PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD PERSONAL RECLUIDA EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SI PROMOVIÓ AMPARO INDIRECTO POR PROPIO DERECHO Y SOLICITA QUE SE LE TENGA DESIGNADO COMO SU AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DEFENSOR DE OFICIO ADSCRITO AL JUZGADO, EL JUEZ DE DISTRITO, EN ARAS DE TUTELAR LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA, DEBE ACORDAR FAVORABLEMENTE ESA PETICIÓN.
QUEJA 202/2018. 11 DE FEBRERO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ LUIS LEGORRETA GARIBAY. SECRETARIA: ELISA ALFOAB LÓPEZ QUIROZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Estudio. Antes de proceder al estudio del asunto, es necesario precisar que el quejoso recurrente no expresó agravios en este recurso; sin embargo, dado que se encuentra privado de su libertad con motivo de la causa penal que se le instruye y este asunto versa sobre la materia penal, se abordará un análisis oficioso del auto recurrido, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo de la Ley de Amparo.(23)
En este tenor, es importante destacar que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables al:
A) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social;
B) Coordinador de Centros Federales;
C) Juez de Ejecución de Sanciones en el Estado de Nuevo León;
D) Juez Primero Penal y de Reparación Penal del Estado de Nuevo León;
E) Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,
F) Tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Asimismo, que en el capítulo respectivo señaló los siguientes actos reclamados:
De las autoridades responsables señaladas en los incisos A), B), C) y D), la negativa a trasladarlo del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al diverso Centro de Reinserción Social Número Dos, en Nogales, Sonora, el cual es más cercano a su domicilio.
En tanto que de las autoridades responsables precisadas en los incisos E) y F), la "falta de supervisión" de sus garantías constitucionales y elementales derechos humanos.
Además, en el proemio de su demanda, de manera expresa solicitó que se le nombrara al defensor público federal adscrito al Juzgado de Distrito –al que correspondiera conocer de su demanda de garantías–, para que lo representara en ese juicio de amparo.
Por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito, con el propósito de clarificar la prevención, aclaró qué debe entenderse por negativas y omisiones, en los términos siguientes:
"La primera, requiere la solicitud de los gobernados y la correspondiente respuesta de la autoridad responsable de negarse a actuar de determinada manera (acto positivo).
"La segunda, se entiende una abstención total por parte de las autoridades responsables a realizar determinados actos."
Y, bajo tal precisión, al advertir que la parte quejosa había manifestado que reclamaba las violaciones constitucionales efectuadas al negarle el traslado de su centro de reclusión actual al Centro de Reinserción Social "Dos" de Nogales, Sonora; sin embargo, en el capítulo de antecedentes adujo haber presentado un incidente no especificado al Juzgado Primero Penal y de Reparación Penal del Estado de Nuevo León, así como al Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Nuevo León, por el cual solicitó su traslado voluntario, incidentes a los cuales no había recibido contestación alguna desde el año dos mil dieciséis, ante tal ambigüedad y con el fin de estar en aptitud de entablar correctamente la litis, previno a la parte quejosa para que aclarara lo que a continuación se señala:
"1. Si reclama la omisión por parte de las responsables que señala como C) Juez de Ejecución de Sanciones en el Estado de Nuevo León y D) Juez Primero Penal y de Reparación Penal del Estado de Nuevo León, de darle contestación al incidente no especificado por el cual solicitó su traslado al Cereso "Dos" de Nogales, Sonora o, en su caso, si se duele de una negativa de su parte respecto al incidente no especificado que promovió.
"2. Para el caso de reclamar la negativa, deberá precisar la fecha del auto o determinación donde las autoridades responsables emitieron ese acto positivo.
"3. Si lo que reclama es la omisión de acordar el incidente no especificado que alude ha promovido y por el cual solicitó su traslado, así deberá indicarlo.
"Además, de reclamar la omisión de acordar, dirá:
"4. Cuántas solicitudes ha realizado en relación al incidente no especificado para solicitar su traslado, esto atendiendo a que en sus antecedentes del acto reclamado manifestó que las autoridades se han negado a darle contestación a sus peticiones.
"5. La fecha exacta de los escritos por los que promovió el incidente no especificado para solicitar su traslado, lo anterior, ya que se limitó únicamente a manifestar que desde el año dos mil dieciséis no ha recibido respuesta a su petición.
"6. De no reclamar la omisión de acordar el incidente no especificado que promovió o la negativa que le dieron las autoridades a su petición, deberá precisar qué acto en concreto les reclama, pues del capítulo de antecedente se desprende que las citadas responsables no han acordado respecto de lo que solicitó el quejoso.
"7. Cuáles son las causas que se le instruyen en el Juzgado Primero Penal y de Reparación Penal del Estado de Nuevo León y los expedientes relativos a su ejecución de penas que conoce el Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Nuevo León, y por los que solicitó su traslado.
"Por otra parte, expresará:
"8. Qué acto en concreto les reclama al A) Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y B) Coordinador de Centros Federales, pues del contenido de la demanda se aprecia que el (los) incidente(s) no especificado(s) por los que solicitó el traslado fue(ron) dirigido(s) a las diversas autoridades, Juez de Ejecución de Sanciones en el Estado de Nuevo León y Juez Primero Penal y de Reparación Penal del Estado de Nuevo León.
"Finalmente, dirá:
"9. Si ya ha promovido diversos juicios de amparo en relación a los actos que ahora reclama."
Bajo el apercibimiento que de no cumplir con todas y cada una de las prevenciones, o no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, tendría por no presentada la demanda de amparo.
Además, en cuanto a la designación de la parte quejosa para que se le nombrara un defensor público federal que lo representara en el juicio de amparo, el a quo señaló que el quejoso debía dirigir su petición a la Defensoría Pública Federal, para que dicha institución realizara los trámites que considerara pertinentes, ya que en ese juicio de amparo únicamente podía designar autorizados de conformidad con lo que previene el artículo 12 de la Ley de Amparo.
Dicho proveído le fue notificado a la parte quejosa el veintisiete de abril siguiente, diligencia en la cual manifestó que le era imposible cumplir con la prevención ordenada, toda vez que en ese lugar (donde se encuentra privado de su libertad, Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA") se encuentra restringido de muchas cosas, por lo que solicitó que fuera el Juez de Distrito quien rastreara las fechas de envío de la correspondencia dirigida a las autoridades mencionadas en el auto de prevención; asimismo, señaló que se trata de una persona que carece de conocimiento para cumplir con todo lo que se le solicitó y que se encuentra en estado de indefensión.
Ante dichas manifestaciones, mediante auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito determinó que la parte quejosa no había cumplido con los puntos del requerimiento que le formuló, por lo que dejó subsistentes el plazo y apercibimiento precisados en el proveído de diecinueve de abril anterior, para que cumpliera con la prevención ahí contenida; lo cual le fue notificado al quejoso en diligencia de siete de mayo de dos mil dieciocho.
Así, transcurrido el plazo concedido sin que la parte quejosa realizara alguna otra manifestación respecto a la prevención formulada, por auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito tuvo por no presentada la demanda de amparo.
Determinación que constituye la materia de este recurso de queja.
Al respecto, es importante precisar que en este recurso de queja es jurídicamente posible analizar la legalidad del acuerdo que manda aclarar la demanda de amparo, habida cuenta que en su contra no procede el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, pues no ocasiona un perjuicio irreparable, sino que su ilegalidad puede llegar a concretizarse hasta el dictado del acuerdo en que se tiene por no presentada la demanda.
Sobre este particular, por identidad de razón, es aplicable la jurisprudencia P./J. 97/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(24) de epígrafe y contenido siguientes:
"REVISIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA.—Contra el auto que manda aclarar o completar la demanda de garantías, dictado con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de queja porque no ocasiona, por sí mismo, un perjuicio irreparable, como lo exige la fracción VI del artículo 95 de la misma ley, en la medida que, de cumplimentarse lo prevenido, procedería la admisión de la demanda. El perjuicio irreparable sólo se produciría si el Juez de Distrito, por estimar no cumplimentado o indebidamente cumplimentado el requerimiento formulado, tuviera por no presentada la demanda. Ahora bien, si contra el acuerdo preventivo no procede el recurso de queja y es el auto que tiene por no presentada la demanda el que actualiza ese perjuicio al promovente del amparo, en contra del cual procede el recurso de revisión, según lo previsto en la fracción I del artículo 83 de la citada ley, se concluye que en la revisión en contra del auto que tiene por no presentada la demanda puede plantearse y examinarse la legalidad del auto preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinación de tener por no interpuesta la demanda, en la que actualiza el perjuicio de la ilegalidad del auto preventivo."
Bajo tales premisas, debe decirse que carece de sustento legal la determinación contenida en el auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en el sentido de prevenir al quejoso para que aclarara diversos aspectos de los actos reclamados, a fin de fijar la litis constitucional.
Cierto, los artículos 108, fracción IV, 110 y 114 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente:
"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por los medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:
"...
"IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame."
"Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica.
"El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio."
"Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:
"I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;
"II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;
"III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;
"IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y
"V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda.
"Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada.
"En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura."
De lo dispuesto en dichos preceptos legales, se aprecia que en la demanda de amparo se deben precisar, entre otros requisitos, la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, y si hubiere alguna irregularidad, se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, no se hubiera acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente, no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado y no se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda, el Juez de Distrito debe requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión las deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse, bajo el apercibimiento que, de no hacerse, se tendrá por no presentada la demanda.
En este sentido, se aprecia que la aclaración prevista en el artículo 114 de la Ley de Amparo debe ser de tal magnitud que impida de alguna manera desentrañar la verdadera intención del promovente de la acción constitucional, pues puede suceder que se adviertan irregularidades que no den lugar a tener por no presentada la demanda, sino más bien a aclarar ciertos aspectos que se estiman ambiguos.
Por lo que para desentrañar la intención del promovente del amparo, no es válido al juzgador únicamente analizar los requisitos de la demanda con base en los apartados relativos, sino que debe interpretarse el escrito de demanda en su integridad, con un sentido más de liberalidad y no restrictivo, a fin de armonizar los datos y los elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido, con la finalidad de lograr una recta impartición de justicia.
Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 40/2000,(25) de rubro y texto siguientes:
"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.—Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."
Además, debe tomarse en cuenta la situación de los quejosos, ya que al encontrarse privados de su libertad personal, se ubican en una situación de vulnerabilidad.
Pues conforme a las reglas 1, 2, 3 y 4(26) de "Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad",(27) el objetivo de dicha normatividad es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial, así como que los servidores y operadores del sistema de justicia otorguen a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares.
Asimismo, se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Y, por tanto, pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de la libertad.
Además, porque en relación con la privación de la libertad personal, en la "Sección 2a. Beneficiarios de las Reglas", punto 10, reglas 22 y 23,(28) se previene que la privación de la libertad ordenada por autoridad pública competente, como causa de vulnerabilidad, puede generar dificultades para ejercer con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que se es titular, siendo que lo que se pretende es que se le brinde un proceso justo.
Por lo que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia, tomando en cuenta la condición de vulnerabilidad en que se encuentre la persona, otorgándole un trato adecuado a esa circunstancia singular.
En este tenor, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad, se robustece el hecho de que el Juez de Distrito debe apoyarlo para que tenga acceso pleno a la procuración de justicia; estimar lo contrario, implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si los actos reclamados son violatorios de derechos fundamentales o no.
Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada XIII.P.A.45 P (10a.), sostenida por este propio Tribunal Colegiado,(29) del tenor literal siguiente:
"ACCESO A LA JUSTICIA. SI EL QUEJOSO ESTÁ PRIVADO DE SU LIBERTAD, Y DE SU DEMANDA SE ADVIERTE QUE SU INTENCIÓN ES TENER COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ASISTENCIA MÉDICA EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN EN DONDE SE ENCUENTRA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE EVITAR FORMULAR PREVENCIONES INJUSTIFICADAS QUE RETARDEN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituyen el juicio de amparo como un recurso judicial efectivo a que tiene derecho quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la ley de la materia y, con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Sin embargo, cuando el quejoso se encuentra privado de su libertad y, por tanto, en una condición de vulnerabilidad, y del escrito de demanda se advierta que su intención es tener como acto reclamado la falta de asistencia médica en el centro de reclusión en donde se halla, es pertinente que el Juez de Distrito enaltezca el derecho fundamental de acceso a la justicia y no formule prevenciones injustificadas, cuyo objeto no esté previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo e impliquen un retardo en el trámite procesal constitucional y, por ende, en la administración de justicia, por lo que resulta imperativo que se tomen las medidas necesarias en las que –de ser procedente– se admita la demanda desde su presentación, a fin de requerir los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables y, en el momento procesal oportuno, fijar la litis constitucional."
En este tenor, como se adelantó, se concluye que la prevención efectuada por el Juez de Distrito no se ajusta a derecho.
Ello, toda vez que del capítulo de actos reclamados de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso señaló como tales:
1) Del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, coordinador de Centros Federales, Juez de Ejecución de Sanciones en el Estado de Nuevo León, y Juez Primero Penal y de Reparación Penal del Estado de Nuevo León, la negativa a trasladarlo del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al diverso Centro de Reinserción Social Número Dos, en Nogales, Sonora, el cual es más cercano a su domicilio; y,
2) Del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la "falta de supervisión" de sus garantías constitucionales y elementales derechos humanos.
Además, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, narrados por el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, indicó que:
"En repetidas ocasiones, he presentado incidente no especificado a el (sic) Juzgado Primero Penal y de Reparación Penal del Estado de Nuevo León, así como al Juez de Ejecución de Sanciones de el (sic) Estado de Nuevo León; solicitando mi traslado voluntario, incidentes a los cuales no he recibido contestación alguna desde el año 2016 a la fecha de la elaboración de este amparo; sin saber el motivo por el cual no se le dio contestación a mi petición.
"Cabe destacar que nunca he tenido correctivos graves, por el contrario e (sic) participado en actividades deportivas, culturales, recreativas, académicas y laborales; en este sentido resulta imprescindible el indicar que, desconozco en qué hayan basado su criterio las responsables para no darle contestación a mis peticiones y con ello negarme el traslado a mi lugar de origen y núcleo familiar; pues en el centro donde permanezco he reflejado una buena conducta y no cuento con sanciones como ‘Usia’ se podrá percatar; lo que es primordial para una reinserción social; por tal motivo es que acudo ante ‘Usia’ de amparo y control constitucional, para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra tales actos.
"Asimismo, en el mes de marzo de 2016, hice del conocimiento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social mi deseo de ser trasladado; órgano que se declaró incompetente, puesto que manifestó que el hoy quejoso se encuentra bajo la jurisdicción del fuero común y del Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Nuevo León; cuando el órgano en mención ha sido el responsable de los diversos traslados que le han hecho al hoy impetrante de garantías; alejando al suscrito cada vez más del núcleo familiar, violentando con ello mis elementales derechos humanos."
Lo que permite establecer que la pretensión del quejoso, aquí recurrente, de manera clara estriba en la omisión de trasladarlo del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al diverso Centro de Reinserción Social Número Dos, en Nogales, Sonora, el cual es más cercano a su domicilio y, como consecuencia, en la omisión de supervisar sus garantías constitucionales y elementales derechos humanos.
De ahí que la prevención formulada por el Juez de Distrito no coincida con la verdadera pretensión del quejoso, tal como se precisó con anterioridad.
Máxime si se considera que la litis constitucional se integra hasta tener a la vista los informes justificados y será hasta ese momento, en atención a lo que las autoridades responsables expongan, en que se tenga plena certeza de la materia del juicio de amparo y, en específico, de aspectos sobre los que pudiera tener duda el juzgador con el solo escrito de demanda.
Por lo que la sanción ante el incumplimiento de la prevención que realizó, no se encuentra apegada a derecho pues, en todo caso, si el juzgador consideró necesario realizar tales prevenciones, la sanción debió ser diversa, pues lo que reclama el quejoso, esencialmente, es la omisión de trasladarlo del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al diverso Centro de Reinserción Social Número Dos, en Nogales, Sonora, el cual es más cercano a su domicilio, y, como consecuencia, la omisión de supervisar sus garantías constitucionales y elementales derechos humanos.
Aunado a que, atendiendo a la condición de vulnerabilidad de la parte quejosa, no debió otorgarle la totalidad de la carga de la prueba, esto es, acreditar los aspectos precisados por el Juez de Distrito, ya que los mismos bien pueden advertirse de los informes que oportunamente rindan las responsables, una vez entablada la relación procesal.
Por tanto, al tener por no presentada la demanda de amparo, efectivamente lo dejó en estado de indefensión, al impedirle tener acceso a la administración de justicia.
Además, porque del artículo 12 de la Ley de Amparo,(30) se advierte la facultad con que cuentan las partes procesales para que sean representadas en el juicio de amparo por personas conocedoras del orden jurídico (profesionales del derecho), a fin de que, sin necesidad de que la parte quejosa tenga que acudir al juzgado a instar o motivar la sustanciación del juicio constitucional, éste se tramite en todas sus partes.
Designación que permite que los autorizados desarrollen diversas conductas que favorezcan los derechos e intereses de la parte procesal que presentan, como son la interposición de recursos, el ofrecimiento de pruebas, asistir a la audiencia constitucional, formular alegatos, objetar informes justificados y, en general, todos los actos que se consideren necesarios para resolver el juicio.
De donde es factible concluir que si el quejoso, desde su escrito de demanda, designó un defensor público federal (asesor jurídico) para que lo representara en el juicio de amparo, y el a quo señaló que debía dirigir su petición a la Defensoría Pública Federal para que dicha institución realizara los trámites que considerara pertinentes, ya que en ese juicio de amparo únicamente puede designar autorizados de conformidad con lo que previene el artículo 12 de la Ley de Amparo.
Tal limitante también restringió la posibilidad del quejoso para ejercer una adecuada defensa, en tanto que si una persona privada de su libertad personal promueve el juicio de amparo por propio derecho, pero solicita que se le tenga por designado, para que lo represente en dicho juicio de amparo indirecto, al defensor público federal, al formar parte de un grupo vulnerable, conforme a la "Sección 2a. Beneficiarios de las Reglas", punto 10, reglas 22 y 23 de "Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad", puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión implica, por lo general, que está impedido para enfrentar directamente el juicio constitucional; entonces, el Juez de Distrito, de conformidad con los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los normativos 1, 2, 4, fracción II y 15, fracción VI,(31) de la Ley Federal de Defensoría Pública, en aras de tutelar los derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, debe tenerle por autorizado, en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, al defensor público federal de su adscripción. Sin que obste que el artículo 29(32) de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del instituto de esa defensoría, no establezca expresamente el supuesto de prestar ese servicio de asesoría jurídica en materia de amparo a una persona privada de su libertad, pues dicho dispositivo debe interpretarse en armonía con los antes citados, para garantizar que el juicio de amparo cumpla con las características de un recurso judicial efectivo.
Se invoca en apoyo la tesis XIII.P.A.39 P (10a.), que sostiene este propio Tribunal Colegiado,(33) de título, subtítulo y texto siguientes:
" Si una persona privada de su libertad personal y recluida en un centro penitenciario promueve el juicio de amparo indirecto por propio derecho, y solicita que se le tenga designando como autorizado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al defensor de oficio adscrito al juzgado de amparo, al formar parte de un grupo vulnerable, conforme a la Sección 2a. ‘Beneficiarios de las Reglas’, punto 10, ‘Privación de libertad’, reglas 22 y 23 de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, pues la calidad de interno en un centro de reclusión implica, por lo general, un impedimento para enfrentar directamente el juicio constitucional; entonces, el Juez de Distrito, de conformidad con los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los normativos 1, 2, 4, fracción II y 15, fracción VI, de la Ley Federal de Defensoría Pública, en aras de tutelar los derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, debe tenerle por hecha esa designación. Lo anterior, sin que obste que el artículo 29 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del instituto de esa defensoría, no establezca expresamente el supuesto de prestar ese servicio de asesoría jurídica en materia de amparo a una persona privada de su libertad, pues dicho dispositivo debe interpretarse en armonía con los citados, para garantizar que el juicio de amparo cumpla con las características de un recurso judicial efectivo."
Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, en lo concerniente a la prevención efectuada por el Juez de Distrito, al resolver el recurso de queja penal **********, en sesión pública ordinaria de veinte de septiembre de dos mil dieciocho.
Por consiguiente, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo procede declarar fundado el recurso de queja, para que el Juez de Distrito deje sin efecto el auto recurrido y provea lo conducente en relación con la admisión de la demanda de garantías respecto de los actos reclamados en el capítulo respectivo, y tenga como autorizado del quejoso, en términos de lo que dispone el artículo 12 de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28414-ffd0e13f/persona-privada-de-su-libertad-personal-recluida-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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