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Modo: Corpus Pro

JUICIO ORAL MERCANTIL. PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, AUN CUANDO AL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN SE ADJUNTA UN ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 43/2017. · Registro digital (IUS): 27059
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-04-07
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Pág. 1476.

AMPARO DIRECTO 43/2017. 16 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. SECRETARIA: MARYCARMEN ARELLANO GUTIÉRREZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Análisis de los conceptos de violación.

I. Principio de estricto derecho.

18. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, es pertinente dejar claro que el análisis se emprenderá atento al principio de estricto derecho.

19. Es así, porque este órgano colegiado considera que no se presenta ninguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo, ni se advierte una infracción directa a un derecho humano.

20. Por ende, los conceptos de violación deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la resolución que se combate; además, deben controvertir expresamente las consideraciones fundamentales en que se apoya la sentencia reclamada para que sea posible conceder a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que solicita pues, de no hacerlo así, los motivos de disenso resultarán inoperantes al no combatir dichos aspectos y éstos seguirán rigiendo el sentido de la sentencia atacada.

II. Violaciones procesales.

21. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 174 de la Ley de Amparo, en el primer amparo directo que promueva un justiciable con relación a un juicio de origen, debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales planteadas y de aquellas que, en su caso, se adviertan en suplencia de la queja.

22. Este amparo directo es el primero que promueve la parte quejosa con motivo del juicio natural, sin embargo, atento a la resolución que puso fin al procedimiento de origen fue, precisamente, el auto inicial, es improcedente el análisis de transgresiones adjetivas hasta esa etapa del juicio primigenio, quedando incólume la facultad de las partes de invocarlas en un amparo subsecuente.

23. Resulta orientadora, al respecto, la tesis XXVII.3o.81 K (10a.),(16) sostenida por este Tribunal Colegiado, de título, subtítulo y texto siguientes:

"VIOLACIONES PROCESALES. PUEDEN INVOCARSE EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO POSTERIOR, SI LEGAL Y MATERIALMENTE NO ERAN SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN O ANÁLISIS OFICIOSO DESDE EL PRIMERO. El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el primer juicio de amparo directo que se promueva en relación con un proceso ordinario, debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales planteadas y aquellas que, cuando proceda, se adviertan en suplencia de la queja. Asimismo, prescribe que si dichas violaciones no se invocaron en un primer juicio, mediante concepto de violación o, en su caso, en suplencia de la queja, ya no podrán examinarse en un juicio de amparo posterior. No obstante, la imposibilidad jurídica para hacer valer esas violaciones o para analizarlas en suplencia de la queja en un juicio de amparo posterior, por regla general, sólo se extiende a aquellas que, por existentes, debieron invocarse en el primer juicio, es decir, las que desde ese instante la quejosa estaba en posibilidad legal y material de hacer valer, o aquellas que el Tribunal Colegiado de Circuito podía examinar oficiosamente. Ello es así, porque no sería lógico ni jurídico considerar que el Constituyente impuso un deber tanto a la quejosa como al Tribunal Colegiado de Circuito, si frente a él no están en posibilidad legal ni material de cumplirlo. Consecuentemente, las violaciones procesales pueden invocarse en un juicio de amparo directo posterior, si legal y materialmente no eran susceptibles de impugnación o análisis oficioso desde el primer juicio, como por ejemplo, las que sobrevienen o surgen con posterioridad a una reposición del procedimiento derivada del cumplimiento de la protección constitucional otorgada en un primer juicio de amparo."

III. Violaciones de fondo.

a) Procedencia de la vía oral mercantil.

24. La moral quejosa aduce que el auto reclamado es violatorio de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los numerales 2, numeral 3, 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto que, contrario a lo sustentado por la Juez responsable, si bien el documento base y el estado de cuenta certificado podrían ser considerados como de los que traen aparejada ejecución (títulos ejecutivos), en ningún momento se solicitó alguna acción característica de dichos procedimientos, como el embargo de bienes.

25. El concepto de violación es fundado, atento a su causa de pedir,(17) y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada.

26. Ello es así, puesto que como aduce la parte quejosa, el hecho de que la parte actora haya ofrecido adjunto al contrato base de la acción un estado de cuenta certificado por el contador público autorizado, no significa que no pueda reclamarse el pago del crédito en el juicio oral mercantil previsto en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, puesto que debe atenderse a la finalidad de la pretensión del accionante, y no sólo al hecho de que dichos documentos en su conjunto puedan constituir o no un título de crédito que trae aparejada ejecución y, por ello, deba estimarse que es procedente la vía especial ejecutiva.

27. Para corroborar ese aserto, conviene acudir a la opinión del tratadista Eduardo Pallares para aclarar la distinción entre acción real y acción personal. Así, este autor dice lo siguiente:(18)

"...la acción real es la que tiene por objeto el ejercicio de un derecho real y, como consecuencia, exigir el cumplimiento de una obligación real, a la inversa de lo que sucede con las acciones personales que dimanan de derechos personales y tienen por objeto exigir el cumplimiento de obligaciones también personales. La cuestión se reduce pues, a determinar qué debe entenderse por derechos y obligaciones reales o personales.-En el derecho moderno, se define el derecho real, como un derecho absoluto que se tiene contra todos; mientras que el derecho personal es relativo y sólo se tiene contra determinadas personas.

"...

"A primera vista, parece que tratándose de un derecho real no existe obligación correlativa. ...Sin embargo, esa apariencia es engañosa, porque el acreedor del derecho real está ligado con vínculos jurídicos invisibles con todos los miembros que forman la comunidad social, pero la obligación de éstos, por regla general, es de carácter negativo, y consiste en respetar el derecho real de que se trate, en no violarlo.

"...

"Tratándose de derechos personales, las cosas suceden de otra manera; la obligación correlativa es a cargo de una o más personas, pero puede tener carácter positivo y consistir en hacer algo, en entregar una cosa, y no simplemente en no hacer.-Se dice también para distinguir los derechos reales de los personales, que éstos confieren un derecho a la cosa (ad rem), mientras que los primeros lo otorgan en la cosa (in rem), con lo que se quiere decir significar (sic) que el derecho real se ejerce directamente por el titular del derecho sobre la cosa, sin necesidad de un intermediario jurídico, mientras que los personales se ejercitan directamente por medio del obligado personalmente."

28. Ahora bien, es oportuno señalar que los presupuestos procesales son las condiciones sin las cuales no puede válidamente iniciarse o desenvolverse un procedimiento, es decir, son requisitos de eficacia jurídica del proceso necesarios para que se dicte una sentencia de fondo que resuelva la controversia planteada al juzgador y, por tanto, deben estudiarse de oficio.(19)

29. En otras palabras, el juzgador divide el estudio del proceso en dos capítulos: uno, concierne al examen de la relación jurídica procesal (presupuestos procesales) y el otro, a la solución de la relación jurídica material (temas de fondo). Y tal estudio debe realizarse, precisamente, en ese orden.(20)

30. Es así, porque los presupuestos procesales son condiciones atinentes a la constitución de la relación jurídica-procesal entre los sujetos del proceso, por lo que resultan indispensables para que el juzgador se encuentre facultado para examinar el mérito de la demanda. De ahí que su falta impide a la Jueza emprender el análisis de las pretensiones, a fin de determinar si son fundadas o infundadas.(21)

31. Al respecto, resulta ilustrativa la siguiente opinión del doctrinario Piero Calamandrei, en su obra Derecho Procesal Civil:(22)

"...a fin de que el órgano judicial pueda llegar a aplicar el derecho sustancial, esto es a proveer sobre el mérito, es necesario que antes las actividades procesales se hayan desarrollado de conformidad con el derecho procesal. Solamente si el proceso se ha desenvuelto regularmente, según las prescripciones dictadas por el derecho procesal, el Juez podrá, como se dice, entrar en el mérito. ...La observancia del derecho procesal in procedendo constituye pues, una condición y una premisa para la aplicación del derecho sustancial in iudicando.

"...

"Cuando el órgano judicial pasa a proveer sobre la demanda, el mismo debe, por consiguiente antes de entrar a conocer si es fundada, examinar si la misma ha sido propuesta y proseguida siguiendo las prescripciones del derecho procesal: las cuestiones respecto a la admisibilidad de la demanda se presentan, necesariamente, con un carácter de prioridad lógica sobre las cuestiones relativas a su fundamento.

"...la falta de los presupuestos procesales...no tienen como efecto la inexistencia o la inmediata extinción de la relación procesal, sino que su consecuencia inmediata es únicamente la de hacer desaparecer en el Juez el poder-deber de proveer sobre el mérito, entre tanto sobrevive el poder-deber de declarar las razones por las cuales considera que no puede proveer."

32. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que los presupuestos procesales son condiciones necesarias sin las cuales no puede dictarse sentencia de fondo sobre la pretensión deducida en juicio, pues la autoridad jurisdiccional estaría impedida para resolver sobre las acciones planteadas.(23)

33. Además, dicha Sala ha estimado que ni los gobernados ni la autoridad judicial tienen la facultad legal de elegir el trámite que deben seguir los procedimientos jurisdiccionales, puesto que la prosecución de un juicio en la forma que establece la ley es una cuestión de orden público y se rige por el principio de indisponibilidad.(24)

34. Ahora bien, el artículo 1055 Bis del Código de Comercio dispone:

"Artículo 1055 Bis. Cuando el crédito tenga garantía real, el actor, a su elección, podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo a este código, a la legislación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su preferencia en el pago, aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución."

35. Conforme a la disposición transcrita, el titular de un crédito mercantil con garantía real puede optar por exigir el pago del adeudo a través de la vía mercantil ejecutiva, la especial, la ordinaria, la especial hipotecaria (civil) o la que corresponda de acuerdo con la legislación mercantil o civil.

36. En este contexto, el hecho de que el documento base de la acción consista en un contrato de apertura de crédito simple con interés y que, además, goce de una garantía colateral hipotecaria, no significa que no puede reclamarse en la vía especial consistente en un juicio oral mercantil.

37. Antes bien, tal circunstancia sólo implica que el acreedor puede ejercer alternativamente la acción personal de vencimiento anticipado del plazo convenido para el pago del crédito otorgado en la vía oral mercantil, o bien, la acción real hipotecaria en la vía especial respectiva.

38. Al respecto, es ilustrativa la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al derogado artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito,(25) de contenido similar al numeral 1055 Bis del Código de Comercio en estudio, en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 40/2001-PS,(26) que en lo de interés señala:

"De tal precepto (72 de la Ley de Instituciones de Crédito) se desprenden dos hipótesis: a) La legitimación activa en la causa de la parte acreedora para ejercitar en la vía que estime procedente las acciones que devienen de un crédito que tenga garantía real; b) La subsistencia de la garantía real, aun en el caso de que el bien gravado se señale para el embargo.

"...una recta interpretación del artículo 72 de la Ley de Instituciones de Crédito permite concluir que cuando el crédito tenga garantía real, la institución de crédito podrá ejercitar sus acciones en el juicio ejecutivo mercantil, ...respecto del demandado o demandados que tengan la calidad de acreditados, mutuatarios u obligados solidarios (deudores directos); ..."

39. Así las cosas, del artículo 1055 Bis del Código de Comercio se obtiene en definitiva que un crédito mercantil con garantía real puede dar lugar a la coexistencia de vías (como la oral mercantil y la especial hipotecaria), lo que implica el derecho del acreedor de elegir cualquiera de esos cauces concurrentes.

40. Por ello, en el caso concreto, no es óbice que la parte actora haya ofrecido adjunto al contrato base de la acción un estado de cuenta certificado por el contador público autorizado por dicha parte, los cuales, en su conjunto, constituyen un documento que tiene aparejada ejecución.

41. Sin embargo, contrario a lo que sustentó la Juez del conocimiento, en el caso particular, sí es procedente la vía oral mercantil, en virtud de que de la lectura a la demanda de origen se desprende que la parte actora no demandó prestaciones inherentes a la vía ejecutiva, como lo sería por ejemplo el embargo precautorio de bienes, sino exclusivamente la declaración del vencimiento anticipado del contrato base de la acción y, como consecuencia, el pago de la suerte principal, saldo de amortizaciones a capital vencidas, intereses ordinarios, intereses moratorios y demás accesorios.

42. Lo cual, se corrobora con la propia forma en que la actora quejosa ofreció en su escrito de demanda el certificado de cuenta aludido, por cuanto afirmó que se ofrecía para acreditar los saldos adeudados por la parte demandada.

43. Consecuentemente, la circunstancia de que en la demanda de origen se haya adjuntado al contrato basal el estado de cuenta certificado en comento, no por ello es dable considerar que es pretensión de la parte actora ejercer la vía ejecutiva mercantil pues, como quedó visto, dadas las particularidades del caso en estudio, esto es, atendiendo a las prestaciones reclamadas en la demanda de origen y a la forma en que se acompañó el estado de cuenta certificado por el contador público facultado por la parte actora, lo que se advierte es que la parte actora solicitó el vencimiento anticipado del contrato base de la acción y, como consecuencia, el pago de la suerte principal y demás prestaciones accesorias, de tal suerte que ello justifica la procedencia de la vía oral mercantil; de ahí que deba concederse la protección constitucional solicitada.

44. Dichas consideraciones dieron origen a la tesis XXVII.3o.43 C (10a.),(27) sustentada por este Tribunal Colegiado, la cual se reitera y es de título, subtítulo y texto siguientes:

" De la interpretación del artículo 1055 Bis del Código de Comercio, se advierte que el titular de un crédito mercantil con garantía real puede optar por exigir el pago del adeudo a través de la vía ejecutiva mercantil, la especial, la ordinaria, la especial hipotecaria (civil) o la que corresponda de acuerdo con la legislación mercantil o civil. Así pues, cuando el documento base de la acción consista en un contrato de apertura de crédito simple con interés y que además goce de una garantía colateral hipotecaria, el hecho de que la parte actora ofrezca adjunto al contrato base de la acción un estado de cuenta certificado por el contador público autorizado, los cuales, en su conjunto, pueden constituir un documento que tiene aparejada ejecución, no significa que no pueda reclamarse el pago del crédito en el juicio oral mercantil previsto en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, puesto que debe atenderse a la finalidad de la pretensión del accionante, esto es, si demanda prestaciones inherentes a la vía ejecutiva, como lo sería el embargo precautorio de bienes, ya que de no ser así, no es factible afirmar que se estará frente a un procedimiento especial y, por tanto, la vía oral mercantil resulta procedente."

SEXTO.-Efectos del amparo y medidas para asegurar su cumplimiento.

a) Efectos.

45. Atento al sentido del presente fallo y en reparación de las violaciones destacadas en la presente ejecutoria, en observancia del artículo 77 de la Ley de Amparo,(28) se precisan los efectos de la concesión del amparo, que consisten en que la responsable:

a.1) Deje insubsistente el auto reclamado; y,

a.2) De no advertirse una diversa causa de prevención o desechamiento a la aquí analizada, dicte uno nuevo en el que admita la demanda propuesta en la vía oral mercantil.

b) Medidas.

46. Toda vez que el presente asunto no es susceptible de ser recurrido en términos del artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo,(29) se requiere sin demora a la Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, para que, en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente ejecutoria, previsto en el artículo 192 de la Ley Amparo, dé cumplimiento a lo aquí ordenado, en el sentido de dejar insubsistente el auto reclamado y, en su lugar, emitir otro en el que se admita la demanda propuesta en la vía oral mercantil.

47. Lo anterior, ya que, en el caso, la responsable no va a efectuar un mayor estudio respecto a dejar insubsistente la resolución reclamada y la elaboración del acuerdo que admita la demanda de origen.

48. Se hace el apercibimiento a dicha autoridad, que de no hacerlo así en el término establecido o sin causa legal justificada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo,(30) se le impondrá una multa que podría ser cien a mil unidades de medida y actualización, en términos del diverso 258 del propio ordenamiento,(31) de conformidad con el diverso 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de nuestra Carta Magna, en relación con los diversos transitorios primero, segundo y tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.(32)

49. Además, se seguirá el trámite que establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, el cual implica remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se determine si procede separar del cargo al titular responsable y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo.

50. Por último, se hace de su conocimiento a la autoridad responsable que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo debe ser en los plazos antes precisados pues, el hecho de que se acate, pero de forma extemporánea y sin justificación, no la exime de responsabilidad, sino que únicamente se tomará en cuenta como atenuante en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo.(33)

Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, S.A., I.B.M., ********** Grupo Financiero, fiduciario del fideicomiso número **********, contra el acuerdo reclamado de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio oral mercantil **********, por la Jueza Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo. Lo anterior, en términos del considerando quinto y para los efectos determinados en el diverso sexto de esta ejecutoria.

Notifíquese; como corresponda y, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico de registro de este tribunal; y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Selina Haidé Avante Juárez (presidenta), Juan Ramón Rodríguez Minaya y Jorge Mercado Mejía (ponente).

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

16. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo III, septiembre de 2015, página 2249, registro digital: 2010086 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas».

17. Vid. Jurisprudencia P./J. 68/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.", localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38, registro digital: 191384.

18. Pallares Portillo, Eduardo, Tratado de las Acciones Civiles, 7a. Ed., México, Porrúa, 1997, páginas 46 y 47.

19. Pallares Portillo, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, 22a. Ed., México, Porrúa, 1996, página 354, voz "Presupuestos Procesales".

20. Oskar Von Bülow, Excepciones y Presupuestos Procesales. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 2001, páginas 4 a 9.

21. "Los presupuestos procesales son atinentes a la constitución del proceso, son indispensables a fin de que el Juez pueda entrar a examinar el mérito de la demanda. ...La falta de los requisitos del proceso hacen inadmisible la demanda, es decir, impide al Juez entrar a examinar el mérito de la misma. ..." Calamandrei Piero, Derecho Procesal Civil, Trad. de Enrique Figueroa Alfonzo, Ed. Harla, México, 1997. (Clásicos del Derecho Procesal) página 49.

22. Ibid. Páginas 78 a 80.

23. "...la manera de proceder en un juicio siguiendo determinados trámites...es una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, sin la cual no puede dictarse sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa, es decir, los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse válidamente, o con eficacia jurídica, un proceso y deben ser analizados de manera oficiosa por el juzgador. ...la prosecución de un juicio en la forma que establece la ley, tiene el carácter de presupuesto procesal que debe ser atendido previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente pues, de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas.", contradicción de tesis 135/2004-PS, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 577, registro digital: 18787.

24. Encuentra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 25/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.-El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues, de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían las garantías de legalidad y seguridad jurídica establecidas en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 576, registro digital: 178665.

25. "Artículo 72. Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, o el que en su caso corresponda, conservando la garantía real y su preferencia aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución."

Este precepto se derogó en el Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil tres, en el cual se publicó la adición del consabido artículo 1055 Bis del Código de Comercio.

26. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, página 120.

27. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo IV, página 2780, registro digital: 2012627 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas».

28. "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

"I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

"II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

"En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.

"...

"En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley."

29. "Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

"...

"II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Esta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27059-bfcb1be1/juicio-oral-mercantil-procede-cuando-se-reclama-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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