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Modo: Corpus Pro

ACTO ADMINISTRATIVO. PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DEBE MENCIONAR, TANTO LOS RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE PROCEDAN EN SU CONTRA, COMO EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, YA SEA EN LA VÍA SUMARIA U ORDINARIA PUES, DE LO CONTRARIO, EL PARTICULAR QUEDA SUJETO AL PLAZO MÁS AMPLIO PARA ACUDIR A ÉSTE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 293/2015. · Registro digital (IUS): 25983
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-11-13
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Pág. 3165.

AMPARO DIRECTO 293/2015. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIO: JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ VÁZQUEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Estudio. En suplencia de la queja, este Tribunal Colegiado advierte una violación manifiesta de la ley en contra de la quejosa, que la ha dejado sin defensa, lo que tornará innecesario el estudio de los sintetizados conceptos de violación expuestos.

Inicialmente, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que en el presente amparo directo no rige el principio de estricto derecho, en atención a que se actualiza uno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

En efecto, en relación con la figura de la suplencia de la queja, el precepto invocado, en su fracción VI, dice lo siguiente:

"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"...

"VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y"

De conformidad con esa porción normativa, procede suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, cuando se advierta que ha habido contra el quejoso una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por haber afectado sus derechos humanos y garantías constitucionales.

Así, se entiende por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", aquella actuación de la autoridad responsable que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a la esfera jurídica del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas que rigen el acto reclamado e, incluso, la defensa del peticionario ante la emisión del acto por parte de la responsable.

Es ilustrativa al respecto, la tesis 1a./J. 17/2000, de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, publicada en la página 189 del Tomo XII, octubre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA.-Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado."

El criterio que informa tal tesis resulta aplicable en la especie, ya que si bien derivó de la interpretación del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, no se ignora que el contenido de tal precepto, con algunas variaciones de redacción, es esencialmente similar al actual 79, fracción VI, del ordenamiento legal invocado en vigor.

Ahora, como se adelantó, este Tribunal Colegiado advierte una violación manifiesta de la ley en contra de la quejosa, que la ha dejado sin defensa.

A manera de preámbulo, se precisa que conforme a la reforma al artículo 1o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.

De modo que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar conforme con la Constitución Federal y a los tratados internacionales de los que México es parte, favoreciendo a las personas con la protección más amplia, lo que implica precisar su sentido y alcance a partir del principio pro persona, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida si se trata de fijar limitaciones legítimas para su ejercicio o para su suspensión extraordinaria, de lo que se sigue que dicho principio permite que ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, se opte por la que protege en términos más amplios.

Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 659, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL."

De igual forma, resulta aplicable la tesis 1a. XVIII/2012 (9a.), también de la Primera Sala, consultable en la página 257, Libro IX, Tomo 1, junio de 2012, del citado medio oficial de difusión, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA."

Ahora, el acceso a la justicia es el derecho fundamental que toda persona tiene de plantear una pretensión o defenderse de ella ante los tribunales previamente constituidos, cuyo ejercicio se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que literalmente expresa:

"Artículo 17. ...

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ..."

Para el debido acatamiento de esa prerrogativa, no basta que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo, en la medida en que el justiciable, una vez cumplidos los requisitos procesales respectivos, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado, de manera que debe privilegiarse el derecho de acceso a la impartición de justicia, esto es, el acceso a una tutela judicial efectiva.

Al resolver la contradicción de tesis 35/2005-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la fuerza vinculante del derecho de acceso a la tutela jurisdiccional es directa e irradia en un campo amplio que, de un lado, dota de seguridad y protección a los individuos y, de otro, garantiza que el Estado continúe ejerciendo el monopolio legítimo de la fuerza pública, a efecto de mantener el orden y la paz sociales; por tanto, su ejercicio no debe ser obstaculizado innecesaria o irrazonablemente por requisitos de naturaleza técnica, entre otros.

Los obstáculos técnicos, puntualizó dicho Pleno del Máximo Tribunal del País, son los que derivan directamente de la propia naturaleza de los procesos jurisdiccionales y que, en la mayoría de los supuestos, son normas creadas para regular la forma en la que los conflictos pueden ser planteados ante los Jueces; en tanto que su diseño pretende asegurar que las personas puedan obtener justicia, al mismo tiempo que evita que se haga un mal uso de la administración de justicia.

Sobre esa prerrogativa, en el ámbito internacional, el Estado Mexicano ha asumido el siguiente compromiso:

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Artículo 25. Protección Judicial

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

"2. Los Estados partes se comprometen:

"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

De lo anterior se obtiene la obligación del Estado Mexicano de proporcionar a toda persona el acceso efectivo a la impartición de justicia.

En diversas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para la satisfacción del derecho fundamental de acceso a la justicia, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo, capaz de producir resultados o respuestas al problema planteado; de ahí que la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que éste debe ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real de interponer un recurso sencillo y rápido.

Además, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, como puede ser cuando existe denegación de justicia, retardo injustificado en la decisión o bien, impedimento del acceso del presunto lesionado al recurso judicial.

Corolario de lo anterior, conforme a los artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal, así como al diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe privilegiarse el derecho de acceso a la impartición de justicia, esto es, el acceso a una tutela judicial efectiva; por tanto, su ejercicio no debe ser obstaculizado innecesaria o irrazonablemente por requisitos de naturaleza técnica y que, en la mayoría de los casos, se encuentran en las normas que regulan la forma en la que los conflictos pueden ser planteados ante los órganos jurisdiccionales.

En lo que al caso concreto interesa, derivado de la existencia de infinidad de recursos en las diversas leyes administrativas, el legislador federal tuvo la necesidad de prever un recurso único, el de revisión, del que pudieran prevalerse los afectados por las resoluciones o actos administrativos, y para hacer factible lo anterior, derogó los recursos administrativos contenidos en las diferentes leyes administrativas. Todo ello se materializó en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

La exposición de motivos que dio origen a la expedición de dicha Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en la parte que interesa, dice:

"...Ciertamente que se ha avanzado, fundamentalmente a partir de la década de los 60, en cuanto a una reforma administrativa integral, pero tal avance ha sido, básicamente, en el ámbito interno de la administración, conforme a los principios de la ciencia de la administración, mas no en el establecimiento de principios legales que rijan toda la actuación de la administración pública. Es menester, en consecuencia, un ordenamiento legal que unifique lo que se encuentra disperso en algunas leyes, en lo que se refiere a los principios fundamentales atinentes a definir principios de competencia, elementos del acto administrativo, que constituye la forma como se expresa la voluntad del Estado en su función administrativa para aplicar y concretar la ley a casos particulares, afectos por la ausencia de uno o más elementos del acto administrativo y principios relativos al procedimiento administrativo.

"Salvo la fiscal, hoy en día existe una anarquía legislativa en el ámbito administrativo respecto a tales principios, de suerte que cada ley administrativa, con su procedimiento especial, fija sus propios principios, muchas veces contradictorios con otras leyes, dando lugar con ello a una inseguridad jurídica. Es también innegable que por la pluralidad de actividades que puede y debe desarrollar la administración pública, es a veces necesario tener procedimientos especiales. No obstante ello, también es cierto que es necesario contar con un ordenamiento legal que instituya un solo procedimiento que regule la actuación de la administración pública, mediante principios aplicables a todos los órganos que la integran, en el marco de un procedimiento general tipo, para asegurar un mínimo de unidad de principios y lograr así la justicia administrativa.

"Hablar de justicia administrativa es concretar, en su especie, una rama de la justicia en general. No puede significar más que una clase de justicia que queda individualizada o concretada por su relación con la actividad pública.

"La presente administración ha continuado y profundizado en una reforma administrativa, que se ha concretado en una reestructuración de la propia administración pública; ha intensificado en múltiples áreas de la actividad de la administración un proceso de desregulación en su actuación. Empero, dicha reforma quedaría inacabada, por muchos esfuerzos que se hagan, si no va acompañada de un ordenamiento legal que venga a llenar el vacío que impera hoy en día en nuestro sistema jurídico, mediante una Ley Federal de Procedimiento Administrativo que cumpla con los objetivos y metas antes señalados..."

En tanto que la discusión del dictamen de origen, en lo que interesa, expresa:

"Otro título que es muy importante destacar, es el relativo a los recursos administrativos. Cada ley administrativa prevé en el ámbito de su aplicación diversos recursos administrativos. En este sentido, sí se derogan en la iniciativa en comento todos los demás recursos que no sean los que prevé esta ley; es decir, se deja exclusivamente el recurso de revisión para todos los actos administrativos que causen agravio al particular. Esto tiene muchos efectos positivos en cuanto que simplifica el ejercicio de defensa del particular frente a la actuación de los órganos de la administración, al uniformarse todos los recursos en uno solo y esto no afecta en nada otras formas de defensa que tiene el particular, como son la defensa vía amparo o vía contencioso administrativo, que se dan con posterioridad a la realización del acto, a través de la aplicación de otras normas..."

De donde resulta que la sustitución de los diversos recursos contenidos en las leyes administrativas, por un recurso único, el de revisión, tuvo por objeto eliminar situaciones procesales dudosas que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los afectados, tales como la existencia de múltiples recursos que lejos de facilitar tal defensa la obstaculizaban.

Esa intención del legislador, para la mejor administración de justicia, se concretó en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual prevé actualmente:

"Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda."

En vinculación con esa disposición legal, se encuentra el diverso numeral 3, fracción XV, de la propia ley en cita, el cual dispone:

"Artículo 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo:

"...

"XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y..."

Como puede leerse, el precepto transcrito prevé los elementos y requisitos que deben contener los actos administrativos, entre ellos, que la autoridad deberá hacer mención de los recursos que procedan; lo cual, ante la derogación de los recursos contenidos en las distintas leyes administrativas y la regulación de un medio único de defensa en un solo ordenamiento legal distinto de aquéllas, se constituye como un elemento imprescindible para brindar certeza jurídica a los particulares, sobre el medio de impugnación procedente, ante la multiplicidad que puede existir en las distintas leyes administrativas.

De esa manera, se corrobora la intención del legislador federal, al expedir la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de eliminar situaciones procesales dudosas que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.

Con ello, es patente que tuvo como objetivo superior el de privilegiar el acceso a la justicia, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal.

En otro aspecto, pero relacionado con lo anterior, se precisa que el diez de diciembre de dos mil diez se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y una de esas modificaciones consistió en prever el juicio en la vía sumaria como una nueva modalidad del juicio contencioso administrativo federal.

Con motivo de esa reforma, se adicionó a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, entre otros, el artículo 58-2, el cual prevé lo siguiente:

"Artículo 58-2. Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, procederá el juicio en la vía sumaria siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes:

"I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal;

"II. Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales;

"III. Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado;

"IV. Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, o

"V. Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado.

"También procederá el juicio en la vía sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Para determinar la cuantía en los casos de los incisos I), III) y V), sólo se considerará el crédito principal sin accesorios ni actualizaciones. Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución de las mencionadas anteriormente no se acumulará el monto de cada una de ellas para efectos de determinar la procedencia de esta vía.

"La demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones de esta ley ante la Sala Regional competente."

El precepto legal transcrito establece los supuestos de procedencia del juicio de nulidad en la vía sumaria, para lo cual el legislador tuvo en cuenta dos criterios, a saber: la cuantía y la materia.

El invocado numeral 58-2 prevé que la vía sumaria procede cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, y únicamente cuando se trate de resoluciones definitivas: a) dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal; b) sólo impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales; c) exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado; d) requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla, y e) las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores, y el importe de esta última no exceda el antes señalado.

De igual forma, se prescribe que procederá el juicio en la vía sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Destaca que de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 100/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 1017, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas», de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA VÍA SUMARIA CONTRA LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO ES OPTATIVA PARA EL PARTICULAR.", la tramitación del juicio de nulidad en la vía sumaria, en relación con la ordinaria, no es optativa, puesto que el Magistrado instructor lo tramitará así en los supuestos que proceda, dado que la parte demandante no puede elegir entre una forma de tramitación y otra.

Lo anteriormente expuesto hace patente que a partir de la mencionada reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el legislador implementó otra modalidad del juicio contencioso administrativo federal, como lo es la vía sumaria, pero únicamente para ciertas resoluciones de todas las que pueden ser impugnadas en el contencioso administrativo, en términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Incluso, la demanda del juicio de nulidad correspondiente a la vía sumaria deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, por lo que no hacerlo así, traerá como consecuencia necesaria su desechamiento; lo que sin lugar a dudas significa que el legislador redujo el plazo de cuarenta y cinco días previsto para la vía ordinaria.

Ahora, aunque la sola reducción de ese plazo de cuarenta y cinco a quince días para la vía sumaria, no constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, lo cierto es que tal circunstancia sí influye en la forma en la que los particulares afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán hacer valer su acción ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues el legislador modificó las normas que regulan la manera en la que el juicio de nulidad puede ser planteado ante dicho tribunal.

Ese hecho, conforme al orden jurídico nacional que impera en la actualidad, justifica la aplicación del criterio hermenéutico del principio pro personae, al estar involucrado el alcance del derecho humano de acceso a la justicia, contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional y en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con base en una interpretación conforme con la Constitución Federal del artículo 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Lo anterior, atendiendo a que en el artículo 17 de la Constitución Federal se contiene el derecho de toda persona a acudir a los tribunales del Estado para que se le administre justicia, quienes deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; mientras que el numeral 25 del Pacto de San José indica que todo individuo tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y que no sea ilusorio; lo que evidentemente no se lograría utilizando una interpretación puramente literal del artículo 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Dicho precepto legal, como ya se dijo, impone la obligación a la autoridad administrativa de mencionar en los actos administrativos recurribles, los recursos que procedan.

Luego, armonizando tal disposición con el derecho de acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, y aunque tal precepto no lo contenga de manera literal, lo cierto es que de su interpretación conforme con la Constitución Federal, en virtud del invocado principio pro personae, la expresión "recursos que procedan" debe entenderse referida a cualquier medio de impugnación idóneo y eficaz para controvertir el acto administrativo, lo que significa que la mención de los recursos que procedan no debe limitarse a los previstos en sede administrativa, sino también al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Es así, porque tal disposición, como ya se dijo, se erige como un elemento imprescindible para brindar certeza jurídica a los particulares sobre el medio de impugnación procedente, ante la multiplicidad de recursos que puedan existir en las distintas leyes administrativas; además de que corrobora la intención del legislador, de eliminar obstáculos procesales que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los afectados.

Incluso, la omisión de indicar en el acto administrativo los recursos procedentes en su contra, constituye una irregularidad que produce la anulabilidad de éste, en términos del artículo 7 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; vicio que, aunque es subsanable por no referirse a un elemento esencial de aquél, tiene la trascendencia de impedir al particular el acceso efectivo a la justicia, al desconocer el medio de impugnación idóneo y eficaz para combatir dicho acto, que tratándose del juicio de nulidad, ya se dijo, se actualiza ante su legal procedencia de dos vías -sumaria y ordinaria-.

Sobre esa base, una interpretación literal del texto del multicitado numeral 3, fracción XV, actualmente resultaría contraria a los principios constitucionales que conforme al nuevo sistema jurídico mexicano se deben observar, a fin de garantizar los derechos fundamentales, como lo es, precisamente, el de acceso efectivo a la justicia, consagrado en los artículos 17 constitucional y 25 del Pacto de San José.

De manera que, si para el ejercicio de tal derecho fundamental es trascendente que no operen obstáculos técnicos que, en la mayoría de los casos, tienen que ver con las normas que regulan la forma en la que los asuntos pueden ser planteados ante los órganos jurisdiccionales, válidamente puede concluirse que la mención en el acto administrativo de los recursos que procedan, debe comprender también al juicio de nulidad, ya sea en la vía sumaria u ordinaria, pues de esa forma es evidente que se garantiza la efectividad de tal medio de defensa, con la finalidad de asegurar y facilitar al afectado por el acto administrativo, la defensa de sus derechos.

Ello, dada la incertidumbre que en su caso pudiera generar al gobernado la vía procedente, ante el hecho de que actualmente existe otra modalidad del juicio contencioso administrativo, como lo es la sumaria, incluso, la reducción del plazo de los cuarenta y cinco a quince días para acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Así las cosas, el incumplimiento de tal obligación por parte de la autoridad administrativa, debe llevar a estimar que el particular quedará sujeto al plazo más amplio para acudir al juicio de nulidad, que en el caso lo es el de cuarenta y cinco días, con independencia de la vía que el órgano jurisdiccional tenga a bien determinar, puesto que la falta de tal precisión no puede dirigirse en perjuicio de los derechos fundamentales del particular.

Apoya lo anterior la tesis emitida por este Tribunal Colegiado, con clave de control TC161A.10AD 066.3, de título y subtítulo siguientes:

"ACCESO A LA JUSTICIA. PARA GARANTIZARLO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE MENCIONAR EN EL ACTO ADMINISTRATIVO LOS RECURSOS QUE EN SU CONTRA PROCEDAN, TANTO EN SEDE ADMINISTRATIVA COMO EN SEDE JURISDICCIONAL ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIV

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25983-6691868e/acto-administrativo-para-garantizar-el-derecho-de-acceso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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