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Modo: Corpus Pro

VÍA ORAL MERCANTIL. PROCEDE ATENDIENDO A LA PRETENSIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA POR EL ACTOR, AUNQUE EXHIBA DOCUMENTO AL QUE LA LEY OTORGUE EL CARÁCTER DE EJECUTIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2017. · Registro digital (IUS): 27558
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-01-12
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, NOVENO, DÉCIMO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, Pág. 1779.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, NOVENO, DÉCIMO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA, ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, IRMA RODRÍGUEZ FRANCO, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ Y BENITO ALVA ZENTENO. DISIDENTES: VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, Y GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: BENITO ALVA ZENTENO. SECRETARIA: ARELI PORTILLO LUNA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno Civil es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre cuatro Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haberse postulado por un Magistrado integrante de un Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Posición de los tribunales contendientes.

I. Décimo Tercer Tribunal.

Criterio: Cuando se ejerce una acción apoyada en un contrato de apertura de crédito, que se encuentra vinculado con el estado de cuenta certificado, exhibidos como prueba con la demanda, constituyen documento que trae aparejada ejecución, en términos de los artículos 1391, fracción IX, del Código de Comercio y 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que al estar prevista en la legislación mercantil una vía especial para ejercer el reclamo de este tipo de contratos no procede el juicio oral mercantil, en términos del artículo 1390 Bis 1 del Código de Comercio.

Consideraciones, por unanimidad de votos, en el DC. 762/2016:

"Lo inoperante del mismo, deriva de su ineptitud para conceder la protección constitucional solicitada, en tanto que a ningún fin práctico conduciría conceder el amparo solicitado, para el efecto de que se tenga al impetrante del amparo desahogando la prevención que se le formuló, si la demanda de mérito será desechada en virtud de que la vía oral mercantil no sería procedente para resolver la controversia planteada ante el juzgado natural.

"En efecto, los artículos 1055, primer párrafo, 1055 Bis y 1390 Bis 1 de la legislación mercantil disponen:

"‘Artículo 1055.’ (lo transcribe)

"‘Artículo 1055 Bis.’ (lo transcribe)

"‘Artículo 1390 Bis 1.’ (lo transcribe)

"Conforme a los preceptos transcritos, todos los juicios mercantiles se sujetarán a las reglas generales, salvo los orales que tienen una regulación especial; que cuando el crédito tenga una garantía real, el actor podrá ejercitar la acción en juicio ejecutivo, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que le corresponda, de acuerdo a la legislación mercantil o civil aplicable; sin embargo, el juicio oral no procede cuando el juicio tenga una tramitación especial prevista en la propia ley mercantil.

"En el caso, el juicio que se promovió es un oral mercantil, por lo que, conforme al primer artículo transcrito, no le resultan aplicables las reglas generales de los juicios mercantiles, sino que se rige por las reglas especiales establecidas para ese tipo de procedimientos.

"En el caso, como el propio banco quejoso señala en sus conceptos de violación, el documento base de la acción lo constituye un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria; el cual se encuentra vinculado al estado de cuenta certificado expedido por el contador público autorizado por la actora, el que se adjuntó como anexo ocho y se ofreció como prueba nueve.

"En efecto, al ofrecer las pruebas dos y nueve el actor señaló lo siguiente:

"‘II. La documental pública.-Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito celebrado entre el ahora demandado e **********, como cedente de mi poderdante; documento fundatorio de la acción reclamada en el presente juicio y que obra en el instrumento ********** (**********). Documental que se integra a la presente demanda como anexo 5.-Con esta prueba se acredita la existencia y formalización de la celebración del contrato de apertura de crédito simple, acreditando también las obligaciones contraídas por el ahora demandado con **********, cedente de los créditos de mi poderdante, entre ellos los del mismo demandado. Con dicha documental se acreditará la obligación bilateral de las partes elevada ante la presencia de un fedatario público, por lo que es razón suficiente para demostrar la existencia de la voluntad de ambas partes y los términos en que pactaron sus condiciones para el caso de incumplimiento.-Esta prueba se relaciona con los hechos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la presente demanda.’

"‘IX. La documental privada.-Consistente en el estado de cuenta certificado expedido por el contador público autorizado por la actora CP. C. **********, documento que se adjunta como anexo 8.-Esta probanza se considera idónea para acreditar lo narrado en los hechos de la demanda, en virtud de que en la misma constan los plazos no cubiertos del crédito, las cantidades mensuales no pagadas, así como la tasa pactada que se generó por concepto de intereses ordinarios y moratorios con la omisión de pago puntual. Documental que resulta suficiente puesto que el mismo artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito establece los requisitos mínimos que debe llevar la documental en referencia y con la cual el técnico en la materia se encuentra capacitado para calcular el adeudo que a la fecha tiene la hoy demandada.-Esta prueba se relaciona con los hechos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la presente demanda.’

"De la anterior transcripción se aprecia que las pruebas de mérito fueron relacionadas entre sí, por lo que el contrato de apertura de crédito, relacionado con el estado de cuenta certificado, constituyen un documento crediticio con garantía real, que trae aparejada ejecución, en términos de los artículos 1391, fracción IX, del Código de Comercio y 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.

"Por tanto, al estar establecida por la propia legislación mercantil una vía especial para ejercer el reclamo de ese tipo de contratos, por ende, resulta aplicable el artículo 1390 Bis 1 del cuerpo normativo mencionado y no procede el juicio oral mercantil.

"Lo anterior encuentra su fundamento en lo considerado en la jurisprudencia número PC.III.C. J/18 C (10a.), invocada por la autoridad responsable, que fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo III, mayo de 2016, materia civil, página 2035, del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, señala lo siguiente:

"‘JUICIO ORAL MERCANTIL. NO PROCEDE PARA HACER VALER LAS ACCIONES DERIVADAS DE CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL, QUE TRAEN APAREJADA EJECUCIÓN. El artículo 1055 Bis del Código de Comercio, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, confiere al titular de un crédito con garantía real el derecho a ejercer las acciones que deriven de esa convención, a través del juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo al propio Código, a la legislación mercantil o a la civil aplicable; sin embargo, tal prerrogativa no es absoluta, porque cuando la propia legislación prevea un trámite especial en relación con el título en que se funda la acción, deberá preferirse del resto, por lo que si se está en presencia de un título que trae aparejada ejecución -como acontece con el contrato de crédito con garantía hipotecaria, junto con el estado de cuenta certificado por el contador público de la institución bancaria- procede el juicio ejecutivo y no el oral mercantil, a pesar de que la suerte principal sea inferior al monto establecido por el artículo 1339 del citado ordenamiento mercantil, máxime que, de acuerdo con el numeral 1390 Bis 1 de la mencionada legislación, el juicio oral no procede en asuntos que tengan prevista una tramitación especial.’

"Sin perjuicio de lo anterior, debe destacarse que la procedencia de la vía, constituye un presupuesto procesal de orden público porque es una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso y es insubsanable, ya que sin ella no puede dictarse válidamente sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa y, por ende, debe analizarse oficiosamente en cualquier etapa del procedimiento, incluso al presentarse la demanda, y no, como erróneamente lo aduce el quejoso, que deba ser analizado, al resolver el fondo del asunto, porque como ya se dijo, no podría dictarse una sentencia válidamente que decida el fondo del asunto.

"Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 56/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, materia civil, página 347, que dice:

"‘PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR PUEDE ANALIZAR DE OFICIO EN EL RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL.-Conforme a los artículos 1,336 y 1,337 del Código de Comercio y 231 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el recurso de apelación tiene por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución de primera instancia impugnada en los puntos relativos a los agravios vertidos en la apelación o en la adhesión a ésta. Ahora bien, la vía, que es la manera de proceder en un juicio siguiendo determinados trámites, constituye un presupuesto procesal de orden público porque es una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, y es insubsanable ya que sin ella no puede dictarse válidamente sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa. En ese sentido y tomando en cuenta que en virtud de la apelación se devuelve al tribunal superior la plenitud de su jurisdicción y éste se encuentra frente a las pretensiones de las partes en la misma posición que el inferior, es decir, que le corresponden iguales derechos y deberes, se concluye que, al igual que el juzgador de primer grado, en el recurso de apelación mercantil el tribunal superior puede analizar de oficio la procedencia de la vía, pues el hecho de que tenga que ceñirse a la materia del medio de impugnación no es obstáculo para que oficiosamente pueda estimar circunstancias impeditivas o extintivas que operan ipso iure (como la procedencia de la vía) y que podía haber analizado el Juez de primera instancia; máxime que la resolución de segundo grado que de oficio declara improcedente la vía no implica violación a los indicados numerales, en tanto que no se pronuncia sobre la materia de la apelación ni decide en el fondo sobre la procedencia o fortuna de la pretensión, y mucho menos que deba ser favorable a esa pretensión, pues estas dos circunstancias dependen de otra clase de presupuestos: los materiales o sustanciales.’

"Por otro lado, el banco quejoso alega que el contrato base de la acción deriva de un acto de comercio, en términos del artículo 75, fracción XXIV, del Código de Comercio, por lo que para ventilar lo relativo a su incumplimiento debe tramitarse un procedimiento mercantil, conforme al artículo 1049 de la legislación mercantil, por tanto, el juicio que se intentó es procedente en la vía intentada, tanto por la naturaleza del documento fundatorio como al de las partes que intervinieron en el mismo.

"Dicho argumento es infundado, porque como ya se expuso con anterioridad, al fundarse la acción de un contrato de apertura de crédito vinculado al estado de cuenta certificado, se está ante la presencia de un título de crédito que trae aparejada ejecución, lo que en modo alguno afecta la naturaleza mercantil del contrato de apertura de crédito, sino que, atendiendo a las reglas especiales que rigen al juicio oral mercantil, únicamente hace improcedente esta vía para ejercer la acción intentada, debido a que en la propia legislación mercantil existe una vía determinada para ese tipo de documentos, pero, se reitera, no se afecta la naturaleza del documentos de mérito.

"Ciertamente, los artículos 1390 Bis 1 y 1391, fracción IX, del Código de Comercio, establecen:

"‘Artículo 1390 Bis 1.’ (lo transcribe)

"‘Artículo 1391.’ (lo transcribe)

"Dichos preceptos establecen la improcedencia de la vía oral, en tratándose de acciones que se prevén en una vía especial, como lo es la ejecutiva mercantil, procedente respecto de los títulos ejecutivos previstos como tales en la ley.

"Por su parte, el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone:

"‘Artículo 68.’ (lo transcribe)

"Como se observa de tal precepto, en la especie el documento de la acción es un título ejecutivo.

"Razón por lo cual, la vía oral no procede en su contra y, por ende, el Juez natural no está en aptitud de conocer del juicio sustentado en los documentos ejecutivos que se acompañan a la demanda.

"De ahí lo infundado del argumento respectivo.

"Por otro lado, el banco quejoso señala que de acuerdo a los artículos 291 y 298 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1055 Bis del Código de Comercio, y la jurisprudencia de rubro: ‘JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, CUANDO SEA DE CUANTÍA DETERMINADA E INFERIOR AL MONTO FIJADO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.’, le resulta optativo ejercer las acciones previstas en la legislación mercantil o las vinculadas a la naturaleza de la garantía otorgada, que es una naturaleza accesoria a la obligación principal.

"Agrega que la jurisprudencia invocada por la autoridad responsable sólo analiza un supuesto, es decir, cuando los documentos base traen aparejada ejecución, pero no analiza cuándo únicamente se pretende obtener el pago del adeudo insoluto, sin ejecutar la hipoteca.

"Dicho argumento es infundado.

"En principio los artículos 291 y 298 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, únicamente definen a la apertura de crédito y señalan que puede pactarse con garantía personal y real.

"En efecto, los preceptos citados refieren:

"‘Artículo 291.’ (lo transcribe)

"‘Artículo 298.’ (lo transcribe)

"Por su parte, el artículo 1055 Bis del Código de Comercio señala que todos los juicios mercantiles se sujetarán a las reglas generales, salvo los orales que tienen una regulación especial.

"Por tanto, los preceptos invocados por el banco quejoso, no son aptos para desvirtuar que resulta improcedente la vía oral mercantil para dilucidar una controversia que se sustenta en un documento que trae aparejada ejecución, como se ha evidenciado con anterioridad.

"Ahora bien, aun tomando en cuenta la jurisprudencia que invoca el quejoso, la vía sería improcedente, en tanto que dicho criterio resulta coincidente con el tema abordado por la jurisprudencia invocada por este Tribunal Colegiado al inicio del presente considerando, en tanto que concuerdan en que no procede la vía oral mercantil para hacer valer las acciones derivadas de un crédito con garantía real, que trae aparejada ejecución.

"En efecto, la jurisprudencia número PC.XXII. J/7 C (10a.), invocada por la institución impetrante del amparo, que fue publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo II, febrero de 2016, materia civil, página 1462, del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, señala lo siguiente:

"‘JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, CUANDO SEA DE CUANTÍA DETERMINADA E INFERIOR AL MONTO FIJADO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Del artículo 1055 Bis del Código de Comercio deriva que, en los casos en que el acreedor tiene a su favor un crédito con garantía hipotecaria y pretende obtener el pago del adeudo, puede hacerlo a través de las diversas vías establecidas por el legislador, según la finalidad que persiga; de ahí que si su voluntad es hacer efectiva la hipoteca que garantiza el crédito, puede ejercer la acción real mediante el juicio sumario hipotecario regulado por el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro; sin embargo, si su finalidad es obtener, exclusivamente, el pago del crédito, sin el propósito de ejecutar la hipoteca, puede ejercer acciones de naturaleza personal; caso en el cual procede la vía oral mercantil prevista en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, cuando el asunto sea de cuantía determinada e inferior al monto fijado en el artículo 1339 del citado ordenamiento mercantil y el título base de la acción no traiga aparejada ejecución. Ello es así, ya que conforme al artículo 1390 Bis 1 del Código de Comercio, el juicio oral mercantil procede por exclusión, es decir, cuando no exista una tramitación especial señalada en el propio código ni en otras leyes, el cual deberá plantearse por la vía que de acuerdo con las particularidades del asunto.’

"La ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita, en lo que interesa, sostiene:

"‘... De la reproducción parcial de la exposición de motivos se obtiene que el juicio oral mercantil se instituyó, particularmente, para los procedimientos ordinarios considerados de cuantía menor, esto es, para aquellos cuya suerte principal sea inferior a la que establece el artículo 1339 del Código de Comercio, de conformidad con el artículo 1390 Bis del citado ordenamiento; motivo por el cual, de acuerdo con lo expuesto, no es factible ejercer la vía oral mercantil, cuando se trate de acciones que se basen en título ejecutivo, ya que ello no fue la intención del legislador, pues para tal efecto estableció la vía ejecutiva mercantil que tiene una tramitación especial.-La anterior conclusión se corrobora con la ejecutoria transcrita supra (sic), de la que se obtiene que la acción personal de cobro de un crédito garantizado mediante hipoteca, que ejerza una institución bancaria con base en título ejecutivo, como lo es el contrato de apertura de crédito, acompañado de la certificación contable expedida por el contador certificado de la institución crediticia, necesariamente, debe tramitarse en la vía ejecutiva mercantil, el cual tiene una tramitación especial, lo que hace improcedente el juicio oral mercantil, aun cuando sea de cuantía inferior a la prevista en el artículo 1339 del Código de Comercio; de conformidad con el artículo 1390 Bis 1 del Código de Comercio, que a la letra dice: «Artículo 1390 Bis 1.» (se transcribe). El artículo de referencia establece la procedencia del juicio oral mercantil por exclusión, es decir, siempre que no exista una tramitación especial establecida en el propio Código de Comercio -ejecutiva u ordinaria-, o en otras leyes -sumaria hipotecaria-, ni cuando se trate de cuantía indeterminada.-En tales condiciones, si lo que se pretende es ejercer la acción real derivada del contrato accesorio de hipoteca que garantiza la obligación de pago principal, entonces el juicio oral mercantil resulta improcedente, ya que las cuestiones inherentes al contrato accesorio de garantía hipotecaria deben tramitarse mediante el juicio sumario hipotecario que establece el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro.-Aunado a lo anterior, si lo que se pretende es ejercer una acción personal de cobro basada en título ejecutivo, el juicio oral mercantil tampoco es procedente, ya que el propio Código de Comercio prevé una tramitación especial para ese tipo de acciones, esto es, el juicio ejecutivo mercantil, en términos del artículo 1391 del citado cuerpo normativo ...’

"De lo anterior se aprecia, que contrariamente a lo que indica el banco quejoso, la jurisprudencia que invoca como sustento del argumento que se analiza, también señala que la vía oral mercantil es improcedente, en términos del artículo 1391 de la legislación mercantil, cuando se pretende ejercer una acción personal de cobro basada en título ejecutivo, puesto que dicha legislación prevé una tramitación especial para ese tipo de acciones, esto es, el juicio ejecutivo mercantil.

"De ahí lo infundado de los argumentos que se analizan.

"Finalmente, el banco quejoso señala que la jurisprudencia de rubro: ‘JUICIO ORAL MERCANTIL. NO PROCEDE PARA HACER VALER LAS ACCIONES DERIVADAS DE CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL, QUE TRAEN APAREJADA EJECUCIÓN.’, resulta inaplicable conforme al principio pro personae, por lo que se transgredió el derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo (sic) 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto que, atendiendo a la exposición de motivos, el juicio oral se creó por economía procesal y jurídica para las partes litigantes, el órgano jurisdiccional y el Estado.

"Alega que la interpretación realizada por la autoridad responsable restringe su derecho a elegir la vía para intentar un juicio respecto a un asunto crediticio garantizado con garantía real, como lo dispone el artículo 1055 Bis del Código Comercio, que permite un mayor goce del derecho de acceso a la justicia que el que limita la tramitación a una única vía.

"Dichos argumentos son infundados.

"En efecto, la circunstancia de que el artículo 1o. constitucional disponga que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de tal forma que deberán interpretar las normas relativas a los derechos humanos conforme a la Constitución Federal y a los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, no implica que los órganos jurisdiccionales al ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia dejen de observar los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.

"Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 56/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, materia constitucional, página 772, en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo:

"‘PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.’ (se transcribe)

"Además, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales puedan conocer y resolver un asunto sometido a su consideración no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental de acceso a la justicia.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, materia constitucional, página 325, que dice:

"‘DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.’ (se transcribe)

"En consecuencia, al desestimarse los argumentos del banco quejoso, procede negar el amparo solicitado."

En el diverso juicio de amparo directo DC. 423/2017 el citado tribunal, por mayoría de votos, sostuvo consideraciones esencialmente iguales, por lo que se omite su transcripción.

II. Noveno Tribunal

Criterio: Es improcedente el juicio oral mercantil cuando se demande el pago de un crédito consignado en un contrato de apertura de crédito, junto con el estado de cuenta certificado, dado que constituyen un título que trae aparejada ejecución, en términos de los artículos 1391, fracción IX, del Código de Comercio y 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que al estar previsto un trámite especial en la legislación mercantil deberá promoverse en la vía ejecutiva y no en la oral.

Consideraciones, por unanimidad de votos, en el DC. 126/2017.

"CUARTO.-En el primer concepto de violación dice, en esencia, la quejosa que el razonamiento de la autoridad responsable es indebido, ya que para determinar si la vía intentada es o no procedente, primero se debe analizarse la acción que se ejercita y en qué documentos y hechos se funda, para aplicar el derecho que corresponda.

"Agrega que el acuerdo que desecha la demanda es incongruente, ya que en la demanda de origen reclamó el vencimiento anticipado del contrato, pero en el auto reclamado nada se dijo y sólo se atiende como un dato sin relevancia.

"Dice que el documento fundatorio de la acción es el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente y se ejercitó la acción declarativa de vencimiento anticipado, en virtud del incumplimiento de la parte demandada a sus obligaciones convenidas.

"Afirma que el plazo del crédito era de treinta y seis meses, y así para poder reclamar las cantidades adeudadas previamente debía declararse por vencido anticipadamente dicho crédito, ya que la demanda se promovió dentro del plazo en que debía pagarse el crédito, por lo que solicito en la demanda el vencimiento anticipado del crédito y esa prestación no podría reclamarse en la acción ejecutiva, ya que para la procedencia de esa acción se requería un adeudo cierto, líquido y exigible, luego si se está solicitando el vencimiento anticipado, es claro que el contrato no era de plazo y condiciones vencidas, por ello no era exigible, careciendo por ello, de uno de los elementos que le da ejecutividad al documento fundatorio de la acción, ya que no sólo es el documento lo que hace procedente la vía, sino las prestaciones reclamadas y en el caso, el objetivo principal es la declaración de vencimiento anticipado.

"En el segundo concepto de violación dice, en esencia, la quejosa que la vía ejecutiva mercantil, se encuentra reservada para exigir el pago de títulos ejecutivos que contengan una obligación líquida y exigible y al efecto cita la tesis, cuyo rubro dice:

"‘VENCIMIENTO ANTICIPADO. ES IMPROCEDENTE DEDUCIR ESTA ACCIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’

"En el tercer concepto de violación dice, en esencia, la quejosa que la autoridad responsable omite fundar y motivar su resolución, pues expresa que la certificación contable es título ejecutivo sin analizar si la certificación reúne los requisitos para considerar que es título ejecutivo, pues debe contener el nombre del acreditado, fecha del contrato, notario y número de escritura, importe del crédito, capital disuelto, fecha hasta que se calculó el adeudo, capital y demás obligaciones de pago vencidas a la fecha del corte, las disposiciones subsecuentes que se hicieron del crédito, las tasas de intereses ordinarios que aplicaron en cada periodo, pagos hechos sobre los intereses, especificando las tasas aplicadas de intereses y las amortizaciones hechas al capital, intereses moratorios aplicados y tasa aplicable por intereses moratorios, así como que se comprenden los movimientos realizados desde un año anterior contados a partir del momento en el que se verificó el último incumplimiento de pago, cuestiones que no atendió la autoridad responsable, ya que únicamente refiere que el documento es un título ejecutivo sin analizar los documentos en que funda su acción.

"Afirma que el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito expresa que el estado de cuenta certificado hará fe salvo prueba en contrario y con ello se reconoce la posibilidad de que el estado de cuenta sea prueba en diversos juicios al señalar ‘respectivos’ y no limita su exhibición a los juicios ejecutivos, como pretende la autoridad responsable al asimilarlo a un título de crédito de carácter ejecutivo.

"En el cuarto concepto de violación dice, en esencia, la quejosa que la acción cambiaria se considera un procedimiento especial, ya que el título de crédito en que se funda la acción es un título ejecutivo; sin embargo, en el caso la acción deriva de un contrato de apertura de crédito que encuentra su regulación en los artículos 291 a 301 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con los artículos 46, fracción VI, y 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, preceptos que no son aplicables a la acción cambiaria y lo resuelto por el Juez responsable contraviene el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien sostuvo que la elección de la vía debe hacerse atendiendo a los supuestos, las finalidades y las pretensiones que hagan procedente una o varias vías conforme a las leyes aplicables al caso y al efecto cito las tesis cuyos rubros dicen:

"‘CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL. EL ARTÍCULO 1055 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE FACULTA AL ACREEDOR PARA ELEGIR ENTRE DISTINTAS VÍAS PROCESALES, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA.’

"‘JUICIO ORAL MERCANTIL. PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, AUN CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA AC

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27558-05bb497f/via-oral-mercantil-procede-atendiendo-a-la-pretension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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