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Modo: Corpus Pro

ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. A FIN DE RESPETAR ESE DERECHO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SI AL PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, EL QUEJOSO MANIFIESTA QUE POR ENCONTRARSE PRIVADO DE SU LIBERTAD, ESTÁ IMPEDIDO PARA CUBRIR EL COSTO GENERADO PARA OBTENER LAS COPIAS CORRESPONDIENTES, ÉSTAS DEBEN EXPEDIRSE GRATUITAMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 41/2014. · Registro digital (IUS): 25101
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-06-20
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Pág. 1535.

AMPARO EN REVISIÓN 41/2014. 10 DE ABRIL DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: CARLOS HUGO LUNA RAMOS. PONENTE: JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL AGUILAR SOLÍS.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO PRIMERO. Es esencialmente fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso **********, suplido en la deficiencia de su expresión, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente.

En efecto, este órgano colegiado, al analizar íntegramente las constancias que conforman el sumario constitucional en estudio, estima procedente conceder el amparo solicitado por el mencionado promovente, debido a que la determinación del Juez Quincuagésimo Sexto Penal del Distrito Federal, consistente en la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil trece, mediante la cual se niega a expedir, de manera gratuita, copia de toda la causa **********, resulta violatorio de los derechos fundamentales del solicitante de amparo.

En efecto, la autoridad judicial responsable aduce en el acto reclamado que la expedición de copias genera el pago de derechos; luego, si bien conforme al numeral 23 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se exceptúan de su cargo los gastos que se originen por las diligencias en proceso, lo cierto es que no se actualiza dicho supuesto, toda vez que al quejoso ya se le dictó sentencia, incluso, compurga la pena impuesta.

Tal forma de razonar, a criterio de este Tribunal Colegiado, vulnera los derechos fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial, pues en primer lugar, lo relativo a la solicitud de copias y su expedición por parte del quejoso, como ya se dijo en el considerando que antecede, no constituye algún acto procesal, sino más bien el derecho que el impetrante tiene para allegarse de los medios necesarios para acceder a la justicia.

Por otra, la autoridad responsable, Juez Quincuagésimo Sexto Penal del Distrito Federal, al emitir la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil trece, mediante la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el auto de ocho de noviembre de dos mil doce, en que negó la expedición de manera gratuita de la copia simple de la causa **********, impide al quejoso, ahora recurrente, el legítimo acceso a la justicia y faltó a su deber de tutela judicial, toda vez que en términos de los artículos 1o. y 103 de la Constitución Federal, los órganos jurisdiccionales se encuentran legalmente vinculados a ejercer, ex officio, el control de convencionalidad en sede interna, lo cual implica la obligación de velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los establecidos en la Carta Magna, adoptando la interpretación más favorable conforme al principio pro persona.

Así, el Juez responsable debió proteger cabalmente los derechos y libertades de acceso a la justicia, prerrogativa de audiencia y tutela jurisdiccional, acorde con lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los preceptos 14 y 17 de la Constitución General de la República; para, de esa manera, salvaguardar el derecho del quejoso para acceder de manera expedita a los tribunales para plantear sus pretensiones o defenderse de ellas.

Tal forma de razonar, se apoya en las razones que respaldan la jurisprudencia VI.3o.(II Región) J/3 (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, que por ser materia común cobra aplicación, máxime que se encuentra en vigor, no obstante que se integró conforme a la Ley de Amparo anterior, en virtud de no oponerse tal criterio a la actual legislación de la materia, misma que se publicó el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, donde destaca lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de esta última; la mencionada tesis jurisprudencial aparece publicada en la página 1093, Libro XX, Tomo 2, mayo de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro, texto y precedentes siguientes:

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADVIERTAN QUE EL RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, GARANTÍA DE AUDIENCIA Y TUTELA JURISDICCIONAL SE SUPEDITÓ A REQUISITOS INNECESARIOS, EXCESIVOS, CARENTES DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD, EN EJERCICIO DE AQUÉL, DEBEN ANALIZAR PREPONDERANTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, AUN CUANDO NO EXISTA CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO AL RESPECTO. De conformidad con los artículos 1o. y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales se encuentran legalmente vinculados a ejercer, ex officio, el control de convencionalidad en sede interna, lo cual implica la obligación de velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los establecidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable conforme al principio pro persona. Así, deben proteger cabalmente, entre otros, los derechos y libertades de acceso a la justicia, garantía de audiencia y tutela jurisdiccional, acorde con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los preceptos 14 y 17 de la Constitución General de la República. Ahora bien, si la tutela jurisdiccional se ha definido como el derecho de toda persona para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales para plantear sus pretensiones o defenderse de ellas, con el objeto de que mediante la sustanciación de un proceso donde se respeten ciertas formalidades se emita la resolución que decida la cuestión planteada y, en su caso, se ejecuten las decisiones, es evidente que el respeto a esos derechos y libertades no debe supeditarse a requisitos innecesarios, excesivos, carentes de razonabilidad o proporcionalidad; por ello, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito adviertan tal circunstancia, deben analizarla preponderantemente, en ejercicio del control de convencionalidad, con la finalidad de proteger y garantizar los derechos humanos, aun cuando no exista concepto de violación o agravio al respecto.

"Amparo directo 334/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 492/2012). ********** S.A. de C.V. 6 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Moya Flores. Secretario: Guadalupe González Vargas.

"Amparo directo 424/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 693/2012). ********** S.A. de C.V. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Moya Flores. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas.

"Amparo directo 463/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 719/2012). ********** S.A. de C.V. 30 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Mendoza Montes. Secretario: Hipólito Alatriste Pérez.

"Amparo directo 468/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 721/2012). ********** S.A. de C.V. 6 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara. Secretaria: Enriqueta Velasco Sánchez.

"Amparo directo 506/2012, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 825/2012). 4 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Moya Flores. Secretario: Guadalupe González Vargas."

Ciertamente, dado el sentido de la presente resolución, resulta menester señalar el alcance y sentido del derecho fundamental de tutela judicial efectiva que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El referido precepto constitucional establece:

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

"...

"...

"...

"Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

"...

"Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil."

En ese orden de ideas, el derecho fundamental de acceso a la justicia comprende los subprincipios normativos siguientes:

1. La prohibición de autotutela.

2. El derecho a la tutela jurisdiccional.

3. La abolición de las costas judiciales y la gratuidad de la justicia.

4. La independencia judicial; y,

5. La prohibición de imponer la sanción de prisión por deudas de carácter puramente civil.

Ahora bien, el subprincipio de acceso a la tutela jurisdiccional constituye un instrumento de primer orden que el Estado está obligado a establecer a favor de toda persona, con el fin de que ésta tenga acceso a tribunales independientes e imparciales, para plantear una pretensión o defenderse de ella, mediante un proceso justo y razonable, en el que se respeten los derechos que corresponden a las partes, el cual debe concluir con la emisión de una resolución que dirima el conflicto.

De esa forma, la estructura del subprincipio que nos ocupa bifurca su irradiación protectora de la siguiente manera:

a. El derecho de libre acceso a los Jueces o tribunales que correspondan, a fin de hacer valer o defender derechos o intereses legítimos.

b. El derecho de acceso al proceso o juicio que se hallen establecidos en las leyes, los cuales deben ser justos y razonables; para que, por su conducto, el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse sobre la cuestión planteada.

c. El derecho de que mediante configuración legal se establezcan los tribunales competentes para dirimir las controversias, así como que quienes los integren sean independientes; esto es, ajenos a toda influencia de otros poderes, e imparciales; es decir, que resuelvan los asuntos con pleno deslinde de los intereses de las partes en contienda.

d. El derecho a que en la ley se prevean mecanismos que ejecuten lo resuelto por el Juez o tribunal; esto es, la efectividad externa de la tutela judicial.

El derecho de acceso a la tutela jurisdiccional es reflejo del necesario proceso de articulación de un sistema para la solución de controversias que el Estado Mexicano debe llevar a cabo por mandato de la Constitución Federal, en el que solamente los tribunales o las instancias encargadas de definir los alcances de las normas que regulan el funcionamiento social y establecer el derecho de las partes en contienda.

Su estructura jurídica lo proyecta como un derecho gradual y sucesivo, que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando hasta lograr la tutela judicial efectiva. Igualmente, su contenido es complejo y múltiple, precisamente por su carácter gradual; las sucesivas etapas en las que la tutela judicial se va gestando y materializando están interconectadas, a su vez, con otros derechos fundamentales, especialmente, con los previstos en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son el derecho de audiencia y el de debido proceso.

El derecho a la tutela judicial efectiva ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales, de los que destacan por su relevancia, los siguientes:

Declaración Universal de Derechos del Hombre de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de mil novecientos cuarenta y ocho.

Ese documento internacional, en su artículo 10, dispone:

"Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal."

Por lo que hace a los convenios y pactos internacionales que sobre esa materia ha suscrito México, hay que destacar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de mil novecientos sesenta y seis, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de mil novecientos sesenta y nueve.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En cuanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (suscrito por el Estado Mexicano el veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y uno), cabe destacar lo previsto en su artículo 14.1, el cual preceptúa:

"Artículo 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y Cortes de Justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores."

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por su parte, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (suscrita por el Estado Mexicano el dos de marzo de mil novecientos ochenta y uno) prevé:

"Artículo 8. Garantías judiciales.

"1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

Tanto el artículo 17 de la Constitución General de la República, como los diversos preceptos 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son categóricos al establecer que el derecho a la tutela jurisdiccional se traduce en la obligación del Estado Mexicano de garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos a los tribunales en condiciones de equidad y que las respuestas que obtengan de estos últimos resuelvan los conflictos en forma efectiva, tanto para los individuos involucrados como para la sociedad en general.

La fuerza vinculante del derecho de acceso a la tutela jurisdiccional es directa e irradia en un campo amplio que de un lado, dota de seguridad y protección a los individuos; de otro, garantiza que el Estado continúe ejerciendo el monopolio legítimo de la fuerza pública, a efecto de mantener el orden y la paz social; por tanto, su ejercicio no debe ser obstaculizado innecesaria o irrazonablemente por requisitos de naturaleza técnica que abordaremos enseguida, o bien, de tipo económico, cuyo análisis se emprenderá al examinar el componente relativo a la gratuidad de la justicia.

Obstáculos técnicos.

Los obstáculos técnicos son los que derivan directamente de la propia naturaleza de los procesos jurisdiccionales, en la mayoría de los supuestos, son normas establecidas para regular la forma en la que los conflictos pueden ser planteados ante los Jueces; su diseño pretende asegurar que las personas puedan obtener justicia al mismo tiempo que evitar que se haga mal uso de la administración de justicia.

La gratuidad de la justicia consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual se desenvuelve con un doble efecto que genera a la par la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado.

Este principio constitucional de gratuidad de la justicia busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 72/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en vigor, no obstante que se integró conforme a la Ley de Amparo anterior, en virtud de no oponerse tal criterio a la actual legislación de la materia, misma que se publicó el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, donde destaca lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de esta última; la mencionada tesis jurisprudencial aparece publicada en la página 19, agosto de 1999, Tomo X, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"COSTAS JUDICIALES. ALCANCE DE SU PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL. Lo que prohíbe el artículo 17 constitucional es que el gobernado pague a quienes intervienen en la administración de justicia por parte del Estado, una determinada cantidad de dinero por la actividad que realiza el órgano jurisdiccional, pues dicho servicio debe ser gratuito."

Obstáculos económicos.

Los obstáculos económicos son todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental.

El derecho de tutela judicial efectiva en el amparo.

En términos de lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la Suprema Corte de Justicia tienen la atribución para conocer de los amparos en los que los ciudadanos aleguen transgresiones a sus derechos fundamentales por parte de cualquier órgano del Estado, con el propósito de que la actuación inconstitucional sea nulificada y reparada la violación combatida.

Al desempeñar esa función, los órganos del Poder Judicial de la Federación deben interpretar los derechos fundamentales, de modo que éstos irradien en todo el sistema jurídico, en virtud de que su protección y reivindicación importan y revelan su proyección de máximo rango en el ordenamiento jurídico mexicano; su máxima fuerza jurídica que impone su respeto a todos los sectores del Estado, especialmente, a los actores públicos; su máxima importancia en cuanto al objeto que significan, puesto que salvaguardan las prerrogativas fundamentales del ciudadano, con lo cual se logra el respeto estricto a su dignidad humana y finalmente, el máximo grado de indeterminación, en cuanto al sentido y alcance de sus disposiciones.

Máxime que de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir del once de junio de dos mil once, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, interpretando las normas relativas a esos derechos de conformidad con dichos ordenamientos (principio de interpretación conforme), con lo que se favorece en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (principio pro homine). Lo anterior, entre otros, de conformidad con los principios de interdependencia e indivisibilidad, de los cuales se desprende que los derechos humanos se interrelacionan y dependen recíprocamente unos de otros y tienen como origen común la dignidad humana, por lo cual no es legítimo relegar algunos para conceder prioridad a otros ni se justifica la jerarquía entre ellos, lo que significa que todos los derechos humanos deben ser objeto de protección sin distinción alguna. En atención a lo anterior y de conformidad con el artículo 103 de la Carta Magna, a las autoridades jurisdiccionales que conozcan del amparo, les corresponde con mayor énfasis, en razón de sus funciones de impartición de justicia y atendiendo al objeto del citado juicio, "proteger" y "garantizar" los derechos humanos en las controversias sometidas a su competencia. Máxime que los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que toda persona tiene derecho a un recurso "efectivo" ante los tribunales competentes, que la amparen contra los actos que violenten sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y esos instrumentos normativos.

Como se advierte, resulta de especial relevancia que los principios constitucionales que informan al derecho de tutela judicial efectiva consagrado en el numeral 17 de la Carta Magna, sean estrictamente respetados tratándose del amparo como medio de control, en razón de que el ciudadano acude a éste, precisamente, como última garantía de protección constitucional; esto es, solicita la protección de la Justicia de la Unión cuando ha resentido una violación en su esfera de derechos fundamentales, considerando que la única forma eficaz para que éstos sean reivindicados es a través de una declaración de inconstitucionalidad.

En ese sentido, si como lo afirma el quejoso en su concepto de violación, las copias solicitadas las requiere para promover juicio de amparo directo contra la determinación de la alzada, es de la mayor trascendencia que respecto del amparo no operen obstáculos técnicos o económicos excesivos o irrazonables que impidan su acceso a las personas, ya que éste es la última garantía a la que pueden acudir cuando sus derechos fundamentales han sido vulnerados; consecuentemente, en la medida de lo posible, el aludido medio de control constitucional debe ser sencillo, expedito y efectivo.

Lo anterior, incluso, se colige de los artículos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, numeral 3, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra disponen:

"Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley."

"Artículo 2.3. Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrán interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales."

"Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

Asimismo, resulta procedente acudir al contenido jurídico de los artículos 3o., párrafo tercero y 121, párrafo primero, de la Ley de Amparo, los cuales prevén:

"Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito.

"...

"Las copias certificadas que se expidan para la sustanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. ..."

"Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días. ..."

Luego, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de la pena, es incuestionable jurídicamente que su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, por lo que es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuenta con ingreso alguno; por tanto, deben expedirse las copias solicitadas de manera gratuita.

Apoya lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2014 (10a.), cuyos rubro y texto fueron aprobados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecinueve de marzo de dos mil catorce, pendiente de publicación, la cual es del tenor:

"COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO.-La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido.

"Contradicción de tesis 197/2013. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 19 de febrero de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López."

En ese orden de ideas, con la forma de proceder de la autoridad judicial responsable, al señalar que la expedición de copias genera el pago de derechos, con base en lo que establece el numeral 23 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, lo supeditó a requisitos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, en lugar de respetar el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, pues no debe soslayarse que cuando ésta es denegada u obstaculiza

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25101-1a366871/acceso-a-la-tutela-judicial-efectiva-a-fin · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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