AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE UNA PERSONA ADULTA MAYOR, LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN OSTENTAR UN PAPEL ACTIVO DURANTE SU TRÁMITE. SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO INDIRECTO POR FALLECIMIENTO DE LA PERSONA QUEJOSA. NO PROCEDE DECRETARLO CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES A LOS DERECHOS A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD O A LA SALUD (INTERPRETACIÓN CONFORME A LOS PRINCIPIOS PRO PERSONA Y PRO ACTIONE).
AMPARO EN REVISIÓN 299/2024. **********.(1) 3 DE JULIO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO FERNANDO SILVA GARCÍA. PONENTE: ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIA: LOURDES JIMENA HERNÁNDEZ ORNELAS.
Ciudad de México. Sentencia del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por videoconferencia de tres de julio de dos mil veinticinco.
Sentencia definitiva que revoca el sobreseimiento fuera de audiencia decretado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en virtud de que la muerte de la parte quejosa no actualiza en forma automática la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción III de la Ley de Amparo; pues, su procedencia dependerá de la naturaleza de los derechos que se estiman violados, así como de las características particulares de la parte quejosa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. PRIMERO. Hechos narrados en la demanda de amparo y escrito de desahogo de prevención. La parte quejosa señaló los siguientes antecedentes bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, así como en el escrito de desahogo de prevención:
2. Que el veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una queja en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debido a la negativa de entrega de insumos médicos para su tratamiento de **********;(2) pues padece **********(3) a consecuencia de **********.(4)
3. El quejoso aclaró que dichos insumos le habían sido suministrados por casi tres años por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de la empresa **********(5) en la Ciudad de Mérida, Yucatán, donde residió de noviembre de dos mil veinte a octubre de dos mil veintitrés, cambiando de domicilio a la Ciudad de México.
4. Que el treinta de noviembre de dos mil veintitrés, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió una solicitud de medidas cautelares, dirigida al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; asimismo, se hizo de su conocimiento que las medidas cautelares, deberían de implementarse de inmediato y por el plazo necesario, debiendo formular su respuesta a dicho requerimiento, a partir de la notificación o conocimiento, y que las mismas tendrían una vigencia de treinta días, a partir de su aceptación.
5. La parte quejosa señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le informó que el escrito de solicitud de medidas cautelares había sido entregado a la autoridad responsable el día de su emisión y que el primero de diciembre de dos mil veintitrés, la visitadora adjunta de la Primera Visitaduría General de dicho organismo le entregó personalmente al Director del Hospital General “Fernando Quiroz Gutiérrez” el escrito de medidas cautelares.
6. Sin embargo, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo –seis de diciembre de dos mil veintitrés-, según la información proporcionada por dicha Visitadora, el Instituto responsable no había dado respuesta a la solicitud de medidas cautelares.
7. La parte quejosa refiere que independientemente de la falta de respuesta del hospital, su hijo se presentó el primero de diciembre de dos mil veintitrés, ante el Director del Hospital General “Fernando Quiroz Gutiérrez”, a efecto de exigir el trámite correspondiente frente a la empresa **********(6) para que se le hiciera la entrega de los insumos para su tratamiento. Sin embargo, se le indicó que era necesario seguir el protocolo, por lo que se acordó que el cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, a las 08:00 horas, se llevaría a cabo una valoración médica por parte del área de **********(7) para realizar el trámite frente a la empresa **********,(8) consistente en dar de alta el domicilio actual de la parte quejosa para la entrega de los insumos y se comprometió el Director del Hospital a agilizar los trámites para el envío urgente de los mismos.
8. El cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, la parte quejosa se presentó en el Hospital General “Fernando Quiroz Gutiérrez”, a efecto de que le realizaran una valoración médica.
9. En esa misma fecha se le expidió una receta para entrega de insumos de **********(9) en su domicilio, en forma manual.
10. La parte quejosa señala que lo anterior a pesar de que ha manifestado que no cuenta con una persona de apoyo para llevar a cabo el tratamiento durante el día, así como tampoco cuenta con la herramienta necesaria para llevar a cabo dicho tratamiento –el cual consiste en 12 horas de **********,(10) en tres ciclos cada 4 horas-.
11. Respecto de lo anterior, el quejoso refiere que el Director del Hospital le dio dos opciones: la primera, consistente en que le realizaran las **********(11) en el hospital; pero, que eso implicaría estar en el hospital todo el día y la segunda opción, que en caso de alguna descompensación acudiera al servicio de urgencias; lo cual, el quejoso señala que pone en riesgo su salud, así como su vida, pues lo expone a otras enfermedades debido a su condición de salud y padecimiento de **********(12)
12. Que el cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, el quejoso realizó diversas llamadas a la empresa **********,(13) a efecto de constatar que el Hospital General “Fernando Quiroz Gutiérrez”, había realizado el trámite final para el envío de insumos, a lo que se le informó que no tenían registró alguno de dicho trámite.
13. Finalmente señaló que su última **********,(14) se llevó a cabo el tres de diciembre de dos mil veintitrés; por lo que, el tiempo que permanezca sin que se lleve a cabo su **********,(15) su salud se está deteriorando y se pone en riesgo su vida.
14. SEGUNDO. Promoción y trámite del juicio de amparo. En virtud de los antecedentes narrados, el seis de diciembre de dos mil veintitrés, **********,(16) por propio derecho, presentó demanda de amparo en contra de las siguientes autoridades responsables y por los actos reclamados que a continuación se transcriben:
“[...]
IV. Autoridades responsables
1. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, [...]
2. Director de Hospital General “Fernando Quiroz Gutiérrez”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, [...].
V. Acto que se reclama
La negativa a entregarme los insumos médicos para mi tratamiento de **********,(17) a efecto de garantizar mis derechos a la vida, a la salud y a la integridad física.
[...]”
15. TERCERO. Suspensión de plano y prevención. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual mediante auto de seis de diciembre de dos mil veintitrés, la registró con el número de expediente 1885/2023 y decretó la suspensión de oficio y de plano a **********,(18) para el efecto de que: “a juicio del médico tratante y bajo su más estricta responsabilidad, se le proporcionen las atenciones médicas pertinentes e integrales, para atender el padecimiento que aduce; así como, se le proporcionen oportunamente y de manera completa los medicamentos que requiera para su tratamiento”.
16. Por otra parte, en dicho auto, se previno al promovente a efecto de que narrara bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados; asimismo, para que exhibiera el número de copias de su escrito aclaratorio necesarias para correr traslado a las partes.
17. CUARTO. Desahogo de prevención y admisión. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el ocho de diciembre de dos mil veintitrés, la parte quejosa desahogó los requerimientos formulados y en proveído de once de diciembre del año en cita, el Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, asimismo solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
18. QUINTO. Sobreseimiento fuera de audiencia. Mediante auto de quince de mayo de dos mil veinticuatro, el juzgado tuvo por recibido el oficio signado en representación del Director del Hospital “Fernando Quiroz Gutiérrez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual desahogó el requerimiento que se le formuló y remitió copia certificada del expediente clínico del quejoso, así como un informe médico pormenorizado de su estado de salud, del cual advirtió que el quejoso falleció el cinco de mayo de dicho año; y por tanto, sobreseyó en el juicio fuera de audiencia al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en los artículos 62 y 63 fracción III,(19) de la Ley de Amparo vigente en dicha data.
19. SEXTO. Trámite del recurso de revisión. Por escrito presentado vía electrónica el treinta de mayo de dos mil veinticuatro, **********,(20) autorizado en términos amplios de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, el cual se tuvo por recibido por este Tribunal Colegiado mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, se registró bajo el número de expediente R.A. 299/2024 y se admitió a trámite.
20. SÉPTIMO. Nueva integración, turno y returno. En auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro se informó a las partes la nueva integración de este Tribunal Colegiado y se ordenó el turno del asunto a la ponencia de la Jueza en funciones de Magistrada Alba Yaneli Bello Martínez, a efecto de que formulara el proyecto de sentencia respectivo.
21. En auto de veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, se informó a las partes la nueva integración de este Tribunal Colegiado, asimismo se ordenó el returno del asunto a la ponencia del Secretario en funciones de Magistrado Israel Hernández González, a efecto de formular el proyecto de sentencia respectivo.
CONSIDERACIONES
22. PRIMERA. Competencia. Este Tribunal Colegiado es competente para resolver el recurso de revisión bajo estudio de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso d) y 84 de la Ley de Amparo; 35, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que precisa los órganos jurisdiccionales que componen este circuito.
23. Lo anterior en tanto que la determinación impugnada encuadra en la competencia de este Tribunal Colegiado por pertenecer a la materia administrativa, por razón de grado le corresponde su revisión, y el recurso de revisión no encuadra en los supuestos establecidos en el acuerdo general 1/2023 modificado mediante instrumento normativo del diez de abril de dos mil veintitrés del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su remisión a ella.
24. SEGUNDA. Legitimación recurso de revisión. El recurrente cuenta con legitimación, pues **********,(21) interpuso el medio de impugnación en su calidad de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, calidad que tiene reconocida por acuerdo de tres de junio de dos mil veinticuatro, dictado en el juicio de amparo de origen.
25. TERCERA. Oportunidad. El recurso de revisión se presentó de manera oportuna como se acredita en la siguiente tabla:
Ver tabla 1
26. CUARTA. Certeza del acto reclamado. El acto reclamado es cierto, según las constancias que obran en el expediente electrónico del juicio de amparo de origen.
27. QUINTA. Procedencia. El recurso es procedente porque es interpuesto en contra de una resolución que declaró el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo.(22)
28. SEXTA. Síntesis de la resolución recurrida. En la resolución recurrida de quince de mayo de dos mil veinticuatro, el Juzgado de Distrito ordenó agregar a los autos el oficio signado en representación del Director del Hospital “Fernando Quiroz Gutiérrez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual desahogó el requerimiento que se le formuló y remitió copia certificada del expediente clínico del quejoso, así como un informe médico pormenorizado de su estado de salud, del cual se advirtió que el quejoso había fallecido y exhibió copia certificada del certificado de defunción.
29. En tal sentido, se tuvo por desahogado el requerimiento que se le formuló y se dejó sin efectos el apercibimiento decretado.
30. Por otra parte, el Juzgado determinó que toda vez que la procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizar el juzgador de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo, procedió a dicho estudio y precisó que en el juicio de amparo, el quejoso **********(23) solicitó el amparo y protección de la justicia federal respecto del acto consistente en:
“La negativa de entregarme los insumos médicos para mi tratamiento de **********,(24) a efecto de garantizar mis derechos a la vida, a la salud y a la integridad física”
31. El Juzgado señaló que toda vez que la autoridad remitió copia certificada del certificado médico de defunción de **********;(25) que en tal sentido se actualizaba la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción III de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados en el juicio de amparo no trascienden más allá del accionante.
32. El Juzgado de Distrito precisó que de conformidad con los principios de instancia de parte agraviada y de relatividad de la sentencia que rigen al juicio de amparo, previstos en el artículo 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado; por tanto, la resolución que se pronuncie solo se ocupará de la persona que solicitó la protección de la Justicia de la Unión, limitándose a ampararla y protegerla, si procediere.
33. Por lo que, si la parte quejosa falleció y el acto únicamente le afectaba a él; es decir, que solo se involucraban derechos personales del quejoso, sin trascender más allá de su muerte, que debía sobreseerse en el juicio, con independencia y sin prejuzgar respecto de las manifestaciones hechas valer en relación a la atención médica recibida, pues ello es materia de diversa vía; y, al efecto, citó la jurisprudencia de rubro “SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN.”
34. El Juzgado de Distrito concluyó que si el quejoso falleció y el acto reclamado solo incidía en derechos estrictamente personalísimos, entonces ya no existe sujeto en cuyo favor pudiera dictarse sentencia de amparo con el efecto de reponerlo en el pleno uso y goce de los derechos fundamentales que pudieran haber sido violados en su perjuicio; en tal sentido que, al actualizarse de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente era sobreseer fuera de audiencia en el juicio.
35. SÉPTIMA. Análisis de causas de improcedencia.
36. 7.1 Análisis de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción III de la Ley de Amparo –agravio formulado por la parte recurrente-.
37. El autorizado de la parte quejosa señala que sobreseer en el juicio de amparo significaría la negación del derecho de acceso a la justicia de los familiares del quejoso a fin de determinar la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades responsables, así como la negación del derecho a una reparación integral y justa como consecuencia de las violaciones cometidas; pues, la Jueza de Distrito debió de haber inaplicado la fracción III del artículo 63 de la Ley de Amparo.
38. Es fundado el agravio en estudio en suplencia de la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracciones VI y VII de la Ley de Amparo.(26)
39. Para justificar dicha calificativa, en principio debe decirse que, de las consideraciones emitidas en la resolución recurrida, así como del agravio formulado por la parte recurrente, se advierte que la litis planteada en el presente recurso consiste en dar respuesta a la siguiente pregunta:
¿El sobreseimiento procede en automático cuando la persona quejosa muere durante el juicio o ello podría estar condicionado a la naturaleza de los derechos fundamentales considerados como violados, así como las características particulares de la persona quejosa?
40. Como se reseñó con anterioridad, la Jueza de Distrito fundamentó su determinación con base en el artículo 62, en relación con el artículo 63, fracción III de la Ley de Amparo, los cuales a la fecha de emisión de la resolución recurrida disponían:
“Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.”
“Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:
(...)
III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona;
(...).”
41. Asimismo, la Jueza de Distrito citó para apoyar la resolución recurrida, la jurisprudencia 34/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN.”
42. Sin embargo, este Tribunal Colegiado advierte que desde la Quinta Época ha sido criterio reiterado del Alto Tribunal que la muerte del quejoso conduce al sobreseimiento del juicio de amparo cuando –y sólo cuando- el acto reclamado afecte exclusivamente a su persona, como se aprecia de los siguientes criterios:
(Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 285478. Instancia: Pleno. Quinta Época. Materias(s): Común
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII. página 250. Tipo: Aislada)
“MUERTE DEL QUEJOSO. El amparo no concluye con la muerte del quejoso, sino cuando se trata de violación de garantías que sólo afecten a su persona.”
(Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 305438. Instancia: Primera Sala. Quinta Época. Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXIII, página 552. Tipo: Aislada).
“SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO POR LA MUERTE DEL QUEJOSO. La muerte del quejoso ocurrida durante la sustanciación del juicio de amparo, rige el sobreseimiento en relación con las garantías que sólo afectan a su persona.”
43. Si bien, tradicionalmente se entendía que dichos criterios resultaban aplicables en tratándose de derechos patrimoniales y la causahabiencia de la persona quejosa, este Tribunal Colegiado advierte que con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de dos mil once, hoy en día, la concepción e interpretación estricta de las causas de improcedencia y sobreseimiento se ven complementadas y reforzadas por el reconocimiento de dos principios hermenéuticos en materia de derechos humanos: el principio pro personae y el principio pro actione.
44. En efecto, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 258/2019, el principio pro actione que se encuentra implícito en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(27) en relación con los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(28) los cuales ordenan que los órganos jurisdiccionales, al interpretar y aplicar las normas procesales respectivas, eviten formalismos o entendimientos no razonables que vulneren el derecho de los justiciables a obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. 45. Lo anterior supone que los órganos jurisdiccionales deben tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos indebidos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar del derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.
46. Por su parte, el principio pro persona consagrado en el artículo 1º constitucional constituye un criterio hermenéutico en virtud del cual debe acudirse a la interpretación más amplia y extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente, a la interpretación menos restringida cuando se trata de establecer restricciones al ejercicio de tales derechos.
47. Es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otra, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que proteja al ser humano en términos más amplios.
48. En esa lógica, el principio pro persona tiene dos vertientes. En primer lugar, se destaca la dimensión del principio como preferencia interpretativa, según la cual, al determinar el contenido de los derechos se deberá utilizar la interpretación más expansiva que los optimice; y cuando se trate de entender una limitación a un derecho, se deberá optar por la interpretación que menos restrinja su alcance. En segundo lugar, se resalta la dimensión del principio como preferencia normativa, en virtud de la cual, ante un caso a debatir, el Juez tendrá que aplicar la norma más favorable a la persona.
49. En ese sentido, el principio pro persona, en su vertiente de preferencia interpretativa, implica que cuando existan condiciones o limitaciones a los derechos humanos, como lo es el de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, dichas limitantes al ejercicio o goce de tales derechos intrínsecos, no pueden ni deben interpretarse de manera absoluta o expansiva, pues su operabilidad debe concebirse de la manera menos restrictiva o limitativa posible al derecho humano en cuestión.
50. De tal suerte que, en la actualidad, las causas de improcedencia y sobreseimiento del juicio de amparo no sólo deben entenderse en sentido estricto, de tal manera que no se presten a interpretaciones extensivas, sino que, además, conforme a los principios pro persona y pro actione, su significado ha de desentrañarse tanto de la forma más favorable para el justiciable, como de la manera menos restrictiva o limitativa posible al derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, tomando además en consideración la naturaleza de los derechos fundamentales considerados violados, así como las características particulares de la persona quejosa.
51. Aunado a lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que, en una diversidad de precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha debido enfrentar procesos jurisdiccionales orientados a reconocer derechos fundamentales de personas que han fallecido antes o durante el litigio.(29)
52. Asimismo, tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud poseen una dimensión colectiva, en la medida en que su violación afecta no sólo al titular inmediato —el quejoso—, sino también a su núcleo familiar, conforme lo han sostenido la jurisprudencia constitucional y convencional.(30)
53. Además, este Tribunal Colegiado advierte que es importante recordar que los derechos humanos tienen dos dimensiones: una individual, que consiste en la libertad o prestación aprovechable sólo por su titular, y otra colectiva o pública, que consiste en todas aquellas actividades, deberes y prerrogativas involucradas alrededor de la primera dimensión.(31)
54. En efecto, el artículo 1o. constitucional expresamente reconoce a todas las personas un amplio catálogo de derechos humanos, tanto de fuente nacional como internacional. Además, establece las obligaciones estatales de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte.
55. En ese sentido, tanto el derecho a la salud, como el derecho a la vida, en su dimensión colectiva, se proyectan sobre una red de obligaciones que involucran al Estado y a la sociedad y que se reflejan en el deber correlativo que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar el goce de dichos derechos; así como, reparar las violaciones a los mismos.
56. En esa lógica, no puede sostenerse como regla absoluta que el fallecimiento del quejoso deba conducir, sin más, al sobreseimiento del juicio de amparo. Pues, como se ha expuesto, en el caso concreto, la causal de sobreseimiento invocada no debe interpretarse de forma estricta, sino conforme a los principios pro actione y pro persona, procurando preservar el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la verdad frente a la violación de los derechos a la salud, vida e integridad de la parte quejosa; para lo cual resulta necesario realizar un estudio de fondo del asunto.
57. Lo anterior aunado a que, al haber tenido la parte quejosa el carácter de persona mayor enferma y por tanto pertenecer a dos grupos vulnerables, se considera que acudió al juicio de amparo al tenor de una dimensión colectiva en atención a que, del contexto real del caso, se desprende que el grupo etario al que pertenece el quejoso es víctima de diversas violaciones a sus derechos, como el derecho a la no discriminación y el derecho a la salud.
58. Así, la causal de sobreseimiento por fallecimiento del quejoso debe entenderse en el sentido de que sólo se actualiza tratándose de derechos estrictamente personalísimos, y únicamente cuando una eventual sentencia resultaría notoriamente innecesaria o inocua para el esclarecimiento de la verdad, para la memoria del quejoso o para futuras acciones judiciales que pudieran ejercer sus familiares.
59. Por esas razones, debe sostenerse que, en aquellos juicios de amparo donde se impugnan omisiones en la provisión de atención médica e insumos por parte de hospitales públicos —que han derivado en violaciones a los derechos a la vida, a la integridad o a la salud—, el fallecimiento del quejoso no activa de forma automática el sobreseimiento del juicio.
60. Por el contrario, subsiste un interés jurídico y constitucionalmente relevante tanto para el orden público como para sus familiares, en que se esclarezcan los hechos y se constate la existencia de violaciones al derecho a la salud, vida e integridad de la parte quejosa.
61. En tal sentido, a juicio de este Tribunal Colegiado, en atención a las particularidades del caso en concreto, debe existir un pronunciamiento de fondo respecto de la violación a los derechos humanos que adujo el quejoso.
62. Por esos motivos es que este órgano colegiado no coincide con la decisión impugnada, en virtud de que la causa de sobreseimiento invocada por la Jueza de Distrito no es manifiesta ni indudable, pues por una parte debió analizar el asunto con un enfoque interseccional en virtud de los grupos vulnerables a los que pertenecía el quejoso, así como también debió de haber tomado en consideración que un pronunciamiento de fondo en el caso concreto resulta necesario.
63. Lo anterior sin que pase inadvertido para este Tribunal Colegiado la jurisprudencia de rubro “SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN.”; sin embargo, no se considera aplicable al presente asunto en los términos en que lo realizó la Jueza de Distrito, en atención a que de la ejecutoria que le dio origen se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente se pronunció respecto de la posible afectación económica, psicológica o emocional que el acto reclamado haya producido a los familiares de la parte quejosa, así como la imposibilidad de reparación de los daños y perjuicios que hubiesen sufrido.
64. Sin embargo, como hasta aquí se expuso, a juicio de este Tribunal Colegiado y en atención a las particularidades del caso en concreto, con un enfoque interseccional, se considera necesario un pronunciamiento de fondo en el asunto.
65. Finalmente, no le asiste razón a la recurrente en cuanto señala que la Jueza de Distrito basó su determinación en una tesis sustentada por Tribunales Colegiados en febrero de dos mil cinco; pues, como se expuso, sustentó su resolución, principalmente, en la jurisprudencia previamente transcrita de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
66. En virtud de lo expuesto, se prescinde de realizar el estudio de constitucionalidad del artículo 63, fracción III de la Ley de Amparo planteado por la parte recurrente en su escrito de agravios; pues, el acto de aplicación ha dejado de existir.
67. 7.2 Análisis de la causa de improcedencia relacionada con la imposibilidad jurídica y material para restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado.
68. En este punto se considera importante estudiar la diversa causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77 de la Ley de Amparo.(32)
69. De los artículos transcritos se desprende que los efectos de la concesión del amparo serán: i) restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; u, ii) obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.
70. En tal sentido, se adv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33737-4045e44f/amparo-indirecto-cuando-se-reclaman-violaciones-a-derechos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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