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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, POR LA QUE SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA FICTA RECAÍDA AL ESCRITO PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD HACENDARIA, PARA ACREDITAR QUE SÍ SE ADQUIRIERON LOS BIENES O SE PRESTARON LOS SERVICIOS AMPARADOS POR LAS FACTURAS EXPEDIDAS POR UN CONTRIBUYENTE INCLUIDO EN LA LISTA DE PERSONAS QUE PRESUMIBLEMENTE EXPIDEN COMPROBANTES FISCALES DE OPERACIONES INEXISTENTES, CUANDO EN UN PROCEDIMIENTO DIVERSO SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ORDENÓ INCLUIRLO EN AQUELLA LISTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2017. · Registro digital (IUS): 27959
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-08-03
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, Pág. 1740.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 30 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS TOMÁS MARTÍNEZ TEJEDA, GUILLERMO NÚÑEZ LOYO, LUCIO LEYVA NAVA, RAÚL ANGULO GARFIAS Y GABRIELA ELENA ORTIZ GONZÁLEZ. PONENTE: TOMÁS MARTÍNEZ TEJEDA. SECRETARIO: FRANCISCO JAVIER CALDERÓN RODRÍGUEZ.

II. Competencia y legitimación

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Primer Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo establecido en los artículos 3o. y 5o. del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, porque la posible contradicción se suscita entre dos Tribunales Colegiados que pertenecen a este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis fue realizada por Guillermo Núñez Loyo, Magistrado presidente en ese entonces del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, quien se encuentra legitimado en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

III. Elementos necesarios para determinar, si existe o no contradicción de tesis.

PRIMERO.—Elementos de una contradicción. En congruencia, partiendo de que la finalidad de la contradicción de tesis es crear seguridad jurídica, resolviendo los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer.

En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010, consultable en el Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Sobre la base en alusión, resulta necesario determinar, en primer orden, cuáles son las exigencias impuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, las cuales se refieren a lo siguiente:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los números 1a./J. 23/2010 y 1a./J. 22/2010; cuyo rubro y texto, respectivamente, son:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(1)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(2)

A continuación se precisan las razones por las cuales se considera que, en el caso concreto, sí se actualizan todos los requisitos enunciados.

SEGUNDO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe prevalecer, es conveniente precisar los asuntos que originaron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 159/2017, señaló:

"SEXTO.—Actualización de la causal de improcedencia hecha valer por la parte quejosa.

"El párrafo primero del artículo 64 de la Ley de Amparo impone a las partes la obligación de comunicar de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, de acompañar las constancias que la acrediten.

"En la especie, el veinticuatro de agosto del presente año la parte quejosa, por conducto de su autorizada, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo,(3) presentó escrito, informando que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo que, en consecuencia, solicitó que se decretara el sobreseimiento con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia legislación.

"Los citados numerales textualmente disponen:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.’

"‘Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

"‘...

"‘V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.’

"En efecto, se actualiza la causal de improcedencia invocada por la parte quejosa y, para explicar el porqué de esta afirmación resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, en el orden siguiente:

"1. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciséis,(4) en la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, el ahora quejoso **********, promovió demanda de nulidad en contra de la resolución negativa ficta, por parte de la Administración Central de Fiscalización Estratégica, recaída a su escrito de ofrecimiento de argumentos y pruebas tendentes a acreditar que, efectivamente, adquirió los bienes y servicios que amparan los comprobantes fiscales que le expidió la diversa contribuyente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien la citada autoridad demandada colocó en el listado de contribuyentes que se encuentran, definitivamente, en el supuesto de facturar operaciones inexistentes, en términos del procedimiento previsto por el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

"2. Mediante proveído dictado en esa misma fecha, la Magistrada instructora de la Sala responsable desechó por notoriamente improcedente la demanda de nulidad.(5)

"3. En contra de esa determinación, la parte actora interpuso recurso de reclamación,(6) que fue resuelto el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete por los Magistrados integrantes de la referida Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, confirmando el auto por el cual se desechó la demanda de nulidad.

"Esta es la sentencia reclamada en el presente juicio de amparo.

"Los hechos en que el quejoso sustenta la causal de improcedencia invocada son los siguientes:

"• El procedimiento instaurado por la Administración Central de Fiscalización Estratégica en contra de la contribuyente **********, S.A. de C.V., de conformidad con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, fue declarado nulo por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante sentencia definitiva de dos de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de nulidad **********.

"• Dicha sentencia adquirió firmeza al haberse declarado infundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por la autoridad fiscalizadora, al que le correspondió el número ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.

"La parte quejosa acompañó al escrito, en el que informó sobre la causal de improcedencia, copias simples de la sentencia de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis y del acto de tres de julio de dos mil diecisiete, dictados por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente número **********; copias que de conformidad con el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, hacen fe de la existencia de los originales.

"Es fundada la causal de improcedencia, pues los hechos en los que se sustenta se comprueban plenamente, al tener a la vista el toca relativo al recurso de revisión fiscal **********, del índice de este Tribunal Colegiado, mismo que se invoca como hecho notorio con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, con apoyo en la jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/5, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, misma que este tribunal comparte y que puede ser consultada en la página 2030 del Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro «digital»: 164048, que a la letra dice:

"‘HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER NO SÓLO LOS ASUNTOS RESUELTOS POR ELLOS O LOS QUE EN EL PASADO HAYAN SIDO DE SU CONOCIMIENTO, SINO TAMBIÉN LOS ASUNTOS QUE SEAN VISTOS EN LA MISMA FECHA DE SESIÓN.—El artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que los hechos pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Ahora bien, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, los diferentes datos e información contenidos tanto en las ejecutorias como en los asuntos que se sigan ante los propios órganos; pero dadas las características de los hechos notorios, resulta inconcuso que dentro de aquéllos pueden comprenderse también los datos e información de expedientes que sean vistos en la misma sesión del tribunal a condición de que, al invocarse, el asunto ya haya sido visto y votado en función del orden de lista; lo anterior es así, toda vez que a los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito les resultan verdaderos hechos notorios los diferentes expedientes y ejecutorias que son de su conocimiento por virtud de su actividad jurisdiccional y, por dichas causas, representan elementos que pueden ser invocados en el contexto jurisdiccional, aun cuando no hayan sido probados ni alegados por las partes, toda vez que se trata de aspectos que se encuentran procesalmente exentos de confirmación mediante medios de prueba directamente ofrecidos por las partes y porque se caracterizan por ser los conocidos y aceptados pacíficamente por muchas personas en una cultura, sociedad o medio determinado, que incluye naturalmente a los juzgadores; aspecto que justifica la dispensa judicial de la necesidad de su ofrecimiento y que se hace en el principio procesal notoria non egent probationem, esto es, que no hay necesidad de alegarlos dada su peculiaridad.’

"En el toca relativo al citado recurso de revisión fiscal, obra agregada copia certificada de la sentencia de dos de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad **********, mediante la cual, efectivamente, se declaró la nulidad del oficio ********** de fecha nueve de marzo de dos mil quince, en el que se ordenó agregar a la contribuyente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, al listado de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales que emitieron.

"Dicha sentencia fue recurrida por el administrador desconcentrado jurídico de Guerrero ‘2’, por sí y en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público del jefe de Servicio de Administración Tributaria, obrando en los autos de la revisión fiscal ********** el escrito de agravios correspondiente, así como la sentencia emitida por este Tribunal Colegiado, el ocho de junio de dos mil diecisiete, en la que se declaró procedente pero infundado el citado recurso de revisión fiscal.

"Lo anterior, ciertamente como lo aduce la quejosa, tiene como consecuencia que alcance firmeza la sentencia recurrida de dos de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual, la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad del acto consistente en agregar a la contribuyente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable al listado de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de inexistencia de las operaciones descritas en los comprobantes fiscales que emitieron.

"Así las cosas, aun cuando subsista el acto reclamado, el mismo ya no podrá surtir efecto legal ni material alguno en perjuicio del quejoso, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.

"Se arriba a esa conclusión, pues la negativa ficta que el aquí quejoso impugnó en el juicio de nulidad del que emana la sentencia reclamada en el presente juicio de amparo, deriva del procedimiento seguido en contra de la contribuyente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, que culminó con declarar inexistentes las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales que emitió, procedimiento al cual el quejoso dijo comparecer como tercero, con fundamento en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por haber dado efectos fiscales a los comprobantes emitidos por la citada contribuyente.

"Para dar mayor claridad a este estudio, se estima conveniente verificar el contenido del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que dispone:

"‘Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

"‘En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.

"‘Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

"‘Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

"‘Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de este código.

"‘En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este código.’

"En efecto, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se compone de tres partes:

"La primera (dispuesta por los tres párrafos iniciales), regula el procedimiento y consecuencia para los contribuyentes que han estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, sujetos a los que los procedimientos y programas de fiscalización hacendarios denominan como ‘empresas que facturan operaciones simuladas’.

"La segunda, situada en el párrafo cuarto del mismo artículo, se refiere al cese general de efectos fiscales de las operaciones contenidas en los comprobantes expedidos por el contribuyente en cuestión.

"Y, la tercera parte, contenida en los dos párrafos últimos de este artículo, se dirige a las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes expedidos por un contribuyente incluido en una de las listas definitivas, personas físicas o morales que también estén en los programas de fiscalización denominados ‘empresas que deducen operaciones simuladas’; es decir, a estos particulares se les sujeta a un procedimiento que les concede la opción de la autocorrección, o bien, les impone el deber jurídico de acreditar la efectiva realización de las operaciones amparadas en los comprobantes expedidos por ‘empresas que facturan operaciones simuladas’.

"Es decir, por lo que respecta a la tercera parte, el citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en sus dos párrafos últimos, establece que las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente, incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de ese artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar, ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien, procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentar en términos de ese código y en caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el anterior párrafo (sexto), determinará el o los créditos fiscales que correspondan; y, finalmente dicho numeral señala que las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales señalados y exhibidos se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el código.

"En el caso concreto, fue precisamente lo que establece la tercera parte del artículo analizado, el origen del acto reclamado, por lo siguiente:

"1. La aquí quejosa acudió ante el Servicio de Administración Tributaria, en su calidad de tercera que dio efectos fiscales a los comprobantes fiscales expedidos por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable (empresa que había sido incluida en el listado de contribuyentes que emiten comprobantes de operaciones inexistentes), para acreditar la veracidad de las operaciones que llevó a cabo con esa persona moral.

"2. Ante el silencio de la autoridad exactora, la ahora impetrante promovió demanda de nulidad contra la negativa ficta, misma que conoció la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente **********, la cual fue desechada mediante proveído de dieciséis de marzo del año en curso, al estimar el Magistrado instructor que el procedimiento previsto en el numeral 69-B del Código Fiscal de la Federación, no constituye una instancia o petición de la cual pueda derivarse una negativa ficta.

"3. Inconforme con el desechamiento, la accionante instó recurso de reclamación, el cual fue declarado infundado por el citado tribunal; siendo éste último el acto reclamado en el presente juicio de amparo directo.

"Sin embargo, como ya se estableció, en la especie está plenamente demostrado que se declaró la nulidad de la resolución mediante la cual se colocó a la contribuyente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el listado de contribuyentes que emiten comprobantes de operaciones inexistentes, resolución que precisamente constituyó el motivo para que la aquí quejosa (en términos de la última parte del numeral 69-B del Código Fiscal de la Federación), haya acudido ante la autoridad hacendaria para acreditar la veracidad de las operaciones que llevó a cabo con la empresa que había sido sancionada.

"De ahí que este Tribunal Colegiado llega a la convicción de que, aun subsistiendo el acto reclamado –resolución que confirma el desechamiento de la demanda contra la negativa ficta impugnada–, el mismo ya no podrá surtir efecto legal ni material alguno sobre la esfera jurídica de la quejosa, pues su pretensión original era demostrar que sí recibió los servicios o bienes descritos en las facturas que le expidió aquella contribuyente que, por los antecedentes ya narrados, ya no está en el listado al que alude el artículo 69-B del código federal tributario.

"Es así, pues al haber quedado firme la nulidad del procedimiento seguido en contra de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, es inconcuso que como lo asevera la propia quejosa, ya no existe materia alguna que verificar por cuanto a los contribuyentes que hayan dado efectos fiscales a los comprobantes expedidos por esa empresa y en ese sentido, se insiste, ningún agravio le irroga que se haya confirmado el desechamiento

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27959-18a0ec88/improcedencia-del-juicio-de-amparo-directo-se-actualiza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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