secretario de Acuerdos, pues esos datos necesariamente deben aparecer al pie de la sentencia o acto reclamado para dar validez de todo el contenido del documento respectivo, pues es innegable que la firma (como signo distintivo), el nombre y apellidos, así como el cargo del funcionario, identifican y expresan la voluntad del sujeto del acto jurídico para suscribir el documento y aceptar las declaraciones ahí plasmadas.

"Lo anterior se afirma conforme lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.) que, en la parte que interesa, se advierte:

"‘Así tenemos, que entre los requisitos que debe contener todo acto para que sea legal, se encuentra el de ostentar la firma autógrafa del funcionario que lo expide, y conforme al Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo «firma» significa «nombre y apellido o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento»; de ahí que, por seguridad y certeza jurídica todo acto de molestia para ser legal y válido, deberá contener no sólo la firma autógrafa, sino también el nombre y apellido del funcionario público emisor.’

"Atento a lo anterior, lo procedente es otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para que se deje sin efecto la sentencia reclamada y se emita una nueva en la que al pie se establezcan los nombres y apellidos de los funcionarios, el cargo y la firma autógrafa respectiva."

QUINTO. En la especie, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.

Al respecto, cabe destacar que para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan: 1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y, 2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

En ese sentido se pronunció el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que a continuación se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Núm. Registro IUS: 164120, Novena Época, Pleno, jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7)

En la especie, de las consideraciones sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada.

En efecto, los Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre un mismo tema, es decir, sobre el requisito de validez de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando en el pie de éstas no aparezcan los nombres y apellidos de los Magistrados que integran la Sala del Tribunal, así como del secretario de Acuerdos, aunque sí se encuentran en el proemio del documento y su firma está estampada en el pie de aquél.

No obstante, aun cuando ambos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron respecto del citado tema, lo cierto es que adoptaron posiciones opuestas.

En efecto, en la sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al resolver el amparo directo **********, fundamentalmente sostuvo:

- El acto reclamado se hace consistir en la sentencia de cinco de noviembre de dos mil trece, emitida por una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un juicio de nulidad que determinó a la parte actora un crédito fiscal.

- El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la sentencia que constituía el acto reclamado cumple con la jurisprudencia de voz: "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUELLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA."; pues si bien al pie de la sentencia no obra el nombre de todos los integrantes de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cierto es que en el proemio de aquélla se advierten los nombres y apellidos de los Magistrados que integran dicha Sala y de la secretaria de Acuerdos, pues no se puede llegar al extremo de interpretar la citada jurisprudencia en el sentido de que el nombre y la rúbrica de los funcionarios deba aparecer en el pie del documento, ya que, como se advierte de las consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia, por seguridad y certeza jurídica, todo acto de molestia para ser legal y válido, deberá contener no sólo la firma autógrafa sino el nombre y apellido del funcionario emisor, sin que se especifique que debe estar al "pie del documento", en tanto que este aspecto tan sólo es una referencia del Diccionario de la Real Academia Española pues, estimar lo contrario, implicaría desconocer la totalidad del documento que refleja la decisión del órgano jurisdiccional.

- Lo anteriormente considerado coincide con la definición de "firma" hecha en la jurisprudencia de esta Segunda Sala, de voz: "SENTENCIAS DICTADAS POR LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL REQUISITO DE VALIDEZ CONSISTENTE EN QUE LAS FIRMEN TODOS LOS MAGISTRADOS QUE LAS PRONUNCIEN SE COLMA, EN LOS CASOS EN QUE SE EMITAN POR MAYORÍA, CON LA FIRMA QUE CALZA EL VOTO PARTICULAR DEL DISIDENTE."

- De ahí que el citado Tribunal Colegiado de Circuito concluyera que si bien en la sentencia reclamada no aparece el nombre de todos los Magistrados que integran la Sala, al obrar solamente los nombres del ponente y de la secretaria de Acuerdos con rúbricas y en el proemio aparece el nombre de los dos Magistrados restantes, tal documento cumple con el requisito de validez impuesto en la jurisprudencia de este Alto Tribunal.

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, sostuvo, esencialmente, lo siguiente:

- Advirtió que había una irregularidad en la sentencia de una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reclamada, que impedía el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, al carecer del nombre y apellidos de los Magistrados y del secretario de Acuerdos de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que produce la invalidez del fallo, al no existir certeza o autenticidad respecto de la persona que suscribió el acto.

- De lo dispuesto en los artículos 31, 35 y 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 1o. y 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 219 del Código Fiscal de la Federación, se advierte que los juicios tramitados en la vía ordinaria serían resueltos por unanimidad o mayoría de votos de los tres Magistrados integrantes de la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la sentencia sería autorizada por el secretario de Acuerdos de dicho tribunal.

- El artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en torno de las formalidades y requisitos de validez de las resoluciones jurisdiccionales, establece que las sentencias deberán expresar el tribunal que las dicta y se firmarán por el Juez, Magistrados o Ministros que los pronuncien, siendo autorizadas en todo caso, por el secretario.

- Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 162/2013, determinó que por seguridad y certeza jurídica, todo acto de molestia para ser legal y válido, deberá contener no sólo la firma autógrafa sino también el nombre y apellido de funcionario público emisor.

- Asimismo el Alto Tribunal estimó que los principios de legalidad y de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 constitucional, en su primer párrafo, implica que las actuaciones judiciales y las que provengan de autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, para que sean legales y válidas, además de contener la firma autógrafa, deberán expresar el cargo, nombre y apellido de los servidores que intervengan y del secretario que las autoriza y da fe, ya que con el nombre se establece la identificación de quien la impone y con la firma se prueba su voluntad, y que el nombre es el signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales, de modo que ante la omisión del nombre y apellido del titular o de los titulares integrantes del órgano jurisdiccional o del secretario que autoriza y da fe, no existe certeza sobre la autenticidad del acto procesal, será inválido y deja a las partes en estado de indefensión, al no poder formular en su caso, recusación contra quien fungió co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25229-51a5ba6c/sentencias-del-tribunal-federal-de-justicia-fiscal-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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