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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITA SEÑALAR LA VÍA JURISDICCIONAL PROCEDENTE PARA IMPUGNAR EL ACTO ADMINISTRATIVO, DEBE ADMITIRSE COMO OPORTUNA LA DEMANDA PRESENTADA DENTRO DEL PLAZO CONTEMPLADO PARA LA VÍA ORDINARIA, AUN CUANDO CORRESPONDA A LA SUMARIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VIGENTE EN LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DEL 14 DE JUNIO DE 2006).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2016. · Registro digital (IUS): 26770
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-11-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Pág. 1366.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ CON SALVEDADES MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ROCÍO BALDERAS FERNÁNDEZ.

III. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN:

6. Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que los criterios denunciados como contradictorios han sido sustentados por Tribunales Colegiados de diverso circuito.

7. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue denunciada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, órgano colegiado que conoció del amparo directo **********, una de las resoluciones que motivan la presente contradicción de tesis. Lo anterior con fundamento en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS

8. La forma de aproximarse a los problemas jurídicos generados por la contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito.

9. En ese sentido, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en su producto. De esta manera, si la finalidad de la contradicción es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuera.

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida, gira en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

10. El criterio expuesto resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias‘ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(4)

11. De la misma manera, aunque las posturas discrepantes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, dicha circunstancia no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, siendo aplicable la tesis P. L/94, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIA.-Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."(5)

12. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de utilizar su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:

A. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito sostuvo las siguientes consideraciones, en el amparo directo **********:

• Antecedentes:

1. **********, promovió demanda de nulidad en contra de la resolución de cuatro de junio de dos mil catorce, emitida por el jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia en Puebla, de la Procuraduría Federal del Consumidor, dentro del expediente **********, a través de la cual se le impuso una multa en cantidad de ********** pesos en moneda nacional.

2. Una vez sustanciado el juicio en todas sus etapas, la Magistrada instructora de la entonces Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió la sentencia correspondiente en la que, con fundamento en los preceptos 8, fracción IV, 9, fracción II, 49, 58-12 y 58-13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo resolvió declarar fundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad demandada y sobreseer en el juicio.

3. En contra de dicha resolución, la promovente interpuso juicio de amparo donde estimó violados los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.

4. Seguidos los trámites procesales correspondientes, el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el juicio de amparo mediante sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, donde negó la protección constitucional a la quejosa, en virtud de lo siguiente:

• Consideraciones:

• Estimó infundado el concepto de violación donde la quejosa expone que la presentación de la demanda promovida en la vía sumaria, presentada fuera del plazo de quince días, pero dentro de los cuarenta y cinco días, puede reencauzarse, ser admitida y tramitada dentro de la vía ordinaria, al existir incertidumbre sobre la posible violación de un criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte o una jurisprudencia del Pleno o la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

• El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la consecuencia de que la demanda de un juicio sumario ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no se presente dentro del plazo de quince días es su desechamiento (o sobreseimiento según el estado procesal en que se haga el pronunciamiento) y no su reencauzamiento.

• Agregó que si bien la conclusión anterior no se encuentra legalmente expresa, el artículo 58-1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, refiere que la tramitación y resolución del juicio en la vía sumaria se ajustará a las disposiciones específicas que se establezcan en el capítulo "Del juicio en la vía sumaria", contenido en los numerales 58-1 al 58-15, mientras que en lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones de la ley.

• Sostuvo que de la interpretación de los numerales 14, fracción I y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se obtiene que cuando los Magistrados instructores conozcan de demandas que se refieran a la vía sumaria, tienen la facultad de desecharlas si no se presentan dentro del plazo de quince días señalado en la ley (salvo la excepción prevista en el antepenúltimo párrafo del artículo 58-2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) pero no de reencausarlas a la vía que corresponda si la parte promovente se equivocó. Y citó las tesis aisladas 2a. XXVII/2013 (10a.) y 2a./J. 46/2013 (10a.), de títulos y subtítulos siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA EN LA VÍA SUMARIA FUERA DEL PLAZO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58-2, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA PROVOCA SU DESECHAMIENTO, CON EXCEPCIÓN DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN SU ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO." y "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. ES PROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE FUERA DEL PLAZO LEGAL DE 15 DÍAS, ÚNICAMENTE SI EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA LA AUTORIDAD SEÑALÓ UN PLAZO DISTINTO PARA ELLO."

• En cuanto a la manifestación de la quejosa, respecto a que se encontraba en el caso de excepción para que la demanda se interpusiera en el plazo de quince días, lo declaró infundado pues no se acreditó que se encontrara en el supuesto establecido en el artículo 58-2, antepenúltimo párrafo, de la ley impugnada, pues las tesis de jurisprudencia invocadas no se refieren a la materia de constitucionalidad de leyes.

• Declaró que no le asistía la razón a la peticionaria de amparo sobre lo optativo de la vía sumaria, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte ha emitido jurisprudencia donde ha determinado que del proceso legislativo que dio origen al artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se aprecia que la vía sumaria no es optativa, puesto que se creó de manera obligatoria y conlleva la brevedad en los plazos para la sustanciación del procedimiento en todas sus etapas, simplificándolo en asuntos de menor cuantía, así como en los casos en que el criterio ya ha sido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte o de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Además, la parte actora no podrá elegir a su arbitrio la instancia en la que deba debatir su pretensión, toda vez que la prosecución de un juicio en los términos señalados por la ley es una cuestión de orden público, cuyo trámite está contenido, a fin de garantizar la legalidad.

• Concluyó que aceptar que el particular pueda escoger la instancia legal a través de la cual cuestionar la actuación de la autoridad, implicaría la posibilidad de optar por lo más conveniente a sus intereses, en cuanto a plazos y condiciones para someter al órgano jurisdiccional su pretensión, lo que llevaría a un desorden procesal y, por tanto, la inseguridad jurídica. Y citó el criterio 2a./J. 100/2014 (10a.) de Segunda Sala de rubro siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA VÍA SUMARIA CONTRA LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO ES OPTATIVA PARA EL PARTICULAR."

• Aunque en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo está prevista la posibilidad de que la parte actora pueda elegir la forma en la que se tramitará el juicio contencioso administrativo, esto no se refiere a que pueda escoger la vía, sino a la oportunidad con la que cuenta para optar entre la tramitación del juicio contencioso administrativo federal en la vía tradicional o en línea. Y citó la tesis 2a./J. 102/2014 (10a.) de Segunda Sala de rubro siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO INSTITUYE EL PRINCIPIO DE ELECCIÓN DE VÍA."

• Calificó de infundado el concepto de la parte quejosa donde adujo que la autoridad responsable omitió estudiar sus conceptos de impugnación, pues contrario a lo antes expuesto, la autoridad responsable no estuvo en aptitud de analizar todos los planteamientos formulados al presentarse de manera extemporánea y, por tanto, verificarse una causal de improcedencia y derivar en el sobreseimiento del juicio.

• La parte quejosa sostuvo que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé como uno de los requisitos del acto administrativo, mencionar los recursos que procedan en contra del mismo, pues estimó que el término "recursos" debe ser interpretado en la forma más favorable al gobernado sin que se restrinja únicamente a los recursos resueltos en sede administrativa, sino también a aquellos que procedan en la vía jurisdiccional. Por lo anterior, la parte quejosa adujo que al no haberse expresado esa cuestión, debe ser otorgado el plazo de los 45 días, aunque proceda la vía sumaria. Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito lo declaró infundado, pues la Segunda Sala ha sostenido que el legislador no tuvo la intención de que se hiciera del conocimiento del gobernado el medio de defensa procedente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es decir, el juicio de nulidad.

• Reforzó su consideración con el criterio expuesto por la Segunda Sala en la contradicción de tesis 58/2004-SS, de la que se derivó la jurisprudencia 2a./J. 95/2004, donde se arribó a la conclusión de que el legislador buscó generar certeza jurídica al disponer en el artículo 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que las autoridades administrativas debían mencionar el medio de defensa procedente en contra del acto administrativo, ante la derogación de los recursos establecidos en las leyes especiales y la regulación de un medio único de defensa en un solo ordenamiento legal, distinto de aquéllas, esto es, el recurso de revisión contemplado en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues se generaría confusión sobre la pertinencia de la vía, cuando no se cumpliera con el aludido requisito.

• Precisó que dicha confusión no existía respecto a la procedencia del juicio de nulidad, cuya competencia corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

• Además, estimó que la exigencia a la autoridad administrativa de precisar la vía jurisdiccional en el juicio de nulidad extralimitaría sus funciones, pues no corresponde a una autoridad administrativa la determinación de la procedencia de los juicios que son de conocimiento de la autoridad jurisdiccional y, por consecuencia, los plazos para su promoción.

• Estimó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una excepción sobre la procedencia del juicio en la vía sumaria cuando se presenta fuera del plazo de los quince días, cuando en el acto impugnado la autoridad señaló un plazo distinto para ello, al verse vulnerados los derechos fundamentales de tutela, seguridad y certeza jurídica. Concluyó que en el caso no se verificaba este supuesto pues se le hizo saber a la quejosa que podía promover el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y citó el criterio 2a./J. 46/2013 (10a.) jurisprudencial, de rubro siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA SUMARIA. ES PROCEDENTE CUANDO SE INTERPONE FUERA DEL PLAZO LEGAL DE 15 DÍAS, ÚNICAMENTE SI EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA LA AUTORIDAD SEÑALÓ UN PLAZO DISTINTO PARA ELLO."

• Consideró que había sido decisión de la quejosa interponer la demanda fuera de los plazos previstos en la ley aplicable, lo cual derivó en la verificación de una causal de improcedencia que sobreseyó en el juicio. Y citó las tesis de jurisprudencia y aislada 1a./J. 42/2007 y 1a. XXXII/2013 (10a.) siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." y "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 58-2, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PRESENTAR LA DEMANDA EN LA VÍA SUMARIA NO VIOLA EL PRINCIPIO PRO PERSONA."

• Estimó no vinculante el criterio IV.2o.A.62 A (10a.) emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro siguiente: "ACTO ADMINISTRATIVO. LA CONSECUENCIA DE QUE LA AUTORIDAD NO MENCIONE EN ÉSTE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LA VÍA ORDINARIA O SUMARIA EN SU CONTRA, ES QUE EL ADMINISTRADO GOCE DEL PLAZO DE 45 DÍAS PARA PRESENTAR SU DEMANDA (INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN Y CONVENCIONAL DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.", por no ser de carácter obligatorio para dicho tribunal, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo. Y denunció la contradicción de tesis entre este criterio y las consideraciones expuestas en esta resolución.

• Calificó de infundado lo estimado por la parte quejosa donde sostuvo que la autoridad responsable no se ocupó de todo lo pedido y argumentado, sin embargo, no le asiste la razón pues ello encuentra justificación en el hecho de que sobreseyó en el juicio promovido. Además, agregó que no le asistía la razón al quejoso al sostener que no se encontraba en las hipótesis del juicio de nulidad por vía sumaria, pues el supuesto del caso se prevé en el artículo 58-2, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Tampoco estimó correcto lo afirmado sobre ubicarse en el supuesto de improcedencia del artículo 58-3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la Segunda Sala estableció en su jurisprudencia 2a./J. 169/2013 (10a.) que los asuntos donde el tema central lo fuera la imposición de una multa, no representa mayor complejidad, por lo cual, es factible que se ventilen en la vía sumaria. Y citó la tesis de Segunda Sala, de título y subtítulo siguientes: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL EN LA VÍA SUMARIA. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE SE IMPONGAN MULTAS Y SE APERCIBA AL INFRACTOR DE QUE EN CASO DE NO CUMPLIR CON LAS NORMAS VIOLADAS SE LE CONSIDERARÁ REINCIDENTE."

• Por otro lado, la parte quejosa adujo que se impugnó una regla de carácter general y debido a ello resultaba improcedente la vía sumaria, sin embargo, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó infundado su argumento, pues la parte quejosa únicamente impugnó la resolución donde se le impuso una sanción económica, pero no se impugna alguna regla administrativa de carácter general.

• Por último, calificó de inoperante el concepto de violación donde impugnó la inconstitucionalidad del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la hace depender de la imprecisión en que incurrió el legislador al no definir a qué se refiere la frase "elevado al año" del numeral previamente citado. Y citó las tesis 1a./J. 83/204 y 1a./J. 117/2007 de los siguientes rubros: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN POR LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR." y "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR."

B. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito expuso en el amparo directo ********** las siguientes consideraciones:

• Hechos:

1. Mediante resolución de cinco de junio de dos mil doce, emitida por el titular de la Delegación Nuevo León de la Procuraduría Federal del Consumidor, se le impuso a la empresa ********** una multa en cantidad total de **********, por infracción al artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

2. Inconforme con dicha resolución **********, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de **********, promovió juicio de nulidad, del que correspondió conocer al Magistrado instructor de la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien la desechó por extemporánea, el dieciocho de septiembre de dos mil doce. La citada demanda se registró bajo el número de expediente **********.

3. En contra de lo anterior, la promovente interpuso juicio de amparo, registrado y admitido con número de expediente **********, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien por sentencia de doce de julio de dos mil trece resolvió negar la protección constitucional por lo siguiente:

• Consideraciones:

• Estimó que no era aplicable la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, toda vez que la Procuraduría Federal del Consumidor no tiene el carácter de autoridad fiscal, conforme a dicho precepto, de conformidad con el artículo 1 de la ley citada, porque sus funciones son de autoridad administrativa, al ser la encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Además, consideró que la multa impuesta era de las catalogadas como no fiscales.

• Consideró fundado el concepto de violación donde la parte quejosa alegó la indebida interpretación y aplicación del artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, dejando de aplicar lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional, el diverso 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues la Sala responsable omitió pronunciarse respecto de los agravios vertidos en el recurso de reclamación, donde la promovente expuso que la autoridad administrativa señaló el recurso de revisión, mas no la vía para la interposición del juicio de nulidad.

• Razonó que, si bien, de la literalidad del artículo 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se advierte que es un requisito del acto administrativo recurrible, el mencionar los "recursos" que procedan, esto no debe ser interpretado restrictivamente a los recursos en sede administrativa, sino que conforme al derecho humano de justicia, también comprende la mención de todo medio de impugnación idóneo y eficaz para combatir dicho acto administrativo, como lo es el juicio de nulidad, sea en la vía sumaria u ordinaria.

• Así, concluyó que el juicio contencioso administrativo como medio idóneo para impugnar las resoluciones de autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, queda comprendido dentro de la expresión "recursos" citado en el artículo 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

• Por ende, estimó que en el acto administrativo recurrible, se debe precisar la procedencia, tanto del recurso de revisión, como del juicio de nulidad, y en esta última hipótesis, precisar si se trata del juicio ordinario o del sumario, pues resulta un deber legal impuesto a la autoridad, que no queda a su libre arbitrio o capricho, sino sujeta a los principios de legalidad y seguridad jurídica, consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

• Sostuvo que de estimar lo contrario, sería una sanción desproporcional en contra del administrado aun cuando se configure un incumplimiento de la autoridad, quien incluso resultaría beneficiada por su propio vicio derivado de no acatar un deber legal que le corresponde, en agravio del derecho humano del quejoso al acceso efectivo a la jurisdicción, consagrado en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Consideró que la propia ley establece que la omisión o irregularidad en los elementos y requisitos señalados en las fracciones XII a XVI del artículo 3 citado, se considerará válido, por no estar afectado algún elemento esencial de validez del mismo, por lo cual, puede regir conforme a derecho al ser posible la subsanación del error o irregularidad sin que se afecte su eficacia jurídica.

• Lo anterior, se infiere toda vez que el propio artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece un listado de cuáles son los elementos y requisitos que debe contener un acto administrativo, mismos que se podrían dividir en esenciales, pues su ausencia configura la nulidad del acto, tales como son: la competencia, el objeto, el cumplimiento del interés público, la fundamentación y motivación, la firma autógrafa de la autoridad, etcétera; y, por otro lado, menciona aquellos elementos no esenciales, que si bien deben estar contenidos dentro del acto, su omisión o irregularidad, no ameritan su anulación completa, sino que poseen una característica de anulabilidad, es decir, que pueden subsistir pese al error, el cual puede ser subsanado por una autoridad administrativa o jurisdiccional, y dicha reparación surtir efectos retroactivos a su fecha original de la emisión.

• De conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sostuvo que tal irregularidad puede impedir al gobernado un efectivo acceso a la justicia, al desconocer el medio de impugnación idóneo y eficaz para combatir dicho acto administrativo, ante la legal procedencia de dos vías diferentes para ello.

• Citó la jurisprudencia 2a./J. 139/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte, donde se concluyó que al referir el legislador en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a las "vías judiciales correspondientes", debe entenderse por tales al juicio contencioso administrativo. En la jurisprudencia 2a./J. 56/2002, la Segunda Sala explicó que en la exposición de motivos del artículo 1 del mencionado cuerpo legal, se propuso el establecimiento de un recurso único, el de revisión, del que pudieran prevalecerse los afectados por las resoluciones o actos administrativos que se rigen, entre otras disposiciones, por las de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Para hacer factible lo anterior, se sugirió derogar los recursos administrativos contenidos en las diferentes leyes administrativas.

• Abundó en que la sustitución de los diversos recursos contemplados en las leyes administrativas en las materias reguladas por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por un recurso único, el de revisión (contemplado en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo), tuvo por objeto eliminar situaciones procesales dudosas que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los afectados, tales como la existencia de múltiples recursos que lejos de facilita

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26770-62de05f6/juicio-contencioso-administrativo-federal-cuando-la-autoridad-administrativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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