VÍA ORAL MERCANTIL. PARA SU PROCEDENCIA SE DEBE ATENDER A LA PRETENSIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA POR EL ACTOR, AUN CUANDO ACOMPAÑE A SU DEMANDA UN TÍTULO EJECUTIVO MERCANTIL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.
II. Competencia
5. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Plenos de diversos Circuitos.
III. Legitimación
6. En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, órgano que participa en la presente contradicción de tesis. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.(1)
IV. Existencia
7. Los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, son los siguientes:(2)
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
8. Para determinar si en el caso se reúnen tales requisitos, se procederá a hacer referencia a los casos de los que tocó conocer a los Plenos de Circuito que participan en la presente contradicción de tesis, así como a los criterios que sostuvieron para resolverlos.
9. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se cumple, pues ambos Plenos de Circuito, al resolver las contradicciones de tesis de su índice, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de una interpretación normativa para llegar a una solución determinada de los casos que se sometieron a su consideración, como se expone enseguida:
10. El Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 10/2015, suscitada entre el Primer y el Quinto, ambos Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, emitió el siguiente criterio:
"JUICIO ORAL MERCANTIL. NO PROCEDE PARA HACER VALER LAS ACCIONES DERIVADAS DE CRÉDITOS CON GARANTÍA REAL, QUE TRAEN APAREJADA EJECUCIÓN.—(3)El artículo 1055 Bis del Código de Comercio, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, confiere al titular de un crédito con garantía real el derecho a ejercer las acciones que deriven de esa convención, a través del juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo al propio código, a la legislación mercantil o a la civil aplicable; sin embargo, tal prerrogativa no es absoluta, porque cuando la propia legislación prevea un trámite especial en relación con el título en que se funda la acción, deberá preferirse del resto, por lo que si se está en presencia de un título que trae aparejada ejecución –como acontece con el contrato de crédito con garantía hipotecaria, junto con el estado de cuenta certificado por el contador público de la institución bancaria– procede el juicio ejecutivo y no el oral mercantil, a pesar de que la suerte principal sea inferior al monto establecido por el artículo 1339 del citado ordenamiento mercantil, máxime que, de acuerdo con el numeral 1390 Bis 1 de la mencionada legislación, el juicio oral no procede en asuntos que tengan prevista una tramitación especial."
11. Dicho criterio fue adoptado por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito para determinar si la vía oral mercantil prevista en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, procedía en aquellos casos donde los documentos fundatorios de la acción los constituyen contratos de crédito con garantía real que, junto con el estado de cuenta suscrito por el contador de la institución bancaria, traen aparejada ejecución. Lo anterior bajo las siguientes consideraciones:
a) El Pleno de Circuito señaló que la prerrogativa contenida en el artículo 1055 Bis del Código de Comercio,(4) que permite al acreedor de un crédito con garantía real elegir las acciones en juicio no es absoluta, sino que debe atenderse al juicio que realmente corresponda, conforme a la normatividad aplicable, o sea, aquel que sea viable para exigir el pago del crédito respectivo o las acciones que de él se originen, mas no cualquier acción o vía. En apoyo a dicha consideración, los Magistrados aludieron a lo expuesto por esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 54/2011, en la cual se aclararon los supuestos en los que proceden, por regla general, las distintas vías previstas en dicho artículo.(5)
b) De tal modo, consideraron que, para determinar si procede el juicio oral mercantil en los casos en que el actor cuente con un crédito con garantía real que trae aparejada ejecución, era necesario precisar cuáles son las acciones que se pueden ejercer a través de esa vía.
c) Así, señalaron que los artículos 1390 Bis, párrafo primero, y 1390 Bis 1, del título especial denominado "Del juicio oral mercantil" del Código de Comercio,(6) se advierte que la vía oral mercantil se tramitará en aquellas controversias cuya suerte principal, al momento de la presentación de la demanda, no rebase lo establecido en el diverso artículo 1339 del propio Código de Comercio. Asimismo, se desprende que no será accesible la vía oral para los asuntos que tengan previsto un trámite especial, en la propia legislación mercantil, o bien, en otras leyes.
d) Por otra parte, señalaron que los juicios ejecutivos mercantiles tienen una tramitación especial, de acuerdo con lo establecido en el título III del libro quinto, titulado "De los juicios mercantiles", que establece un procedimiento sumario a través del cual se lleva a cabo el cobro de los créditos que constan en títulos ejecutivos, que son prueba preconstituida suficiente para ejercer la acción de pago, ya sea por embargo o, en su caso, la venta de bienes. Es decir, dicho procedimiento no se dirige a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino sólo aquellos que se encuentran previamente reconocidos o se respaldan en títulos de la referida naturaleza –con ejecución aparejada–.
e) De esta forma, el Pleno de Circuito consideró que cuando se demanda el pago de un crédito consignado en un contrato con garantía real, que junto con el estado de cuenta expedido por el contador de la institución bancaria, por disposición de la ley otorgue a éste la característica de título que trae aparejada ejecución, habrá de elegirse el juicio ejecutivo y no el oral mercantil, a pesar de que el importe de la reclamación sea inferior al importe que señala el artículo 1339 del Código de Comercio, precisamente, al prever dicho ordenamiento, en tal supuesto, un trámite especial.
f) Lo anterior, dijeron los Magistrados, no transgrede lo dispuesto en el artículo 1055 Bis del Código de Comercio, al señalar cuales son los juicios en los que el acreedor podrá ejercer sus acciones, porque ello no era de libre opción, toda vez que el propio artículo señala que cuando la ley prevea un trámite especial, en razón de la naturaleza del título en que se funda la acción, es al que deberá acudir el acreedor para hacer la reclamación correspondiente. Por tanto, dichos juzgadores señalaron que si se está en presencia de un título que trae aparejada ejecución –como acontece con el contrato de crédito con garantía hipotecaria, junto con el estado de cuenta–, procede el juicio ejecutivo y no el oral mercantil, máxime que, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 1390 Bis 1 de la citada legislación comercial, este último no procede en asuntos que tengan prevista una tramitación especial.
12. Por su parte, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 14/2017, suscitada entre el Tercero, el Noveno, el Décimo y el Décimo Tercero, todos Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, emitió el siguiente criterio:
"VÍA ORAL MERCANTIL. PROCEDE ATENDIENDO A LA PRETENSIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA POR EL ACTOR, AUNQUE EXHIBA DOCUMENTO AL QUE LA LEY OTORGUE EL CARÁCTER DE EJECUTIVO.(7) Las vías procesales son diseños moduladores con características propias que moldean el acceso a la justicia en condiciones que el legislador consideró óptimas, dependiendo de las acciones que se hagan valer y de las pretensiones que se quieran exigir en el juicio elegido. Así, la vía oral mercantil en el esquema de juicios mercantiles, sólo representa un camino que pretende hacer más expedita la impartición de justicia y lograr en el menor tiempo posible, la declaración del derecho, del que sólo están excluidas las contiendas que tengan una tramitación especial, pero no necesariamente está cerrada para el ejercicio de acciones derivadas de un contrato de crédito que tenga garantía real al que el interesado acompañe un estado de cuenta certificado. Lo anterior es así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al realizar una interpretación funcional del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, sostuvo que la valoración del estado de cuenta certificado debe atender a la función que éste tenga en los juicios en los que se exhiba para acreditar los saldos resultantes a cargo del acreditado o deudor, en la medida en que todo depende de la pretensión hecha valer por el actor, esto es, si pide resolver un crédito bancario a través de un título ejecutivo en el que necesariamente habrá lugar a la ejecución en una vía privilegiada (juicio ejecutivo mercantil) o sólo obtener, a través de una sentencia, la declaración del derecho de crédito que le corresponde, quien tendrá la carga de probarlo (otros juicios de cognición). Por tanto, cuando el Juez deba proveer sobre una demanda a la que el actor acompañe un documento al que la ley otorgue el carácter de ejecutivo, debe examinar, cuidadosamente, la pretensión efectivamente planteada a efecto de determinar la procedencia o no de la vía oral mercantil."
13. Dicho criterio fue adoptado por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito para determinar si en la vía oral mercantil se puede ejercer una acción que derive de un contrato de crédito con garantía real al que se acompañe un estado de cuenta certificado por contador facultado, considerando que este documento y el contrato pueden constituir título ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo anterior bajo las siguientes consideraciones:
a) El Pleno de Circuito partió del marco conceptual que la doctrina ha establecido sobre los conceptos de "acción", "pretensión" y "vía", y de que el derecho a la tutela judicial efectiva implica que, una vez ejercida la acción, el planteamiento realizado debe desarrollarse a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades y que se desenvuelve en varias etapas que la ley prevé, a fin de llevar en cada una de ellas diversas actuaciones procesales que culminen con una decisión sobre la pretensión, denominada sentencia; que a ese proceso se le conoce como "vía", la cual se puede concebir como el esquema del ejercicio de la potestad jurisdiccional, y que la forma a través de la cual se desarrolla el proceso puede no ser único.
b) Que en ese sentido, el legislador reguló un procedimiento ordinario en el que se pueden desahogar pretensiones de cualquier naturaleza y la complementó con vías especiales que pueden ser más adecuadas para determinado tipo de pretensiones, quedando su uso limitado al objeto que la ley marca, vías que normalmente son privilegiadas y que consisten en procedimientos más rápidos y simplificados que el juicio ordinario; y menciona que el Código de Comercio ofrece al justiciable cuatro vías para plantear su pretensión: ordinaria, oral, ejecutiva y especial.
c) Después, el Pleno de Circuito hace un análisis de la vía oral y menciona que los artículos 1390 Bis 1 a 1390 Bis 50 del Código de Comercio, la regulan y que ésta se caracteriza por los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración; que el artículo 1390 Bis del mismo ordenamiento dispone que se tramitarán en la vía oral todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía y que el artículo siguiente, es decir, el 1390 Bis 1 prevé que no se sustanciarán en juicio oral mercantil aquellos asuntos que tengan una tramitación especial en el Código de Comercio o en otras leyes, ni los de cuantía indeterminada. Por tanto, concluye que se excluyen de sus reglas a los juicios ejecutivos mercantiles, especiales de fianzas y ejecución de prenda sin trasmisión de posesión, por tener una tramitación especial en el Código de Comercio.
d) Sin embargo, también menciona que la vía oral mercantil no necesariamente está cerrada para el ejercicio de acciones derivadas de contratos de crédito al que el interesado acompañe un estado de cuenta certificado. Para arribar a esa conclusión, el Pleno de Circuito partió de la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 1055 Bis del Código de Comercio, en la que sostuvo que dicho numeral, al prever que cuando el crédito tenga garantía real el actor, a su elección, podrá ejercer sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario, o el que corresponda, de conformidad con la ley, conservando la garantía real y su preferencia en el pago, aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución, no conlleva un grado de arbitrariedad, ni comporta una violación al derecho de defensa del demandado, ni de la igualdad procesal que debe regir para las partes contendientes, ya que la elección referida deberá hacerse atendiendo a los supuestos, las finalidades y las pretensiones que hagan procedente una o varias vías conforme a las leyes aplicables, las que no conllevan a priori una violación constitucional.
e) El Pleno de Circuito argumenta que, acorde a lo anterior, es dable sostener que la vía oral mercantil no fue excluida por el legislador para que por su cauce se ejerzan acciones derivadas de un contrato de crédito con garantía real, pues justamente será la pretensión que sobre dicho contrato deduzca el actor la que defina su procedencia.
f) Sobre estas premisas, el Pleno de Circuito mencionó que el actor sí puede elegir la vía oral mercantil para hacer valer las acciones que deriven del contrato de crédito con garantía real. Porque, de alguna manera, la vía oral mercantil equivale al juicio ordinario, sólo que revestido de mayor agilidad procesal; y porque no debe perderse de vista que existen acciones personales, reales y mixtas, entendiendo que en estas últimas, el actor tiene un derecho real y un derecho personal que puede ejercer simultáneamente, y que hay vinculación entre ambos derechos. Verbigracia, la acción de acreedor hipotecario está formada por la acción personal para el cobro del crédito y la real que nace de la hipoteca.
g) Argumentó que la necesidad de destacar esa clase de acciones se justifica en la medida en que la pretensión del actor, en cuanto al contrato de crédito que exhibe como documento base de la acción junto con el estado de cuenta certificado, no necesariamente tendrá como propósito hacer efectiva la garantía real, si tan sólo lo que pretende es exigir el derecho personal de crédito que tiene respecto del deudor.
h) Así es, el hecho de que la parte actora junto con su demanda exhiba el contrato de crédito y el estado de cuenta certificado, y ambos puedan conformar o integrar un título ejecutivo no, debe conducir al juzgador a concluir necesariamente que está ante el ejercicio de una acción ejecutiva, la que de ser el caso, desde luego, debe ventilarse en esta vía privilegiada, porque, en realidad, puede tratarse del ejercicio de una acción personal en la que el actor no pida al Juez dicte un auto de exequendo sobre los bienes del demandado, y entonces el estado de cuenta certificado deberá ser valorado desde otra perspectiva, ya que la fijación de la vía depende de las acciones que se hagan valer y de las pretensiones que se quieran exigir en el juicio elegido.
i) Ello, en virtud de que si el legislador otorgó cierto margen de libertad al actor para elegir la vía para resolver las obligaciones derivadas de un contrato de crédito, el juzgador no la debe pasar inadvertida según su eficacia. Pues es posible que la decisión de optar por la vía mercantil obedezca a la celeridad o expeditez que el legislador imprimió a su proceso de creación y a que, a parecer del interesado, pudiera ser el camino más eficaz para obtener la declaración del derecho.
j) Porque aun cuando existe una vía privilegiada, como la ejecutiva mercantil, para que el actor ejerza acciones que deriven de un contrato de crédito al que se acompañe un estado de cuenta certificado, en la que el procedimiento se distingue por ser sumario y cuyo objeto no es declarar o reconocer la existencia del derecho, sino hacer efectivo el que ya se encuentra consignado en el título ejecutivo, pues éste es suficiente para dar cuenta de una deuda cierta, líquida y exigible, y el Juez puede despachar ejecución para requerir al deudor de pago inmediato y embargar bienes de éste, además de que en el juicio correspondiente el actor cuenta una prueba preconstituida, y es al demandado a quien corresponde desvirtuarla, lo cierto es que a pesar de estos privilegios el actor puede renunciar a esta vía y optar por la oral mercantil por ser más ágil, y porque al ser el titular de la garantía real ningún efecto práctico tendría que dirigiera al Juez la petición de ejecución en la medida en que las prestaciones líquidas que reproche al demandado ya están garantizadas, de alguna manera, por la cosa objeto del gravamen.
k) Para reforzar su argumento, el Pleno de Circuito invocó las consideraciones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, al resolver el amparo directo en revisión 4009/2014, en el que interpretó el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, y concluyó que el estado de cuenta junto con el contrato de crédito o póliza forman un título de crédito que, en un juicio ejecutivo, resulta suficiente para demostrar la existencia de un crédito cierto, líquido y exigible; y que en los demás procesos en los que se presente un documento que la ley repute como ejecutivo la función ya no es la misma que tendría en un ejecutivo, es decir, que en un proceso distinto al ejecutivo en el que se exhiba un estado de cuenta certificado evidentemente no dará lugar a la ejecución o a hacer efectivo el crédito, sino sólo constituye un elemento de prueba sujeto a las reglas de valoración que al efecto establezca la ley, en especial, la forma de valorar un documento de naturaleza mercantil en un juicio oral en el que no están previstas todas las reglas de valoración de documentos, por lo que resolvió ese vacío al sostener que es posible apoyarse, para tal efecto, en lo dispuesto por el artículo 1390 Bis 8 del Código de Comercio.
l) El órgano de referencia hizo énfasis en que dentro del juicio oral mercantil no es correcto que el Juez apoye su decisión en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito para valorar el estado de cuenta que el actor exhiba en el procedimiento, sino que debe acudir a las reglas generales de valoración, ya que la vía de mérito no tiene como finalidad resolver un crédito bancario a través de un título ejecutivo, sino determinar en la sentencia el derecho de crédito que corresponda al actor quien tendrá la carga de probarlo.
m) Para finalizar, el Pleno de Circuito concluyó que no existe razón para que el Juez desestime la procedencia de la vía oral mercantil cuando el actor la elija para resolver las obligaciones derivadas de un crédito bancario al que adjunte el estado de cuenta certificado, y menos con fundamento en el artículo 1390 Bis 1 del Código de Comercio, ya que éste no impone restricción alguna al precepto 1055 del mismo ordenamiento. Pues el aspecto decisivo que define la procedencia de la vía es la pretensión efectivamente planteada por la actora en su demanda y no los documentos que anexe a la misma para fundarla apreciados en forma aislada a esta última; por el contrario, lo correcto es que se interpreten en conjunción con dicho escrito para determinar lo que realmente persigue el actor en el juicio y para lo cual se insta a la autoridad jurisdiccional quien, en modo alguno, debe desvirtuar el derecho que pide o reclama y la causa jurídica que le sirve de fundamento a la pretensión.
14. Una vez precisados los antecedentes y los criterios que adoptaron los Plenos de Circuitos que participan en la presente contradicción de tesis, esta Primera Sala advierte que los dos órganos federales se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial para interpretar los artículos 1055, 1055 Bis, 1390 Bis y 1390 Bis 1 del Código de Comercio, esto, a fin de determinar si la vía oral mercantil, prevista en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, es procedente o no, para hacer valer acciones que tienen su fundamento en títulos ejecutivos mercantiles, especialmente cuando el documento base de la acción es un contrato de apertura de crédito junto un estado de cuenta certificado por contador público.
15. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo de los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis también se satisface en el presente asunto, puesto que los ejercicios interpretativos realizados por los Plenos de Circuito contendientes, giraron en torno a una misma problemática jurídica surgida con motivo de la procedencia del juicio oral mercantil cuando, con el escrito de demanda el actor exhibe documentos que constituyen un título ejecutivo mercantil, porque lo que uno de ellos afirmó fue negado por el otro, tal como se demostrara a continuación:
16. El Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis sometida a su consideración, determinó que cuando se demanda el pago de un crédito consignado en un contrato con garantía real, que junto con el estado de cuenta expedido por el contador de la institución bancaria, por disposición de la ley otorgue a éste la característica de título que trae aparejada ejecución, el actor tiene que elegir la vía ejecutiva y no la oral mercantil, a pesar de que el importe de la reclamación sea inferior al importe que señala el artículo 1339 del Código de Comercio, precisamente, porque dicho ordenamiento, en tal supuesto, prevé un trámite especial. Así, concluyó que si se está en presencia de un título que trae aparejada ejecución –como acontece con el contrato de crédito con garantía hipotecaria, junto con el estado de cuenta certificado por el contador público de la institución de crédito–, procede el juicio ejecutivo y no el oral mercantil, máxime que, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 1390 Bis 1 de la citada legislación comercial, este último no procede en asuntos que tengan prevista una tramitación especial.
17. Por su parte, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis con idéntica temática, argumentó que la vía oral mercantil es un camino que pretende hacer más expedita la impartición de justicia que sólo excluye a las contiendas que tengan prevista una tramitación especial y a las que sean de cuantía indeterminada, pero que no necesariamente está cerrada para el ejercicio de acciones derivadas de contratos de crédito que tengan garantía real acompañado de estados de cuenta certificados. Ello, pues la valoración de estos estados de cuenta deben atender a la función que tengan en los juicios en los exhiban, en la medida en que todo dependerá de la pretensión hecha valer por el actor, esto es, si pide resolver el crédito bancario a través de un título ejecutivo en el que necesariamente habrá lugar a la ejecución en una vía privilegiada (juicio ejecutivo mercantil) o sólo obtener, a través de una sentencia, la declaración del derecho de crédito que le corresponde. Por tanto, ese Pleno de Circuito concluyó que cuando el Juez deba proveer sobre una demanda a la que el actor acompañe un documento al que la ley otorgue el carácter de ejecutivo, debe examinar, cuidadosamente, la pretensión efectivamente planteada a efecto de determinar la procedencia o no, de la vía oral mercantil.
18. De ahí que esta Primera Sala considera que el presente asunto cumple con el segundo de los requisitos establecidos para la existencia de contradicciones de tesis, pues mientras que uno de ellos afirmó (como un absoluto) la improcedencia de los juicios orales mercantiles cuando a la demanda se acompañan documentos que tiene la calidad de un título ejecutivo mercantil; el otro negó esa posición absoluta, pues determinó que la procedencia de la vía depende de las pretensiones e intenciones del actor, con independencia de que los documentos que se acompañen a la demanda constituyan título ejecutivo. Situación que es suficiente para afirmar la diferencia de criterios entre los sustentados por los Plenos de Circuito que participan en este asunto, pues mientras uno de ellos negó absolutamente la procedencia de los juicios orales mercantiles para los casos en los que el documento fundatorio de la acción sea un título ejecutivo mercantil (como lo es el contrato de crédito con garantía hipotecaria, junto con el estado de cuenta certificado por el contador público de la institución bancaria); el otro determinó que en tal supuesto, la vía oral puede ser procedente, en la medida de que se analice cuál es la verdadera intención y pretensiones del actor.
19. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta:
¿Es procedente la vía oral mercantil prevista en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio cuando a la demanda se acompaña un título ejecutivo mercantil, como lo es el contrato de apertura de crédito junto con un estado de cuenta certificado por el contador público de la institución de crédito?
20. Así las cosas y habiendo quedado acreditados los requisitos de procedencia de las contradicciones de tesis, esta Primera Sala considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, en atención a que los Plenos de Circuito abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica y llegaron a conclusiones contrarias. Por tanto, ha lugar a dar respuesta a la interrogante que resulta de dicha oposición de criterios.
V. Estudio de fondo
21. Tal como quedó dicho en el apartado anterior, la pregunta a responder es: ¿Es procedente la vía oral mercantil prevista en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio cuando a la demanda se acompaña un título ejecutivo mercantil, como lo es el contrato de apertura de crédito junto con el estado de cuenta certificado por el contador público de la institución de crédito?
22. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la respuesta que corresponde a esa interrogante coincide, en lo sustancial, con el criterio sostenido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al tenor de la jurisprudencia que emita este Alto Tribunal, por las razones que enseguida se explican:
23. Esta Primera Sala estableció en la jurisprudencia 1a./J. 61/2016 (10a.),(8) que la vías procesales son diseños moduladores con características propias que moldean el acceso a la justicia en condiciones que el legislador consideró óptimas, según las acciones que se hagan valer y las pretensiones exigidas; asimismo, determinó que cada vía procesal fija plazos para cada una de sus etapas y establece reglas a seguir en cuanto a la determinación de la competencia, la contestación, las excepciones, la reconvención, las pruebas, los alegatos y las audiencias, entre otras; y establecen requisitos o condiciones que guían la determinación de utilizar válidamente un camino procesal u otro.
24. En materia mercantil, tratándose de los juicios de cognición es procedente, por regla general, la vía ordinaria mercantil; sin embargo, con el conocimiento de que existe una diversidad de pretensiones y calidad de los documentos fundatorios de aquéllas, el legislador implementó diversas vías procesales para regular los juicios mercantiles, como son, la oral, la ejecutiva, y varias especiales, cada una de ellas con diferentes características, plazos, finalidades, materias, objetos, etapas, etcétera. Así, es de concluirse que, si bien existe variedad de vías que r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28392-f5325a76/via-oral-mercantil-para-su-procedencia-se-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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