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JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL PUEDE CONSISTIR EN UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA O EN ALGUNO EMITIDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, RESPECTO DE LOS QUE PROCEDA AQUÉL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2012. · Registro digital (IUS): 24182
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RE
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Pág. 1123.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS. 17 DE OCTUBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, debido a que el tema a dilucidar corresponde a la materia administrativa.

Asimismo es importante indicar que si bien a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones, entre ellas, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponiéndose que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización; también lo es que en sesión de once de octubre de dos mil once, el Pleno de este Alto Tribunal determinó que la Suprema Corte es competente para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de diversos circuitos, sustentando al respecto la siguiente tesis:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Décima Época. Registro: 2000331. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012 (10a.), página 9)

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procuradora general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Como se ve, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Magistrados que integran el Tribunal Colegiado que sustentó el criterio que se denuncia como contradictorio. En el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región en Zacatecas, órgano jurisdiccional del que derivó una de las ejecutorias materia de la contradicción. Luego, es claro que está legitimado para formular la denuncia correspondiente.

TERCERO. Ejecutorias. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que se denunciaron como contradictorias.

Las consideraciones en las que se sustenta la resolución dictada el treinta de marzo de dos mil diez por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, son del tenor siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación que formula la quejosa ameritan el análisis siguiente:

"En el primero de ellos, como violación formal se aduce que la Sala responsable omitió pronunciarse sobre el correlativo agravio, referido a la afectación de su interés jurídico por la inmovilización del instrumento de medición **********, derivada de la vista (sic) verificación de 11 once de junio de 2009 dos mil nueve, que se impugnó junto con la norma general de naturaleza heteroaplicativa.

"En el segundo, que la responsable hizo una interpretación incorrecta del artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al relacionarlo con los diversos numerales 13, fracción I, inciso a) y 14 del mismo ordenamiento legal, pues sostiene, la Sala, que de su interpretación integral se advierte que sólo es procedente la impugnación de una norma general de carácter heteroaplicativa cuando el primer acto de aplicación sea una resolución definitiva, lo que en su opinión no es así porque no lo dice el primero de los preceptos, que más bien establece la procedencia del juicio contencioso a partir del primer acto de aplicación, sin otra condición; en tanto que el segundo de los numerales citados establece el término para la presentación de la demanda; y el último de ellos tampoco dispone como requisito que el acto de aplicación sea una resolución definitiva.

"No obstante que el primer concepto de violación se refiere a una violación formal, este tribunal en observancia del principio de mayor beneficio para la quejosa analizará enseguida el segundo de ellos, pues su alcance puede ser mayor en razón de que se vincula con el fondo de la cuestión debatida.

"Tiene aplicación la jurisprudencia 3/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el IUS con registro 179367, de rubro y texto siguientes:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe). Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que se comparte, publicada en la página 1533, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en el IUS con registro 178568, que dice:

"‘VIOLACIONES FORMALES Y DE FONDO EN EL AMPARO DIRECTO. DEBE PREFERIRSE EL ESTUDIO DE LAS SEGUNDAS, SIEMPRE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL CONOCIMIENTO, BAJO SU PRUDENTE ARBITRIO, TENGA ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ADVERTIR QUE CON ELLO SE DA UN MAYOR ALCANCE AL FALLO PROTECTOR, EN BENEFICIO DEL QUEJOSO.’ (se transcribe)

"Ahora, para el fin propuesto es necesario tener presente el texto, en lo que interesa, de los artículos 2o., 13, fracción I, inciso a) y 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es como sigue:

"‘Artículo 2o.’ (se transcribe)

"‘Artículo 13.’ (se transcribe)

"‘Artículo 14.’ (se transcribe)

"Pues bien, el primero de estos numerales, es en efecto el que señala la procedencia del juicio contencioso administrativo federal, en dos supuestos para los gobernados o administrados, a saber: uno, contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y dos, contra actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos de los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.

"Dichas hipótesis de procedencia no refieren característica alguna respecto del primer acto de aplicación para promover el juicio contencioso contra una norma de carácter general, como en el caso lo es la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005; de ahí que no pueda válidamente afirmarse que del texto de esta disposición se advierta que el referido acto de aplicación debe ser una resolución definitiva, toda vez que constituyen supuestos de procedencia independientes uno del otro.

"De igual modo, el numeral 13, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal, dispone que la demanda deberá presentarse por escrito dentro del término de cuarenta y cinco días; y para el caso de impugnarse una norma general simultáneamente con el primer acto de aplicación el referido plazo correrá a partir de que surta efecto la notificación del acto de que se trate; es claro que esta disposición tampoco determina la naturaleza del acto de aplicación para controvertir la norma general.

"Por último, el artículo 14 transcrito, en su primer párrafo, establece la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para lo cual, en sus fracciones I a la XV, hace un listado de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, las que no encuentran aplicación al caso que se examina por ser exclusivas de este tipo de resoluciones o actos.

"Y por separado, su penúltimo párrafo, expresamente dispone que dicho tribunal también conocerá de los juicios que se promuevan contra actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, bien sean de naturaleza autoaplicativas o bien heteroaplicativas, en cuyo supuesto se hará junto con el primer acto de aplicación, sin adjetivos.

"Es precisamente esta última hipótesis que permite establecer que la impugnación de una norma general de carácter heteroaplicativa cuando conjuntamente se impugna el primer acto de aplicación, no requiere que éste sea definitivo, pues como se ha dejado visto ninguna disposición de las citadas como fundamento de la resolución reclamada así lo establece, ni puede inferirse de su interpretación integral, porque con ello se estaría añadiendo a la norma un componente que no previó el legislador. Como en efecto se hizo, según se ve del capítulo respectivo de la demanda de nulidad, que dice: (se transcribe).

"Cabe concluir entonces que, a diferencia de lo considerado por la responsable, con fundamento en este segmento normativo, que prevé la impugnación de una norma general de carácter heteroaplicativa cuando se haga con motivo de su primer acto de aplicación, no se requiere que éste sea definitivo, por lo que en principio sería procedente el juicio que se promueva contra actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, a partir del primer acto de aplicación, sin otra condición.

"Atento a lo anterior, al resultar fundado el concepto de violación que se analiza y suficiente para conceder el amparo solicitado, es innecesario el estudio del diverso que refiere a una violación formal pues aun cuando fuera fundado, la concesión a decretarse reportaría mayor beneficio a los intereses de la quejosa por ser una cuestión de fondo.

"Tiene aplicación la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 107, página 85, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, y en el IUS con registro 917641, de rubro y texto siguientes:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe)

"Así como la tesis de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, publicada en la página 113, tomo 151-156, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, y en el IUS con registro 237681, cuyos rubro y texto dicen:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL ESTUDIO DE LOS QUE BASTAN PARA CONCEDER EL AMPARO ES SUFICIENTE PARA LA LEGALIDAD DE LA SENTENCIA.’ (se transcribe)

"Por tales consideraciones, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de la que (sic) responsable deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra en la que, conforme a los lineamientos contenidos en esta ejecutoria, estime fundados los agravios expresados para revocar el auto recurrido y ordene la admisión de la demanda de que se trata."

De dicha ejecutoria derivó la tesis que a continuación se transcribe:

"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DIVERSAS DE LOS REGLAMENTOS, CUANDO SE IMPUGNEN EN UNIÓN DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, AUNQUE ÉSTE NO SEA DEFINITIVO. El artículo 2o., segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la procedencia del juicio contencioso administrativo federal en dos supuestos: uno, contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y dos, contra actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos de los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, sin que refiera característica alguna respecto de ese primer acto de aplicación. En estas condiciones, no hay razón para exigir que el acto de aplicación de la norma deba ser una resolución definitiva, pues los señalados supuestos de procedencia son independientes entre sí, lo cual es acorde con el diverso precepto 14, penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que dispone expresamente que este órgano jurisdiccional conocerá también de los juicios que se promuevan contra actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos de los reglamentos, bien sean autoaplicativos o se controviertan con motivo de su primer acto de aplicación, sin precisar particularidad de éste. Por tanto, el mencionado juicio procede contra normas de carácter general diversas de los reglamentos, cuando se impugnen en unión de su primer acto de aplicación, aunque éste no sea definitivo. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, Tomo XXXII, julio de 2010, materia administrativa, tesis XIV.C.A.35 A, página 1985, número de registro IUS: 164307)

Por otra parte, las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región en Zacatecas, en el amparo en revisión administrativo **********, resuelto en sesión del doce de abril de dos mil doce, son del tenor siguiente:

"SÉPTIMO. Los conceptos de agravio propuestos, resultan parcialmente fundados y suficientes para revocar el fallo sujeto a revisión.

"En principio son inoperantes, sólo en ese aspecto, las alegaciones relativas a que el Juez a quo violenta las garantías individuales del quejoso, al externar consideraciones contrarias a derecho.

"Lo anterior, porque como en su actuación los Jueces de Distrito deben apegarse a las disposiciones de la Ley de Amparo, entonces en los agravios que se formulan en el recurso de revisión debe plantearse la transgresión a dichas normas y no a las garantías individuales, puesto que estas últimas constituyen la materia de fondo del juicio de amparo y no del aludido recurso.

"Es aplicable en este sentido, la tesis jurisprudencial del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro, texto y datos de identificación siguientes:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe)

"Ahora bien, de la lectura de la sentencia recurrida, se advierte que el Juez a quo negó el amparo solicitado, al estimar que el desechamiento parcial de la demanda de nulidad, respecto de los acuerdos de observancia general impugnados, no resulta violatorio de las garantías individuales del quejoso.

"Para resolver de esa forma, el referido juzgador se apoyó en la tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, intitulada: ‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DIVERSAS DE LOS REGLAMENTOS, CUANDO SE IMPUGNEN EN UNIÓN DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, AUNQUE ÉSTE NO SEA DEFINITIVO.’, con base en la cual determinó que el juicio contencioso administrativo procede contra normas de carácter general diversas de los reglamentos, cuando se impugnen en unión de su primer acto de aplicación, aunque éste no sea definitivo, ya que:

"a) El artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece la procedencia del juicio contencioso administrativo federal contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como en contra de actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos de los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación; pero que sin que ese numeral refiera característica alguna en cuanto a ese primer acto de aplicación; y,

"b) No hay razón para exigir que el acto de aplicación de la norma deba ser una resolución definitiva, ya que los señalados supuestos de procedencia son independientes entre sí, lo cual es acorde con el artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que dispone que ese órgano jurisdiccional conocerá también de los juicios que se promuevan contra decretos y acuerdos de carácter general, diversos de los reglamentos, bien sean como autoaplicativos o se controviertan con motivo de su primer acto de aplicación, sin precisar particularidad de éste.

"En contra de las anteriores consideraciones, el inconforme sostiene, en esencia, que en la sentencia recurrida no se hace una interpretación sistemática y armónica de los artículos 2o., 8 y 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ni del numeral 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los cuales exigen que los juicios que se promuevan ante ese tribunal versen sobre resoluciones definitivas, dentro de las cuales no se encuentra el oficio girado en su contra; e invoca, entre otras, la tesis de rubro: ‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN, YA QUE NO ES UN ACTO DEFINITIVO Y, POR TANTO, NO ES APTO PARA CONSIDERARLO EL PRIMERO DE APLICACIÓN QUE PERMITA LA IMPUGNACIÓN DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA.’

"Asimismo, el recurrente pide expresamente que, al momento de resolver, este órgano colegiado tenga en consideración la sentencia que fue dictada en el juicio de garantías tramitado en el expediente 212/2011 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el (sic) Morelia Michoacán, y de la que transcribe su parte considerativa.

"Atendiendo a la causa de pedir plasmada en ellas, las anteriores alegaciones se estiman esencialmente fundadas, para lo cual se toman en cuenta también las tesis y el precedente que invoca la parte disidente, conforme a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.’ (se transcribe)

"Como punto de partida, debe recordarse que durante el tiempo en que el juicio contencioso administrativo federal estuvo regulado por el Código Fiscal de la Federación, dicho medio de defensa resultaba improcedente contra ordenamientos, normas o instrucciones de carácter general o abstracto que no hubieran sido aplicados al promovente, pues así lo establecía en forma expresa el ahora derogado artículo 202, fracción IX, del referido ordenamiento.

"Ante lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la posibilidad de impugnar esa clase de normas en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero limitó dicho análisis a que sólo se hiciera desde el punto de vista de legalidad, confrontándola con una ley y no contra la Constitución; y, además, especificó que en la demanda no debía señalarse la norma administrativa como resolución impugnada, ni al órgano que la expidió como autoridad demandada. El anterior criterio quedó plasmado en la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que es del rubro, texto y datos de identificación siguientes:

"‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE PRONUNCIARSE SOBRE LOS VICIOS DE LEGALIDAD QUE EN LA DEMANDA RESPECTIVA SE ATRIBUYAN A LAS REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS APLICADAS EN PERJUICIO DEL ACTOR EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNADA EN FORMA DESTACADA.’ (se transcribe)

"Sin embargo, a través de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo el legislador federal estableció en su artículo 2o. que el juicio de nulidad procede ahora no sólo contra resoluciones administrativas definitivas sino, además ‘contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación’.

"Lo que significa que dichas normas administrativas sí pueden tener el carácter de actos impugnados y, además, son susceptibles de ser controvertidas por sí mismas, cuando son de carácter autoaplicativo, o bien en unión de su primer acto de aplicación.

"Ahora, el tema toral que constituye la materia del presente recurso, consiste en determinar si, como lo sostiene el quejoso, el primer acto de aplicación con motivo del cual se puede promover el juicio contencioso administrativo contra actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, requiere ser una resolución definitiva de las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal o Administrativa; o si, por lo contrario, para que proceda ese tipo de impugnación de normas generales, diversas a los reglamentos, no se requiere necesariamente que el acto de aplicación revista esa característica de definitividad, como lo establecieron tanto la autoridad responsable como el Juez a quo.

"Lo primero que debe tenerse en cuenta al respecto, es el contenido de los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los cuales señalan:

"‘Artículo 2o.’ (se transcribe)

"‘Artículo 14.’ (se transcribe)

"De una interpretación meramente literal de los citados preceptos, pudiera considerarse, como lo hace el Juez de Distrito, que el juicio contencioso administrativo federal procede en dos supuestos diversos y totalmente independientes entre sí: primero, contra resoluciones administrativas definitivas; y, segundo, contra actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o el interesado los controvierta en unión de su primer acto de aplicación.

"La conclusión del Juez de amparo parece descansar en el hecho de que el artículo 2o., párrafo segundo, de la aludida Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, utiliza entre ambos supuestos la palabra ‘asimismo’; mientras que el artículo 14, penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, después de referir la primera de las señaladas hipótesis, establece que el tribunal conocerá ‘además’ de los juicios promovidos contra esa clase de normas administrativas; lo que hace pensar que este último supuesto de procedencia es adicional y autónomo al primero.

"Sin embargo, la aludida interpretación literal sólo pudiera resultar admisible en aquellos casos (sin prejuzgar sobre ello, porque no nos encontramos en tal hipótesis), en que los actos administrativos, acuerdos y decretos de observancia general, son impugnados como autoaplicativos; ya que en tal hipótesis la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de éstos ciertamente es ajena o independiente a la que versa respecto de resoluciones de carácter definitivo.

"Pero no sucede lo mismo cuando esa clase de disposiciones, por ser heteroaplicativas, se impugnan en unión de su primer acto de aplicación; toda vez que entonces el tribunal no puede ni debe desvincular el estudio de la regla administrativa cuestionada del que concierne a su acto de aplicación.

"En efecto, el que el legislador federal haya establecido que los acuerdos o decretos de carácter general pueden impugnarse ‘en unión’ de su primer acto de aplicación, pone en evidencia que, en esa hipótesis, ambos actos deben considerarse ligados en forma indisoluble; de modo que el tribunal debe analizar, en principio, si el juicio resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, ya que de no ser así, se impondrá sobreseer no sólo respecto de éste sino también en cuanto a la norma administrativa o acto de carácter general.

"Lo que queda aún más de manifiesto, si se tiene en cuenta que, tratándose de normas o disposiciones de naturaleza heteroaplicativa, entendidas como aquellas que no vinculan al gobernado por su sola entrada en vigor, de acuerdo con la teoría que se ha desarrollado en el juicio de amparo contra leyes, su impugnación a través del juicio de anulación requiere de la existencia de un acto de aplicación, que no puede ser cualquiera sino sólo aquel que, por primera vez, actualice la hipótesis normativa en perjuicio del particular; razón por la cual se torna indispensable que el juicio proceda en contra del acto de aplicación, para que la Sala del conocimiento se encuentre en aptitud de abordar el análisis de la regla general administrativa cuestionada.

"Concluir de otra manera, como se hace en la sentencia recurrida, haría nugatorias las causales de improcedencia establecidas en el artículo 8o. de la multicitada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; ya que bastaría que la parte actora impugnara algún acto como el primero en el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24182-07588818/juicio-contencioso-administrativo-federal-el-primer-acto-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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