SENTENCIA DEFINITIVA. FALTA DE FIRMA DE UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA SALA PENAL QUE LA DICTÓ. ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL TRASCENDENTE AL RESULTADO DEL FALLO, ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES I Y XI DEL ARTÍCULO 173 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
AMPARO DIRECTO 199/2013. 12 DE JUNIO DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ. PONENTE: HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO. SECRETARIO: JOSÉ MANUEL DEL RÍO SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Es innecesario transcribir el acto reclamado y los conceptos de violación, ya que este Tribunal Colegiado suple la queja deficiente, de conformidad con el arábigo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, porque advierte una violación a las leyes del procedimiento que afecta las defensas del quejoso.
En efecto, la sentencia de segunda instancia (emitida de manera colegiada), sólo fue firmada por dos de los Magistrados que integran la Sala y el secretario de Acuerdos, no así por la Magistrada disidente, circunstancia que actualiza la hipótesis prevista en el dispositivo 173, fracciones I, XI y XXII, en relación con los diversos 170, fracción I y 171 del propio ordenamiento, así como los arábigos 74, 75 y 424 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 41 y 44 penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que establecen:
De la Ley de Amparo:
"Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
"I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo."
"Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo.
"Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."
"Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:
"I. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del Juez actuante o se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley;
"...
"XI. El imputado no sea juzgado en audiencia pública por un Juez o tribunal, salvo cuando se trate de los casos de excepción precisados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"...
"XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo."
Del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal:
"Artículo 74. Las resoluciones se proveerán por los respectivos Magistrados o Jueces, y serán firmadas por ellos y por el secretario."
"Artículo 75. Se necesita la presencia de todos los miembros que integren un tribunal para que éste pueda dictar una sentencia; la validez de estas resoluciones requiere, cuando menos, el voto de la mayoría de dichos miembros.
"En caso de empate, se llamará a un Magistrado o Juez suplente, quien lo decidirá.
"Tratándose de las demás resoluciones, no será necesaria la presencia de todos los miembros del tribunal."
"Artículo 424. ...
"... Si las partes, debidamente notificadas, no concurrieren, se llevará adelante la audiencia, la cual podrá celebrarse en todo caso con la presencia de dos Magistrados, pero la sentencia respectiva deberá pronunciarse por los tres que integran la Sala."
De la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
"Artículo 41. Las resoluciones colegiadas de las Salas se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos.
"Artículo 44. Las Salas en materia penal, conocerán:
"... Estas Salas resolverán de manera colegiada ..."
De la interpretación sistemática de las normas relativas a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, se infiere que:
El proceso de amparo en materia penal es procedente contra sentencias definitivas que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellas o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, con trascendencia al resultado del fallo, pues tal circunstancia se prevé por el arábigo 170, fracción I, de la Ley de Amparo.
Sin embargo, dicho precepto debe analizarse conjuntamente con el diverso 173 de la ley de la materia, que refuta como presunción legal que al actualizarse objetivamente alguna de las hipótesis de infracción procesal enunciadas en dicho normativo, serán por ese solo motivo, trascendentes.
De ese modo, entre otros supuestos, cuando se desarrolle la audiencia de ley sin la presencia del Juez actuante o se practique diligencia en forma distinta a la prevenida por la ley o bien el imputado no sea juzgado en audiencia pública por un Juez o tribunal, salvo que se trate de los casos de excepción precisados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición legal expresa debe afirmarse que existió infracción al procedimiento penal que por sí misma afectó al derecho fundamental de defensa adecuada del imputado, pero más aún, ello fue en forma trascendente, tanto a ese derecho y en vía de consecuencia, al sentido de la sentencia reclamada.
Bajo esa lógica, la fracción XXII del dispositivo en estudio, que contempla "casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo", no escapa a la presunción legal de trascendencia a priori establecida por el legislador; más aún, ésta le concede facultad al órgano jurisdiccional autorizado para determinar nuevas hipótesis con base en el principio de analogía, las que en todo caso resultarán trascendentes.
Ahora bien, de los preceptos legales restantes puede advertirse que, se exige para la validez de las resoluciones judiciales, que se provean por los respectivos Magistrados o Jueces y sean firmadas por ellos y por el secretario, sin establecerse excepción alguna; de ahí que los fallos deben ser firmados por los funcionarios que los dicten, con independencia de que se emitan por unanimidad o mayoría de votos.
Es necesario señalar, que la firma es un requisito esencial para la validez de las resoluciones judiciales, porque constituye el signo gráfico mediante el cual los Magistrados o Jueces expresan su voluntad en cuanto al sentido del fallo.
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la firma tiene como función esencial identificar a su autor y atribuirle la autoría del texto que le precede, y con independencia de la definición proporcionada por el Diccionario de la Real Academia Española (relativa a que consiste en el nombre y apellido, o título que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido), una firma para ser tal debe consistir en uno o varios signos manuscritos con características tales que permitan identificarlos con su autor, aunque no representen su nombre y apellido, ni estén acompañados de esos datos escritos de propia mano.
Apoya la jurisprudencia P./J. 62/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cinco, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 175165, cuyos rubro y texto dicen:
"ACTUACIONES JUDICIALES. PARA SU VALIDEZ BASTA LA FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN ELLA INTERVENGAN, EN SU CASO, ANTE LA FE DEL SECRETARIO, SIENDO INNECESARIO QUE TAMBIÉN SE ASIENTEN LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE PROPIA MANO. La firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, partiendo del principio de que algunos rasgos de la escritura de una persona siempre serán los mismos, lo que permite determinar, a simple vista o a través de medios científicos, si cierto conjunto de signos fue realmente asentado de puño y letra de la persona a quien se le atribuye, por lo que es irrelevante que una firma sea legible o ilegible, siempre que existan elementos que permitan identificarla con su autor, por la reiteración invariable que hace de ella, pues son los aspectos grafoscópicos y no el significado de la representación gráfica los que permiten imputar la firma a una persona determinada. Así, independientemente de la definición proporcionada por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española y en atención al uso generalizado, una firma, para ser tal, debe consistir en uno o varios signos manuscritos con características tales que permitan identificarlos con su autor, aunque no representen su nombre y apellido, ni estén acompañados de estos datos escritos por propia mano. Por tanto, se concluye que la obligación legal de que las actuaciones judiciales estén firmadas por el servidor público que en ellas intervenga, no comprende la obligación de asentar su nombre y apellido de propia mano, salvo que la legislación aplicable lo exija expresamente, toda vez que aquellos no son elementos inherentes a la firma, en tanto que no son esenciales para cumplir con el propósito de identificación."
Ahora bien, como se precisó, la sentencia de segunda instancia (emitida de manera colegiada) se resolvió por mayoría de votos de los Magistrados María de Jesús Medel Díaz y R. Alejandro Sentíes Carriles, quienes firmaron al calce, así como el secretario de Acuerdos que autorizó y dio fe; sin embargo, la Magistrada disidente María Esperanza Rico Macías no firmó, por lo que tal omisión constituye una irregularidad que torna inválida la resolución reclamada, al no cumplirse lo dispuesto en los numerales, relativo a que las resoluciones colegiadas deben ser firmadas por los funcionarios que las dicten, con independencia de que se emitan por unanimidad o por mayoría de votos.
Así es, dada la trascendencia jurídica que reviste la sentencia reclamada debe observarse de manera ineludible el requisito de contener la firma de los funcionarios que la emiten, así como del secretario que autoriza y da fe, en estricto apego al principio de seguridad jurídica para el quejoso.
Sin que se soslaye que en la parte relativa al sentido de la votación aparece que:
"Así, por mayoría de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciada María de Jesús Medel Díaz y el Doctor R. Alejandro Sentíes Carriles, anexándose el voto particular de la Magistrada licenciada María Esperanza Rico Macías, siendo Ponente la segunda de las mencionadas, ante el secretario de Acuerdos de la Sala, licenciado Aarón Leyva García, quien autoriza y da fe."
Ello, porque sólo consta al calce de dicha votación la firma de los funcionarios que formaron la parte mayoritaria, así como del secretario de Acuerdos; por tanto, para cumplir con la exigencia contenida en el precepto 74 del código procesal de la materia, no basta que se diga que "firman los Magistrados que integran" la Sala responsable, sino que es necesario que consten de modo indubitable en el documento, lo que no ocurrió en cuanto a la disidente.
Es así, pues una interpretación a contrario, llevaría a que en las sentencias aparezca la leyenda de que "firman los Magistrados que integran" la Sala, para darle validez al acto procesal, pese a que no aparezcan éstas en la resolución, lo que tornaría nugatoria el derecho fundamental de seguridad jurídica, contenido en el arábigo 14 de la Constitución Federal.
Es ineludible precisar, que tal irregularidad no se subsana con el voto particular de la Magistrada disidente, firmado al calce por dicha funcionaria, así como por el secretario de Acuerdos, dado que su formulación no es para que surta algún efecto legal dado que no vincula a las partes, sino únicamente para que quede constancia en el expediente de tal disidencia, máxime que en el caso, dicho voto se agregó por separado a la sentencia reclamada.
Tratándose de una sentencia es el voto razonado que formula cualquiera de las personas que forman parte del cuerpo colegiado, a favor o en contra; y tratándose de cuerpos colegiados, cuando alguno de sus miembros no está conforme con un proyecto de resolución o sentencia, tiene la facultad de emitir su voto en contra, razonándolo y ofreciendo los argumentos que estime procedentes para apoyar sus puntos de vista; adjuntándose ese voto no para que surta efecto legal alguno, sino para constancia de la disidencia; de conformidad con el dispositivo 76 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que dispone:
"Artículo 76. El Magistrado o Juez que no estuviere conforme, extenderá y firmará su voto particular, expresando sucintamente los fundamentos principales de su opinión. Este voto se agregará al expediente."
Así, como puede advertirse, dicha disposición procesal establece la facultad del funcionario disidente de formular y firmar su voto particular y de que éste no permanezca en secreto, sino que se agregue al expediente; por tanto, este artículo no dispensa al Magistrado disidente de firmar la sentencia aprobada por mayoría de votos, puesto que intervino en su deliberación, tan así es que no compartió el criterio mayoritario, ello aunado a que la legislación no dispone que el voto particular constituya parte formal ni sustancial de la sentencia de segunda instancia, pues sólo "señala que el voto se agregará al expediente", aunado a que así se hizo, pero por separado de la sentencia reclamada.
Apoya la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, Tomo CIII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra indica:
"SENTENCIAS PENALES DE APELACIÓN, FIRMAS DE LAS. Los Magistrados que integraban la Sala de apelación en el tiempo en que la sentencia fue fechada, fueron los que la discutieron y aprobaron, mas no los que integraron a la Sala en fecha posterior, pero aun en la hipótesis de que fuera válido el procedimiento de hacerlo aparecer así, era necesario que los tres Magistrados integrantes de la Sala, hubieran firmado la sentencia y no que dos de ellos firmaran el fallo y uno el voto particular emitido; así, pues, la autorización de la sentencia, en tales condiciones, contraría lo dispuesto por el artículo 424 de la ley adjetiva penal."
Además, es ilustrativa la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que este órgano colegiado comparte, visible en la página dos mil doscientos ochenta y ocho, Tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 168547, que a la letra dice:
"SENTENCIAS PENALES EMITIDAS POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PARA QUE SEAN VÁLIDAS DEBEN ESTAR FIRMADAS POR TODOS LOS MAGISTRADOS QUE LEGALMENTE LAS INTEGRAN Y POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS RESPECTIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). De los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 576, 577 y 578 del Código de Procedimientos Penales, ambos del Estado de Tlaxcala, se colige que las Salas Colegiadas que lo conforman estarán integradas por tres Magistrados quienes deberán firmar tanto los acuerdos de admisión o desechamiento de los recursos respectivos, como las sentencias que emitan, además deberá obrar la firma correspondiente del secretario de Acuerdos de la Sala de que se trate, ello sin perjuicio de que si algún Magistrado integrante de la Sala que corresponda no estuviere conforme con la resolución respectiva, deberá emitir su voto particular, expresando sucintamente las razones de su inconformidad, el cual formará parte integrante de la propia resolución, pero tal circunstancia no significa que el Magistrado disidente quede exento de firmar la determinación que se dicte, pues de ser así la sentencia emitida carecerá de validez. Aunado a lo anterior, es preciso destacar que en términos de los artículos 11, segundo párrafo, 12, párrafo segundo y 15 de la ley orgánica citada, la ausencia definitiva de alguno de los Magistrados integrantes de la Sala Colegiada que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debe ser cubierta por un Magistrado suplente, y las ausencias temporales, así como en los casos de excusa y recusación serán suplidas por los Magistrados supernumerarios, quienes también están obligados a firmar las resoluciones o sentencias que se emitan por parte de la Sala que corresponda, de otro modo, éstas carecerán de validez."
Al igual que la tesis I.3o.C.14 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, publicada en la página quinientos cuarenta y dos, Tomo I, junio de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS MAGISTRADOS EN LAS, ASÍ COMO DEL SECRETARIO QUE DEBE AUTORIZARLAS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA REPOSICIÓN DEL MISMO, SIENDO PROCEDENTE EN ESE EVENTO LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. Si la resolución impugnada del tribunal de alzada carece de la firma de uno de los Magistrados, así como del secretario de Acuerdos que debe autorizarla, y no obstante ello el Juez de Distrito desestima los conceptos de violación aducidos, tal proceder resulta ilegal, máxime si se trata de cuestiones en las que se encuentra en disputa la guarda y custodia de menores; el Juez federal debe advertir oficiosamente esa situación, supliendo la deficiencia de los conceptos de violación expresados, y otorgar la protección constitucional para el efecto de que se subsane tal omisión, ya que por la falta de la firma de alguno de tales funcionarios que integran la Sala emisora del fallo y del secretario que debió autorizarla, como lo ordena expresamente el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la hace carente de validez y no puede servir de base para actuaciones posteriores, lo que significa una violación manifiesta a las leyes del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa, que desde luego obliga a la reposición de la resolución que constituye el acto reclamado."
Por tanto, al carecer de validez la sentencia de segunda instancia porque sólo la firmaron dos de los Magistrados que integran la Sala y el secretario de Acuerdos (quien autorizó y dio fe), procede conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y reponga el procedimiento de segunda instancia, a fin de que dicte una nueva resolución que deberá ser firmada por los tres Magistrados que lo integran y por el secretario de Acuerdos, con independencia de que exista algún disidente; en la inteligencia de que en esa nueva resolución debe acatarse el principio de no reformar en perjuicio del justiciable.
Apoya la jurisprudencia 1a./J. 71/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochenta y seis, Tomo XXX, noviembre de dos mil nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 166026, de rubro y texto:
"AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO SE CONCEDE PARA EFECTOS, POR ACTUALIZARSE VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ DE ORIGEN NO PUEDE, CON BASE EN EL MISMO MATERIAL PROBATORIO, DICTAR NUEVO FALLO EN EL QUE AGRAVE LAS PENAS INICIALMENTE DECRETADAS.-Si se consintiera que por virtud de la reposición del juicio motivada por la concesión de un amparo directo, el Juez natural pudiera dictar sentencia en la que la pena impuesta fuera mayor a la originalmente decretada, cuando no se ha modificado el material probatorio, se contrariaría gravemente el espíritu protector que anima al juicio de garantías, pues quienes hicieran valer éste correrían el peligro de encontrar lo contrario de la ayuda esperada, lo cual originaría que los sentenciados se autolimitaran en el ejercicio de la acción de amparo, conformándose con resoluciones posiblemente injustas. Consecuentemente, en casos como el descrito, el Juez de origen no puede dictar nuevo fallo en el que agrave las penas inicialmente decretadas, por efecto mismo de la concesión del amparo; máxime que en los indicados supuestos la reposición del procedimiento no tiene la finalidad de que el Juez natural corrija sus deficiencias en la individualización de la pena, sino la de obligarlo a que respete el principio de debido proceso. Así, si la reposición del procedimiento se ordena en beneficio y respeto de los derechos procesales del quejoso, ello no puede servir de base para que el juzgador de origen dicte un nuevo acto que suponga perjuicios mayores que los primigenios."
Finalmente, no pasa por desapercibido para este Tribunal Colegiado, el criterio por contradicción de tesis emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, con número de tesis 2a./J. 11/2011 (10a.), visible en la página 3133, cuyos rubro y texto son:
"SENTENCIAS DICTADAS POR LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL REQUISITO DE VALIDEZ CONSISTENTE EN QUE LAS FIRMEN TODOS LOS MAGISTRADOS QUE LAS PRONUNCIEN SE COLMA, EN LOS CASOS EN QUE SE EMITAN POR MAYORÍA, CON LA FIRMA QUE CALZA EL VOTO PARTICULAR DEL DISIDENTE.-Conforme al artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo -ante la falta de regulación expresa en esta norma especial-, las resoluciones dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben firmarlas todos los Magistrados que las pronuncien y autorizarlas el secretario de Acuerdos correspondiente. Ahora bien, la formalidad mencionada se colma, en los casos en que el fallo se emita por mayoría, si el disidente ejerce su facultad de formular voto particular, pues si bien éste no forma parte de la sentencia relativa ni resultan vinculantes sus consideraciones, lo cierto es que a través de él exterioriza su participación en la solución del asunto en sentido negativo, exponiendo los motivos por los que no comparte la decisión de la mayoría y, en su caso, la propuesta alternativa que él habría adoptado, por lo que es evidente que la firma que calza el aludido voto cumple con la función de autorizar el fallo mayoritario, aunque no lo comparta por los motivos que sustentan su voto."
Ya que a juicio de este órgano colegiado no es aplicable al caso a estudio, en razón de que, parte de la premisa de la falta de regulación expresa sobre el tema de la firma de los fallos emitidos por mayoría, por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tratándose de que cuando el disidente sólo firma el voto particular, tal hecho cumple con la función de autorizar el fallo mayoritario, ante la falta de legislación expresa que disponga las reglas en que deben signarse los fallos emitidos por ese tipo de autoridades.
En efecto, de la ejecutoria que dio origen al criterio jurisprudencial en estudio se advierte:
"No es óbice para la anterior conclusión, que uno de los Tribunales Colegiados contendientes haya sustentado su fallo en la jurisprudencia número 2a./J. 147/2007 de esta Segunda Sala, consultable en la página 518 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, correspondiente a la Novena Época, de rubro: ‘LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO, CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA.’; toda vez que en ese criterio no se analizó en forma alguna un punto jurídico como el dilucidado en la presente contradicción, esto es, si la firma estampada en un voto particular puede colmar o no el requisito de que todos los integrantes de una Sala Regional autoricen con su firma la sentencia respectiva, habida cuenta que en la ejecutoria de la que derivó esa jurisprudencia se interpretaron disposiciones de carácter laboral, en las que se establece de manera expresa la obligación de firmar inmediatamente el proyecto autorizado y convertido en laudo por los miembros de la Junta laboral relativa, por lo que el incumplimiento de esa formalidad da lugar a conceder el amparo; hipótesis que no se surte en el juicio contencioso administrativo."
De lo que podemos advertir que el criterio jurisprudencial se encuentra limitado -en cuento a su aplicación- a que las legislaciones no dispongan de manera expresa el deber de firmar inmediatamente el proyecto autorizado y convertido en sentencia por los miembros de la autoridad que la emitan; bajo ese orden de ideas, si tenemos -como se ha visto- que el dispositivo 424 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal dispone de manera expresa que la sentencia deberá firmarse por los tres Magistrados que integran la Sala, una vez celebrada la audiencia de vista, es claro que existe obligación legal de firmar la sentencia una vez emitido el fallo por los tres Magistrados integrantes de la Sala, y de no hacerlo así, tal incumplimiento da lugar a conceder el amparo; lo que permite establecer la inaplicabilidad de la jurisprudencia.
CUARTO.-Para el puntual cumplimiento de la protección constitucional, sin demora, procédase a notificar a las partes la ejecutoria, además, conforme a lo previsto por el ordinal 192, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a través de los medios oficiales correspondientes, se ordena su cumplimiento dentro del plazo de tres días en tanto el efecto de la concesión no implica mayor complejidad que ordenar reponer el procedimiento de segunda instancia para el efecto indicado; adicionalmente, de conformidad con los arábigos 193, primer párrafo, 238, 258 y 270 de la ley en cita, se apercibe a la Sala responsable que en caso de no cumplir con la ejecutoria protectora en el plazo fijado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sin soslayar que su conducta de incumplimiento eventualmente sería constitutiva del delito previsto en el numeral 267, fracción I, de la misma legislación.
Por lo expuesto, con apoyo en los preceptos 170, fracción I, párrafos segundo, cuarto y sexto, 171, párrafo segundo, 174, párrafo segundo, 175, 176, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 192, primer párrafo, 193, primero y último párrafos, 238, 258, 267, fracción I, 269 y 270 de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia Federal ampara y protege a **********, contra el acto que reclama de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para los efectos precisados en la parte final del considerando tercero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta sentencia vuelvan los autos a la ad quem, solicítese acuse recibo, requiérase el cumplimiento de la ejecutoria conforme a lo precisado en el último apartado considerativo, háganse anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados, Humberto Venancio Pineda (presidente) y Humberto Manuel Román Franco (ponente), contra el voto particular del Magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez, que se inserta a continuación de las firmas de los Magistrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprimen los datos personales, y la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24702-fa2144ac/sentencia-definitiva-falta-de-firma-de-uno-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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