SENTENCIAS DE LAS SALAS PENALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTADAS POR MAYORÍA DE VOTOS. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER FIRMADAS POR LOS TRES MAGISTRADOS QUE LAS INTEGRAN, SIN EMBARGO, DEBEN ESTIMARSE VÁLIDAS SI LAS FIRMA LA MAYORÍA Y, SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD, SE PLASMA EL VOTO PARTICULAR FIRMADO POR EL MAGISTRADO DISIDENTE, SIEMPRE QUE LA SENTENCIA-DOCUMENTO FORME UNA SOLA PIEZA DOCUMENTAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE MAYO DE 2019. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ, HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ, FERNANDO CÓRDOVA DEL VALLE, JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA, CARLOS ENRIQUE RUEDA DÁVILA Y REYNALDO MANUEL REYES ROSAS. DISIDENTES: EMMA MEZA FONSECA (PRESIDENTA) Y FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. PONENTE: REYNALDO MANUEL REYES ROSAS. SECRETARIA: MARÍA IMELDA AYALA MIRANDA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión pública de siete de mayo de dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver, los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis número 22/2018, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Noveno, todos en Materia Penal del Primer Circuito; y,
RESULTANDO:
I. Denuncia de contradicción de tesis: Mediante oficio número 704, de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, presentado el cinco de octubre siguiente ante la oficialía de partes del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en acatamiento a lo ordenado en la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo directo DP. 102/2018, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado en ese juicio de amparo y los sostenidos por el Primero, Cuarto, Quinto, Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito.
Criterio respecto del que el último de los Tribunales Colegiados citados emitió la tesis de jurisprudencia I.9o.P. J/13 (10a.), registro digital: 2007812, visible en la página dos mil seiscientos treinta, Libro 11, Tomo III, correspondiente al mes de octubre de 2014, materia penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 31 de octubre de 2014 a las 11:05 horas» cuyo epígrafe a la letra dice:
"SENTENCIAS PENALES DICTADAS COLEGIADAMENTE POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. CARECEN DE VALIDEZ SI NO ESTÁN FIRMADAS POR LOS TRES MAGISTRADOS QUE LAS INTEGRAN Y POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE EMITAN POR UNANIMIDAD O MAYORÍA DE VOTOS."
II. Trámite de la denuncia de contradicción: El nueve de octubre de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, emitió auto en el que admitió la denuncia y ordenó su registro como contradicción de tesis número 22/2018.
Auto en el que ordenó girar oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que se informara si existía o no alguna otra contradicción de tesis que, radicada en ese Máximo Tribunal, versara sobre la materia que concierne al caso.
Informe que se rindió en sentido negativo.
III. Asimismo se solicitó a los presidentes del Primero, Cuarto, Quinto, Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito que informaran si continuaba vigente o no el criterio que se sustentaron en torno al tema de referencia y, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
Informe que rindieron en forma positiva y remitieron copias certificadas de las sentencias que contienen los criterios y reiteraciones; copias que obran glosadas en el expediente en que se actúa.
IV. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, el entonces Magistrado presidente en transición del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, turnó los autos al Magistrado Reynaldo Manuel Reyes Rosas, para que en términos del artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, formulara, el proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia: El Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 9, 17, 27 y 33 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, sustentada entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación: La denuncia de contradicción de tesis fue realizada por parte procesal legítima, ya que proviene de los Magistrados integrantes y el secretario encargado del despacho del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, en términos del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios en contradicción: Las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son:
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, al resolver el juicio de amparo directo número 102/2018, consideró que para la validez de las resoluciones en los órganos colegiados se requiere, cuando menos, de la firma de la mayoría de sus miembros; asimismo, el Magistrado que no estuviere conforme, extenderá y firmará su voto particular, el cual se agregará al expediente.
Los argumentos de la decisión son del tenor siguiente:
"QUINTO.—Como una cuestión previa, este órgano de control constitucional abordará el estudio de las firmas que obran al calce de la sentencia reclamada emitida por mayoría de votos, a la que se le anexó el voto particular de la Magistrada disidente.
"Como se aprecia de dicha sentencia, al calce únicamente aparecen las firmas de las Magistradas que integran la mayoría que votaron a favor; enseguida, se anexó el voto particular de la Magistrada disidente, firmado en la parte respectiva.
"Este órgano de control constitucional, en relación con el tema de que se trata, al resolver, entre otros, los diversos juicios de amparo directo 97/2005, 57/2013, 90/2013 y 252/2014, por mayoría de votos, sostuvo, en esencia, el criterio siguiente:
"‘Por tanto, la sentencia controvertida carece de validez por haber sido firmada sólo por dos de los Magistrados integrantes y por la secretaria de Acuerdos, pues se infringió lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 424, párrafo segundo, del código adjetivo penal local; vale decir que si una de las Magistradas que integra el órgano de apelación no estuviere de acuerdo con la propuesta sometida a su consideración, ello no la exenta de firmar la sentencia respectiva, pues al margen de que emita su voto particular, conforme a lo establecido en el precepto 76 del referido código instrumental, debe signarla.—Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por los supraindicados numerales 74, 75 y 424, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales local, en el sentido que deben estar presentes todos los integrantes del tribunal de alzada, los cuales firmarán la sentencia respectiva en conjunción con el secretario, lo cual es acorde a lo dispuesto por el dispositivo señalado en último orden, en cuanto prevé que la sentencia respectiva deberá pronunciarse y firmarse por los tres Magistrados que integran la Sala.’
"Ahora bien, nuevas y profundas reflexiones sobre el tema de que se trata, conducen a este órgano de control constitucional a apartarse del criterio anterior, por las razones que se expondrán a continuación.
"El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"‘Artículo 17.
"‘...
"‘Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ...’
"En términos del precepto reproducido, cuando no se afecten derechos en los juicios, entre otros, se deberá privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.
"Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador, sentencia de veintiuno de mayo de dos mil trece (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), específicamente en el párrafo 93, expresó:
"‘... 93. La Corte ha señalado que «el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los Jueces que dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos»,(1) y que «los Jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad», pues de lo contrario se «conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscabar el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones».’(2)
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia transcrita, sostuvo que el derecho a la tutela judicial efectiva implica el deber de los Jueces de dirigir y encausar el procedimiento judicial, con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad.
"Por su parte, los artículos 74, 75 y 76 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, aplicables al caso, establecían lo siguiente:
"‘Artículo 74. Las resoluciones se proveerán por los respectivos Magistrados o Jueces, y serán firmadas por ellos y por el secretario.’
"‘Artículo 75. Se necesita la presencia de todos los miembros que integren un tribunal para que éste pueda dictar una sentencia; la validez de estas resoluciones requiere, cuando menos, el voto de la mayoría de dichos miembros.—En caso de empate, se llamará a un Magistrado o Juez suplente, quien lo decidirá.—Tratándose de las demás resoluciones, no será necesaria la presencia de todos los miembros del tribunal.’
"‘Artículo 76. El Magistrado o Juez que no estuviere conforme, extenderá y firmará su voto particular, expresando sucintamente los fundamentos principales de su opinión. Este voto se agregará al expediente.’
"De acuerdo a los preceptos transcritos, las resoluciones serán firmadas por los respectivos Magistrados; para la validez de las mismas se requiere, cuando menos, el voto de la mayoría de los miembros; asimismo, el Magistrado que no estuviere conforme, extenderá y firmará su voto particular, el cual se agregará al expediente.
"‘La sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su sustancia jurídica. De ahí que el principio de la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, siendo un deber del tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico, en cumplimiento de tal deber debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente.’(3)
"En tratándose de las actuaciones judiciales, la firma constituye un elemento esencial de validez, cuyo objetivo es identificar al funcionario que las practica, a fin de asegurarse que éste sea el legalmente facultado para actuar en tal sentido.
"Asimismo, en el derecho procesal, se denomina voto particular a la opinión divergente que emite uno de los integrantes de un tribunal u órgano colegiado, con respecto a la decisión adoptada por la mayoría. El voto particular puede centrarse en la decisión final tomada (en cuyo caso se conoce como voto disidente o discrepante) o en la argumentación (en este supuesto, se denomina voto concurrente, pues el disconforme no coincide con la argumentación mayoritaria, pero sí con la decisión final adoptada).
"El voto particular se traduce en la opinión personal que emite el integrante de un órgano jurisdiccional colegiado, cuando no está de acuerdo con la decisión de la mayoría, y quiere dejar constancia por escrito de sus discrepancias y motivos, así como la solución alternativa que él habría adoptado.
"Este órgano de control constitucional, con base en nuevas y profundas reflexiones, considera que la interpretación sistemática de los artículos 74, 75 y 76 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, permite sostener que la formalidad de la firma se cumple, en el caso de que la resolución se emita por el voto de la mayoría de los Magistrados, si el disidente emite su respectivo voto particular, ya que si bien éste no forma parte de la propia resolución ni resultan vinculantes sus consideraciones,(4) lo que cierto es que a través del mismo se exterioriza su participación en la solución del asunto en sentido diverso, en donde expone los fundamentos y las razones de su criterio, lo que constituye su posición respecto de lo considerado por la mayoría; por ende, la firma que estampa en su voto cumple con la función de autorizar la resolución mayoritaria, cuya validez radica en que se emitió en dichos términos, con lo que se privilegia la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, de conformidad con el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"De esta manera, se considera que en el caso concreto procede realizar el estudio del acto reclamado, en razón de que el quejoso cuestiona su regularidad constitucional.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por mayoría de razón sustancial jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 11/2011 (10a.), Décima Época, registro digital: 2000033, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, materia administrativa, página 3133, que es del tenor siguiente:
"‘SENTENCIAS DICTADAS POR LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL REQUISITO DE VALIDEZ CONSISTENTE EN QUE LAS FIRMEN TODOS LOS MAGISTRADOS QUE LAS PRONUNCIEN SE COLMA, EN LOS CASOS EN QUE SE EMITAN POR MAYORÍA, CON LA FIRMA QUE CALZA EL VOTO PARTICULAR DEL DISIDENTE. Conforme al artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo –ante la falta de regulación expresa en esta norma especial–, las resoluciones dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben firmarlas todos los Magistrados que las pronuncien y autorizarlas el secretario de Acuerdos correspondiente. Ahora bien, la formalidad mencionada se colma, en los casos en que el fallo se emita por mayoría, si el disidente ejerce su facultad de formular voto particular, pues si bien éste no forma parte de la sentencia relativa ni resultan vinculantes sus consideraciones, lo cierto es que a través de él exterioriza su participación en la solución del asunto en sentido negativo, exponiendo los motivos por los que no comparte la decisión de la mayoría y, en su caso, la propuesta alternativa que él habría adoptado, por lo que es evidente que la firma que calza el aludido voto cumple con la función de autorizar el fallo mayoritario, aunque no lo comparta por los motivos que sustentan su voto.’
"Es por lo anterior, que no se comparte el criterio sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se ve reflejado en la jurisprudencia I.9o.P. J/13 (10a.), Décima Época, registro digital: 2007812, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Tomo III, octubre de 2014, materia penal, página 2630, de título, subtítulo y texto siguientes:
"‘SENTENCIAS PENALES DICTADAS COLEGIADAMENTE POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. CARECEN DE VALIDEZ SI NO ESTÁN FIRMADAS POR LOS TRES MAGISTRADOS QUE LAS INTEGRAN Y POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE EMITAN POR UNANIMIDAD O MAYORÍA DE VOTOS. De conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y en estricto apego al principio de seguridad jurídica, tanto de los gobernados como de los juzgadores, para que las sentencias penales dictadas colegiadamente por las Salas del Tribunal Superior de Justicia de la entidad tengan validez, deberán ser firmadas por los tres Magistrados que las integran y por el secretario de Acuerdos, con independencia de que se emitan por unanimidad o mayoría de votos. Lo anterior, en atención a que la firma es un requisito esencial para la eficacia de las resoluciones judiciales, ya que constituye el signo gráfico mediante el cual los Jueces expresan su voluntad en cuanto al sentido del fallo; por ende, la sentencia mayoritaria también debe contener las firmas de los citados funcionarios sin perjuicio de que el Magistrado que no estuviere conforme con la resolución mayoritaria respectiva, pueda emitir su voto particular, toda vez que esta circunstancia no significa que el disidente quede exento de firmar la determinación que se dicte, pues, de ser así, ésta carecerá de validez, sin que dicha irregularidad se subsane con la firma estampada en el voto particular en términos del artículo 76 del ordenamiento citado, porque su formulación carece de efecto legal alguno, dado que no vincula a las partes, sino que se emite únicamente para que quede constancia en el expediente de tal disidencia, además de que el último numeral referido no dispone que el voto particular constituya parte formal ni sustancial de la sentencia de segunda instancia, ya que sólo señala que se agregará al expediente, lo que acontece al anexarse éste por separado a la sentencia reclamada, es decir, la firma estampada en el mencionado voto particular no dispensa al Magistrado disidente de firmar la sentencia aprobada por mayoría, en la cual intervino en su deliberación, tan es así que no compartió el criterio mayoritario.’
"Mismo criterio al transcrito con antelación, también sostienen los órganos jurisdiccionales siguientes:
"- Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (juicio de amparo directo 190/2015).
"- Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (juicio de amparo directo 299/2016).
"- Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (juicios de amparo directo 312/2015, 444/2015 y 10/2016).
"- Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (juicio de amparo directo 47/2018).
"Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro digital: 164120, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, página 7, que reza:
"‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.’ (transcribe contenido de tesis)
"En tales condiciones, como en el caso existe una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por este órgano de control constitucional y las que sostienen por su parte sus homólogos de referencia, con fundamento en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, con copia certificada y en forma electrónica de esta resolución, hágase la denuncia respectiva al Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, para lo que tenga a bien resolver dentro del ámbito de su potestad jurisdiccional.
"No resulta óbice a lo anterior, la circunstancia de que el Código de Procedimientos Penales de la Ciudad de México, actualmente se encuentre abrogado, en razón de que pueden existir asuntos que se encuentren pendientes de ser sometidos al escrutinio en el ámbito del juicio de amparo, a los que pudiera ser aplicable el criterio que debiera prevalecer con carácter de jurisprudencia de llegarse a definir el tema planteado.
"Es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 64/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro digital: 182691, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de 2003, materia común, página 23, que a la letra dice:
"‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS.’ (transcribe contenido de tesis)."
Ahora bien, en un orden distinto al señalado en líneas precedentes, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito integró tesis de jurisprudencia I.9o.P. J/13 (10a.), derivada de la reiteración de criterios en los juicios de amparos directos números 381/2010, 66/2011, 151/2011, 84/2013 y 68/2014.
Juicios de amparos directos que, en un orden cronológico, fueron resueltos en sesiones de dos de diciembre de dos mil diez, diez de marzo de dos mil once, seis de mayo de dos mil once, dieciocho de abril de dos mil trece y quince de abril de dos mil catorce; juicios en los que, en esencia, se sostuvo lo siguiente:
Que carecen de validez las sentencias en las cuales sólo firmen dos de los Magistrados que integran la Sala Penal y el secretario de Acuerdos que autorizó, pues para cumplir con la exigencia contenida en el artículo 74 del entonces Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, es necesario que en el documento respectivo conste de modo indubitable la firma de los tres Magistrados.
Lo que no se subsana con el voto particular del Magistrado disidente, pues su formulación no surte algún efecto legal, dado que no vincula a las partes, sino que se emite únicamente para que quede constancia en el expediente de tal disidencia; máxime si el voto se agregó por separado a la sentencia.
En la parte considerativa se expuso lo siguiente:
"En efecto, el tribunal de apelación vulneró las leyes que rigen el procedimiento de apelación, toda vez que la sentencia de segunda instancia (emitida de manera colegiada) sólo fue firmada por dos de los Magistrados que integran la Sala y por el secretario de Acuerdos, no así por la Magistrada disidente, de ahí que, tal circunstancia actualiza la hipótesis prevista en el numeral 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el numeral 74 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que respectivamente establecen:
"‘Artículo 173. En los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:
"‘...
"‘XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo.’
"‘Artículo 74. Las resoluciones se proveerán por los respectivos Magistrados o Jueces, y serán firmadas por ellos y por el secretario.’
"De la transcripción del último numeral se advierte que, se exige para la validez de las resoluciones judiciales, que se provean por los respectivos Magistrados o Jueces, y sean firmadas por ellos y por el secretario, por lo que, dicho numeral no establece excepción al respecto, de ahí que las sentencias deben signarlas los funcionarios que las dicten, con independencia de que se emitan por unanimidad o por mayoría de votos.
"Así, se estima oportuno señalar que, la firma es un requisito esencial para la validez de las resoluciones judiciales, habida cuenta que constituye el signo gráfico mediante el cual los juzgadores expresan su voluntad en cuanto al sentido del fallo.
"En tanto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la firma tiene como función esencial identificar a su autor e imputarle la autoría del texto que le precede, ello a partir que ciertos rasgos de la escritura de determinada persona siempre serán los mismos, lo que permite determinar, en su caso, a simple vista o a través de medios científicos, si un conjunto de signos fue puesto de puño y letra de quien se atribuye.
"Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 62/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis, materia común, Novena Época, página cinco, de rubro y texto siguientes:
"‘ACTUACIONES JUDICIALES. PARA SU VALIDEZ BASTA LA FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN ELLA INTERVENGAN, EN SU CASO, ANTE LA FE DEL SECRETARIO, SIENDO INNECESARIO QUE TAMBIÉN SE ASIENTEN LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE PROPIA MANO.—La firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, partiendo del principio de que algunos rasgos de la escritura de una persona siempre serán los mismos, lo que permite determinar, a simple vista o a través de medios científicos, si cierto conjunto de signos fue realmente asentado de puño y letra de la persona a quien se le atribuye, por lo que es irrelevante que una firma sea legible o ilegible, siempre que existan elementos que permitan identificarla con su autor, por la reiteración invariable que hace de ella, pues son los aspectos grafoscopicos y no el significado de la representación gráfica los que permiten imputar la firma a una persona determinada. Así, independientemente de la definición proporcionada por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española y en atención al uso generalizado, una firma, para ser tal, debe consistir en uno o varios signos manuscritos con características tales que permitan identificarlos con su autor, aunque no representen su nombre y apellido, ni estén acompañados de estos datos escritos por propia mano. Por tanto, se concluye que la obligación legal de que las actuaciones judiciales estén firmadas por el servidor público que en ellas intervenga, no comprende la obligación de asentar su nombre y apellido de propia mano, salvo que la legislación aplicable lo exija expresamente, toda vez que aquellos no son elementos inherentes a la firma, en tanto que no son esenciales para cumplir con el propósito de identificación.’
"Ahora bien, como se precisó en párrafos precedentes, la sentencia de segunda instancia (emitida de manera colegiada) se resolvió por mayoría de votos de los Magistrados María Esperanza Rico Macías y doctor R. Alejandro Sentíes Carriles quienes firmaron al calce dicha resolución, así como el secretario de Acuerdos que autorizó y dio fe; sin embargo, la Magistrada disidente María de Jesús Medel Díaz no firmó dicho fallo, por lo que, tal omisión constituye una irregularidad que torna inválida la resolución reclamada, al no cumplirse lo dispuesto en el artículo 74 del código adjetivo de la materia, en cuanto a que, los fallos deben firmarlos los funcionarios que los dicten, con independencia que se emitan por unanimidad o por mayoría de votos.
"En esa virtud, dada la trascendencia jurídica que reviste la sentencia controvertida debe observarse de manera inexcusable el requisito de contener la firma de los funcionarios que la emiten, así como del secretario respectivo que autoriza y da fe, lo anterior, en estricto apego al principio de seguridad jurídica, para el quejoso como para los propios juzgadores.
"Sin que pase desapercibido para este tribunal colegiado que, en la parte relativa al sentido de la votación aparece:
"‘Así por mayoría de votos lo resolvieron y firman los Magistrados que integran la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, licenciada María Esperanza Rico Macías y doctor R. Alejandro Sentíes Carriles anexando voto particular de Magistrada licenciada María de Jesús Medel Díaz, ante el secretario de Acuerdos licenciado Aarón Leyva García quien autoriza, firma y da fe ...’
"Toda vez que sólo consta al calce de dicha votación la firma de los funcionarios que formaron la parte mayoritaria, así como del secretario de Acuerdos, por tanto, para cumplir con la exigencia contenida en el referido precepto 74 del código procesal de la materia, es necesario que conste de modo indubitable en el documento respectivo la firma de los tres Magistrados, lo que no ocurrió respecto a la disidente.
"De ahí que, sea necesario precisar que tal irregularidad no se subsana con el voto particular de la Magistrada disidente, el cual aparece firmado al calce por dicha funcionaria, así como por el secretario de Acuerdos, pues su formulación no surte algún efecto legal, dado que no vincula a las partes, sino únicamente para constancia en el expediente de tal disidencia, máxime que dicho voto se agregó por separado a la sentencia reclamada.
"En ese sentido, el precepto 76 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, prevé:
"‘El Magistrado o Juez que no estuviere conforme, extenderá y firmará su voto particular, expresando sucintamente los fundamentos principales de su opinión. Este voto se agregará al expediente.’
"De lo anterior se advierte que, dicha disposición obliga a la Magistrada disidente a formular y firmar su voto particular, sin e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29033-340f39d8/sentencias-de-las-salas-penales-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS DE LAS SALAS PENALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DICTADAS POR MAYORÍA DE VOTOS. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER FIRMADAS POR LOS TRES MAGISTRADOS (PC.I.P. J/60 P (10a.))
- SENTENCIAS DICTADAS DE MANERA COLEGIADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. CARECEN DE VALIDEZ LAS QUE NO ESTÁN FIRMADAS POR LOS TRES MAGISTRADOS (I.9o.P.84 P)
- SENTENCIAS PENALES DICTADAS COLEGIADAMENTE POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. CARECEN DE VALIDEZ SI NO ESTÁN FIRMADAS POR LOS TRES MAGISTRADOS QU (I.9o.P. J/13 (10a.))
- SENTENCIAS PENALES EMITIDAS POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PARA QUE SEAN VÁLIDAS DEBEN ESTAR FIRMADAS POR TODOS LOS MAGISTRADOS QUE LEGALMENTE LAS INTEGRAN Y POR (XXVIII. J/3)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis