Corpus
Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO SE DETERMINE SU IMPROCEDENCIA CONTRA UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) DE CONFORMIDAD CON LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 31/2020 (10a.), PERO DICHA AUTORIDAD HUBIERA INDICADO QUE PROCEDÍA EL REFERIDO JUICIO, LA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEBE DEJAR A SALVO LOS DERECHOS DE LA PERSONA AFECTADA PARA HACER VALER EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PROCEDENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 97/2023. · Registro digital (IUS): 31925
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-11-17
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo IV, Pág.3695.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 97/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 31 DE AGOSTO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: TANIA ÁLVAREZ ESCORZA.

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente; por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno jurisdiccional al tratarse de la materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en el momento de la denuncia, ya que se formuló por ********** ********** ********** **********, apoderado legal de la persona moral quejosa(4) en los juicios de amparo de los cuales derivan los criterios contendientes.

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 267/2020 en sesión de tres de diciembre de dos mil veinte.

4. Criterio del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 133/2021 en sesión de dos de septiembre de dos mil veintiuno.

5. No sobra señalar que, según se advierte de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se trae a la vista como hecho notorio,(5) contra el primero de los fallos contendientes se interpuso recurso de revisión pero fue desechado por improcedente, mientras que contra el segundo, no se interpuso recurso.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

6. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

7. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 267/2020 y el sustentado por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 133/2021.

8. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver análisis

9. El Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

10. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, que las dos ejecutorias tuvieron como antecedente el reclamo, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el procedimiento de imposición de sanciones en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, que en esas resoluciones se señaló como medio de defensa procedente en su contra, el juicio de nulidad ante el referido tribunal, que ambos Tribunales Colegiados confirmaron la improcedencia del juicio decretada con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 31/2020 (10a.),(7) y que en relación al concepto de violación planteado en las dos demandas de amparo, donde las personas quejosas alegaron una afectación a los derechos de acceso a la justicia y tutela efectiva, porque fue la propia autoridad quien les informó sobre la procedencia de ese medio de defensa, uno de los tribunales contendientes lo estudió, lo declaró fundado y concedió la protección constitucional para determinados efectos, como se muestra a continuación:

Ver estudio

11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque ambos tribunales contendientes decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre las consecuencias de que la autoridad informara a la persona a quien impuso una multa, que procedía el juicio contencioso administrativo federal en su contra, a pesar de ser improcedente según jurisprudencia del Máximo Tribunal.

12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque ambos dilucidaron la procedencia del juicio contencioso administrativo federal a la luz del criterio sentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 31/2020 ya invocada en otra parte de esta ejecutoria y consideraron el alcance del derecho de acceso a la justicia.

13. Sin embargo, se produjo entre ellos un diferendo sobre la violación a ese derecho, alegada por las personas quejosas en ambos asuntos, porque fue la propia autoridad quien les informó que en contra de la resolución impugnada procedía el juicio contencioso administrativo, pues uno de los Tribunales Colegiados, en una parte de su ejecutoria, declaró fundado el argumento y determinó conceder el amparo para que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictara una nueva sentencia en la cual reiterara la improcedencia del juicio de nulidad, pero dejando a salvo los derechos de la parte actora para que los deduzca en la vía y forma correspondientes, estableciendo que si ésta llegara a promover otro medio de impugnación, no se considerara que ha operado la preclusión, mientras que el otro tribunal desestimó tal violación y negó el amparo.

14. No obsta a lo anterior que uno de los tribunales haya comenzado su exposición declarando inoperantes los conceptos de violación, pues la relación que de éstos hizo previamente al estudio y su exposición ulterior, permite entender que desestimó el reclamo de la parte quejosa por considerar que el derecho de acceso a la justicia no conducía a un resultado favorable a sus intereses.

15.Es aplicable por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia P./J. 93/2006,(8) cuyo rubro y texto dicen lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no solo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."

16. En una parte de la ejecutoria de la que derivó ese criterio jurisprudencial, se destaca la necesidad de tener por existente una contradicción cuando frente a casos similares se obtienen decisiones judiciales distintas:

"Ahora bien, tomando en cuenta que con el sistema de contradicción de tesis establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se persigue acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios de los órganos jurisdiccionales terminales al resolver un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que unifique el criterio que deberá observarse en lo subsecuente para resolver asuntos similares o iguales a los que motivaron la denuncia respectiva, es inconcuso que para cumplir cabalmente con esa finalidad, es indispensable que dicho Alto Tribunal decida o supere las discrepancias existentes no solo entre criterios expresos sino también cuando uno de ellos sea implícito e indubitable, entendiéndose como tal el que pueda deducirse de manera clara e inobjetable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios se seguirían resolviendo de forma diferente, sin justificación legal alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución Federal pretendió evitar mediante la instauración del citado procedimiento en esa Norma Fundamental, sin que obste para estimarlo así el desconocimiento de las razones o consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar ese criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la tesis jurisprudencial que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."

17. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿Cuando se impugne ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), respecto de la cual es improcedente el juicio de nulidad en términos de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 31/2020 (10a.), y en aquélla conste que fue la propia autoridad quien informó que procedía ese medio de defensa, deriva de esta determinación alguna consecuencia favorable para el particular?

18. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 267/2020 y el sustentado por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 133/2021.

V. Estudio

19. Para dar respuesta a la interrogante planteada debe traerse a cuenta lo dispuesto por el artículo 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el numeral 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

20. El primero de los numerales señala como elemento y requisito del acto administrativo la mención de los recursos que procedan en su contra, cuando éstos sean recurribles, lo cual se constata con la transcripción que a continuación se realiza:

"Artículo 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo:

"...

"XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y"

21. El segundo de los numerales, por una parte, confiere a los contribuyentes la prerrogativa de tener a su alcance los recursos y medios de defensa que resulten procedentes en contra de los actos dictados por autoridades fiscales y, por otra, impone a dichas autoridades el deber de indicar el recurso o medio de defensa procedente, además del plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse, en el entendido que en caso de omitir realizar tales señalamientos en la resolución, los contribuyentes contarán con el doble del plazo establecido en las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo; así lo establece el precepto en cita cuyo texto dice:

"Artículo 23. Los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan, en los términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como a que en la notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse. Cuando en la resolución administrativa se omita el señalamiento de referencia, los contribuyentes contarán con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo."

22. Como se ve, ambas disposiciones prescriben el deber de las autoridades emisoras de actos o resoluciones, sean fiscales o administrativas, de dar a conocer a sus destinatarios los medios de defensa que procedan en su contra e incluso, en el caso del segundo de los artículos examinados, la obligación de informarles también el plazo para interponerlo y el órgano ante el cual hacerlo, con la consecuencia ya apuntada sobre la duplicidad del plazo para promoverlo, en el supuesto de omitir realizar tales señalamientos en la resolución.

23. Respecto del primero de los artículos enunciados, en la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial 2a./J. 56/2002(9) de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", el Máximo Tribunal se ocupó de determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los recursos o medios ordinarios de defensa en contra de un acto administrativo que se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a pesar de que la autoridad emisora no los mencionara en dicho acto como lo establece la fracción XV del artículo 3 de ese ordenamiento legal.

24. Para resolver el punto, en una parte de su ejecutoria refirió que la exigencia contenida en la porción normativa en análisis, relativa a informar sobre los recursos procedentes en contra del acto impugnado, se constituye como un elemento para brindar certeza jurídica a aquéllos sobre el medio de defensa susceptible de interponerse, requisito que dijo, resulta relevante porque la mayoría de las leyes administrativas no hacen remisión alguna a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la que contempla en su artículo 83 el recurso de revisión como único medio de impugnación de los actos administrativos que se encuentran comprendidos en los supuestos de esa normatividad, en términos de su artículo 1, aunado a que si el aludido requisito del acto administrativo tiene por objeto informar al afectado sobre los medios de defensa legal que puede interponer, no sería jurídico declarar la improcedencia del juicio de amparo, motivado por la inobservancia de esa disposición que se estableció en beneficio del administrado para su defensa, y no para confundirlo.

25. Las consideraciones reseñadas se desprenden de la transcripción siguiente:

"De lo anterior se sigue que la sustitución de los diversos recursos contemplados en las leyes administrativas en las materias reguladas por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por un recurso único, el de revisión (contemplado en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo), en contra de los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, tuvo por objeto eliminar situaciones procesales dudosas que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los afectados, tales como la existencia de múltiples recursos que lejos de facilitar su defensa la obstaculizaba.

"Por otra parte, se estableció en el artículo 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como elemento y requisito del acto administrativo recurrible, la mención ‘... de los recursos que procedan...’, lo cual ante la derogación de los recursos establecidos en las leyes especiales y la regulación de un medio único de defensa en un solo ordenamiento legal distinto de aquéllas, resulta ser un elemento imprescindible para brindar certeza jurídica a los gobernados sobre el medio de impugnación procedente; de lo contrario, tales disposiciones que estableció el legislador para beneficiar a los afectados por los actos administrativos podrían generar a éstos más problemas y confusión sobre la pertinencia de la vía, cuando no se cumpla con el aludido requisito, que la multiplicidad de recursos administrativos existentes en las diversas leyes especiales.

"El artículo 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone:

"‘ART. 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo:

"‘... XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, ...’ "El cumplimiento de ese requisito adquiere mayor relevancia si se toma en consideración que la mayoría de las leyes administrativas no hacen remisión alguna a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la que contempla en su artículo 83 el recurso de revisión, como único medio de impugnación de los actos administrativos que se encuentran comprendidos en los supuestos de esa normatividad, en términos de su artículo 1, como sucede con la Ley de la Propiedad Industrial que, además, no prevé recurso alguno del que puedan servirse los particulares para impugnar los actos que se dicten conforme a ella, máxime que como ya se dijo, todos los recursos existentes en las leyes especiales fueron derogados por virtud del artículo segundo transitorio en mención." (lo resaltado con negritas es de origen)

26. Luego, en la ejecutoria que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 95/2004,(10) cuyo rubro dice así: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.", la Superioridad reiteró que la exigencia contenida en la fracción XV del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo tiende a dar seguridad al gobernado ante la diversidad de recursos que existían en las leyes administrativas, como se constata con la transcripción que enseguida se inserta:

"Dicho criterio, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, interrumpe la jurisprudencia interpretada por los tribunales contendientes, en el sentido de que no era necesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, si la responsable no informa de dicho recurso al quejoso, en los términos del artículo 3o., fracción XV, de la ley antes mencionada, ya que como se ha visto, esta exigencia legal solamente tenía el propósito de darle seguridad al gobernado ante la diversidad de recursos que existían en las leyes federales administrativas, sin embargo, no obstante de que en términos del artículo antes citado, deba hacerse saber a los gobernados la procedencia del recurso de revisión en sede administrativa, lo cierto es que no es necesario agotarlo en la vía ordinaria, por la simple razón de que es opcional, y tal opción les permite agotar o no tal medio de defensa, según sea su conveniencia o voluntad."

27. Tal postura también la reflejó en el fallo del cual derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 127/2016 (10a.),(11) de rubro siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITA SEÑALAR LA VÍA JURISDICCIONAL PROCEDENTE PARA IMPUGNAR EL ACTO ADMINISTRATIVO, DEBE ADMITIRSE COMO OPORTUNA LA DEMANDA PRESENTADA DENTRO DEL PLAZO CONTEMPLADO PARA LA VÍA ORDINARIA, AUN CUANDO CORRESPONDA A LA SUMARIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VIGENTE EN LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DEL 14 DE JUNIO DE 2016).", cuando en una parte de su ejecutoria el Alto Tribunal sostuvo que la fracción XV del numeral en cita definió la obligación de la autoridad administrativa de mencionar el recurso procedente en contra del acto administrativo, con el fin de garantizar certeza jurídica al gobernado dados los numerosos recursos previstos en las legislaciones de esta materia.

28. En el mismo asunto, se pronunció sobre si era posible extender el plazo de quince días a cuarenta y cinco días, cuando se presentaba una demanda de nulidad que procedía bajo la vía sumaria y la autoridad no había especificado la vía; al respecto, concluyó en sentido afirmativo por las consideraciones que para inmediata referencia se traen a cuenta:

"39. Por su parte, el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece los siguientes requisitos del acto administrativo: (lo transcribe).

"40. Este artículo fue incorporado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. La fracción XV definió la obligación de la autoridad administrativa de mencionar el recurso procedente en contra del acto administrativo, en aras de garantizar certeza jurídica al gobernado, debido a los numerosos recursos previstos en las legislaciones administrativas.

"...

"44. Ahora bien, con la finalidad de responder al primer cuestionamiento planteado, no basta con un análisis teleológico del artículo 3, fracción XV, del instrumento legal citado, sino que es necesario determinar si bajo el desarrollo progresivo del derecho, es posible generar una interpretación amplia, con base en las herramientas concedidas a raíz de la reforma de derechos humanos en nuestra Constitución Federal. Así, es importante precisar el alcance de la siguiente porción normativa: ‘los recursos que procedan’, pues la respuesta a esta interrogante resolverá el segundo cuestionamiento.

"45. Al respecto, en nuestro parámetro de regularidad constitucional con doble fuente, es decir, tanto nacional como internacional, el derecho de protección judicial se consagra en el artículo 17 de la Constitución Federal y en el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los siguientes términos:

"‘Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"‘Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales ...’

"‘Artículo 25. Protección Judicial

"‘1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

"‘2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.’

"46. En su desarrollo jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho a una protección judicial efectiva como uno de ‘los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención’. Este derecho sirve para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho pues, si tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, también tienen la obligación de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías.

"47. Además, la citada Corte ha estimado que no basta con la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser adecuados y efectivos para remediar la situación jurídica infringida. Es decir, cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso del recurso de que trata, constituye una violación al derecho de acceso a la justicia.

"48. Bajo este contexto, la Corte Interamericana ha delineado los elementos de los medios de defensa necesarios para garantizar una protección judicial efectiva e incluso ha dejado un marco de discrecionalidad a los Estados para determinar la naturaleza de los recursos, ya sean judiciales o administrativos.

"49. También ha reconocido el mismo carácter de obligatoriedad en el contenido de los recursos judiciales y administrativos, pues los órganos encargados de su resolución tienen el deber de adoptar decisiones justas, basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso, establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"50. Así, se puede concluir que la Corte IDH no distingue la naturaleza del recurso, ya sea administrativo o judicial, pues este medio de defensa debe proteger cierto contenido de derechos y respetar ciertos lineamientos para garantizar el artículo 25 del instrumento internacional mencionado.

"...

"53. Bajo estas condiciones es posible sostener que la palabra ‘recursos’, a nivel internacional goza de una comprensión general, donde se busca garantizar derechos mínimos en su contenido en igualdad de condiciones, y a pesar de que este Alto Tribunal ha modulado la aplicación de los principios que rigen el derecho de acceso a la justicia, establece un estándar mínimo de protección que debe ser asegurado.

"54. En este entendido, y haciendo uso del principio pro persona, es posible sostener que el mismo interés que tiene para el gobernado conocer el recurso administrativo procedente en contra de un acto administrativo, surge de igual manera con la vía procedente en el juicio de nulidad.

"55. La afirmación anterior tiene sentido si el legislador estableció en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo la posibilidad del gobernado de impugnar un acto administrativo a través del recurso de revisión (vía administrativa) o el juicio de nulidad (vía jurisdiccional).

"...

"57. Así, ante la posibilidad de elegir entre alguna de las dos vías mencionadas, es factible interpretar la palabra ‘recursos’ para incorporar dentro de la obligación de las autoridades administrativas la vía procedente en el juicio de nulidad, y garantizar el principio de certeza jurídica al gobernado.

"58. Esta interpretación atiende a una visión sistemática del contenido de la Ley Federal de Pr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31925-a5570a4a/juicio-contencioso-administrativo-federal-cuando-se-determine-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.