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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. LA PERSONA DENUNCIANTE TIENE EL CARÁCTER DE TERCERA INTERESADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN RELATIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 304/2023. · Registro digital (IUS): 31973
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-12-01
Promovente: COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA, JALISCO Y OTRO.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo IV, Pág.4156.

AMPARO EN REVISIÓN 304/2023. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA, JALISCO Y OTRO. 22 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JESÚS DE ÁVILA HUERTA. PONENTE: GLORIA AVECIA SOLANO. SECRETARIO: JOSÉ CARLOS FLORES SANTANA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Es inconducente el análisis de fondo de la sentencia recurrida y de los agravios que se formularon en su contra, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que, en el caso, se incurrió en una violación a las reglas del procedimiento que conduce a reponerlo, en términos de la fracción IV del numeral 93 de la Ley de Amparo.

De la sentencia recurrida se advierte que la Jueza de Distrito consideró que resultaba preponderantemente fundado el motivo de disenso por medio del cual, en esencia, el quejoso señaló que la autoridad responsable emitió la resolución de cese (destitución) sin que analizara la prescripción propuesta en su escrito de contestación presentado en el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en su contra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, lo cual transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no ocuparse sobre esa cuestión, en tanto que el procedimiento de responsabilidad de origen fue instaurado al quejoso respecto de hechos que supuestamente acontecieron el uno de enero de dos mil diecinueve.

Hasta aquí las consideraciones de la sentencia recurrida.

Frente a tales consideraciones, la Secretaría Técnica de la Comisión de Honor y Justicia del Gobierno Municipal de Guadalajara, manifiesta en el primer agravio que lo considerado por la Jueza de Distrito es infundado, toda vez que con las copias certificadas del procedimiento que remitió la Dirección de Asuntos Internos se demuestra que la Comisión Municipal de Honor y Justicia sí se pronunció respecto de la prescripción, ya que realiza el estudio y análisis de ésta, al momento de emitir la resolución.

Que respecto a la prescripción, se advierte que el artículo 120 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco establece un año como plazo para iniciar la investigación, situación que se cumplió de manera puntual por la Dirección de Asuntos Internos, pues el inicio de la investigación se realizó el veintitrés de enero de dos mil diecinueve y los hechos que dieron origen a ésta son de uno enero del referido año, apreciándose que la investigación se inició veintidós días después del día en que sucedieron los hechos, transcurriendo sólo veintidós días.

Que en razón de lo anterior, la prescripción se interrumpió con el ejercicio de la facultad de la autoridad para dar inicio al procedimiento, por lo que no opera la prescripción al haber iniciado la investigación dentro del plazo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

Que si se toman en consideración las disposiciones del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos de la Comisaria de la Policía de Guadalajara, vigente y aplicable al momento del inicio del procedimiento, el plazo para dar inicio a una queja es de sesenta días naturales, el cual también fue observado por la Dirección de Asuntos Internos; de tal manera que el inicio del procedimiento fue hecho en tiempo y forma, independientemente del cuerpo legal que pretenda invocar el quejoso, por lo que no opera la prescripción que argumenta.

Cita en apoyo de sus argumentos la tesis XIV.2o.75 A, de rubro: "RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN PARA SANCIONARLA SE INTERRUMPE CON EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA Y EL SENTIDO DE SU RESOLUCIÓN."

En el segundo agravio, manifiesta la recurrente que el considerando octavo de la sentencia recurrida violenta el artículo 74 de la Ley de Amparo, pues la a quo arriba a la conclusión de que en el procedimiento de responsabilidad administrativa no se analizó la prescripción propuesta por el incoado, sin que explique con claridad las razones por las cuales llega a tal conclusión, por lo que la sentencia recurrida adolece del principio de exhaustividad.

Agravios del quejoso:

Que se vulnera el contenido del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir toda resolución jurisdiccional, pues la a quo debió analizar todos y cada uno de los actos reclamados por el quejoso; además, debió estudiar, analizar y resolver de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva todos y cada uno de los conceptos de violación esgrimidos e, igualmente, debió valorar todos y cada uno de los medios de convicción ofertados y desahogados en tiempo y forma por la parte quejosa, obligación que no se cumplió en el caso particular, pues la sentencia sujeta a revisión no está ni fundada, ni motivada, ni cumplió con el respeto irrestricto del principio de congruencia externa.

Que ello es así, pues es evidente que de la simple lectura del considerando octavo de la sentencia sujeta a revisión se desprende que la Jueza de Distrito no se ocupó de estudiar, analizar ni de resolver de manera congruente ni exhaustiva la litis constitucional puesta ante su jurisdicción, esto es, no se ocupó de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de todos y cada uno de los actos reclamados, ya que si bien es cierto que en la parte resolutiva de su fallo el órgano de control constitucional finalmente concedió al impetrante del amparo la protección constitucional impetrada; sin embargo, no se ocupó de explicar a las partes por qué al quejoso debía concedérsele el amparo; cuál era el acto reclamado que, a consideración de la autoridad federal, resultó inconstitucional; por qué uno de los actos reclamados por el quejoso resultó inconstitucional; cuál de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso resultó fundado y preponderante para concederle la protección federal y, finalmente, no se ocupó de cumplir con los lineamientos trazados por los numerales 74 y 77 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se ocupó de fijar de manera clara y precisa cuáles eran los efectos anulatorios y restitutorios de su fallo protector, esto es, qué debía hacer la responsable para cumplir con su ejecutoria de amparo; lo que desde luego dejó en el limbo jurídico al quejoso.

Que también se advierte de la sentencia cuestionada la violación a la congruencia interna que debe existir, pues de la lectura del octavo considerando se infiere claramente que después de citar textualmente lo que dispone el ordinal 14 de la Constitución Federal, la Jueza de Distrito estaba obligada a fundar y motivar la ejecutoria, esto es, a exponer los razonamientos lógico jurídicos, las circunstancias particulares y especiales que tomó en cuenta para declarar fundado y preponderante uno de los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante del amparo.

Que en términos de los ordinales 74 y 77 de la Ley de Amparo, una vez que la Jueza de Distrito determinó concederle al peticionario del amparo la protección federal, ésta debía plasmar en su fallo definitivo los efectos anulatorios y restitutorios de su sentencia, esto es, qué actos deberá realizar la responsable para restituir al quejoso de sus garantías individuales y derechos sustantivos y adjetivos vulnerados, lo que en el caso particular no sucedió, por tanto, es claro que no existe una congruencia en el texto de su foja 21 y siguientes, ya que no existe una continuidad en su texto ni una ilación que permitan al quejoso conocer el porqué de su determinación, con lo que claramente su resolución definitiva deviene viciada de nulidad, así como ilegal.

Solución al caso.

Como se dijo, resulta inconducente el análisis de fondo de la sentencia recurrida y de los agravios que se formularon en su contra, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte que en el caso se incurrió en una violación a las reglas del procedimiento que conduce a reponerlo, en términos de la fracción IV del numeral 93 de la Ley de Amparo.

En ese escenario, valga destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 293/2011, sostuvo que las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis y el diez de junio de dos mil once, significaron la introducción de un nuevo paradigma constitucional en México, cuyo objetivo principal es la tutela efectiva de los derechos humanos de las personas.

En dicho precedente se afirmó que este cambio trascendental exige a todos los operadores jurídicos un minucioso análisis del nuevo texto constitucional para determinar sus alcances y reinterpretar aquellas figuras e instituciones que resulten incompatibles o que puedan obstaculizar la aplicación y el desarrollo de éste.

Al respecto, se destaca que el Máximo Tribunal definió que el nuevo texto del artículo 1o. constitucional establece que:

i) Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;

ii) Las personas también gozan de las garantías previstas tanto en la propia Constitución como en tratados, para exigir la tutela de sus derechos humanos;

iii) Que como herramientas interpretativas se impone que las normas de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos, y que la interpretación de los derechos humanos se desarrolle favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, esto es, acorde con el principio pro persona.

Asimismo, al resolver la contradicción de tesis antes referida, se determinó que el principio pro persona constituye un criterio hermenéutico propio de la interpretación de los derechos humanos que busca, principalmente, resolver los casos de duda que puedan enfrentar los operadores jurídicos frente a la eventual multiplicidad de normas –e interpretaciones disponibles de las mismas– que resulten aplicables respecto de un mismo derecho.

En este sentido, adoptando como premisa la inviabilidad de resolver este tipo de situaciones con apoyo en los criterios tradicionales de interpretación y resolución de antinomias, el Poder Reformador otorgó rango constitucional al principio pro persona como elemento armonizador y dinámico para la interpretación y aplicación de normas de derechos humanos.(15)

Es así como, entre otros, este nuevo paradigma constitucional obliga a reevaluar criterios jurisdiccionales, interpretaciones constitucionales y legales para emitir nuevos pronunciamientos que sean vigentes y acordes con el nuevo marco normativo, imponiéndose como obligatorio que dichos criterios favorezcan a las personas la protección más amplia.

Las directrices referidas implican el deber de aplicar e interpretar, acudiendo a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se trata de establecer limitaciones legítimas para su ejercicio o para su suspensión extraordinaria.

De lo anterior se sigue que dicho principio permite que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, se opte por la que protege en términos más amplios.

Así, este nuevo paradigma constitucional impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que implica tratar a todas las personas por igual y considerar que el ejercicio de un derecho necesariamente implica que se respeten y protejan los derechos vinculados al mismo, así como evitar cualquier retroceso de los medios establecidos para su ejercicio, tutela, reparación y efectividad.

De la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 293/2011 a que se ha hecho referencia, surgió el siguiente criterio jurisprudencial:

"DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano."(16)

En esa tónica, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 11/2013, analizó el derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a un recurso efectivo, para determinar que:

"La tutela jurisdiccional consiste en el derecho de toda persona de acceder a tribunales independientes e imparciales para plantear una pretensión o defenderse de ella mediante un proceso justo y razonable en el que se respeten los derechos de las partes y que concluya con la emisión de una resolución que dirima el conflicto.

"Dadas sus características, la tutela judicial efectiva es una garantía compleja que comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho al debido proceso, el derecho a que se dicte una decisión ajustada a la ley, el derecho a recurrir la decisión y el derecho a la ejecución.

"Al fallar la contradicción de tesis 35/2005-PL, el Pleno de este Máximo Tribunal, estableció que el derecho a la tutela judicial efectiva se trata, entre otras cosas, de un derecho gradual y sucesivo que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando hasta lograr la tutela eficaz; de modo que las sucesivas etapas en las que la tutela judicial se va gestando y materializando están interconectadas, a su vez, con otros derechos fundamentales, especialmente con los previstos en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son el derecho de audiencia y el debido proceso.

"En tal virtud, el respeto irrestricto a la garantía de tutela judicial efectiva implica la prosecución del proceso, pues sólo de esta manera se asegura que se respete debidamente el derecho de audiencia y debido proceso de los individuos.

"Desde esta perspectiva, el derecho de acceso a la justicia se circunscribe como el derecho esencial y base que permite la tutela jurisdiccional efectiva en todas sus facetas, lo que caracteriza su importancia y la trascendencia de su protección.

"En efecto, garantizar el derecho de acceso a la justicia implica que, bajo los supuestos y parámetros que establezca la ley, los órganos jurisdiccionales deberán movilizar su maquinaria para dar solución al conflicto o cuestión jurídica planteada.

"Esto es así, pues el acceso a la justicia es el derecho fundamental que toda persona tiene de plantear una pretensión o defenderse de ella ante los tribunales previamente establecidos. El ejercicio de este derecho se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del siguiente tenor:

"‘Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.’

"Dicho precepto constitucional esclarece los alcances de este derecho, al señalar los elementos esenciales que lo conforman. De esta forma, el precepto en estudio impone la necesidad no sólo de que los tribunales que diriman las controversias se establezcan previamente, sino la obligación de que dichos tribunales, en el ejercicio de sus funciones, se apeguen a los plazos y términos que establezcan las leyes, mismos que deben ser respetados tanto por la autoridad como por las partes en los procesos jurisdiccionales."

En relación con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las que se encuentra el establecimiento, en normas jurídicas, de las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a cada etapa del proceso.

Al respecto, destaca que el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé el principio de efectividad de los medios de defensa previstos en la Constitución o en la ley, para garantizar esos derechos.(17)

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo al citado principio "no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios", lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación "que configure un cuadro de negación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión".(18)

En esa tesitura, este Tribunal Colegiado estima que el derecho fundamental de acceso a la justicia conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos o medios de defensa previstos en la Constitución y en la ley, motivo por el cual, deben abstenerse de condicionar su procedencia a requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que se persigue con la exigencia constitucional de establecer parámetros en la ley para el ejercicio de los derechos de acción y defensa, los cuales deben ser generales, razonables y objetivos.

Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en los siguientes términos:

"A efecto de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. ... Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efecto de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación."(19) Como puede observarse, desde esta faceta el derecho de acceso a la justicia también conlleva la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos tengan la capacidad real para lograr la protección de dichos derechos.

En este sentido, para considerar que existe el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución Federal o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que se eliminen para su admisión y tramitación cualquier cúmulo de requisitos o formalismos técnicos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad y que, además, resulte realmente ágil y sencillo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.

Es aplicable la tesis 2a. IX/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De conformidad con el precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo."(20)

En ese escenario, valga destacar que el artículo 25.1 de la Convención Americana garantiza la existencia de un recurso sencillo, rápido y efectivo ante Juez o tribunal competente,(21) a lo que se adiciona que el Pacto de San José establece que los Estados Parte están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25),(22) recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1);(23) todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el Pacto de San José a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1).(24)

Así, la efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención Americana, en la Constitución o en las leyes.(25)

En otras palabras, para que tal recurso efectivo exista, no basta con que esté previsto en la Constitución o en la ley o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla; de ahí que no puedan considerarse efectivos aquellos recursos que por las condiciones generales del país o, incluso, por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios.(26)

Al respecto, cabe abonar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en los términos del artículo 25 de la Convención Americana, es posible identificar dos obligaciones específicas del Estado. La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven la determinación de los derechos y obligaciones de éstas.

Mientras que la segunda se compele a garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes,(27) de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos.

Mismo derecho que se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes.(28) A la vista de lo anterior, el Estado tiene la responsabilidad no sólo de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, sino también la de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales.(29)

Ahora bien, el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone:

"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: ... IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento;"

De la lectura de ese precepto legal se obtiene que si ante alguna acción u omisión se advierte que se han violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento, de trascender esa violación al resultado del fallo, debe revocarse éste y mandarlo reponer a partir de la transgresión detectada.

Debe destacarse que las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo son aquellas que deberán acatar los órganos de amparo, por disposición expresa o implícita de las distintas leyes que regulan a dicho juicio, para integrar correctamente el procedimiento, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado o con la persona que solicitó la protección constitucional, esto es, son el total de las obligaciones que se encuentran sistematizadas en los cuerpos normativos que rigen al juicio de amparo las que, por cierto, se distinguen de las cargas procesales impuestas a las partes, porque las primeras revisten el carácter de oficiosas y, en las segundas, se requiere indefectiblemente la intervención de las partes para hacer efectivas las prerrogativas enunciadas en tales leyes; además, están sujetas al principio de preclusión en el caso de no ejercitarse dentro del plazo previsto para tal efecto, lo que no acontece tratándose de las precisadas obligaciones.

Con la finalidad de evidenciar la violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, conviene señalar los antecedentes siguientes:

1. El quejoso reclamó del director de Asuntos Internos y de la Comisión Municipal de Honor y Justicia el procedimiento administrativo ********** seguido en su contra, que culminó con la resolución emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en la que se determinó la destitución del cargo de oficial de policía que ocupaba. Investigación que dio inicio con motivo de la denuncia de hechos realizada por ********** en contra del quejoso.

2. Por auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito, previos requerimientos al quejoso, admitió la demanda de amparo, requirió a las autoridades responsables por su informe de ley, dio la vista que corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se tuvo que dada la naturaleza de los actos reclamados, hasta ese momento no le revestía el carácter de tercero interesada a persona alguna; ello sin perjuicio de que al recibir las constancias respectivas se proveyera al respecto.

3. En acuerdos de veintiuno y veintisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos los informes del director de Asuntos Internos y de la Comisión de Honor y de Justicia, respectivamente, y una vez ocurrido lo anterior, se ordenó dar vista a las partes.

4. Una vez agotado el procedimiento, el veintidós de febrero de dos mil veintidós el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, que terminó de engrosar el uno de marzo de dos mil veintidós, en la que concedió el amparo solicitado.

5. Inconforme con dicho fallo, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual se turnó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mismo que quedó registrado con el número **********, y por acuerdo plenario de quince de noviembre de dos mil veintidós, declinó el conocimiento del asunto por razón de t

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31973-9c51f4b7/procedimiento-de-responsabilidad-administrativa-de-los-integrantes-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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