SENTENCIAS PENALES DICTADAS COLEGIADAMENTE POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. CARECEN DE VALIDEZ SI NO ESTÁN FIRMADAS POR LOS TRES MAGISTRADOS QUE LAS INTEGRAN Y POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE EMITAN POR UNANIMIDAD O MAYORÍA DE VOTOS.
AMPARO DIRECTO 68/2014. 15 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Dado el sentido de la ejecutoria, es innecesario relatar las pruebas que la Sala responsable consideró para emitir la resolución reclamada, así como los conceptos de violación esgrimidos, en virtud de que este Tribunal Colegiado, en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, advierte una violación a las leyes del procedimiento, infracción que afecta la defensa del peticionario de garantías, lo que conduce a otorgar el amparo impetrado, para los efectos que en su oportunidad se precisarán, ya que es obligación analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, pues ello permite salvaguardar los derechos del inculpado.
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a. CXCIX/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 415 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, noviembre de 2009, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. PERMITE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL INCULPADO CUYA DEFENSA SE HAYA REALIZADO EN FORMA DEFICIENTE O NULA.-En cualquier proceso penal pueden existir deficiencias en la estrategia del defensor, ya sea particular o de oficio, pero tal posibilidad no conlleva a afirmar que el Juez está obligado a subsanarlas, pues exigir lo contrario sería tanto como obligarlo a velar por los intereses del inculpado, lo cual resultaría contrario al principio básico de imparcialidad que debe caracterizar su actuación. No obstante lo anterior, debe señalarse que la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, contenida en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, permite salvaguardar los derechos del inculpado cuya defensa se haya realizado en forma deficiente o nula, pues esta figura obliga al Juez de amparo a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales."
En efecto, el tribunal de apelación vulneró las leyes que rigen el procedimiento de apelación, toda vez que la sentencia de segunda instancia (emitida de manera colegiada) sólo fue firmada por dos de los Magistrados que integran la Sala y por el secretario de Acuerdos, no así por la Magistrada disidente, de ahí que tal circunstancia actualiza la hipótesis prevista en el numeral 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el numeral 74 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que respectivamente establecen:
"Artículo 173. En los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:
"...
"XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo."
"Artículo 74. Las resoluciones se proveerán por los respectivos Magistrados o Jueces, y serán firmadas por ellos y por el secretario."
De la transcripción del último numeral, se advierte que se exige para la validez de las resoluciones judiciales, que se provean por los respectivos Magistrados o Jueces, y sean firmadas por ellos y por el secretario, por lo que, dicho numeral no establece excepción al respecto, de ahí que las sentencias deben signarlas los funcionarios que las dicten, con independencia de que se emitan por unanimidad o por mayoría de votos.
Así, se estima oportuno señalar que la firma es un requisito esencial para la validez de las resoluciones judiciales, habida cuenta de que constituye el signo gráfico mediante el cual los juzgadores expresan su voluntad en cuanto al sentido del fallo.
En tanto que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la firma tiene como función esencial identificar a su autor e imputarle la autoría del texto que le precede, ello a partir de que ciertos rasgos de la escritura de determinada persona siempre serán los mismos, lo que permite determinar, en su caso, a simple vista o a través de medios científicos, si un conjunto de signos fue puesto de puño y letra de quien se atribuye.
Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 62/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis, página cinco, de rubro y texto siguientes: "ACTUACIONES JUDICIALES. PARA SU VALIDEZ BASTA LA FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN ELLA INTERVENGAN, EN SU CASO, ANTE LA FE DEL SECRETARIO, SIENDO INNECESARIO QUE TAMBIÉN SE ASIENTEN LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE PROPIA MANO.-La firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, partiendo del principio de que algunos rasgos de la escritura de una persona siempre serán los mismos, lo que permite determinar, a simple vista o a través de medios científicos, si cierto conjunto de signos fue realmente asentado de puño y letra de la persona a quien se le atribuye, por lo que es irrelevante que una firma sea legible o ilegible, siempre que existan elementos que permitan identificarla con su autor, por la reiteración invariable que hace de ella, pues son los aspectos grafoscópicos y no el significado de la representación gráfica los que permiten imputar la firma a una persona determinada. Así, independientemente de la definición proporcionada por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española y en atención al uso generalizado, una firma, para ser tal, debe consistir en uno o varios signos manuscritos con características tales que permitan identificarlos con su autor, aunque no representen su nombre y apellido, ni estén acompañados de estos datos escritos por propia mano. Por tanto, se concluye que la obligación legal de que las actuaciones judiciales estén firmadas por el servidor público que en ellas intervenga, no comprende la obligación de asentar su nombre y apellido de propia mano, salvo que la legislación aplicable lo exija expresamente, toda vez que aquellos no son elementos inherentes a la firma, en tanto que no son esenciales para cumplir con el propósito de identificación."
Ahora bien, como se precisó en párrafos precedentes, la sentencia de segunda instancia (emitida de manera colegiada) se resolvió por mayoría de votos de los Magistrados María Esperanza Rico Macías y doctor R. Alejandro Senties Carriles, quienes firmaron al calce dicha resolución, así como el secretario de Acuerdos que autorizó y dio fe; sin embargo, la Magistrada disidente María de Jesús Medel Díaz no firmó dicho fallo, por lo que, tal omisión constituye una irregularidad que torna inválida la resolución reclamada, al no cumplirse lo dispuesto en el artículo 74 del código adjetivo de la materia, en cuanto a que, los fallos deben firmarlos los funcionarios que los dicten, con independencia de que se emitan por unanimidad o por mayoría de votos.
En esa virtud, dada la trascendencia jurídica que reviste la sentencia controvertida, debe observarse de manera inexcusable el requisito de contener la firma de los funcionarios que la emiten, así como del secretario respectivo que autoriza y da fe; lo anterior, en estricto apego al principio de seguridad jurídica, tanto para el quejoso como para los propios juzgadores.
Sin que pase desapercibido para este Tribunal Colegiado que, en la parte relativa al sentido de la votación aparece:
"Así por mayoría de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados que integran la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciada María Esperanza Rico Macías y doctor R. Alejandro Senties Carriles anexando voto particular de Magistrada licenciada María de Jesús Medel Díaz, ante el secretario de Acuerdos licenciado Arón Leyva García, quien autoriza, firma y da fe ..."
Toda vez que sólo consta al calce de dicha votación la firma de los funcionarios que formaron la parte mayoritaria, así como del secretario de Acuerdos; por tanto, para cumplir con la exigencia contenida en el referido precepto 74 del código procesal de la materia, es necesario que conste de modo indubitable en el documento respectivo la firma de los tres Magistrados, lo que no ocurrió respecto a la disidente.
De ahí que sea necesario precisar que tal irregularidad no se subsana con el voto particular de la Magistrada disidente, el cual aparece firmado al calce por dicha funcionaria, así como por el secretario de Acuerdos, pues su formulación no surte algún efecto legal, dado que no vincula a las partes, sino únicamente para constancia en el expediente de tal disidencia, máxime que dicho voto se agregó por separado a la sentencia reclamada.
En ese sentido, el precepto 76 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, prevé:
"Artículo 76. El Magistrado o Juez que no estuviere conforme, extenderá y firmará su voto particular, expresando sucintamente los fundamentos principales de su opinión. Este voto se agregará al expediente."
De lo anterior se advierte que dicha disposición obliga a la Magistrada disidente a formular y firmar su voto particular, sin embargo, no la exime de firmar la sentencia aprobada por mayoría de votos, puesto que intervino en su deliberación, tan es así que no compartió el criterio mayoritario, además de que la legislación aplicable no dispone que el voto particular forme parte formal, ni sustancial de la sentencia de segunda instancia, pues sólo precisa que el voto se agregará al expediente, lo que en la especie, aconteció al anexarse por separado a la sentencia impugnada.
A mayor abundamiento, debe decirse que el voto particular no forma parte de la sentencia, pues sólo constituye la opinión personal de la disidente, además, si dicha discrepancia se emitiera en contravención al precepto 76 de la referida legislación procesal, es decir, si la Magistrada disidente estimara no expresar los fundamentos principales de su opinión, no firmar, o bien, no elaborar el voto respectivo, no traería consecuencia alguna en cuanto a la validez de la sentencia respectiva, puesto que constituyen actos procesales distintos, de ahí la obligación de la funcionaria discrepante de firmar la resolución mayoritaria, de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 97/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de dos mil cinco, visible en la página doscientos ochenta y seis, de rubro y texto: "VOTO PARTICULAR DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO. NO FORMA PARTE DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE UNA SENTENCIA.-De la interpretación armónica de los artículos 186 de la Ley de Amparo y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada (35 de la vigente), se desprende que el voto particular del Magistrado disidente sólo refleja sus consideraciones personales en relación con el criterio de la mayoría, por lo que de ninguna manera forma parte de los resolutivos de la sentencia, ya que éstos han sido determinados, al igual que la parte considerativa, por la decisión mayoritaria de los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito. Por esta razón, en la práctica judicial, cuando se formula un voto particular en los amparos en revisión o en los amparos directos, según la competencia correspondiente, siempre se engrosa en forma posterior a los resolutivos y a la declaratoria de la votación de cada sentencia."
La tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIII, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, con el rubro y texto: "SENTENCIAS PENALES DE APELACIÓN, FIRMAS DE LAS.-Los Magistrados que integraban la Sala de apelación en el tiempo en que la sentencia fue fechada, fueron los que la discutieron y aprobaron, mas no los que integraron a la Sala en fecha posterior, pero aun en la hipótesis de que fuera válido el procedimiento de hacerlo aparecer así, era necesario que los tres Magistrados integrantes de la Sala, hubieran firmado la sentencia y no que dos de ellos firmaran el fallo y uno el voto particular emitido; así, pues, la autorización de la sentencia, en tales condiciones, contraría lo dispuesto por el artículo 424 de la ley adjetiva penal."
Y la tesis I.9o.P.84 P, de este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, visible en la página mil cuatrocientos dieciséis, que a la letra dice: "SENTENCIAS DICTADAS DE MANERA COLEGIADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. CARECEN DE VALIDEZ LAS QUE NO ESTÁN FIRMADAS POR LOS TRES MAGISTRADOS QUE LAS INTEGRAN Y POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE EMITAN POR UNANIMIDAD O POR MAYORÍA DE VOTOS.-De conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y en estricto apego al principio de seguridad jurídica tanto de los gobernados como de los propios juzgadores, para que las resoluciones judiciales emitidas en forma colegiada tengan validez, deberán ser firmadas por los tres Magistrados que integran la Sala y por el secretario de Acuerdos, con independencia de que se emitan por unanimidad o por mayoría de votos, en atención a que la firma es un requisito esencial para la validez de las resoluciones judiciales, ya que constituye el signo gráfico mediante el cual los juzgadores expresan su voluntad en cuanto al sentido del fallo; esto es, la sentencia mayoritaria también debe contener las firmas de los citados funcionarios sin perjuicio de que el Magistrado que no estuviere conforme con la resolución mayoritaria respectiva, pueda emitir su voto particular, ya que tal circunstancia no significa que el disidente quede exento de firmar la determinación que se dicte, pues, de ser así, la resolución o sentencia emitida carecerá de validez, sin que tal irregularidad se subsane con la firma estampada en el voto particular en términos del artículo 76 del ordenamiento citado, ya que su formulación carece de algún efecto legal, dado que no vincula a las partes, sino que se emite únicamente para que quede constancia en el expediente de tal disidencia, pues no debe pasarse por alto que el último numeral referido no dispone que el voto particular constituya parte formal ni sustancial de la sentencia de segunda instancia, ya que sólo señala que el voto se agregará al expediente, lo que acontece al anexarse éste por separado a la sentencia reclamada, es decir, la firma estampada en el voto particular no dispensa al Magistrado disidente de firmar la sentencia aprobada por mayoría, en la cual intervino en su deliberación, tan es así que no compartió el criterio mayoritario."
Por tanto, carece de validez la sentencia de segunda instancia, en virtud de que sólo la firmaron dos de los Magistrados que integran la Sala Penal y el secretario de Acuerdos que autorizó y dio fe, por lo que, en términos del numeral 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 74 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, tal circunstancia viola las leyes que rigen el procedimiento de apelación.
En consecuencia, lo procedente es conceder al quejoso **********, el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y reponga el procedimiento de segunda instancia, a efecto de que dicte una nueva resolución que deberá ser firmada por todos los Magistrados que la integran y por el secretario de Acuerdos, con independencia de que exista algún disidente, en la inteligencia de que no podrá agravarse la situación del peticionario de garantías.
Por lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 179, 183, 184, 185 y 186 de la Ley de Amparo vigente, y 37, fracción I, inciso a), sección 2a. del capítulo III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto que reclama de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la resolución de veinticinco de agosto de dos mil nueve, en el toca penal **********, para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto del presente fallo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, prevénganse a la autoridad responsable para que informe el cumplimiento que dé a la ejecutoria, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos del Magistrado Miguel Ángel Aguilar López (presidente), Magistrada Emma Meza Fonseca (ponente) y Magistrada Guadalupe Olga Mejía Sánchez.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25307-cd8c7612/sentencias-penales-dictadas-colegiadamente-por-las-salas-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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