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Modo: Corpus Pro

PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 386/2016. · Registro digital (IUS): 27061
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-04-07
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Pág. 1570.

AMPARO EN REVISIÓN 386/2016. 20 DE OCTUBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: DAVID PÉREZ CHÁVEZ. SECRETARIO: JUAN ANTONIO MORENO VELA.

CONSIDERANDO:

IX.-Mayor beneficio jurídico.

15. A pesar de que en el particular se advierte una violación procesal, es innecesario ordenar reponer el proceso de amparo, en tanto que frente a tal trasgresión procedimental, en suplencia de la queja deficiente, ha de privilegiarse el examen de la decisión de fondo porque, como se justificará, la misma trae consigo mayor beneficio jurídico al quejoso y también recurrente; postura que, inclusive, resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 79, último párrafo, de la Ley de Amparo, que establece el sistema normativo que rige en el análisis de estudio materia del juicio de amparo indirecto; disposición legal que, por su importancia, enseguida se reproduce:

"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"I. ...

"La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo."

16. Como se observa, el artículo parcialmente transcrito establece que la suplencia de la queja deficiente sólo operará por violaciones procesales o de forma cuando se observe que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.

17. De lo que se sigue que tal hipótesis normativa debe llevar al juzgador de amparo a privilegiar el examen de los planteamientos que se prevean como materia del juicio de amparo que se resuelve, inherentes a vulneraciones de fondo provenientes del acto motivo de reclamo, frente a las de índole procesal o de forma, al resolver en el juicio de amparo indirecto; circunstancia que si bien se presenta para el supuesto de la suplencia de la deficiencia de la queja, por mayoría de razón, debe imperar cuando hay causa clara de pedir en conceptos de violación que dé lugar a ello.

18. Interpretación jurídica que inclusive guarda congruencia con el sistema normativo dispuesto en el artículo 189(10) de la Ley de Amparo, en la parte atinente a que en el juicio de amparo directo también debe privilegiarse el estudio de los aspectos de fondo por encima de las cuestiones procesales o formales, con excepción de que invertir el orden traiga consigo mayor beneficio jurídico para el quejoso.

19. En coherencia con ambas hipótesis normativas, puedan ser aplicadas en razón del diseño normativo que regulan (mayor beneficio jurídico), al resolver el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia pronunciada por un Juez de Distrito, con el propósito de lograr resolver la cuestión de fondo y dejar de lado situaciones procesales o formales que puedan llegar a presentarse, con excepción de que invertir el orden de estudio traiga más beneficio, desde lo jurídico, al inconforme, fin último inmerso en ambas disposiciones legales.

X. Decisión y su justificación en relación con el recurso de revisión interpuesto por el quejoso.

20. Para justificar lo afirmado, se consulta el artículo 93, fracción IV,(11) de la Ley de Amparo, conforme al cual los Tribunales Colegiados -al conocer de los asuntos en revisión- si advierten que en el juicio de amparo indirecto se incurrió en alguna acción u omisión que pudiera influir en la sentencia recurrida, la revocarán y ordenarán reponer el procedimiento a efecto de que se subsane la violación advertida.

21. Sobre el particular, atento a los conceptos jurídicos que contiene, es aplicable la tesis de jurisprudencia XIX.1o.P.A. J/14, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que se comparte, cuyos rubro y texto son:

"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ANTES DEL ESTUDIO DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y DE SUS AGRAVIOS, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE VERIFICAR OFICIOSAMENTE SI SE SATISFACEN LOS PRESUPUESTOS PROCESALES, EN ESPECIAL, EL DE PROCEDIMIENTO ADECUADO Y, ANTE SU AUSENCIA, DEBE REVOCAR DICHO FALLO Y ORDENAR SU REPOSICIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO).-Del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo se advierte que, previo al análisis de la materia de la revisión, el tribunal revisor debe repasar el trámite del juicio para verificar si no se incurrió en violaciones a las normas fundamentales que norman el procedimiento de amparo o en omisiones que factiblemente puedan influir en el sentido de la decisión del juicio constitucional y, sobre todo, si se dejó sin defensa a alguna de las partes en el juicio, a grado tal que no fuera escuchada a pesar de tener derecho a intervenir como parte conforme a la ley, pues estas situaciones imposibilitan entrar al estudio de fondo y dejar de analizar las consideraciones del fallo recurrido y de sus agravios; en estos casos debe revocarse la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, al no encontrarse presentes los presupuestos procesales del juicio, lo que equivale a que no concurran condiciones mínimas para el juzgamiento del caso, sin que ello implique la suplencia de la queja, pues esta clase de recomposiciones no se deben al estudio de un contenido mejorado de los agravios, sino a la circunstancia de no encontrarse satisfechas las condiciones mínimas para el dictado de una sentencia que defina la causa del juicio ni el presupuesto del debido proceso o del procedimiento adecuado (como también se le denomina en la jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, particularmente, en la referida a la tutela judicial efectiva) que representa una condición mínima, básica y esencial, mediante la cual se instaura la relación jurídico-procesal, a grado tal que su ausencia, como la de cualquier otro presupuesto, conlleva a estimar que si se dictara sentencia, ésta no será válidamente existente y, por ello, normativamente se exige su estudio oficioso en forma previa al análisis de los agravios."(12)

22. Tesis de jurisprudencia que si bien se generó a partir de lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV,(13) de la Ley de Amparo abrogada, es aplicable porque en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo actual, subyace la misma disposición en cuanto a que la transgresión a las disposiciones que norman el procedimiento de amparo, por regla general, provoca la reposición.

23. Para justificar lo anunciado, es preciso señalar lo siguiente:

• El recurrente, con la calidad de interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con sede en El Rincón, Municipio de Tepic, Nayarit, promovió juicio de amparo donde señaló como acto motivo de reclamo la falta de atención médica atribuida al director general del centro penitenciario de referencia. En su oportunidad, se radicó el asunto y, entre otras cuestiones, se concedió la suspensión de plano para que la autoridad responsable, de inmediato, proporcionara al quejoso la atención médica y los medicamentos necesarios y, de proceder, llevara a cabo los diagnósticos y/o cualquier estudio de laboratorio acorde con los padecimientos. (hojas 11 a 15 del expediente de amparo)

• Mediante acuerdo de once de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el informe justificado donde la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado. (hojas 41 y 42 ídem)

• El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se pronunció sentencia donde se sobreseyó en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado. (hojas 65 a 70 ídem)

24. De lo anterior se obtienen las siguientes premisas básicas: I. Que el recurrente se encuentra recluido en un centro penitenciario; II. Que con esa calidad promovió el juicio de amparo contra la falta de atención médica; III. Que la autoridad señalada como responsable negó la existencia del acto motivo de reclamo; y, IV. Que con base en esa negativa, se sobreseyó en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado.

25. En esa tesitura, para justificar la violación procesal y, al mismo tiempo, lo innecesario de la reposición, es preciso plantear y responder las siguientes preguntas:

Primera: ¿La existencia de un recurso judicial efectivo es una cuestión que entraña sólo aspectos procesales, o también de índole sustantivo?

Segunda: ¿El juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo?

Tercera: ¿Cuándo y cómo se potencializa el juicio de amparo, como recurso judicial, de manera efectiva, en el supuesto de que el quejoso esté privado de la libertad?

Cuarta: ¿La reposición del proceso en el amparo, pese a que tiene el propósito de beneficiar al solicitante de amparo, produce a éste perjuicio de imposible reparación que permita dejar al margen tal postura y privilegiar el estudio de fondo?

26. Para responder tales interrogantes, se hace alusión a lo siguiente. La mención en el ámbito internacional a un recurso efectivo (después judicializado), como derecho humano, apareció en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,(14) cuyo contenido es:

"Artículo 8.

"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley."

27. En cuanto al origen de tal disposición internacional, en la obra(15) editada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha sostenido que:

"...1. Inclusión del artículo octavo en la Declaración Universal de la ONU.

"En el discurso pronunciado al cierre de la tercera reunión, Pablo Campos Ortiz expuso ante la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en el Palacio de Chaillot, París, a qué grado de las actividades de la delegación mexicana fueron primordiales para la redacción de la Declaración Universal.

"En su discurso, el delegado mexicano refería que la Declaración de los Derechos del Hombre era fundamental, pues aunque no pretendía generar una obligación jurídica para los países, debía observarse ‘siempre la base, amplísima y firme, para la realización de los propósitos más altos de las Naciones Unidas; promover el respeto universal de los derechos humanos’.

"El ideal del Estado Mexicano ante los derechos humanos radicaba así en el convencimiento de que dentro de un orden internacional de paz era necesario un régimen de respeto a los derechos de la persona humana, siendo lo más importante que contemplaba dentro de la necesidad de un recurso judicial efectivo.

"Su argumento sirvió como base para plantear al recurso judicial como un derecho esencial del hombre, siendo éste simple y rápido, para ampararlo contra actos que violen, en su perjuicio, los derechos y libertados fundamentales que le reconocen la Constitución o la ley. Dicha iniciativa llegó a consagrarse en el artículo 9 de la Declaración (actual artículo 8), con lo que parecía que México, por medio de Campos Ortiz, había logrado instaurar en el ámbito internacional una institución jurídica de índole mexicana: el derecho de amparo.

"‘Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.’

"La redacción del artículo octavo entró en debate en varias ocasiones, propiciándose su modificación ante objeciones de algunos países; no obstante, la delegación mexicana siempre buscó preservar la esencia del texto, para que se refiriera en específico a la interposición de un recurso. No fue sino hasta la aprobación de un tercer texto, en la sesión de 26 de octubre, cuando todos los Estados Parte coincidieron en cerrar la publicación de la Declaración Universal. El artículo octavo fue aprobado por 468 votos, sólo con la abstención de Egipto, India y Australia.

"La aportación del Estado Mexicano en 1948 fue reconocida por los demás convocados a la Tercera Asamblea de la ONU. Una vez más, el delegado de Cuba, Guy Pérez Cisneros, consideró que el trabajo de Campos Ortiz fue un ‘tesonero esfuerzo y gran poder de convicción’, para que la Tercera Comisión agregara al texto original ‘el importante artículo 8, inspirado en el derecho de amparo mexicano y que es el único texto de la Declaración que garantiza, en el campo nacional, el efectivo respeto de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por la ley’.

"De la misma manera, René Cassin, antiguo presidente de la Corte de Casación de Francia, integrante del Comité de Redacción y encargado de la propuesta inicial sobre la base del proyecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señaló en el texto ‘El problema de la realización efectiva de los derechos humanos y sociedad universal’ que, en su opinión, la delegación mexicana fue la autora de un texto muy importante, el artículo 8, siendo su principal promotor el señor Campos Ortiz. Calificada como ‘sumamente acertada’, la propuesta encontró rápidamente un voto favorable de las otras organizaciones.

"En el mismo contexto, Cassin señalaría que México propuso ese texto porque existía detrás de él la declaración aprobada en Bogotá en febrero de 1948. Previo al último periodo de sesiones de la Comisión de Redacción de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre exponía una cantidad de elementos comunes a la Declaración Universal, si bien este artículo no figuraba en el proyecto primitivo de la DUDH. Cassin ‘rinde por ello homenaje no solamente al hombre que hizo la proposición, sino al país que posee una institución llamada amparo, en la cual pensaba el autor’.

"Es de suma relevancia aludir a la percepción que se guardaba en el país ante la inclusión del ideal del amparo. El presidente Miguel Alemán, en su informe presidencial de 1949, puso de manifiesto el trabajo de los delegados mexicanos, quienes expusieron como uno de los derechos esenciales del hombre ‘el recurso ante los tribunales nacionales’ tendiente a la protección y el respeto de las garantías individuales; situación que dio lugar al reconocimiento de los países integrantes de la Asamblea por la atinada redacción del artículo. Además, el licenciado Manuel Tello, subsecretario de Relaciones Exteriores, comentó que este recurso internacional guardaba el mismo objeto que nuestro juicio constitucional de amparo: hacer respetar las garantías individuales. Pero el trabajo de los diplomáticos mexicanos no podía detenerse en ese momento: continuaría la redacción de otros instrumentos internacionales..."

28. Como se observa, el recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de una óptica de optimización para "hacer respetar las garantías individuales".

29. Con posterioridad a ello, en el ámbito interamericano también se instituyó como derecho humano tal recurso efectivo. Al respecto, el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo que sigue, la Convención) dispone lo siguiente:

"Artículo 25. Protección judicial

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."

30. La disposición internacional transcrita sólo recoge la naturaleza del juicio de amparo regulado en el Estado Mexicano, tan es así que en el texto bibliográfico editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya identificado a pie de página quince (15), se sostiene:

"...c. El sistema interamericano

"La Corte IDH ha construido una vasta doctrina jurisprudencial sobre el derecho a un recurso efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana, así como respecto de su vinculación con otros derechos y deberes, tales como las garantías del debido proceso (art. 8) y los deberes generales de respeto y garantía y de adecuación del orden interno al internacional (arts. 1 y 2), considerando los deberes específicos establecidos en la Convención en el sentido que los Estados deben desarrollar las posibilidades reales del recurso judicial y garantizar el cumplimiento de las decisiones en que se haya estimado procedente el recurso.

"Como lo ha reiterado la propia Corte, el artículo 25.1 de la Convención ‘es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales’. La disposición convencional establece, en términos amplios, ‘la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales’, debiéndose aplicar ‘no solo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquellos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley’, siendo aplicable, a fortiori, a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de emergencia. Ello ‘no se reduce a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aun a la posibilidad de recurrir a los tribunales’, el Estado ‘tiene el deber de adoptar medidas positivas para garantizar que los recursos que proporciona a través del sistema judicial sean verdaderamente efectivos para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y para proporcionar una reparación’; de ahí que ‘no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla’, la efectividad del recurso implica que reúna las características de sencillez y brevedad -propias del recurso de amparo-, no siendo efectivos ‘aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios’. De este modo, el tribunal ha declarado que ‘la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar...’"(16)

31. A partir de una doctrina de jurisprudencia local,(17) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recogido también lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo que sigue, "la Corte Interamericana") sostuvo en el sentido de que el artículo 25 de la Convención reconoce el derecho humano a un recurso judicial efectivo, que ampare a los individuos contra las violaciones a sus derechos fundamentales.

32. Pues reiteró la Segunda Sala, que esa disposición internacional compromete a los Estados a garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos del promovente, así como a asegurar la eficacia y cumplimiento de esas decisiones. Al respecto, la Segunda Sala enfatizó que la Corte Interamericana fijó posición en torno a ello de la siguiente manera:

"...A efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. ...Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación..."

33. A partir de ese contexto normativo internacional, la Segunda Sala consideró que el derecho humano a un recurso judicial efectivo supone dos tipos de deberes a cargo del legislador estatal; por una parte, el de establecer en las leyes mecanismos de defensa contra violaciones a los derechos fundamentales de los individuos y, por otra, el de establecer una estructura legislativa que garantice la idoneidad de los medios de defensa conforme al fin para el que fueron creados.

34. Es decir, explicó que para la satisfacción del derecho a un recurso judicial efectivo no basta la existencia formal en las leyes de un mecanismo de defensa, sino que además, éste debe ser apto para que el órgano jurisdiccional analice si existen o no violaciones a los derechos fundamentales de los individuos.

35. También la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en ese sentido, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), del contenido que sigue:

"DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental."(18)

36. Así, acorde con el marco normativo internacional y la doctrina tanto bibliográfica como de jurisprudencia en cuestión, esta última que, dicho sea, es obligatoria para este Tribunal Colegiado en términos del artículo 217(19) de la Ley de Amparo, coloca al recurso judicial efectivo como un instrumento para acceder, previo cumplimiento de los requisitos de procedencia respectivos, a una determinación donde se decida en definitiva.

37. Lo anterior, según se ha visto, significa que el recurso judicial efectivo es un mecanismo instrumental o procesal. Tomar, sin mayor margen de interpretación esta postura, implicaría dejar de lado la ontología básica del recurso judicial efectivo que, como se destacó, no es más que lograr llegar a un estado procesal donde se resuelva en torno a la cuestión efectivamente planteada. Dicho en otras palabras, colocar el reclamo de la persona en el ámbito donde se resuelva el aspecto sustantivo puesto en controversia.

38. En esa tesitura, vincular el aspecto instrumental o procesal con el sustantivo del recurso judicial efectivo, guarda coherencia con el principio pro persona inmerso en el artículo 1o.(20) constitucional, que se traduce en que, ante la existencia de dos o más opciones de interpretación, debe privilegiarse aquella que sea más favorable a la persona.

39. Por eso es que para otorgar eficacia al recurso judicial efectivo, su trascendencia, al mismo tiempo, debe implicar cuestiones sustanciales, pues de acuerdo con el artículo 25 de la Convención, todas las autoridades estatales, donde se encuentran las de México, deben garantizar que el gobernado, una vez que instó su pretensión y previa satisfacción de las cuestiones procesales respectivas, en realidad, o mejor dicho, materialmente, pueda obtener una resolución donde se resuelva en definitiva, dejando de lado formulismos o mecanismos que sólo provoquen indefensión a la persona.

40. Sin que la circunstancia de que el recurso judicial sea la vía (aspecto instrumental) para llegar al estado procesal donde se decida en definitiva (cuestión sustantiva), signifique la obtención de una resolución favorable a los intereses de la persona, sino que tal relación debe dimensionarse únicamente a colocar la pretensión en el estado procesal donde se defina en torno a la vulneración o no de derechos humanos.

41. Situación distinta ocurre en el supuesto de que la persona obtenga una determinación favorable, traducida en el sentido de que el acto o actos han sido violatorios de derechos humanos en su perjuicio, caso en el cual la efectividad del recurso judicial debe trasladarse hasta la fase de ejecución, donde también de acuerdo con el artículo 1o. constitucional, todas las autoridades que tengan intervención en esa etapa (donde están inmersos los tribunales de amparo), lleven a cabo las actuaciones necesarias e idóneas para materializar el aspecto sustantivo que se consideró vulnerado, y evitar que el recurso judicial se vuelva ilusorio por la falta de concretización del mismo.

42. En orden de lo considerado, la respuesta a la primera de las preguntas(21) formuladas, debe responderse en el siguiente sentido: el recurso judicial efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (cuestión procesal o formal) para lograr que se examine de fondo la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía.

43. Establecido lo anterior, ahora corresponde responder la siguiente pregunta. Para esto, cabe enfatizar que como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) transcrita, el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

44. Al igual se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 12/2016 (10a.), de título, subtítulo y texto, que a continuación se transcriben:

"RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27061-9d6ad32d/persona-privada-de-su-libertad-provisional-o-definitivamente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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