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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN CONJUNTA CON LA DEFINITIVA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1341 DEL CÓDIGO DE COMERCIO (ANTERIOR A LAS REFORMAS DE ENERO DE DOS MIL DOCE), AUN Y CUANDO ES JURÍDICAMENTE PROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO QUE DESAPRUEBA UNA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO, DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, MISMO QUE CONSTITUYE UN ACTO CUYOS EFECTOS SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AL NO PODER SER MATERIA DE ANÁLISIS EN LA SENTENCIA QUE SE PUDIERA LLEGAR A EMITIR, NO ES UN RECURSO ACCESIBLE Y EFECTIVO PARA RESTITUIR AL INTERESADO EN EL GOCE DE SUS DERECHOS QUE ESTIMA FUERON VIOLADOS, LO QUE HACE QUE NO SEA IDÓNEO PARA UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL, COMO LO PREVÉ TANTO EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, COMO EL 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 44/2012. · Registro digital (IUS): 24241
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Pág. 1440.

AMPARO EN REVISIÓN 44/2012. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ JUAN TREJO ORDUÑA. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS ORTEGA DE LA PEÑA. SECRETARIO: UBALDO DÍAZ INFANTE MÁRQUEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Es pertinente dejar establecido que queda intocado el sobreseimiento por negativa de actos, decretado por la Jueza de Distrito en el punto resolutivo único, en relación con el tercer considerando de la resolución recurrida, respecto de los actos reclamados del Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil del ********** al no existir inconformidad respecto de esa determinación, por parte legitimada para ese efecto.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con el número 471, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 313 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone:

"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."

SÉPTIMO. Por cuestión de orden público, resulta primordial avocarse al estudio de los agravios propuestos en la revisión adhesiva, tendentes a demostrar la improcedencia del juicio de amparo, en términos de la jurisprudencia número P./J. 69/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 117 del Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL. La regla general es que si los agravios de la revisión principal no prosperan, es innecesario el examen de los expresados en la revisión adhesiva, o bien que primero se estudien los agravios en la principal y luego, de haber prosperado aquéllos, los de la adhesiva, por tener ésta un carácter accesorio de aquélla. Sin embargo, si en la revisión adhesiva se alegan cuestiones relativas a la improcedencia del juicio de garantías, éstas deben analizarse previamente a la revisión principal, por ser dicho estudio una cuestión de orden público, en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."

Por una parte, son infundados los argumentos que expone la recurrente, en cuanto a que manifiesta que le causa agravio que la Jueza de amparo hubiera sobreseído en el juicio, sin tomar en cuenta las diversas causales de improcedencia que ante ella invocó, con lo que se refuerza la conclusión de sobreseimiento del juicio.

En cuanto al anterior señalamiento, es de destacar que aun y cuando en él se plantean cuestiones ajenas a los argumentos por los cuales la Jueza de amparo resolvió sobreseer en el juicio, es decir, sus manifestaciones no son tendentes a mejorar, clarificar o sostener la legalidad de las consideraciones que sostienen el fallo recurrido, sino a impugnarlas, al señalar que se dejaron de analizar cuestiones ahí propuestas, procede el estudio de las mismas, pues, al haberse sobreseído en el juicio de garantías, dicha tercero perjudicada obtuvo sentencia favorable, sin que pudiera obtener más a través del recurso de revisión principal, entonces, al pretender que subsista esa determinación, ya que como consecuencia de la revisión en que se actúa, pudiera revocarse, es legalmente procedente que pretenda, aun con diversos argumentos, que se confirme el sentido de la sentencia que se recurre, pues la adhesión a la revisión es con esa tendencia.

Sin embargo, se dice que son infundados los argumentos citados, atendiendo a que, si la Jueza de Distrito, en la sentencia que se recurre, consideró sobreseer en el juicio, respecto de la totalidad de los actos y autoridades señaladas como responsables, tal y como se advierte del resolutivo único de la misma, no estaba legalmente obligada a analizar las causales de improcedencia diversas a las que le sirvieron de sustento a su determinación, en términos de lo que se dispone en la jurisprudencia número 414, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, misma que es del contenido siguiente:

"SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución."

Ahora, también se estima infundado el diverso argumento que expone la recurrente adhesiva, en el sentido de que en contra del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil once, emitido dentro del exhorto **********, del índice del Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil del **********, que constituye uno de los actos reclamados en el juicio de garantías del que deriva la sentencia aquí impugnada, se actualiza una causal de improcedencia diversa a la invocada por la Jueza de garantías, y que es la prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, al no haber agotado la quejosa el recurso de apelación previsto en el artículo 68 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Este tribunal llega a la anterior consideración, en función de que, con independencia de si es procedente o no recurso alguno en contra el citado proveído de fecha nueve de septiembre de dos mil once, emitido por el Juez Segundo Civil de Partido de **********, dentro del exhorto **********, derivado del juicio ejecutivo mercantil ********** del índice del Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil del **********, se estima que no le asiste la razón jurídica a la recurrente adhesiva, en cuanto argumenta que en contra del mismo procede el recurso de apelación previsto en el artículo 68 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Pues, según las constancias remitidas por las autoridades responsables, como complemento a sus respectivos informes con justificación, el acto reclamado se emitió dentro del exhorto número ********** del índice del Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil del **********, derivado del juicio ejecutivo mercantil expediente número **********, por tanto, los recursos que pudieran resultar procedentes en contra del mismo, deben estar expresamente previstos en la ley que lo regula, esto es, en el Código de Comercio, y no en una diversa legislación, como se invoca, en el artículo 68 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por no ser éste aplicable supletoriamente a la legislación primeramente citada, en cuanto a la procedencia de recursos que no se prevén en la ley específica.

Esto es así, en función de que, en términos del artículo 1054 del Código de Comercio, salvo convenio de las partes o cuando las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, las controversias derivadas de los actos mercantiles deberán ser ventiladas conforme a lo que prevé el Código de Comercio, el cual podrá ser suplido en su deficiencia por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, por la ley de procedimientos local respectiva.

Sin embargo, si del contenido de los artículos del 1331 al 1343 del Código de Comercio, se desprenden los recursos o medios de impugnación que, según sea el caso, pueden hacerse valer en contra de las resoluciones dictadas en los juicios que ahí se regulan, consistentes en el de aclaración de sentencia, de revocación, reposición y de apelación, y se señalan las hipótesis en que procede cada uno de ellos, no existe omisión alguna respecto de esa institución, por lo que no es posible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, como lo indica la recurrente adhesiva; de ahí que sea infundada la aseveración que vierte en cuanto a que la quejosa, a fin de agotar el principio de definitividad, antes de acudir al juicio de amparo, en términos del artículo 68 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, debió de promover el recurso de apelación en contra del proveído de nueve de septiembre de dos mil once, emitido por el Juez Segundo Civil de Partido de **********, dentro del exhorto ********** derivado del juicio ejecutivo mercantil ********** del índice del Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil del **********.

En el aspecto indicado, sirve de ilustración la jurisprudencia número 345, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 291 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo contenido es como se transcribe:

"RECURSOS EN MATERIA MERCANTIL. Tratándose de recursos, la ley procesal común no es supletoria del Código de Comercio, en virtud de que éste contiene un sistema completo de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil."

Acorde a lo anterior, resulta jurídicamente inexacta la causal de improcedencia aducida.

Ahora, también alude la recurrente adhesiva, que si bien, en contra del proveído de nueve de septiembre de dos mil once, la parte actora interpuso el recurso de apelación, éste se le tuvo por no admitido, por lo que debió promover en contra de tal determinación el recurso de revocación, lo que no hizo, por lo que, en cuanto al desechamiento del tal medio de impugnación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Sin embargo, aun y cuando es fundada esa consideración, la misma resulta intrascendente, pues, según los motivos que se expondrán en el análisis de los agravios expuestos por el recurrente principal, deberá levantarse el sobreseimiento decretado por la Jueza de Distrito, respecto al acuerdo de fecha nueve de septiembre de dos mil once y, al resultar fundados los conceptos de violación que se vertieron en contra de lo ahí considerado por la Jueza responsable, hace innecesario el estudio de los agravios que se expusieron en contra del desechamiento de tal medio legal de defensa, al igual que los argumentos que en cuanto al mismo ahora se exponen por la revisionista adhesiva, por quedar sin materia el mismo.

Por último, en función de lo expuesto en los dos párrafos inmediatos anteriores, se estima que también resultan inatendibles los argumentos que esgrime la recurrente adhesiva, en el sentido de que, con independencia de que la Jueza de Distrito hubiera sobreseído en el juicio, en relación con el diverso acuerdo de fecha veintidós de septiembre de dos mil once, emitido dentro del exhorto número **********, del índice del Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil del **********, por el cual se desechó a la impetrante de garantías el recurso de revocación, en el caso se actualiza una causal de improcedencia diversa a la invocada por la autoridad de amparo citada, por no ser ese el recurso idóneo para modificar, revocar o nulificar la resolución que se pretendía se revisara, pues, en términos del artículo 68 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el recurso procedente es el de apelación.

Pues, como ya se señaló con anterioridad, con independencia de si es procedente o no el recurso de revocación interpuesto por el actor en el juicio natural, en contra del proveído de nueve de septiembre de dos mil once, emitido por el Juez Segundo Civil de Partido de **********, dentro del exhorto **********, derivado del juicio ejecutivo mercantil ********** del índice del Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil del **********, al ser procedente que se conceda al impetrante de garantías el amparo solicitado, en contra de acuerdo de nueve de septiembre de dos mil once, hace legalmente innecesario que se analice si el recurso de revocación aludido es procedente o no en contra del mismo.

Acorde a lo anterior, resultan jurídicamente inexactas las causales de improcedencia en estudio, por lo que se procede a analizar los diversos agravios efectuados por la quejosa y recurrente principal.

OCTAVO. Los agravios expuestos por el quejoso principal, aquí recurrente, son en una parte fundados, por lo que los demás devienen inoperantes, ya que, por un acto previo, se levantará el sobreseimiento, lo que hace innecesario el estudio de los demás actos que de él derivan.

En principio, es pertinente destacar que el quejoso ********** en el juicio de garantías, reclamó lo siguiente:

"...

"a) De la Juez Segundo Civil de Partido de ********** se reclama el auto dictado el nueve de septiembre de dos mil once, por esa Juez exhortada, dictado en el expediente abierto con motivo de la diligenciación del exhorto ********** derivado del juicio ejecutivo mercantil seguido por el suscrito **********, en contra de **********, expediente **********, que se tramita ante el Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil del **********, el cual tuvo por ilegalmente desaprobada la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento ocurrida el dos de septiembre del dos mil once.

"b) De la Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil del **********, se reclama cualquier acto por el que se ejecute o pretenda ejecutar el auto dictado el nueve de septiembre del dos mil once dictado por la Juez Segundo Civil de Partido de ********** en el expediente abierto con motivo de la diligenciación del exhorto ********** derivado del juicio ejecutivo mercantil seguido por el suscrito ********** en contra de **********expediente ********** que se tramita ante el Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil del **********.

"c) Del C. Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Partido Judicial de ********** se reclama cualquier acto por el que ejecute o pretenda ejecutar el auto dictado el nueve de septiembre de dos mil once dictado por la Juez Segundo Civil de Partido de ********** en el expediente abierto con motivo de la diligenciación del exhorto **********, derivado del juicio ejecutivo mercantil seguido por el suscrito **********, en contra de **********, expediente **********, que se tramita ante el Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil del **********.

"e) (sic) De la Juez Segundo Civil de Partido de ********** se reclama el auto dictado el veintidós de septiembre del dos mil once, por esa Juez exhortada, dictado en el expediente abierto con motivo de la diligenciación del exhorto ********** derivado del juicio ejecutivo mercantil seguido por el suscrito **********, en contra de ********** expediente **********, que se tramita ante el Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil del **********, el cual tuvo por no admitido el recurso de revocación interpuesto por la actora en contra del auto de nueve de septiembre de dos mil once.

"f) De la Juez Segundo Civil de Partido de **********, se reclama el auto dictado el veintiséis de septiembre de dos mil once, por esa Juez exhortada, dictado en el expediente abierto con motivo de la diligenciación del exhorto ********** derivado del juicio ejecutivo mercantil seguido por el suscrito **********, en contra de ********** expediente **********, que se tramita ante el Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil del ********** el cual tuvo por no admitido el recurso de apelación de tramitación inmediata interpuesto por la actora en contra del auto del nueve de septiembre del dos mil once (fojas 13 y 14 del cuaderno de amparo). ..."

En relación con el acto reclamado, consistente en el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil once, como conceptos de violación, en esencia, se argumentó por el impetrante de garantías que la Jueza exhortante otorgó facultades a la Jueza exhortada única y exclusivamente para cumplir con el auto de dos de agosto de dos mil once, más no para aprobar o desaprobar diligencias, ni para manifestarse sobre su legalidad, además de que dicha autoridad, bajo el desacuerdo de que en la diligencia de embargo se asentó por el actuario que se le corría traslado a la demandada con un acuerdo de dos mil ocho, cuando lo era de dos mil once, desaprobó la misma, cuando en la citada diligencia se cumplieron todas la formalidades esenciales para su validez, y la demandada conoció de todos los documentos que se le dejaron a su disposición, por lo que no se le dejó en estado de indefensión, de lo que se advierte que solamente fue un error de redacción.

Y, en relación con los acuerdos de veintidós y veintiséis de septiembre reclamados, mediante los cuales, respectivamente, se desecharon los recursos de revocación y apelación de tramitación inmediata, que interpuso en contra del proveído de nueve de septiembre de dos mil once, dictado por la Jueza Segunda Civil de Partido de **********, dentro del exhorto ********** derivado del juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil del **********, adujo dicho impetrante de garantías, que esa actuación fue contraria a derecho, con lo que se le dejó en estado de indefensión, ya que ante dicha autoridad es que procedía presentar dichos medios de impugnación, al ser quien emitió el acto que ahí se impugnaba, consistente en la desaprobación de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, por lo que es quien podía tramitar y resolver los recursos para revocar y modificar el acuerdo citado, atendiendo además a que la Jueza exhortante le otorgó plenitud de jurisdicción en el auto de exequendo de dos de agosto de dos mil once.

Respecto de lo anterior, y que es materia de análisis en esta instancia constitucional, las autoridades señaladas como responsables, Jueza Segunda Civil de Partido de ********** (fojas 70 y 71 del cuaderno de amparo), así como registrador público de la Propiedad y del Comercio de la misma localidad (foja 99 del cuaderno de amparo), aceptaron la existencia de los actos que les fueron reclamados.

Ahora, en la resolución recurrida, la Jueza de Distrito consideró sobreseer en el juicio de garantías (fojas de la 122 a la 138 del cuaderno de amparo).

Para lo anterior, dicha autoridad de amparo, en cuanto al acto reclamado del Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil del **********, señaló que se imponía sobreseer en el juicio de garantías, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la negativa de la misma de la existencia del acto que se le reclamaba; lo que, como ya se adujo en el considerando sexto de esta ejecutoria, debe permanecer intocado, por falta de impugnación de parte legítima.

Asimismo, en cuanto al acto reclamado de la Jueza Segunda Civil de Partido de **********, consistente en la emisión del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil once, en el exhorto ********** del índice del Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil del ********** y su ejecución atribuida al registrador público de la Propiedad y del Comercio de esa misma localidad, consideró sobreseer en el juicio de amparo, por haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que la resolución que no aprobaba el embargo de bienes señalados por la actora y aquí quejosa en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, no tenía sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, al no afectar de manera inmediata derechos sustantivos del impetrante de garantías, ya que sus efectos eran solamente intraprocesales, además de que no era una violación procesal que afectara al quejoso en un grado superlativo o exorbitante.

Por otra parte, en lo concerniente a los proveídos de fechas veintidós y veintiséis de septiembre, ambos de dos mil once, dictados por la Jueza Segunda Civil de mérito, en el exhorto a que se ha hecho referencia en el párrafo inmediato anterior, la Jueza de Distrito consideró sobreseer en el juicio, atendiendo a que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que si en los mismos, la autoridad responsable mencionada, desechó los recursos de revocación y de apelación, que interpuso el quejoso en contra del diverso acuerdo ahí emitido en fecha nueve de septiembre de dos mil once, con lo que no se resolvía un incidente, en términos de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, aquéllos no eran apelables, pero sí impugnables a través del recurso de revocación, por lo que si no se agotó este último, el juicio de garantías resultaba improcedente.

La recurrente principal, contra los argumentos aludidos en los párrafos que anteceden, en relación con el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías, respecto al acto que reclamó, consistente en el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil once, señala que la Jueza de Distrito hace un indebido análisis de la naturaleza del mismo, pues él es el beneficiario del pagaré que sirvió de título base de la acción, y goza del beneficio del mandamiento de ejecución, lo que no se trata de un derecho subjetivo ni procesal, ya que el embargo como garantía de pago de lo reclamado y su inscripción preventiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, implica que no se altere su situación jurídica, lo que surte efectos contra terceros, lo que no puede ser reparado o subsanado en la sentencia definitiva, pues al desaprobarse la diligencia respectiva, la misma se tendría que reponer en su totalidad, pudiendo haberse ya dispuesto, enajenado, arrendado, dado en uso, perdido o dilapidado los bienes inmuebles señalados en garantía para recuperar el adeudo que se reclama, por lo que ello constituye una violación de imposible reparación, pues de tales circunstancias no se ocuparía la sentencia que en su caso se llegara a emitir, aunado a que en las normas constitucionales no se distingue en los actos de imposible reparación si son sustantivos o adjetivos, ni se excluyen estos últimos, pues en ambos casos se pueden violar las garantías de modo irreparable.

En relación con el sobreseimiento decretado por la Jueza de Distrito, respecto de los diversos acuerdos de fechas veintidós y veintiséis de septiembre de dos mil once, también reclamados, indica la recurrente principal, que le causa agravio la determinación asumida por dicha autoridad, al no existir en el Código de Comercio un recurso que se tenga que interponer en contra de un acuerdo que tiene por no admitido un recurso de revocación o de apelación, pues es absurdo que si ya resolvió no admitirlos, se tuviera que interponer otra vez un recurso de revocación, cuando la autoridad responsable no puede revocar sus propias determinaciones, por lo que ya se dio cumplimiento al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, por no haber recurso ordinario con el cual se pudieran anular, modificar o revocar los mismos, además de que no puede existir una cadena infinita de recursos de revocación, por lo que la Jueza de Distrito interpretó indebidamente el artículo 1335 del Código de Comercio.

Como ya se señaló con anterioridad, son en una parte fundados los agravios citados.

En relación con el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil once, dictado por la Jueza Segunda Civil del Partido Judicial de ********** dentro del exhorto número **********, del índice del Juzgado Septuagésimo Tercero Civil del **********, y a través del cual desaprobó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento efectuada el dos de ese mismo mes y año, la Jueza de amparo sobreseyó en el juicio, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 114, fracción IV, de la misma legislación, en función de que la resolución que desaprobaba la diligencia de embargo, no tenía sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, al no afectar de manera inmediata derechos sustantivos de la solicitante del amparo, ni ser una violación procesal que la afectara en grado superlativo o exorbitante.

Sin embargo, contrario a ello, como el propio quejoso y aquí recurrente lo refiere, la desaprobación realizada por la Jueza natural mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil once, de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, misma que tuvo verificativo el dos de ese mismo mes y año, es un acto que le puede causar un gravamen que no puede ser reparado en la sentencia definitiva, pues, en principio, ante la nulidad del mismo, la consecuencia natural es que no se puede continuar con el procedimiento, pues se afecta el emplazamiento realizado a la parte ahí demandada y, por otro lado, con ello pierde la preferencia sobre los inmuebles señalados para embargo, a fin de garantizar las prestaciones que fueron reclamadas a la contraparte del impetrante de garantías, lo que no será materia de estudio en la sentencia que en todo caso se llegara a emitir en el juicio del que deriva el acto reclamado.

En ese sentido, se estima que el acuerdo de que se trata, afecta derechos sustantivos del impetrante de garantías, al privarlo de la prelación de créditos, sin posibilidad de que sea subsanada esa cuestión mediante la sentencia que se pudiera emitir en el juicio de origen, pues el acuerdo impugnado genera un gravamen que no puede ser reparado a través de las actuaciones que con posterioridad sean realizadas en dicho juicio, dado que la sentencia que se pudiera llegar a dictar, se ocupará únicamente de examinar lo relativo a las acciones, defensas y excepciones, pero no de la afectación que pudo haber producido al ahora quejoso con la desaprobación de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento.

Derivado de todo lo anterior, permite establecer que, con independencia del emplazamiento efectuado a la ahí demandada, el embargo practicado sobre bienes inmuebles, trae como consecuencia la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con la finalidad de dar seguridad jurídica frente a otros acreedores de la situación que guardan los inmuebles materia del mismo, a través de la publicidad de la constitución, declaración, transmisión, modificación, extinción y gravamen de los derechos reales y posesión de dichos bienes, dando una apariencia jurídica de legitimidad y fe pública a lo que aparece asentado y anotado en el Registro Público, porque los actos que se inscriben en él, surten efectos y son oponibles frente a terceros, como ocurre en el caso concreto en estudio, en el que, al desaprobarse una diligencia de embargo de bienes inmuebles y, como consecuencia, su falta de inscripción definitiva en el Registro Público mencionado, trae como consecuencia que el acreedor no pueda oponer su derecho preferente sobre ellos frente a otros acreedores futuros que pretendan hacer exigible el cobro de cualquier crédito personal en contra del mismo deudor y sobre los mismos inmuebles.

En ese sentido, sirve de ilustración la tesis número P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9 del Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto siguiente:

"ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo."

Entonces, si en el caso concreto, la desaprobación de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que se reclama, implica que el acreedor pierda la prelación de créditos sobre los inmuebles embargados en la diligencia desaprobada, genera un gravamen que no puede ser reparado a través de las actuaciones que con posterioridad sean emitidas en dicho juicio, dado que la sentencia que se pudiera llegar a dictar, se ocupará únicamente de examinar lo relativo a la a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24241-4ab7f56d/recurso-de-apelacion-de-tramitacion-conjunta-con-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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