ORDEN DE LANZAMIENTO POSTERIOR AL REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE ATENDERSE A LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO Y NO A LA DIVERSA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA MISMA FRACCIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 11/2016. 26 DE FEBRERO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ. SECRETARIO: JORGE ELÍAS ALFARO RESCALA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Se estima innecesaria la transcripción de los agravios formulados por el inconforme ya que, en el caso, respecto de todos los actos reclamados, se actualizan causas de improcedencia distintas a las analizadas por el Juez de Distrito, en la sentencia recurrida.
En primer lugar, debe decirse que respecto del acto reclamado denominado como la violación a la suspensión provisional y definitiva decretada en el diverso juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el Juez Federal consideró que se actualizaba la causa de improcedencia prevista por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que dicho acto había sido dictado en un diverso juicio de amparo. (incidente de suspensión)
En el caso, debe puntualizarse que cuando se alega la violación a la suspensión de un acto reclamado, ésta no es atribuida al Juez de amparo que la decretó, sino a la autoridad responsable que vulnera la medida cautelar.
Partiendo de lo anterior, debe decirse que, por cuanto hace al acto reclamado denominado como la violación a la suspensión provisional y definitiva decretada en el diverso juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 206 a 209, todos de la Ley de Amparo.
A fin de demostrar lo anterior, se estima oportuno transcribir lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dice:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."
El numeral transcrito instituye la improcedencia del juicio de amparo, en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, es decir, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 61; por lo cual, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto.
En ese contexto, los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo disponen:
"Artículo 206. El incidente a que se refiere este capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente.
"Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo."
"Artículo 207. El incidente se promoverá ante el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo."
"Artículo 208. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes:
"I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas;
"II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y
"III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución."
"Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta ley."
Los preceptos legales reproducidos se encuentran en el capítulo V de la Ley de Amparo, y prevén la procedencia del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión.
Así, en términos de dichos preceptos legales, el incidente de mérito procede contra las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; incidente que procede en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo del que emanó la suspensión del acto reclamado.
Así, la vía idónea para controvertir la violación a la suspensión provisional, definitiva o de plano, decretada en un juicio de amparo, no es a través de un diverso juicio de amparo, como inexactamente lo pretende hacer valer el recurrente, sino mediante el incidente de violación a la suspensión, ya sea por exceso o defecto en el cumplimiento de dicha suspensión, previsto en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo; máxime que la violación a la suspensión alegada por el peticionario del amparo, no la evidenció a través de un acto concreto emitido por las responsables; lo que habría ocasionado que éste se sujetara a las reglas de procedencia e improcedencia previstas en los artículos 103 y 107 constitucionales y en la respectiva ley reglamentaria.
En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 206 a 209 de la propia normatividad legal, respecto del acto reclamado denominado como la violación a la suspensión provisional y definitiva decretada en el diverso juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, se sobresee en el juicio de amparo indirecto, con apoyo en el numeral 63 de la Ley de Amparo.
QUINTO.—Una vez determinado lo anterior, procede analizar la causa de improcedencia que en realidad se actualiza respecto de los actos siguientes:
a) La interlocutoria de siete de agosto de dos mil trece, dictada en el juicio especial hipotecario **********, promovido por **********, contra **********, del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, mediante el cual se aprobó el remate en segunda almoneda del inmueble materia de la litis y se adjudicó en favor de **********.
b) La resolución de dieciocho de marzo de dos mil catorce, dictada en el toca **********, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante la cual se confirmó la interlocutoria referida en el inciso que antecede.
c) El auto de veinticinco de febrero de dos mil quince, dictado en el juicio especial hipotecario **********, promovido por **********, contra **********, del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, mediante el cual se ordenó turnar los autos al **********, a fin de emitir la escritura ordenada en el juicio de origen.
En efecto, como quedó precisado en el considerando tercero de la presente ejecutoria, en la sentencia recurrida, el Juez determinó sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos enumerados en líneas que anteceden, por estimar que se actualizaba la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que dichos actos ya habían sido materia del diverso juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
Dicha consideración se estima desacertada, pues si bien, de las constancias que obran en autos; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2o. de la Ley de Amparo, se observa que en el diverso juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el ahora quejoso reclamó dichos actos, no menos verídico resulta que en tal sumario constitucional, se determinó sobreseer en el juicio, por estimar que los actos reclamados no constituían la última resolución dictada en el procedimiento de remate del juicio especial hipotecario **********, promovido por **********, contra **********, del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal.
En ese contexto, debe estimarse que los actos reclamados sí podían someterse nuevamente a un análisis constitucional como violaciones procesales a través del juicio de amparo, una vez llegado el momento en que se señalara como acto reclamado, la última resolución dictada en el procedimiento de remate, en tanto que lo único que condicionó la procedencia del juicio de amparo en aquella ocasión, fue que no se actualizaba el supuesto de procedencia previsto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo.
No obstante lo anterior, como se anticipó, respecto de los actos reclamados en estudio, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, a contrario sensu, de dicha legislación.
Ciertamente, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."
Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.
"Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
"En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior."
De la interpretación sistemática de los preceptos citados se observa, en lo que interesa, que en los procedimientos de remate, el juicio de amparo indirecto procede hasta la última resolución dictada en dicha fase procesal, esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados; determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente, pudiéndose reclamar en ese momento, las violaciones cometidas en ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trasciendan al resultado de la resolución.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1738 del Libro 10, Tomo II, septiembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas», cuyos título, subtítulo y texto son:
"REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla."
Ahora bien, a fin de evidenciar la causa de improcedencia invocada, se estima oportuno narrar, en lo que interesa, parte de los antecedentes de los actos reclamados.
1. Mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil once, **********, por conducto de sus apoderados demandó, en la vía especial hipotecaria de **********, diversas prestaciones. (fojas 1 a 20 de las copias certificadas del juicio de origen)
2. Del juicio correspondió conocer a la Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, quien por acuerdo de trece de julio de dos mil once, entre otras cuestiones, radicó el asunto con el número **********, y ordenó el emplazamiento del demandado. (fojas 21 a 23)
3. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil once, **********, contestó la demanda instaurada en su contra. (fojas 28 a 37)
4. Seguido el juicio en sus etapas procesales, el dieciocho de octubre de dos mil once, la Juez de origen dictó sentencia de primera instancia, en la cual se condenó al enjuiciado al pago de parte de las prestaciones reclamadas por la institución bancaria accionante (fojas 49 a 58); la cual fue confirmada mediante resolución de veintisiete de enero de dos mil doce, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca **********. (fojas 72 a 83)
5. Una vez iniciada la fase de ejecución de sentencia (remate), el siete de agosto de dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de remate en segunda almoneda (fojas 222 a 225); la cual se aprobó mediante interlocutoria dictada en esa fecha en la que, entre otras cosas, se adjudicó el bien inmueble materia de la litis, en favor de **********, y se ordenó la escrituración del bien raíz objeto del remate. (fojas 226 a 239)
6. No conforme con dicha determinación **********, interpuso recurso de apelación, el cual se turnó a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; la cual registró el recurso con el toca **********, y el dieciocho de marzo de dos mil catorce, confirmó la interlocutoria recurrida. (fojas 268 a 293)
7. Posteriormente, mediante dos autos dictados el veinticinco de febrero de dos mil quince, la Juez de origen determinó, en el primero, turnar los autos al **********, a fin de emitir la escritura pública de adjudicación ordenada en autos (foja 359); y en el segundo, decretó que visto el estado procesal de los autos, en términos de lo solicitado por la adjudicataria, y de conformidad con el artículo 555 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, requirió al demandado para que en el término de cinco días, desocupara y entregara el inmueble objeto de la adjudicación, y lo apercibió que, en caso de no hacerlo, sería lanzado a su costa. (foja 363)
8. No conforme con el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil quince, mediante el cual se ordenó la entrega del bien raíz materia de la adjudicación en el juicio de origen **********, interpuso recurso de apelación. (fojas 364 a 366)
9. De igual manera **********, promovió juicio de amparo indirecto contra los actos siguientes:
a) Los acuerdos de veinticinco de febrero de dos mil quince, dictados por la Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, en el juicio especial hipotecario **********, mediante los cuales, en el primero, ordenó turnar los autos al notario público doscientos treinta y siete del Distrito Federal, a fin de emitir la escritura pública de adjudicación ordenada en autos; y en el segundo, decretó que visto el estado procesal de los autos, en términos de lo solicitado por la adjudicataria, y en términos del artículo 555 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, requirió al demandado para que en el término de cinco días, desocupara y entregara el inmueble objeto de la adjudicación, y lo apercibió que, en caso de no hacerlo, sería lanzado a su costa.
b) La interlocutoria de siete de agosto de dos mil trece, mediante la cual se aprobó el remate en segunda almoneda; y, entre otras cosas, adjudicó el bien inmueble materia de la litis, en favor de **********, y se ordenó la escrituración del bien raíz objeto del remate.
c) La resolución de dieciocho de marzo de dos mil catorce, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca **********, mediante la cual se confirmó la interlocutoria de siete de agosto de dos mil trece, precisada en el inciso que antecede.
10. Del juicio correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el cual fue registrado con el número **********, y mediante sentencia de veintisiete de abril de dos mil quince, firmada el veintinueve de mayo de esa anualidad, determinó sobreseer en el juicio de amparo por las razones siguientes:
Por cuanto hace al acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil quince, dictado por la Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, en el juicio especial hipotecario **********, mediante el cual requirió al demandado para que en el término de cinco días, desocupara y entregara el inmueble objeto de la adjudicación, y lo apercibió que, en caso de no hacerlo, sería lanzado a su costa, el juzgador determinó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista por la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que, en el caso, se encontraba pendiente de resolver un recurso ordinario de defensa. (apelación referida en el antecedente ocho)
Por su parte, respecto del diverso acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil quince, mediante el cual, la Juez de origen había determinado turnar los autos al notario público doscientos treinta y siete del Distrito Federal, a fin de emitir la escritura pública de adjudicación ordenada en autos, estimó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, a contrario sensu, de dicha normatividad legal, en razón de que si bien ya se encontraba en forma definitiva la orden de escrituración, ésta no ordenaba en forma definitiva la entrega del bien inmueble objeto de la adjudicación.
Finalmente, por cuanto hace a la interlocutoria de siete de agosto de dos mil trece, mediante la cual se aprobó el remate en segunda almoneda; y, entre otras cosas, adjudicó el bien inmueble materia de la litis, en favor de **********, y se ordenó la escrituración del bien raíz objeto del remate, y la resolución de dieciocho de marzo de dos mil catorce, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca **********, mediante la cual la confirmó, señaló que debían tenerse como violaciones en el procedimiento de remate, cuyo análisis constitucional se encontraba impedido, por haber resultado improcedente el juicio de amparo. (fojas 38 a 40 del tomo IV de pruebas)
La sentencia anterior causó ejecutoria mediante acuerdo dictado el diecisiete de junio de dos mil quince. (foja 42 del tomo IV de pruebas)
11. El recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil quince, dictado por la Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, en el juicio especial hipotecario **********, mediante el cual requirió al demandado para que en el término de cinco días, desocupara y entregara el inmueble objeto de la adjudicación, y lo apercibió que, en caso de no hacerlo, sería lanzado a su costa, fue turnado a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; la cual mediante resolución de quince de abril de dos mil quince, dictada en el toca **********, confirmó el acuerdo apelado. (fojas 379 a 386)
12. Finalmente, mediante acuerdo de diez de julio de dos mil quince, la Juez de origen hizo efectivo el apercibimiento decretado mediante acuerdo de veinticinco de febrero de ese año, y ordenó el lanzamiento del demandado del inmueble objeto de la adjudicación. (foja 389)
Puntualizado lo anterior, debe decirse que, en el caso, se estima que la interlocutoria de siete de agosto de dos mil trece, dictada en el juicio especial hipotecario **********, del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal; la resolución de dieciocho de marzo de dos mil catorce, dictada en el toca **********, por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante la cual se confirmó la interlocutoria referida; y el auto de veinticinco de febrero de dos mil quince, dictado en el juicio especial hipotecario **********, por la Juez Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, constituyen determinaciones intermedias dictadas en el procedimiento de remate, que no dan procedencia al juicio de amparo indirecto, en términos del tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en tanto que en éstas no se ordena en forma definitiva, la entrega del bien inmueble materia de la adjudicación.
No es óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho de que en el juicio especial hipotecario de origen, ya se hayan dictado en forma definitiva tanto la resolución por la cual se ordena la escrituración del inmueble objeto de la adjudicación (resolución de dieciocho de marzo de dos mil catorce, dictada en el toca **********, por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal), así como la que ordenó en forma definitiva la entrega del bien raíz materia de la litis (resolución de quince de abril de dos mil quince, dictada en el toca **********, mediante la cual se confirmó el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil quince, por el que se ordenó la entrega de mérito) pues, en el caso, el quejoso nunca ha combatido a través del juicio de amparo indirecto, la última de las resoluciones referidas, que era la que ponía fin al procedimiento de remate y, por ende, daba procedencia al juicio de amparo indirecto, en tanto que, como se vio, era la que en forma definitiva ordenaba la entrega del bien rematado pues, como se vio, aun cuando promovió juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil quince, mediante el cual se ordenó la desocupación y entrega voluntaria del bien inmueble objeto del remate, dicha resolución no tenía carácter definitivo al haberse recurrido a través de un recurso de apelación; por lo cual, se sobreseyó en el juicio, en un juicio de amparo anterior. (foja 92)
Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el párrafo tercero de la fracción IV del numeral 107, interpretada en sentido contrario, respecto de la interlocutoria de siete de agosto de dos mil trece, dictada en el juicio especial hipotecario **********, del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal; la resolución de dieciocho de marzo de dos mil catorce, dictada en el toca **********, por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante la cual se confirmó la interlocutoria referida; y el auto de veinticinco de febrero de dos mil quince, dictado en el juicio de origen, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la propia normatividad legal.
SEXTO.—Finalmente, respecto del acuerdo de diez de julio de dos mil quince, dictado en el juicio especial hipotecario **********, promovido por **********, contra **********, del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, mediante el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado mediante acuerdo de veinticinco de febrero de ese año, y ordenó el lanzamiento del demandado del inmueble objeto de la adjudicación, se actualiza una causa de improcedencia diversa a la sostenida en la resolución recurrida.
En efecto, respecto del acto reclamado en estudio, el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio, por estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de dicha legislación, por estimar que dicho acto reclamado no era el último acto dictado en la etapa de remate.
En el caso, debe decirse que contrario a lo que sostuvo el Juez de Distrito, respecto del acto reclamado en estudio, se materializa la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de dicha legislación.
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."
Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.
"Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
"En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;"
De la interpretación sistemática de los preceptos citados se observa, en lo que interesa, que en el procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede hasta la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
Ahora bien, atendiendo a la evolución de la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos emitidos en la fase procesal de ejecución de sentencia, se ha sostenido que éste no sólo procede contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, sino también cuando el acto reclamado se ubique en las hipótesis siguientes:
a) Resoluciones autónomas a la cosa juzgada.
b) Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. (En la especie se aclara que la orden de lanzamiento que aquí se reclama, no se encuentra en este supuesto, pues no es ajena a la cosa juzgada, sino más bien, es consecuencia de aquélla)
Lo anterior, pues el Pleno del Máximo Tribunal del País determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 (ahora fracción V del artículo 107), daba pauta para interpretar la fracción III del numeral en comento (ahora fracción IV del artículo 107 de la propia legislación), y no a la inversa, de modo que, cuando se reclamaran en vía de amparo indirecto, actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, y éstos pudieran afectar de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27873-9dc536dd/orden-de-lanzamiento-posterior-al-remate-para-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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