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Modo: Corpus Pro

DESISTIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO O DE NULIDAD. EL PROPUESTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO NO SURTE EFECTO ALGUNO EN EL PROPIO MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2018. · Registro digital (IUS): 27899
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-06-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo III, Pág. 1765.

DESISTIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO O DE NULIDAD. EL PROPUESTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO NO SURTE EFECTO ALGUNO EN EL PROPIO MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 17 DE ABRIL DE 2018. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA, GASPAR PAULÍN CARMONA, CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES Y ARMANDO CRUZ ESPINOSA. DISIDENTES: CARLOS RONZON SEVILLA, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN. PONENTE: SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA. SECRETARIA: EMILIA ATZIRI CARDOSO SANTIBAÑES.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de diecisiete de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por oficio 2456/2017-C, recibido el dos de enero de dos mil dieciocho, en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Poder Judicial de la Federación, los señores Magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunciaron la posible contradicción de los criterios sustentados entre ese tribunal, al resolver el amparo directo DA. 713/2016, y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 667/2016, en relación con el tema consistente en determinar si en el juicio de amparo directo procede el desistimiento que plantea la parte quejosa respecto del juicio de nulidad, origen de la sentencia reclamada.

SEGUNDO.—Mediante proveído de cinco de enero de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la contradicción de tesis, habiéndole correspondido el número PC01.I.A.02/2018.C; solicitó a las presidencias del Primer Tribunal Colegiado y Décimo Tribunal Colegiado, los dos, en Materia Administrativa del Primer Circuito, la remisión de los archivos digitales referentes a las ejecutorias dictadas en los amparos directos DA. 667/2016 y DA. 713/2016, respectivamente, a la cuenta de correo electrónico pleno1ctoadmin@correo.cjf.gob.mx, así como que rindieran informes en cuanto a la subsistencia de los criterios contenidos en esas ejecutorias o, en su caso, si habían sido superados o abandonados, a fin de integrar el expediente respectivo.

TERCERO.—Por acuerdo de nueve de enero de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió, al correo indicado, el archivo digital de la ejecutoria respectiva e informó que el criterio emitido en esa resolución, materia de la contradicción de tesis, continuaba vigente.

CUARTO.—Mediante oficio CCST-X-44-01-2018, de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó al secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito que de la consulta del Sistema de Seguimiento de Contradicciones de Tesis pendientes de resolver, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis, dictados por el Ministro presidente, en los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis con el tema a dilucidar: "DETERMINAR SI ES POSIBLE O NO, QUE LA PARTE QUEJOSA EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO SE DESISTA DEL JUICIO DE NULIDAD QUE DIO ORIGEN AL AMPARO EN EL QUE SE ACTÚA."

QUINTO.—Mediante acuerdo de uno de febrero de dos mil dieciocho, se turnó el asunto al Magistrado relator Salvador González Baltierra, integrante del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el dispositivo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO.—En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción denunciada, en virtud de constituir un presupuesto necesario para estar en posibilidad de determinar el criterio que sustentará este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, con carácter de jurisprudencia, conforme lo dispone el párrafo segundo del artículo 217 de la Ley de Amparo.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, a fin de decidir si existe contradicción de tesis, es necesario analizar si los tribunales contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas de los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada asunto no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo secundarias; lo anterior, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

El citado criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página siete, Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

De la jurisprudencia invocada se aprecia que para que exista contradicción es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, esto es, que exista discrepancia entre ellos, lo cual puede derivar de asuntos diferentes en sus cuestiones fácticas, aunque es necesario ponderar que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; por lo que debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifiquen la situación examinada por los órganos judiciales relativos.

Asimismo, en términos de la citada jurisprudencia, para que exista contradicción de criterios se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, cumplan con los siguientes supuestos:

1. Examinen hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Lleguen a conclusiones opuestas, respecto a la resolución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan los dos tópicos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales, en cuanto a las cuestiones fácticas que los comprendan; esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

Ahora bien, con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 667/2016, en sesión de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, determinó, por mayoría de votos: "ÚNICO.—Se dejan insubsistentes la sentencia ... y su aclaración de ... emitidas por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad ..."

Lo anterior, a fin de que la Sala responsable, en atención al desistimiento de la quejosa, de la acción del juicio de nulidad, ratificado ante el Tribunal Colegiado, decretara el sobreseimiento en el juicio de nulidad, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 9, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tal como se desprende de la transcripción siguiente:

DA. 667/2016

Sesión de catorce de diciembre de dos mil dieciséis

"QUINTO.—Resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, toda vez que existe la solicitud de la parte quejosa de desistir de la acción del juicio contencioso administrativo del que deriva la sentencia que se reclama, así como su aclaración, por lo que procede dejarlas insubsistentes, por las razones que se exponen a continuación.

"Una característica de los procedimientos jurisdiccionales es que se rigen bajo el principio de instancia de parte, que se traduce en que se requiere del ejercicio de la acción o la petición de la parte interesada para que los tribunales inicien un procedimiento.

"Con apoyo en este principio, subyace el diverso relativo en que ‘a nadie se le puede obligar a promover o proseguir una acción contra su voluntad’, salvo que la ley disponga lo contrario, ya que es un derecho de los gobernados instar a los órganos jurisdiccionales que se encuentran expeditos para impartir justicia y resolver las controversias que se susciten entre los particulares, o bien, de éstos con los entes del Estado.

"Una de las instituciones procesales que permiten a los particulares abandonar la acción para que no se continúe con los procedimientos jurisdiccionales iniciados es el ‘desistimiento’, que la doctrina ha definido como la renuncia al ejercicio de una acción, el abandono de una instancia o la reclamación de un derecho.

"En estos términos se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar que si el actor expresa su voluntad de renunciar al derecho de proseguir con un recurso o medio de defensa por medio del desistimiento, se le debe aceptar dicha pretensión, debido a que a nadie se le puede obligar a seguir una acción contra su voluntad, tal como se advierte de la tesis aislada sin número de registro (sic), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 135, cuyo contenido es:

"‘DESISTIMIENTO.—Es un principio de derecho, que salvo los casos en que la ley determine lo contrario, a nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, por lo que si el actor expresa su resolución de renunciar el derecho de proseguir un recurso, debe aceptarse esta renuncia.’

"El artículo 9o., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que el desistimiento por parte del demandante tiene como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de nulidad, como se muestra de su contenido:

"(se transcribe)

"Si bien la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, como legislación supletoria, no prevén cuál es el momento procesal para desistir de la acción, ciertamente ese vacío normativo debe integrarse a través de la aplicación de principios generales del derecho, tal como lo dispone el artículo 14 constitucional.

"Como se indicó, una de las características de los procedimientos jurisdiccionales es que se siguen a instancia de parte, y también se mencionó que el Alto Tribunal determinó que a ningún particular se le puede obligar a promover o proseguir con una acción en contra de su voluntad; en consecuencia, con apoyo en estos dos principios, debe considerarse que la oportunidad de los gobernados para desistir válidamente de una acción es en cualquier etapa del procedimiento, esto es, desde su inicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte, y el órgano jurisdiccional tiene el deber de pronunciarse al respecto.

"Lo anterior, a pesar de que se haya presentado una segunda instancia, recurso o medio de defensa contra la resolución, toda vez que el particular conserva el derecho de desistir en el momento que lo considere adecuado, con la limitante de que aquélla no cause ejecutoria y se convierta en cosa juzgada.

"En similares términos se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose del desistimiento de la acción de amparo, en la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, de rubro: ‘DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.’

"De las constancias del juicio de nulidad y del amparo se advierten los siguientes hechos:

"• El seis de octubre de dos mil quince, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia en el juicio de nulidad **********, en que reconoció la validez de la resolución administrativa a través de la cual, el administrador central de Fiscalización al Sector Financiero de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria determinó a cargo de la quejosa un crédito fiscal en cantidad de **********, por concepto de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, así como un reparto adicional de utilidades por el monto de **********, por el ejercicio fiscal de dos mil ocho.

"• Mediante escrito ingresado el uno de agosto de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, **********, en representación de **********, desistió de la acción del juicio de nulidad, por así convenir a los intereses de su representada, en los siguientes términos (fojas 1082 a 1092 del tomo II de los autos del juicio de nulidad):

"Por medio del presente escrito y por así convenir a los intereses de mi representada, vengo a desistirme de la acción intentada para combatir la resolución contenida en el oficio número **********, ante la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con lo siguiente:

"...

"En el caso a estudio, se considera que procede el desistimiento de la acción en virtud de que el juicio en que se actúa no ha causado ejecutoria, ya que se encuentra corriendo el plazo para que mi representada interponga (sic), en su caso, demanda de amparo directo en contra de la sentencia emitida por esa primera sección de ese H. Tribunal el 6 de octubre de 2015.

"• Con motivo de la solicitud de aclaración de sentencia promovida por la autoridad demandada, por escrito recibido el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, el representante de la parte quejosa reiteró su desistimiento de la acción, ocurso que fue remitido por la responsable a este Tribunal Colegiado para que proveyera lo conducente en relación con el juicio de amparo en que se actúa (fojas 152 a 158 de los autos del juicio de amparo).

"• El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, la responsable emitió resolución en que declaró improcedente la aclaración de sentencia.

"• Por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, ante los escritos de desistimiento de la acción del juicio de nulidad, el presidente de este Tribunal Colegiado requirió al representante de la quejosa para que, en el plazo de tres días, ratificara dicho desistimiento.

"• Mediante comparecencia de dos de diciembre de dos mil dieciséis, en las instalaciones de este tribunal y ante la presencia judicial del Magistrado presidente y del secretario que dio fe, el representante de la quejosa ********** reconoció y ratificó los escritos de desistimiento de la acción del juicio de nulidad (fojas 251 y 252 de los autos del juicio de amparo), como se muestra a continuación:

"(se transcribe)

"De lo relatado se desprende que existe la manifestación de voluntad de la quejosa en el sentido de desistir de la acción del juicio de nulidad, ratificada ante este tribunal, pero presentada después de que se dictó la sentencia reclamada y, por esta razón, la Sala determinó que estaba imposibilitada para pronunciarse al respecto, debido a que no puede revocar sus propias decisiones.

"Asimismo, al haberse promovido el juicio de amparo, la sentencia con que culminó el juicio de nulidad aún no está firme; sin embargo, dada la naturaleza de este medio de control de la constitucionalidad, este Tribunal Colegiado está imposibilitado para decretar el sobreseimiento en el juicio de nulidad con motivo del desistimiento de la quejosa, ya que esa atribución es exclusiva de la responsable.

"Lo que no acontece en la revisión administrativa, ya que en ese medio de defensa el Tribunal Colegiado, al ejercer una función de legalidad de segunda instancia, sí puede sustituir a la Sala para dictar la resolución que corresponda, tal como lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada sin número de registro (sic), de rubro: ‘DESISTIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD, EN LA REVISION FISCAL.’

"No obstante, ante esta situación excepcional, este Tribunal Colegiado tiene el deber de realizar las acciones necesarias para que se resuelva sobre la solicitud de la quejosa de desistir de la acción del juicio de nulidad, con la finalidad de respetar las garantías de seguridad jurídica y de justicia pronta previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Lo anterior se justifica, en la medida de que el desistimiento constituye el ejercicio del derecho de la quejosa de no querer continuar con una instancia o medio de defensa, que está relacionado con el principio general de derecho consistente en que ‘a nadie se le puede obligar a promover o proseguir una acción contra su voluntad’, aunado a que el artículo 1o. constitucional establece la obligación de que se promuevan y respeten los derechos de los gobernados.

"Además, omitir la solicitud de la quejosa, o bien, no proponer jurídicamente los elementos necesarios para que se dé cabida a la petición de desistir del juicio de nulidad, traería como consecuencia la continuación de un procedimiento cuya sentencia y aclaración no han causado ejecutoria, en perjuicio y en contra de la voluntad de la promovente, siendo que en los escritos de desistimiento indicó que es necesario que se provea sobre el desistimiento del juicio de nulidad al ser indispensable para presentar, ante las autoridades fiscales, las reconsideraciones administrativas.

"En este sentido, como se adelantó, lo que procede es dejar insubsistente la sentencia de seis de octubre de dos mil quince y su aclaración de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, emitidas por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de que esta última, en atención al desistimiento del representante de la quejosa de la acción del juicio de nulidad ratificado en las instalaciones de este tribunal, decrete el sobreseimiento en el juicio de nulidad **********, por actualizarse el supuesto previsto en el artículo 9, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"No está por demás precisar que el motivo por el que se dejan insubsistentes las resoluciones no atiende a un aspecto relativo a su legalidad, sino que, ante el desistimiento de la quejosa de continuar con el juicio de nulidad, resulta necesario que la responsable, que es la competente para proveer lo conducente al juicio de nulidad, decrete el sobreseimiento en el juicio." (fojas 4 a 18 de la sentencia dictada en el amparo directo 667/2016)

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 713/2016, en sesión de siete de diciembre de dos mil diecisiete, determinó, por unanimidad de votos, negar el amparo.

De igual forma, en cuanto al planteamiento de la quejosa de desistirse del juicio de nulidad, en el considerando séptimo de dicha ejecutoria (páginas 52 a 71), precisó que no había lugar a resolver de conformidad esa solicitud, como se desprende de la transcripción siguiente:

DA. 713/2016

Sesión de siete de diciembre de dos mil diecisiete

"SÉPTIMO.—Previo al estudio de los argumentos vertidos por la quejosa en vía de conceptos de violación, se estima pertinente determinar lo conducente en relación con el desistimiento del juicio de nulidad planteado por la solicitante del amparo en la instancia constitucional que nos ocupa.

"Así, resulta oportuno reseñar que la acción promovida a través del juicio contencioso en el ámbito federal, por su naturaleza jurídica de medio de impugnación en contra de actos definitivos en materia administrativa, tiene como finalidad que en la vía jurisdiccional, sean analizados a la luz de los conceptos de impugnación esgrimidos por el gobernado, para que de ser el caso, sean anulados; esto es, declarar que dichos actos administrativos no cumplen con los elementos de validez que se establecen en la ley aplicable y que, por tanto, no generan efectos jurídicos; o en su defecto, reconocer su validez y establecer que tales actos tienen eficacia plena.

"De esta forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (vigente a la fecha de promoción de la demanda de nulidad), el juicio contencioso administrativo federal se constituye como el medio de control por excelencia que tienen a su alcance los gobernados respecto de las actuaciones emitidas por entes autoritarios, el cual, no prevé una segunda instancia por medio de la cual sea dable revisar la legalidad de la sentencia definitiva que dictan las Salas del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"La circunstancia narrada constituye una diferencia que contrasta con los recursos administrativos, que se asemejan a la apelación en materia civil, ordinaria o federal –en aquellos casos en los cuales la ley que rige a esos actos lo permite–; de ahí que es manifiesto que en el juicio de nulidad federal, no se apertura una etapa revisora, en virtud de que atiende a los principios de inmediatez, concentración y unidad procesal que se materializan en un juicio que resuelve, en una sola instancia, la pretensión del que se dice afectado por la actuación de la autoridad; aunado a que la Sala Superior del tribunal citado no se erige como un órgano superior de las Salas ordinarias, en virtud de que cuenta con atribuciones legales específicas que no constituyen una segunda instancia.

"Lo anterior, se clarifica aún más tomando en cuenta que a través del juicio de nulidad no hay renovación de la instancia, en virtud de que el tribunal no se encuentra facultado para analizar cada uno de los aspectos que pudieron ser objeto de examen por parte de la autoridad administrativa, puesto que si bien en algunos casos actúa con el modelo de plena jurisdicción, solamente puede asumir el rol de tutelar de manera particular el derecho subjetivo que el gobernado estime vulnerado, conforme a los planteamientos contenidos en la demanda de mérito, decidiendo, en su caso, sobre su reparación y condenando a la administración a su restablecimiento; pero no para ordenar a la autoridad administrativa la forma en que debe proceder en el ejercicio de sus funciones que le son propias.

"Ahora, conforme a lo establecido en los artículos 13, 14, 15, 17, 19, 47, 49, 50, 52, 53 y demás relativos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente a la fecha de promoción de la demanda, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se rige por las siguientes etapas procesales:

"- Presentación y admisión de la demanda.

"La Sala competente del tribunal es la encargada de proveer sobre la admisión de la demanda presentada por el particular en contra del acto o resolución definitiva aducido.

"- Contestación de la demanda.

"Constituye el acto procesal a través del cual la autoridad demandada refuta o se allana a los conceptos de impugnación hechos valer por el demandante.

"- Ampliación de demanda.

"Se trata de una figura procesal excepcional, que sólo se surte si se actualiza alguna de las hipótesis normativas previstas en el ordinal 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"- Contestación a la ampliación de demanda.

"- Alegatos y manifestaciones.

"Se trata de las conclusiones que cada una de las partes en el juicio formulan antes del cierre de instrucción.

"- Cierre de instrucción.

"Representa la etapa procesal en la cual la Sala competente, diez días después de que ha concluido la sustanciación del juicio, no existiendo pruebas pendientes de desahogo o alguna cuestión que impida el dictado de la sentencia correspondiente, y fenecido el plazo para formular alegatos, pone el asunto en estado de resolución.

"- Sentencia.

"Después del cierre de instrucción, se analizan los hechos, pruebas y agravios del demandante, las excepciones formuladas en la contestación y, en su caso, en la ampliación; la Sala dicta la sentencia en el juicio de nulidad sometido a su consideración.

"Dicha sentencia puede emitirse con los siguientes sentidos:

"a) Nulidad lisa y llana. Esta declaratoria de la sentencia es determinada por la ineficacia de un acto administrativo, al carecer de los requisitos esenciales exigidos para su realización o para su debida existencia jurídica, quedando anulado el acto o resolución administrativa atribuido al ente autoritario, se emite al estimar que al menos uno de los agravios esgrimi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27899-ec29352b/desistimiento-del-juicio-contencioso-administrativo-o-de-nulidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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