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Modo: Corpus Pro

DEFENSORÍA PÚBLICA FEDERAL. LE CORRESPONDE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA, CUANDO SE PROMUEVE UN JUICIO DE AMPARO Y LA PERSONA QUEJOSA ESTÁ PRIVADA DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL QUE SE UBICA EN UNA ENTIDAD FEDERATIVA DISTINTA A LA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUYO JUICIO DE ORIGEN DERIVA DE UN ASUNTO QUE CORRESPONDE AL FUERO COMÚN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2021. · Registro digital (IUS): 30567
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-05-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, Pág.3763.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO. 29 DE MARZO DE 2022. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL NEGRETE GARCÍA (PRESIDENTE), FRANCISCO SALDAÑA ARRAMBIDE, PEDRO HERMIDA PÉREZ, RICARDO SAMANIEGO RAMÍREZ, MIGUEL ÁNGEL CRUZ HERNÁNDEZ, SANTIAGO GALLARDO LERMA Y HÉCTOR ALEJANDRO TREVIÑO DE LA GARZA. PONENTE: FRANCISCO SALDAÑA ARRAMBIDE. SECRETARIO: JORGE SALVADOR ÁLVAREZ CANO.

Torreón, Coahuila de Zaragoza. Acuerdo del Pleno del Octavo Circuito, correspondiente al día veintinueve de marzo del dos mil veintidós.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis 2/2021. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el Magistrado Miguel Ángel Álvarez Bibiano, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, denunció la posible contradicción de criterios, que en su opinión existe entre los sustentados por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa ambos del Octavo Circuito, al resolver los recursos de queja 55/2021 y 118/2020, en sesiones plenarias de cinco de agosto del citado año y veinticuatro de febrero, respectivamente.(1)

SEGUNDO.—Trámite de la denuncia de contradicción de tesis 2/2021. A través de auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Magistrada presidenta del Pleno del Octavo Circuito,admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, ordenó formar y registrar el expediente relativo con el número 2/2021, así como requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para que remitieran copia certificada de las ejecutorias que emitieron, y enviaran la versión electrónica para la debida integración del expediente; también se ordenó informar si el criterio sustentado en los asuntos que dieron origen a la contradicción de tesis, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.(2)

TERCERO.—Integración de la contradicción de tesis 2/2021. Por auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno se tuvieron por recibidos los oficios 8153/2021 y 8159/2021, fechados el día (sic) nueve y ocho de ese mes y año, signados por el Magistrado en funciones de presidente del Segundo Tribunal Colegiado y la secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado, ambos en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, a los que se acompañaron copias certificadas de las ejecutorias dictadas en las quejas penales 55/2021 y 118/2020, respectivamente; además, se anexaron en ambos oficios discos compactos con la versión digitalizada de las respectivas resoluciones, e informaron que los criterios sustentados en esas sentencias se encuentran vigentes.

Así mismo, en el citado proveído se admitió la denuncia de la posible contradicción de tesis y se ordenó hacerlo del conocimiento de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, para que informara sobre la existencia de alguna otra contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se analizara el tema materia de la posible divergencia de criterios que nos ocupa.(3)

En el referido auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la presidencia de este Pleno del Octavo Circuito tuvo por recibido el oficio SGA/GVP/544/2021, signado por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que el secretario de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le comunicó la inexistencia de alguna contradicción de tesis radicada ante el Alto Tribunal sobre el tema materia del presente asunto.(4)

CUARTO.—Turno de la contradicción de tesis 2/2021. El presidente del Pleno del Octavo Circuito a través del auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, turnó el expediente de la citada contradicción de tesis al Magistrado Enrique Arizpe Rodríguez, integrante del Pleno del Octavo Circuito, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para el estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente; asimismo, se ordenó hacerle entrega material inmediata de una copia certificada del expediente correspondiente a la contradicción, lo cual fue realizado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, según la constancia de recepción respectiva.(5)

Posteriormente una vez que quedaron las declaraciones a la nueva integración del Pleno del Octavo Circuito, por auto de uno de febrero de dos mil veintidós (foja 16), se returnó la presente contradicción al suscrito Magistrado Francisco Saldaña Arrambide, para el estudio y elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Octavo Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis 2/2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de una posible contradicción de tesis entre criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados pertenecientes al Octavo Circuito, en el caso, los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, ambos con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis 2/2021 fue realizada por el Magistrado Miguel Ángel Álvarez Bibiano, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, quien se encuentra legitimado en términos de lo que dispone el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes podrán presentar denuncias de contradicción de criterios.

Sirve de apoyo de lo anterior, la tesis 2a. LXXI/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, octubre de 2019, Tomo II, página 2022, registro digital: 2020888, de rubro y contenido siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA, INCLUSO CUANDO PERTENEZCAN A ÓRGANOS DISTINTOS DE LOS CONTENDIENTES. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Fiscal General de la República, antes Procurador General de la República, los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron están legitimados para denunciar las contradicciones de tesis a que se refiere el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y si bien la fracción II del artículo 227 de esa ley confiere a los Magistrados de los Tribunales que sostuvieron los criterios discrepantes legitimación para denunciarlas, también establece que los Jueces de Distrito y los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito pueden hacerlo, sin distinguir o señalar algún límite a su legitimación; luego, por mayoría de razón, los Magistrados que pertenezcan a Tribunales Colegiados de Circuito distintos de los contendientes están legitimados para denunciarlas, en aras de garantizar la seguridad jurídica y la unificación de criterios."

TERCERO.—Existencia de la contradicción de tesis. De conformidad con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

El criterio anterior consta en la jurisprudencia P./J. 72/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, registro digital: 164120, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Conforme a dicha jurisprudencia, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia, no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales, que al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales respectivos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

Así, para considerar existente una contradicción de tesis deben surtirse los requisitos siguientes:

a) Los tribunales contendientes deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos, debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida, gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente, con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

En el caso se actualizan todos los requisitos de referencia.

Para evidenciar lo anterior, en principio, se estima conveniente dar noticia de las consideraciones que sustentan las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que participan en la contradicción de tesis:

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver la queja penal 55/2021, sostuvo que el Instituto Federal de la Defensoría Pública carece de competencia legal para brindar asistencia jurídica a una persona privada de su libertad que promueve un juicio de amparo indirecto, cuando el asunto penal por el que se encuentra presa es del fuero común y está internado en un centro federal de readaptación ubicado en un Estado distinto al que pertenece la autoridad responsable, pues determinó que corresponde a la defensoría pública local designar a un defensor o asesor jurídico para que la represente.

La parte que interesa de la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es la que se transcribe a continuación:

"SÉPTIMO.—Consideraciones previas. Es menester destacar y reseñar los antecedentes que derivan del reclamo y que conforman el presente recurso de queja: 1. El quince de abril de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por **********, quien se encuentra privado de su libertad en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 ‘CPS-DURANGO’, con sede en Gómez Palacio, Durango; por lo que, al advertir que no cuenta con un defensor que lo pueda y deba asesorar, requirió al titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Coahuila, con residencia en esta ciudad, a fin de que dentro del término de veinticuatro horas: proporcione los servicios de un profesionista en derecho que represente en esa instancia al quejoso **********.—De igual modo, y para el caso de que el requerido considerara que de existir una imposibilidad jurídica para la designación de un representante legal que representará los derechos del quejoso, en el sentido de que es competencia de diversa autoridad, debería informarlo al Juez de Distrito requirente, en la que dicha contestación deberá estar debidamente fundada y motivada, en el mismo plazo de veinticuatro horas debería acreditar que remitió a su vez, copia del requerimiento de mérito a la autoridad que considerara competente; fundado lo anterior, en términos del artículo 28 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal.—Bajo apercibimiento que, en caso de no dar cumplimiento a lo requerido con fundamento en lo dispuesto por el artículo (sic) 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cien unidades diarias de medida y actualización ...—2. Con motivo de dicho requerimiento, por oficio número DCOA/747/2021, recibido en la Oficialía de Partes del Juzgado Sexto de Distrito en la Laguna, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Coahuila **********, se advierte que, en contestación a lo requerido, en lo que interesa, manifestó: ‘...—Primera. Si bien es cierto que el actuar de los asesores jurídicos federales es gratuito y está dirigido a personas de escasos recursos y en determinadas materias jurídicas, también es cierto que los numerales 1, 2, 3 y 4, fracción II, de la Ley Federal de Defensoría Pública, que se relacionan con los artículos 1 y 36 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, refieren a quiénes está destinado y a qué fuero pertenece el servicio, señalando como excepción, en materia penal. En esta tesitura, no se contempla que el quejoso sea persona menor de edad o se encuentre en estado de interdicción, por lo que no ha lugar a designar asesor jurídico federal en este asunto.—Segunda. En este orden de ideas, no es viable designar un defensor público federal, porque conforme a los numerales 1, 2, 3 y 4, fracción I, de la Ley Federal de Defensoría Pública, que se relaciona con se relaciona (sic) con el diverso artículo (sic) 1 y 32, párrafo primero, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, sólo pueden actuar en asuntos del orden penal federal y se advierte que el asunto que nos atañe, es del orden común y contra autoridades de esa esfera o competencia. ...—Quinta. En consecuencia y por lo anteriormente expuesto, no es sable (sic) designar un defensor público federal al quejoso, porque el acto reclamado que da origen al juicio de garantías proviene de un asunto del orden común y no tenemos injerencia en este tipo de asuntos, porque el actuar de esta institución, es en asuntos de índole estrictamente federal. ... En este contexto, el suscrito, de acuerdo a las facultades que le otorga el numeral 16 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública no cuenta con un marco legal que lo faculte para hacer la designación de un defensor público federal, que intervenga a favor del quejoso **********, por las razones anteriormente expuestas. ...’ 3. Mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el Juez a quo ordenó agregar el oficio de mérito y al efecto, en lo que interesa, proveyó:—2. Se requiere de nueva cuenta. Por lo anterior, se advierte que el titular del citado instituto es omiso en dar cabal cumplimiento a lo ordenado en el proveído que antecede, toda vez que no acreditó que remitió a su vez, copia del requerimiento que nos ocupa a las autoridades que precisó en su oficio de cuenta.—En tales condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal, requiérasele de nueva cuenta al titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Coahuila, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del presente proveído, acredite haber realizado el requerimiento que nos ocupa a las autoridades que consideró competentes.—Lo anterior, bajo el apercibimiento a que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior; con fundamento en lo dispuesto por el artículo (sic) 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cien unidades diarias de medida y actualización ...—4. Mediante oficio número DCOA/783/2021, el titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Coahuila **********, recibido en el Juzgado Sexto de Distrito en la Laguna, el veintiuno de abril del año en curso, en atención a lo requerido, en lo que interesa, se advierte que contestó: Primera. Se ratifica el contenido del oficio número: DCOA/747/2021, de fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, en todos y cada uno de sus contenidos y razonamientos.—Segundo: Y en este parámetro, la contestación emitida por el suscrito, en ningún momento ha tenido una actitud evasiva respecto a lo solicitado, porque se expresaron los razonamientos, argumentos jurídicos y de jurisprudencia aplicables al caso que nos ocupa, sin que implicara un compromiso por parte del suscrito, para solicitar un defensor público del orden común del orden de común (sic) a las defensoría públicas del Estado de Coahuila o Nuevo León, que son las encargadas y competentes para que actualicen el requerimiento de defensa penal que solicitó en el oficio número: 10804/2021, de fecha quince de abril del año dos mil veintiuno.—Tercero. Ahora bien, respecto al argumento que citó en el oficio número 10978/2021, de fecha diecinueve de abril del año dos mil veintiuno, relativo al artículo 28 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría, que a la letra se cita de la siguiente manera:—capítulo II—De la orientación institucional y primer contacto—‘Artículo 28. Canalización a la institución competente. Los requerimientos hechos por cualquier autoridad pública al instituto para otorgar un servicio de asesoría jurídica a algún usuario, se atenderán si son competencia de este órgano auxiliar, en caso contrario y a fin de no provocar un retraso en su atención, deberán ser canalizados por el personal jurídico de este instituto a la autoridad competente para la asistencia jurídica que requiera la persona, remitiendo a su vez copia de la solicitud de origen.—La orientación institucional señalada con anterioridad no es impedimento para atender a aquellas personas que acudan personalmente al instituto sin intermediación de alguna autoridad.—Todas las canalizaciones que sean realizadas por el instituto deberán registrarse y llevar un control interno para informarlo a la dirección general cuando se solicite...’—En este contexto, es de precisarse que el numeral invocado deriva y se encuentra explicado en la circular número 4, de fecha veintidós de enero del año dos mil veintiuno, emitida por el C. Maestro Netzai Sandoval Ballesteros, que se refiere a las orientaciones institucionales y son aquellas que se otorgan a las dependencias de la administración pública, federal o local, o a las personas que se presentan en estas oficinas para otorgarles la asesoría jurídica correspondiente, pero no son de la competencia de este instituto y, por eso, se otorga en un mínimo de tiempo para no retrasar la atención que se les debe brindar o, en su caso, como ha ocurrido con los escritos que remiten diversas entidades administrativas por peticiones ciudadanas, que al no ser competencia de la institución, se remiten a quienes corresponde. Y esta actividad la realiza el personal jurídico y al que se define como primer contacto, como lo describen los numerales 29 y 31 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública. En consecuencia, el argumento utilizado no impone a esta delegación del instituto, lo que solicita y describe en el oficio número: 10978/2021, de fecha diecinueve de abril del año dos mil veintiuno, porque se trata de situaciones totalmente distintas y el servicio que se describe, es el que se otorga a las dependencias de las (sic) administración pública, federal o local, o a las personas que se presentan en estas oficinas, para minorizar (sic) el tiempo de espera.—Y debe tomar en consideración, que dentro de las facultades descritas en el artículo 16 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, no ha presupuesto (sic) que imponga esa obligación al suscrito. Y no tengo el imperio legal o la facultad jurídica para imponer lo requerido y ordenar a las defensorías públicas del Estado de Coahuila o Nuevo León, que designen el personal de su adscripción para tal efecto, por el contrario, el órgano jurisdiccional bajo su titularidad y digno cargo, tiene todas las facultades legales para ordenar y requerir a las institucionales (sic) anteriormente citadas, que le otorguen el defensor público del orden común que debe actual (sic) en representación del quejoso ********** ... 5. Acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno, por el que, el Juez de Distrito, en lo que interesa, proveyó: ‘... Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Coahuila, con sede en esta ciudad ...—Así bien, del oficio de cuenta se advierte la actitud contumaz de la autoridad oficiante en incumplir con los mandatos decretados por esta autoridad federal y, con ello, la vulneración en los derechos de defensa adecuada del aquí quejoso. ...—En consecuencia, dado el retraso injustificado en la impartición de justicia y al derecho de una defensa adecuada del quejoso **********, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo (sic) 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, se impone a **********, en su carácter de titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Coahuila, con sede en esta ciudad, la medida de apremio consistente en una multa, por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) que es equivalente a cien Unidades de Medida de Actualización, en relación con el Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo valor equivale a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). ...’—Inconforme con la imposición de dicha medida, el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Coahuila, interpuso el presente medio.—OCTAVO.—Decisión judicial.—Son esencialmente fundados los agravios esgrimidos por la parte recurrente, en razón de las siguientes consideraciones.—En primer término, el Instituto Federal de la Defensoría Pública carece de competencia legal para designar asesor jurídico federal en asuntos del orden común.—En efecto, se afirma lo anterior, toda vez que la solicitud de designación de asesor jurídico para el quejoso impetrante, dependerá del fuero al que pertenezca el proceso que se le instruye y de la naturaleza del acto que se reclama, así como de las atribuciones que otorgue la ley reguladora de la defensoría pública en cada Estado, según sea el caso, de manera que si el proceso penal es de naturaleza federal, a quien corresponde otorgar el servicio de asesoría es al Instituto Federal de Defensoría Pública; mientras que, si el acto reclamado corresponde al fuero local, incumbe al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Coahuila; ello es así, toda vez que si bien el juicio de amparo, en cuanto a su trámite se rige por una ley federal, no menos cierto es que al cuestionar la constitucionalidad y legalidad del acto reclamado, se observarán las leyes y reglamentos que lo rigen, cuyo conocimiento es propio del profesionista que en su caso lleva la defensa, sea federal o local, según el fuero al que pertenezca el proceso penal del cual emana el acto reclamado.—De esa forma, si el proceso penal instruido al quejoso, del cual deriva el acto reclamado, corresponde al orden federal, es al Instituto Federal de Defensoría Pública a quien le surge el deber de proporcionar dicha asistencia en el juicio de amparo; en tanto que, cuando el acto reclamado corresponde al fuero local, incumbe al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Coahuila.—Lo anterior se obtiene de la tesis de jurisprudencia 43/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), de rubro y texto: ‘TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notific

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30567-33fb17ee/defensoria-publica-federal-le-corresponde-proporcionar-el-servicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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