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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CUANDO SE CONTROVIERTA LA RESOLUCIÓN DE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA QUE ACORDÓ FAVORABLEMENTE LA EXPEDICIÓN DE COPIAS NO VINCULADAS CON UN ACTO PROCESAL O EL LITIGIO DE FONDO, PERO NEGÓ LA EXENCIÓN DE SU PAGO AL APLICAR DISPOSICIONES FISCALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 133/2014. · Registro digital (IUS): 25859
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-09-25
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III , Pág. 1930.

AMPARO EN REVISIÓN 133/2014. 12 DE FEBRERO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HUGO SAHUER HERNÁNDEZ. PONENTE: VÍCTORINO ROJAS RIVERA. SECRETARIO: JESÚS SANTOS VELÁZQUEZ GUERRERO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito es competente para conocer del presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Federal; 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo, así como 37, fracciones II y IV y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un recurso interpuesto contra una sentencia pronunciada en audiencia constitucional por un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en cuya circunscripción este Tribunal Colegiado de Circuito ejerce jurisdicción.

Esto es así, en razón de que la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito se determina por la naturaleza material del acto reclamado, no por la de las autoridades responsables; que en el caso se trata de una ley de naturaleza administrativa y el acto de aplicación es formalmente jurisdiccional en materia civil, pero materialmente administrativo, como se precisará en las líneas siguientes.

En principio, cabe señalar que la competencia de la autoridad es un derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, derivado del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público.

Así, la jurisdicción de los órganos del Estado creados para impartir justicia se determina por razón de la materia, cuantía, grado y territorio, a fin de especializar y, con ello, mejorar la impartición de justicia; de ahí que resulta relevante que los órganos jurisdiccionales atiendan estrictamente los asuntos de su competencia, a fin de cumplir con la debida garantía de acceso a la justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal.

En ese aspecto se tiene que la competencia por materia proviene de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se otorga a los Tribunales Colegiados de Circuito mediante el establecimiento de determinada especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales especializados en materias civil, administrativa, penal, de trabajo, entre otros, a cada uno de los cuales le corresponde conocer de los asuntos relacionados con la materia de su especialidad.

Empero, es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, específicamente sus artículos 37, fracción IV y 38, la que regula la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo indirecto, y se establece la posibilidad de crear tribunales especializados, los cuales conocerán de los asuntos en la materia que se les asigne.

Ahora, el Pleno del Alto Tribunal de la República ha sostenido -en principio- que la competencia por razón de materia de los Tribunales Colegiados debe determinarse, exclusivamente, en atención a la naturaleza de la litis planteada en el caso que dio origen al conflicto competencial, lo cual es factible precisar, regularmente, mediante el análisis de:

• Las prestaciones reclamadas;

• Los conceptos de violación planteados;

• Las pruebas ofrecidas;

• La invocación de preceptos legales en que el litigio se apoye; y, finalmente,

• Las consideraciones que sustenten la ejecutoria de amparo.

Pero lo anterior es prescindiendo, siempre, del examen de lo que constituye la relación jurídica sustancial existente entre las partes en conflicto, pues tal cuestión es parte del estudio de fondo, que compete realizar únicamente al órgano jurisdiccional que resuelva la litis y no al tribunal que decida sobre la competencia.

Es así, pues admitir lo contrario, implicaría prejuzgar y utilizar una facultad que la ley no confiere al tribunal que decida sobre tales conflictos.

Las consideraciones expresadas encuentran apoyo en las tesis, una de jurisprudencia y otra aislada, del Tribunal Pleno, identificadas con los números P./J. 83/98 y P. LXXVI/95, cuyos rubros son:

• "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES."(1)

• "COMPETENCIA. EL OBJETO PROPIO DE LAS RESOLUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN ESA MATERIA, ES DETERMINAR A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL QUE DEBA CONOCER DEL ASUNTO."(2)

También la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene -en amparos en revisión- que para determinar la competencia por materia se debe tomar como elemento, tanto el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado, como la naturaleza del acto que emite; igualmente se advierte que las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado, tal como sucede en la impugnación de leyes o disposiciones de carácter general, en donde no infiere ni interfiere el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo.

Así, tiene aplicación, conforme a lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA NO CONOCER DE UN AMPARO EN REVISIÓN. DEBE RESOLVERSE EN RAZÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO DE LAS AUTORIDADES.-Los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las distintas fracciones que se refieren a la competencia de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia, contiene dos prevenciones diferentes: la primera, en las fracciones I y II que se refieren al amparo en revisión, y la segunda, en las fracciones tercera, que corresponden al amparo directo. Ahora bien, aquélla distribuye la competencia tomando en cuenta la naturaleza material del acto reclamado, por esa circunstancia, en los incisos b) de cada fracción I que alude al conocimiento de las Salas de este Alto Tribunal, dice que cuando se reclamen del presidente de la República reglamentos federales, por estimarlos inconstitucionales, el conocimiento corresponde a las Salas de esta Suprema Corte, según la materia de que se trate. De esta manera, si el reglamento es de naturaleza penal, corresponde a la Primera Sala, administrativa a la Segunda, civil a la Tercera, y laboral a la Cuarta; eso no obstante que todos los reglamentos serían formalmente administrativos por derivar del Ejecutivo de la Unión. No sucede lo mismo con las fracciones terceras de cada uno de los preceptos mencionados, que se refieren al amparo directo, en donde se finca la competencia tomando en cuenta fundamentalmente la naturaleza de las autoridades de que deriva el acto y no la materialidad de éste."(3)

Por tanto, un elemento fundamental para determinar la competencia material en un juicio de amparo indirecto es la naturaleza del acto, que prima sobre la calidad de la autoridad que lo emite.

De ahí que para definir la competencia material del órgano jurisdiccional debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, puesto que es éste el que da la pauta y la referencia para el análisis constitucional que debe realizarse, partiendo de la legislación en la cual se apoye; dicho de otro modo, es el contenido del acto reclamado el que le otorga su naturaleza, de acuerdo con las disposiciones normativas en las que se sustente; por tanto, si el acto deriva o tiene como aplicación una ley de determinada materia, será precisamente ésta la que defina la naturaleza del acto reclamado.

Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito para conocer del recurso de revisión que se interponga contra una sentencia de amparo indirecto se fija -en principio- de acuerdo con la especialidad del Juez de Distrito que previno en el asunto; criterio que se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 23/2012 (10a.), de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA COMPETENCIA POR MATERIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOCE DEL RECURSO RELATIVO, SE DETERMINA POR LA ESPECIALIZACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO."(4)

Asimismo, esa Segunda Sala ha sostenido que cuando el Juez de Distrito -que dictó la sentencia- tiene competencia mixta, corresponde conocer del asunto al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en la materia en la que aquél fijó su competencia, tal como lo estableció en la jurisprudencia 2a./J. 4/2013 (10a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE SURTE EN FAVOR DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA EN LA QUE AQUÉL FIJÓ SU COMPETENCIA PARA CONOCER DEL ASUNTO."(5)

Concluyó -la Segunda Sala- que cuando es imposible atribuir la competencia a un Tribunal Colegiado de Circuito especializado por materia, atendiendo a la especialización del Juez de Distrito que dictó la sentencia recurrida, o al fundamento que citó al fijar su competencia, ésta se debe determinar tomando en cuenta la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, con base en la diversa jurisprudencia 2a./J. 24/2009, la cual lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS."(6)

En el caso concreto se desprende que el Juez de Distrito -que conoció del juicio de amparo- tiene competencia mixta para conocer del juicio de amparo, por eso es que este Tribunal Colegiado de Circuito no puede atender a la especialidad del Juez para fijar su competencia por razón de materia, en acatamiento al criterio que se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 23/2012 (10a.).

Por otra parte, de la ejecutoria citada no se desprende cuál fue el fundamento que citó el Juez de Distrito para resolver el asunto sometido a su consideración, para delimitar si se debe o no ajustar al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 4/2013 (10a.).

De ahí que con el propósito de seguir los lineamientos establecidos en las tesis enunciadas, procede analizar y determinar la naturaleza del acto que se reclamó en el juicio de amparo indirecto 263/2014, así como la del Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, quien es una de las autoridades señaladas como responsables.

El acto reclamado -principal- es el artículo 23, fracción XIII,* de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2014,(7) de contenido siguiente:

"Artículo 23. Los derechos que se causen por servicios oficiales diversos, se cubrirán de conformidad con las siguientes:

Ver cuotas 1

La reclamación de la disposición legal derivó de su aplicación en el acuerdo de veinte de marzo de dos mil catorce, emitido por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el juicio ordinario civil 1/2011, del contenido siguiente:

"Morelia, Michoacán, a 20 veinte de marzo de 2014 dos mil catorce.

"Visto el escrito de cuenta que suscribe el licenciado **********, con el carácter que tiene reconocido en autos, como lo solicita se ordena expedir copias certificadas de las constancias que indica, previo el pago de los derechos fiscales correspondientes, recibo y razón sucinta que de las mismas deje en autos, autorizando para que en su nombre y representación las reciban las personas que indica; sin que haya lugar a exentarlo de realizar dicho pago, en razón a que la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2014, publicada en el Periódico Oficial del Estado, en su artículo 23, fracción XIII, dispone los derechos que habrán de cubrirse por la certificación de documentos correspondientes; de ahí que no haya lugar a eximirlo de dicho pago, máxime que no nos encontramos en presencia de cual (sic) ninguna de las excepciones que establece la Ley de Amparo.

"Así, y con apoyo en lo dispuesto por los artículo 38, 39, 53 y 54 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo proveyó y firma el licenciado **********, Juez Quinto Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, que actúa con la secretaria de Acuerdo que autoriza, licenciada **********. Doy fe."

El acto reclamado principal es el artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2014, y aunque también se reclama el acto de aplicación contenido en el acuerdo de veinte de marzo de dos mil catorce, emitido por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el juicio ordinario civil 1/2011, que le acordó favorable la expedición de copias y, por otra, le negó la exención de su pago -con fundamento en la disposición legal citada- ha de señalarse que éste es subsidiario a la inconstitucionalidad de la norma jurídica aplicada en el caso, porque una cosa es la inconstitucionalidad de tal norma y otra la inconstitucionalidad del acto de aplicación.

El artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2014, es una norma de naturaleza administrativa-fiscal, al tener como objeto -en el caso específico- establecer el pago de derechos que son una de las contribuciones a que se refiere el artículo 3o.(8) del Código Fiscal del Estado de Michoacán.

Ahora, en efecto, el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán es parte integrante del Poder Judicial del Estado, conforme lo disponen los artículos 67, párrafo primero,(9) 86, párrafo primero,(10) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 3o., fracción II,(11) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo.

Además, éste tiene competencia para resolver los asuntos en materia civil conforme a lo dispuesto en los artículos 41(12) y 42(13) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo.

Por tanto, la naturaleza jurídica del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, es la de ser un órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, con la facultad de aplicar e interpretar las leyes a un caso concreto -artículos 70(14) y 89, fracciones I y II,(15) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo- en el ámbito civil.

Sin embargo, no todos los actos realizados por el titular del Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, son de naturaleza jurisdiccional pues, además, realiza actos de naturaleza materialmente administrativa, como lo disponen los artículos 89, fracciones III y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al establecer lo siguiente:

"Artículo 89. Son atribuciones de los tribunales y Jueces de primera instancia:

"...

"III. Tener a su cargo al personal de su juzgado y poner en conocimiento del Consejo del Poder Judicial las irregularidades por éstos cometidas;

"...

"V. Desempeñar las demás funciones que les confieran las leyes."

"Artículo 47. Corresponde a los Jueces de primera instancia, además de las señaladas por el artículo 89 de la Constitución:

"I. Dar aviso al consejo de los asuntos que inicien y de los que concluyan, así como de aquellos que por cualquier causa reciban de otros juzgados o dejen de conocer; y,

"II. Cumplir y hacer que el personal cumpla con sus funciones, con el horario de trabajo y con las disposiciones que dicte el consejo, coleccionando y conservando en el juzgado las disposiciones respectivas."

En este tenor, la doctrina ha destacado diversos actos de los órganos judiciales, que son formalmente jurisdiccionales pero materialmente administrativos, como son: "...las llamadas jurisdicción voluntaria, las correcciones disciplinarias...".(16) Ello al señalar que: "los actos de jurisdicción voluntaria, corresponden formular una opinión sobre el problema de su (sic) el ejercicio de la función que entraña sería más propio de los órganos administrativos o de los notarios que de los Jueces civiles, a quienes se han encomendado tradicionalmente".(17) Tan es así que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la jurisdicción voluntaria es un procedimiento de mera constatación o demostración de hechos o circunstancias, en el que no es legalmente posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones, puesto que ese procedimiento sólo es procedente cuando no se plantea o suscita controversia alguna o conflicto entre partes determinadas, y al no existir controversia, tampoco puede haber procedimiento contencioso.(18)

Por lo cual, la separación entre el acto administrativo y el jurisdiccional tiene dificultades para diferenciarse, pero un criterio es atender a su finalidad: "los actos administrativos tienen como finalidad el mantenimiento y normal desarrollo de los servicios públicos; los jurisdiccionales, el mantenimiento eficaz del sistema de la legalidad establecido por el legislador."(19)

De ahí que el acuerdo emitido el veinte de marzo de dos mil catorce por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el juicio ordinario civil 1/2011 donde, por una parte, acordó favorable la expedición de copias y, por otra, negó la exención de su pago, es un acto formalmente jurisdiccional, al haberse emitido en los autos que integran un juicio civil, pero materialmente administrativo, al ser una simple determinación con la aplicación de una ley fiscal que no resuelve el fondo del litigio por el cual derivó el juicio civil, así como tampoco es determinante para el cumplimiento de un acto procesal.

Esto es así, porque al haberse negado la exención de pago del derecho -expedición de copias certificadas- con fundamento en el artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2014, ello se ubica en los denominados decretos.

Las resoluciones judiciales son la exteriorización de los actos procesales de los Jueces o tribunales, mediante las cuales se atiende a las necesidades de desarrollo del proceso y a la decisión de un litigio; es decir, a la amplia gama de decisiones que puede emitir el órgano jurisdiccional.(20)

La tradición procesal ha clasificado las resoluciones judiciales -artículo 220(21) del Código Federal de Procedimientos Civiles-, en:

• Decretos, que son simples determinaciones de trámite;

• Autos, que son los que dictan los Jueces durante la sustanciación de un juicio; y,

• Sentencias, que son aquellas que deciden el fondo de la controversia judicial.

Por tanto, el acuerdo de veinte de marzo de dos mil catorce, emitido por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el juicio ordinario civil 1/2011, es un decreto, al ser una simple determinación de trámite no vinculada con el proceso jurisdiccional en sí, o con el fondo del litigio, ni con la ejecución de alguna resolución del mismo; cuestión diferente sería cuando ésta fuera exigida como un requisito para el trámite de un acto procesal sin la cual no fuera posible su continuación.

Motivo por el cual se afirma que es un acto materialmente administrativo, al no dirimir controversia ni conflicto jurídico alguno, así como tampoco solucionar cuestión contenciosa determinada, pues sólo aplica la norma jurídica que le sirve de sustento legal, sin perseguir aquellos fines inherentes a los actos de naturaleza jurisdiccional; por tanto, el acto administrativo puede concebirse como la declaración de voluntad de algún órgano de la administración pública, de naturaleza reglada o discrecional y, además, susceptible de crear, con eficacia particular o general, obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa.

Luego, ante la solicitud de copias certificadas realizada, el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, tenía el imperativo de aplicar -salvo los casos del ejercicio del control de convencionalidad y constitucionalidad de leyes- la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2014, como lo establece su artículo 39, al disponer:

"Artículo 39. Los servidores públicos que no apliquen las tarifas, tasas y cuotas establecidas en la presente ley, serán responsables ante la Secretaría de Finanzas y Administración por las diferencias que hubieren dejado de cobrar o cobren en exceso, y su importe les será descontado de sus percepciones, o en su caso, se hará efectiva la responsabilidad en contra de sus fiadores. Asimismo, serán responsables de las cantidades dejadas de recaudar por cualquier otro concepto de los previstos en esta ley, salvo en los casos en que se demuestre que tienen en trámite diligencias de cobro."

Circunstancia derivada del artículo 89, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, que obliga al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán -y demás órganos jurisdiccionales- a atender todas las demás funciones que les confieran las leyes y que, en el caso, es el artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2014; esto es, el cobro de los derechos.

Lo anterior, aunque el importe de la contribución deba ser realizado en la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas y Administración -artículos 38(22) de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2014 y 10(23) del Código Fiscal del Estado de Michoacán- pues esa determinación es un decreto cuya ubicación se encuentra en ser un acto materialmente administrativo, pues la autoridad responsable realizó la interpretación y luego la aplicación de disposiciones fiscales no aplicadas a la resolución del litigio ni a actos procesales.

En ese tenor, en relación con el decreto -resolución judicial- que acordó favorable la expedición de copias y negó la exención de su pago, aunque provenga de autoridad jurisdiccional, no reviste ese mismo carácter, ya que para determinar las características jurídicas del acto, debe atenderse a su naturaleza, de modo que si aquél se sujeta a disposiciones de naturaleza administrativa, debe estimarse que corresponde a esa materia, aunque provenga de una autoridad jurisdiccional.

Así, el hecho de que el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, sea parte del Poder Judicial del Estado y, por ende, de naturaleza jurisdiccional, no implica que los actos que emita necesariamente tengan esa característica pues, en todo caso, como se dijo, debe atenderse no sólo a la calidad que las autoridades tienen, sino a la naturaleza propia del acto, la cual será jurisdiccional cuando incida en un acto procesal o en la solución del conflicto sometido a su jurisdicción.

Ahora, en el juicio de amparo indirecto, el acto reclamado atribuido al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán -como autoridad ejecutora-, involucra únicamente la solicitud de copias certificadas -no vinculadas con un acto procesal o el litigio de fondo- y la exención de su pago, donde se atendió favorable la primera, no así la segunda, bajo el fundamento del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2014.

Consecuentemente, el acto de aplicación es formalmente jurisdiccional por haberse emitido dentro de un proceso civil, pero materialmente administrativo por no haberse abordado aspecto alguno del litigio o derivado de un acto procesal, ya que sólo existió un pronunciamiento derivado del derecho de petición de la expedición de copias certificadas y la negación a la exención de su pago, actos materialmente administrativos. De ahí que sea un acto cuya competencia corresponda a este Tribunal Colegiado de Circuito.

SEGUNDO.-Oportunidad en la interposición del recurso. El recurso de revisión se interpuso en tiempo, es decir, dentro de los diez días contados desde el siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución recurrida, en términos del primer párrafo del artículo 86 de la Ley de Amparo.

Es así, porque la referida sentencia se notificó personalmente al autorizado de la quejosa el miércoles dos de julio de dos mil catorce;(24) notificación que conforme a lo previsto en el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, surtió efectos el día hábil siguiente -jueves tres consecutivo-, por lo que el plazo empezó a correr el viernes cuatro de ese mes y concluyó el diecisiete posterior, descontándose los días cinco, seis, doce y trece de julio, por corresponder a sábados y domingos.

De ahí que si el recurso de revisión se presentó el quince de julio de dos mil catorce,(25) esto es, al octavo día hábil posterior al en que surtió efectos la notificación de la decisión impugnada, entonces se interpuso en el término legal correspondiente.

TERCERO.-Fundamentos del fallo recurrido. Las consideraciones en las que el Juez de Distrito sustentó su determinación son -en su orden-, las siguientes:

3.1. En el considerando primero se fundó la competencia para conocer y resolver el juicio de amparo.

3.2. En el considerando segundo precisó que los actos reclamados consistían en:

• La inconstitucionalidad del artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2014, así como su promulgación y ejecución.

• La aplicación de ese numeral en el auto de veinte de marzo de dos mil catorce, dictado en el juicio ordinario civil 1/2011, que sobre prescripción positiva promovió la quejosa en contra de **********.

• La falta de observancia del artículo 17 constitucional, en el sentido de acatarlo en supremacía, incluso en la propia Ley de Ingresos local.

• Que en el presente y futuro, en el expediente de donde deriva el acto reclamado o en otro diverso, no se le aplique ese precepto inconstitucional.

Además, estableció la certeza de los actos reclamados.

3.3. En el considerando tercero indicó que no se actualizó causa de improcedencia alguna.

3.4. En seguida -considerando cuarto-, manifestó que era innecesario transcribir los conceptos de violación.

3.5. Y en el considerando quinto declaró infundados dichos conceptos de violación, con base en lo siguiente:

• La resolución que constituía el acto reclamado fue el acuerdo de veinte de marzo de dos mil catorce, dictado en el juicio ordinario civil 1/2011, promovido por **********, frente a **********, en donde el Juez de primera instancia autorizó la expedición de copias certificadas sin eximir a la solicitante del pago establecido en el artículo 23, fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2014.

• El artículo 17 constitucional dispone que están prohibidas las costas judiciales, supuesto que debe ser entendido en dos sentidos: a) que los gobernados no sean obligados a retribuir a los funcionarios; y, b) que los órganos jurisdiccionales no exijan de aquéllos algún tipo de pago por realizar los actos que son inherentes a su función.

• Así, tal prohibición "...se extiende a los supuestos en los que el órgano jurisdiccional supedite el derecho de acceso a la justicia..." a alguna erogación del particular.

• El vocablo "costas", genéricamente se refiere a los gastos originados en el juicio, y pueden ser de dos tipos: a) los derivados del funcionamiento mismo del aparato judicial, tales como salarios, material, equipo e instalaciones, etcétera; y, b) los efectuados por las partes en litigio, que comprenden el pago que debe realizar la parte condenada a su contraparte, las publicaciones de edictos, las convocatorias de remates, las inscripciones en los registros públicos, los nombramientos de peritos, entre otros.

• Las "costas judiciales" consisten sólo en los gastos indicados en el inciso b).

• El artículo 23, fracción III (sic), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2014, dispone que deberá pagarse una cuota por concepto de copias certificadas que expidan los Jueces o secretarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

• Sin embargo, ello no implica que se constriña al particular a pagar honorarios o contraprestación alguna a los funcionarios que intervienen en la impartición de justicia, o a exhibir un pago como condición o presupuesto para llevar a cabo determinada actuación judicial a fin de resolver el asunto, sino que se refiere a un servicio oficial diverso -expedición de copias certificadas-.

• Citó la tesis P. XXXII/91, de rubro: "DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA LA GARANTÍA DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA".(26)

• La autoridad jurisdiccional no tiene facultades para determinar la constitucionalidad o no de un precepto, empero, sí la de inaplicarlo cuando advierta que es contrario a la Constitución Federal. Pues al no ser el numeral 23, fracción VI (sic) de la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán contrario a la Carta Magna, la autoridad responsable no se encontraba obligada a realizar estudio alguno sobre su aplicabilidad o no.

3.6. Finalmente, en el considerando sexto declaró la no supresión de datos personales.

CUARTO.-Agravios. La recurrente expresó un único agravio dividido en varios s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25859-070da258/competencia-para-conocer-del-recurso-de-revision-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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