DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO ACUDE AL JUICIO DE AMPARO POR SU PROPIO DERECHO Y SIN DEFENSOR, LE SOLICITARÁ AL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA (IFDP) LE NOMBRE UN DEFENSOR, ÚNICAMENTE CUANDO ESTÉ PRIVADO DE LA LIBERTAD EN UN PROCESO DEL FUERO FEDERAL. CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA (IFDP), CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA AUN CUANDO LOS DEFENSORES DE ESE INSTITUTO NO HAYAN SIDO DESIGNADOS EN ALGUNO DE LOS JUICIOS DE AMPARO DE LOS QUE DERIVARON LOS CRITERIOS ANTAGÓNICOS, SI EN ÉSTOS SE RESOLVIERON CUESTIONES RELACIONADAS CON SUS FUNCIONES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 48/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIOS: DENIS REYES HUERTA Y MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veintinueve de junio de dos mil veintitrés.
SENTENCIA
1. Contradicción de criterios 48/2023 denunciada por la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, respecto de los criterios sustentados por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver la queja 144/2021 y el Octavo Tribunal Colegiado de la misma materia y sede, al emitir sentencia en el recurso de reclamación 36/2022.
2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar en principio, si la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con legitimación para denunciar la presente contradicción y, en caso de considerar que la misma es parte legitimada para ello, analizar si en el presente asunto existe contradicción de criterios y de ser el caso determinar si cuando el órgano de control constitucional constate que el quejoso está privado de la libertad, y acuda al juicio de amparo por propio derecho y sin haber nombrado defensor, éste ¿Deberá solicitar al Instituto Federal de la Defensoría Pública le designe un defensor para que lo represente, sin importar la competencia en razón del fuero del tribunal que dictó el acto reclamado?
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Mediante escrito remitido vía electrónica y recibido en este Pleno Regional el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública denunció la posible contradicción de criterios entre lo resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el recurso de queja 144/2021 y el Octavo Tribunal Colegiado de la misma materia y localización en la reclamación 36/2022.
4. Por acuerdo de treinta de mayo del año en curso, el presidente de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción, se ordenó formar el expediente electrónico y registrarlo con el número 48/2023. Asimismo, se requirió a los órganos colegiados contendientes informaran si a la fecha continuaban vigentes los criterios sustentados y adjuntaran copia digital de la ejecutorias respectivas, así como vincularan los expedientes electrónicos correspondientes; además, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indicara si existe contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente.
5. En la misma data se turnó el asunto electrónicamente a la ponencia de la Magistrada Emma Meza Fonseca, dando acceso al expediente electrónico a todas las ponencias.
6. Por auto de veintiuno de junio siguiente, se tuvo por integrado el asunto y se confirmó el turno electrónico realizado a la Magistrada ponente, para la elaboración del proyecto correspondiente.
AMICUS CURIAE
7. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
8. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios.
9. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
COMPETENCIA
10. Este Pleno Regional en Materia Penal es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.
11. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de este asunto fue presentada por la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien refirió de manera expresa que si bien el mencionado instituto no había representado a alguna de las partes en los recursos que dieron origen a los criterios denunciados, lo cierto es que en los mismos se decidieron cuestiones que afectan directamente su función, por lo cual podía efectuar esta denuncia.
13. Con motivo de lo anterior, es que corresponde a este Pleno Regional analizar si en el caso, la promovente cuenta con legitimación para presentar la denuncia que dio origen a este asunto, para lo cual se efectuará un análisis de los artículos que rigen la administración y funcionamiento del aludido instituto y posteriormente se contrastarán con los numerales que establecen a los sujetos legitimados para presentar este tipo de asuntos, para estar en posibilidad de llegar a una conclusión en cuanto a la legitimidad señalada.
14. Primeramente se debe partir de que la asistencia letrada constituye una garantía irrenunciable de suma importancia como mecanismo de protección del debido proceso y para una efectiva defensa de los intereses de toda persona en igualdad de circunstancias ante las autoridades jurisdiccionales.
15. Adicionalmente, la asistencia letrada como garantía del derecho de defensa reviste una capital importancia como garantía instrumental para el ejercicio del derecho a la protección judicial, el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la igualdad ante los tribunales y a un juicio imparcial y constituye un elemento indispensable para un sistema de administración de justicia eficiente e imparcial.
16. Con motivo de lo anterior es que en el penúltimo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece lo siguiente:
"La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público."
17. De esta transcripción se advierte que tanto las entidades federativas como la Federación contarán con un servicio de defensoría pública que auxiliará a la población, con la finalidad de que la misma cuente con una adecuada defensa; ahora bien en lo que respecta específicamente al ámbito federal, el artículo 100 de nuestra Constitución señala:
"Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
"...
"El servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado por el Consejo de la Judicatura Federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables. La Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada de capacitar a las y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición."
18. Motivo por el cual por decreto de 28 de mayo de 1998, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, con el objeto de regular la prestación del servicio de defensoría pública, legislación que en su artículo 1 establece:
"Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal, laboral, así como amparo en materia familiar u otras materias que determine el Consejo de la Judicatura Federal, y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en los términos que la misma establece."
19. De este numeral se advierte que la finalidad de la Defensoría Pública Federal es la de prestar sus servicios de orientación, asesoría y representación jurídica que proteja los derechos de las personas en los asuntos del fuero federal en materia penal, laboral, así como en materia de amparo familiar u otras que le determine el Consejo de la Judicatura Federal.
20. Ahora bien, el mencionado instituto estará administrado conforme a lo establecido en el numeral 23 de la referida legislación que a la letra establece:
"Artículo 23. El Instituto Federal de Defensoría Pública contará con una Junta Directiva, una Dirección General y las unidades administrativas y personal técnico que para el adecuado desempeño de sus funciones se determinen en el presupuesto."
21. Así, las facultades de la directora se encuentran señaladas en el artículo 32 de la Ley Federal de Defensoría Pública que de manera expresa señala:
"Artículo 32. La persona titular de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública tendrá las atribuciones siguientes:
"I. Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de defensoría pública que preste el Instituto Federal de Defensoría Pública, así como sus unidades administrativas.
"...
"V. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a las defensoras y defensores públicos, así como a las asesoras y asesores jurídicos; determinando, si han incurrido en alguna causal de responsabilidad por parte de éstos o de las personas trabajadoras del Instituto Federal de Defensoría Pública;
"...
"XIII. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley."
22. De igual forma, cabe destacar el contenido de los artículos 3, fracción II, 5 fracciones III, X, XVII, 7, 8, fracción I, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública que refieren:
"Artículo 3. Estructura del Instituto.
"El Instituto Federal de Defensoría Pública estará estructurado de la siguiente manera:
"...
"II. Dirección General: ..."
"Artículo 5. De las funciones de la Dirección General.
"Son funciones de la Dirección General, además de las atribuciones conferidas en el artículo 32 de la Ley Federal de Defensoría Pública, las siguientes:
"...
"III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que contiene la Ley y las presentes Bases Generales, así como las normas aplicables a los servicios de defensa penal y asesoría jurídica
"...
"X. Enviar las quejas, denuncias, inconformidades u otras similares que se presenten en contra de las y los defensores públicos, las y los asesores jurídicos y demás personal del Instituto al Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de que se investigue su probable responsabilidad;
"...
"XVII. Delegar funciones para la atención de los asuntos, organización y funcionamiento del Instituto, excepto aquéllas que, por disposición de la propia Ley, deban ser ejercidas personalmente por la o el Director General. ..."
"Artículo 7. Objetivos de la Unidad.
"La Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos tiene como objetivo detectar, los casos relevantes o litigios estratégicos que ameriten su atracción para ser directamente representados por esta Unidad. Dichos litigios podrán consistir en la denuncia de contradicciones de tesis, amparos directos en revisión y los demás que sean necesarios para obtener un criterio relevante o un pronunciamiento sobre constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
"Artículo 8. Atribuciones de la Unidad.
"Son atribuciones de la unidad:
"I. Identificar y analizar los casos que por su relevancia social puedan generar criterios jurídicos novedosos, para lo cual la titularidad de la Unidad deberá mantener estrecha coordinación y colaboración con las Delegaciones y Direcciones de Prestación del Servicio con las que cuenta este Instituto, a fin de conocer los registros y actos de defensa realizados en los mismos; ..."
23. De los numerales anteriores se establece que para la organización y administración del Instituto Federal de Defensoría Pública, contará con una Dirección General, la cual entre sus funciones tiene la de organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste dicho instituto, así como vigilar que los defensores que brinden sus servicios cumplan con las cargas laborales que les fueron encomendadas, y realizar las demás actividades que sean necesarias para cumplir con su finalidad; pues la misma tiene la obligación de vigilar que los defensores cumplan de manera diligente sus labores y de ser el caso avisar al Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de que se investigue su probable responsabilidad en alguna acción u omisión.
24. Ahora bien, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal(1) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo(2) señalan que las personas que se encuentran legitimadas para denunciar una contradicción de criterios, son:
a) El fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones.
b) Los Magistrados de Circuito.
c) Los Jueces de Distrito.
d) Las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
e) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno.
25. Sin embargo, dicha enumeración es enunciativa más no limitativa, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas determinaciones, estableció que las personas enlistadas en los numerales que legitiman a los denunciantes de contradicciones no deben interpretarse literalmente para estimar improcedente cualquier denuncia de criterios opuestos, sino que los referidos artículos deben analizarse de manera extensiva a efecto de que los Plenos Regionales superen la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de posturas divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho.
26. Lo anterior en virtud que en la contradicción de tesis 6/1998 la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal estableció:
"... En esta disposición legal no aparece precisada, en favor del autorizado, la facultad de denunciar una contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esta circunstancia no puede conducir a negar su existencia, ya que es patente que la enumeración de facultades que tal precepto establece, es enunciativa, y no limitativa ..."
27. De la transcripción anterior se advierte que la Suprema Corte estableció que si bien en el artículo que facultaba al defensor a realizar diversas acciones encaminadas a efectuar la defensa de una persona, no se encontraba de manera expresa que el mismo tuviera la facultad de denunciar una contradicción de tesis (ahora denominada contradicción de criterios), sin embargo este precepto no se debía analizar de manera literal y restringirse a las acciones ahí señaladas, pues se debía garantizar el derecho de las partes de preservar una seguridad jurídica y establecer que el referido letrado contaba con legitimación para presentar la referida denuncia.
28. Lo anterior fue confirmado por la Segunda Sala de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 213/2008, donde se expuso:
"En el caso que nos ocupa la denuncia de contradicción de tesis provino, como se dijo antes, del apoderado jurídico de la parte quejosa en uno de los asuntos cuya resolución participa en la contradicción de criterios.
"No es obstáculo a la conclusión alcanzada la circunstancia de que el denunciante sólo tenga reconocida legitimación en el proceso tanto ante la autoridad del trabajo –apoderado del trabajador en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo– como ante el Tribunal Colegiado que conoció del asunto, donde se admitió el carácter que ostenta con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, cuya representación se limita a su intervención en ambos procedimientos, y que la denuncia referida no sea un acto del procedimiento en el juicio de amparo, ni una instancia posterior a éste.
"En efecto, del artículo 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que la denuncia puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que los criterios discrepantes fueron sustentados, constituyéndose en un derecho garantizado por el citado precepto en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación por el órgano superior del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros, es obvio que al haber tendido la calidad de parte para actuar en el juicio de garantías como apoderado del trabajador quien fue quejoso en el amparo respectivo, esa representación debe estimarse suficiente para acudir a la presente denuncia, al provenir de una de las partes, con lo cual queda de manifiesto que quien realiza la propuesta tiene legitimación para motivar la denuncia."
29. De los párrafos anteriores se advierte que no obstante que el ahí denunciante no contara con facultades expresas para denunciar la entonces contradicción de tesis, ahora denominada contradicción de criterios, lo cierto es que el mismo había intervenido en el asunto como parte y en consecuencia éste podía presentar la mencionada denuncia, con lo cual queda de manifiesto que aunque no se encontraba facultado expresamente para realizar esta denuncia, éste sí podía realizarla.
30. Robustece esta línea argumentativa, respecto de que en los artículos donde se señalan las partes legitimadas para la presentación de una contradicción de criterios, no deben ser interpretados de manera limitativa, pues existen supuestos en donde éstos no se encuentran establecidos de manera expresa así en la tesis 1a. III/2023 (10a.) que emergió de la contradicción de tesis 314/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro 24, abril de 2023, Tomo II, página 1549, de rubro: "DIRECTOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR CONTRADICCIONES DE TESIS CUANDO LOS ASESORES DE ESE INSTITUTO SON AUTORIZADOS EN UNO DE LOS JUICIOS DE AMPARO DE LOS QUE DERIVARON LOS CRITERIOS ANTAGÓNICOS.", donde se estableció:
"De una interpretación de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, 4 y 32, fracciones I y II, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, se desprende que el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene legitimación para denunciar una posible contradicción de tesis cuando en uno de los juicios de amparo de los que derivaron los criterios antagónicos los asesores de ese instituto ejercen la representación de una de las personas contendientes, pues al referido Director le corresponde organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, además de desarrollar aquellas funciones que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría."
31. Transcripción de la que se advierte que el director del Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene legitimación para denunciar una posible contradicción de tesis cuando en uno de los juicios de amparo de los que derivaron los criterios antagónicos sus asesores jurídicos representaron a alguna de las partes. 32. De lo anterior, debe hacerse una interpretación extensiva de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo de los que se concluye que la directora general del Instituto de la Defensoría Pública Federal, está legitimada para denunciar la contradicción de criterios, cuando en alguno de los juicios de amparo de los que deriva el criterio antagónico versen cuestiones directamente relacionadas con el ámbito de trabajo del referido instituto.
33. Lo anterior, en virtud de que la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo señala que, entre otros, las partes en los asuntos que motivan, pueden denunciar ante los Plenos Regionales una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados, y si bien es cierto que el concepto "parte" fue interpretado por nuestro Máximo Tribunal como la persona cuyo interés jurídico o legítimo originó su intervención en la litis del asunto, así como sus defensores y autorizados en términos amplios de la Ley de Amparo,(3) también lo es que la finalidad de ampliar el mencionado concepto de parte, a los defensores y autorizados de las personas que actuaron en los juicios de amparo, aun cuando la denuncia de contradicción no es un acto procesal ni un medio tendente a la defensa, fue la de preservar la seguridad jurídica mediante la emisión de una determinación del criterio que debía de prevalecer y aplicarse en casos futuros.
34. En efecto, la finalidad de ampliar el concepto de parte fue el dar seguridad jurídica para la emisión de un criterio que debiera de prevalecer y aplicarse en casos futuros, y en el presente asunto, uno de los criterios denunciados versa sobre cuestiones directamente relacionadas con el ámbito de sus funciones del Instituto de la Defensoría Pública Federal, al establecer que el mismo debe brindar orientación y patrocinio a una persona que no fue sentenciada en el fuero federal, cuestión que afecta directamente la organización del referido instituto, pues el mismo conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 17 constitucional(4) debe prever un servicio público de calidad en la defensa de las personas que representa; para lo cual requiere tener pleno conocimiento de los supuestos en donde una persona debe ser representada por los defensores públicos y asesores jurídicos que se encuentran adscritos a dicho instituto, con el fin de efectuar las medidas pertinentes para poder desarrollar su labor conforme a las más altas expectativas.
35. Es decir, con la finalidad de dar seguridad jurídica al Instituto de la Defensoría Pública Federal, en cuanto a los supuestos en los cuales una persona que no fue condenada por un delito federal deba ser representada por trabajadores afiliados a dicho instituto, pues la designación de dichos letrados sin un criterio definido afecta directamente su organización y distribución de trabajo, ya que el referido instituto debe considerar la designación de insumos tanto humanos como materiales para poder cumplir con su encomienda, lo que ineludiblemente afecta su organización, por lo cual se debe tener como parte legitimada para la presente contradicción a la directora del mismo.
36. Aunado a que de pensar lo contrario se estaría controvirtiendo lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no existir una igualdad entre el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Fiscalía General de la República, pues esta última sí tiene reconocida de manera expresa la facultad de denunciar contradicción de criterios, y a que el referido instituto no cuenta con esta capacidad, no se estaría dotando de la misma, frente a la mencionada fiscalía, lo que equivaldría a efectuar una desigualdad entre partes sin justificación alguna.
37. Siendo precisamente la directora general del Instituto Federal de la Defensoría Pública, quien se encuentra facultada para ejercer la denuncia de contradicción, de conformidad con lo previsto en el artículo 32, fracciones I y XIII,(5) de la Ley Federal de Defensoría Pública, ya que la misma es la encargada de organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste dicho instituto, además de que cuenta con las atribuciones necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría, como en el caso lo es el dar seguridad jurídica del tema que afecta su organización.
CRITERIOS DENUNCIADOS
38. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.
a) Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 144/2021 determinó lo siguiente:
39. El once de marzo de dos mil veintiuno, ********** promovió demanda de amparo indirecto contra las autoridades y actos siguientes:
"• AUTORIDADES RESPONSABLES:
"- Comisionado del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
"- Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.
"- Subdirector Jurídico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.
"- Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.
"- Director o Titular del Centro Federal de Readaptación Social C.E.F.E.R.E.S.O. Catorce.
"• ACTO RECLAMADO.
"La orden y ejecución de traslado por parte de las autoridades Ordenadoras y Ejecutoras del hoy suscrito del Centro de Reclusión del cual me encontraba recluido (Reclusorio Preventivo Varonil Norte), al Centro de Reclusión denominado C.E.F.E.R.E.S.O. 14, esto sin justificación alguna, y sin darme la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, violentando mis derechos constitucionales y humanos."
40. Asunto del que conoció el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, ordenó su registro con el numeral ********** y desechó la demanda por notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, dado que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad.
41. Además, requirió al promovente para que al momento de su notificación o en el plazo de tres días siguientes, designara a un licenciado en derecho para que lo representara en el juicio de amparo, apercibiéndolo que de no hacerlo el juzgado le nombraría un defensor público; así, el quejoso fue notificado personalmente, sin que desahogara tal requerimiento en ese instante, ni posteriormente en el plazo concedido.
42. En proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito declaró que causó estado el desechamiento decretado, y dado que el quejoso no nombró defensor, requirió al director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México para que designara un profesionista que representara a **********.
43. Atento a lo anterior, por acuerdo de cinco de abril del citado año el Juez del conocimiento tuvo por recibido el oficio suscrito por la subdirectora jurídica penal por ausencia del director de Defensoría Pública en la Ciudad de México, en el que comunicó que nombró a la licenciada en derecho **********, quien aceptó y protestó el cargo conferido el ocho de abril siguiente.
44. Así, el nueve de abril de dos mil veintiuno el Juez tuvo por reconocida la calidad de asesora jurídica de ********** a la nombrada, lo que ordenó notificarle vía exhorto.
45. El quince del precitado mes y año, ante la presencia de la secretaria adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, el quejoso solicitó se le diera vista a su asesora jurídica para que interpusiera el medio de impugnación correspondiente, dado que no estaba conforme con el archivo de su juicio de amparo y no le había sido comunicado el auto de desechamiento; por lo que el Juez de Distrito dio vista a la defensora pública con las manifestaciones anteriores.
46. Por escrito presentado vía electrónica el veintidós de junio de dos mil veintiuno, la representante del quejoso informó que se encontraba imposibilitada para brindarle la asesoría legal a **********, en razón de que se encontraba privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 (CEFERESO 14), que se encuentra fuera de la Ciudad de México, por lo que solicitó que la petición hecha por el quejoso fuera dirigida a la Defensoría Pública del Estado de Durango.
47. Por auto de veinticuatro siguiente, el Juzgador determinó negarle lo solicitado a la defensora, en virtud que correspondía a ella realizar las gestiones pertinentes ante la Defensoría Pública del Estado de Durango para que designara un defensor al quejoso.
48. Inconforme con esa determinación, la asesora jurídica ********** interpuso recurso de queja, mismo que el Juez Décimo de Distrito tuvo por presentado el ocho de julio del precitado año, rindió el informe respectivo y ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno para su sustanciación.
49. Medio de impugnación del que conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien lo registró con el número 144/2021, y seguida la secuela procesal correspondiente, en sesión de catorce de octubre de dos mil veintiuno, declaró fundado el recurso de queja planteado, en virtud de que el Juzgador de Amparo no consideró que donde estaba privado de la libertad el quejoso se encuentra fuera de la circunscripción de la Defensoría Pública del Gobierno de la Ciudad de México, a la que la asesora jurídica está adscrita, lo que la imposibilitaba a solicitar se designara a la parte quejosa un profesional en derecho de la Defensoría Pública en Durango, atento a los s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31730-54f7fbd5/defensa-adecuada-en-su-vertiente-material-cuando-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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