DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL CÓMPUTO PARA SU PRESENTACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE AMPARO RESPECTO DE DETERMINACIONES EMITIDAS EN LA PROPIA AUDIENCIA BAJO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DE LOURDES LOZANO MENDOZA (PRESIDENTA), OLGA ESTREVER ESCAMILLA, JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ GUADARRAMA, RAÚL VALERIO RAMÍREZ Y JOSÉ FRANCISCO CILIA LÓPEZ. PONENTE: OLGA ESTREVER ESCAMILLA. SECRETARIO: ORLANDO DANIEL MARTÍNEZ SALGADO.
Toluca, Estado de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión de siete de septiembre de dos mil veintiuno.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 1/2021.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la posible contradicción de tesis. Mediante oficio 4203, dirigido al Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, recibido el seis de enero del año en curso, signado por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por su tribunal, al resolver el amparo en revisión 14/2020, y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del propio circuito, al resolver el recurso de queja 20/2018.
SEGUNDO.—Trámite. Por auto de seis de enero siguiente, el entonces presidente del Pleno del Segundo Circuito admitió a trámite la posible denuncia de contradicción de tesis; la registró con el número 1/2021 y requirió a las presidencias del Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, para que remitieran el archivo electrónico con copias certificadas de las ejecutorias dictadas en el amparo en revisión 14/2020 y en la queja 20/2018, respectivamente, a la cuenta del correo electrónico pleno2tcop@correo.cjf.gob.mx, para la debida integración del expediente. También se solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios sustentados en los asuntos con los que se denunciaba la contradicción de tesis de sus índices, se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
TERCERO.—Integración de la posible contradicción de tesis. Mediante acuerdos de veinte y veintidós de enero de dos mil veintiuno, el entonces presidente del Pleno del Segundo Circuito recibió los oficios suscritos por los secretarios del Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante los cuales, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de seis de enero anterior, remitieron copia certificada de las ejecutorias que dieron origen a la presente contradicción de tesis, e informaron que los criterios sustentados se encontraban vigentes.
CUARTO.—Turno. El veintidós de marzo de esta anualidad, se tuvieron por recibidos los oficios DGCCST/X/86/03/2021 y SGA/GVP/085/2021, mediante los cuales el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el secretario general de Acuerdos de ese Alto Tribunal, informaron que durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción radicada en la Suprema Corte en la que el punto a dilucidar guarde relación con el tema materia de la presente contradicción de tesis.
Asimismo, se señaló que el expediente de la contradicción de tesis se encontraba debidamente integrado, por lo que, conforme a lo establecido en los artículos 13, fracción VII, y 28, ambos del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se ordenó turnar los autos a la Magistrada Olga Estrever Escamilla, a fin de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, 9 y demás relativos y aplicables del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una posible contradicción de tesis sostenida entre dos Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima para tal efecto, ya que, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(1) cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia; y, en el presente caso, la posible contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, entre el criterio emitido por su tribunal, al resolver el amparo en revisión número 14/2020, y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito, al resolver el recurso de queja 20/2018; indicando que la discrepancia consistía en: Determinar a partir de cuándo debe iniciar el cómputo del plazo de quince días establecido en el ordinal 17 de la ley de la materia, para la presentación de una demanda de amparo en contra de actos y resoluciones emitidos en audiencia, en presencia del quejoso, dentro de un proceso penal acusatorio; si es: a) El día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, o b) El día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto de conformidad con los supuestos que establece el artículo 18 del mismo ordenamiento legal.
TERCERO.—Criterios de los órganos contendientes.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 14/2020, analizó la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el cual resolvió un juicio de amparo indirecto respecto de dos actos atribuidos al Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México: 1. El auto que calificó de legal la detención de los quejosos, emitido el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve; y, 2. El auto de vinculación a proceso dictado el veintidós de septiembre del mismo año. Sin embargo, sólo en cuanto al primero se aplicó el criterio materia de esta contienda.
De este modo, en la parte conducente, el Tribunal Colegiado confirmó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, al considerar actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, conforme a las consideraciones que se reproducen a continuación:
"QUINTO.—Este Tribunal Colegiado estima legal la determinación del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, al advertir que se actualiza una causal de improcedencia por cuanto hace a uno de los actos que reclama la parte quejosa, pues aun y cuando los quejosos y recurrentes no esgrimieron agravios al respecto, dado que se trata de la parte inculpada, en materia penal cabe efectuar el estudio de la resolución recurrida aun ante la máxima de las suplencias, que es la ausencia de agravio específico.
"En efecto, a juicio de este tribunal revisor, se advierte ajustado a derecho el proceder del Juez del amparo al sobreseer en el juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda constitucional presentada por los recurrentes a través de su autorizado legal, el once de octubre de dos mil diecinueve, en la que señaló como uno de los actos reclamados, la calificación de la detención de los peticionarios del amparo, no se presentó dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la citada legislación, actualizándose de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del mismo ordenamiento legal.
"Los artículos 61, fracción XIV, 17, 18 y 22 de la Ley de Amparo establecen:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ...’
"‘Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
"‘...
"‘c. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;
"‘II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;
"‘III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;
"‘IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.’
"‘Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.’
"‘Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva.’
"Ahora bien, de la transcripción de los preceptos invocados, se advierte que la Ley de Amparo establece, de forma genérica, que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo se contará por días hábiles, incluyéndose en ellos el del vencimiento y se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo en aquellos casos en que el amparo se promueva contra normas generales autoaplicativas, que se computará a partir del día de su entrada en vigor.
"Apreciándose como casos de excepción al plazo genérico de quince días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, que podrá interponerse en un periodo de hasta ocho años; cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.
"Bajo esta premisa, si una demanda de amparo se promovió en contra de algún acto que no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción previstas en el señalado artículo 17 de la Ley de Amparo, fuera del plazo de quince días a que se refiere este ordinal (contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o de aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto mismo o de su ejecución, según el caso), se estará ante la actualización de la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XIV, de la citada legislación de amparo.
"Ahora bien, como puede apreciarse del transcrito artículo 18 de la Ley de Amparo, las hipótesis de las que depende el inicio del cómputo del plazo de esos quince días, son diversos, tres, a saber:
"c) La primera será ‘a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del auto o resolución que reclame.’
"Como se ve, en este caso la Ley de Amparo se refiere a actos o resoluciones que por su naturaleza fueron del conocimiento del quejoso, precisamente con motivo, mediante o a través de la propia notificación y, por ende, en tales casos ése será el parámetro para determinar el inicio del cómputo; por tal razón en ese supuesto se atiende a la fecha en que ésta surta efectos.
"b) El segundo supuesto o hipótesis contemplada en el artículo 18 citado, para determinar el inicio del cómputo del plazo, es ‘a partir del día siguiente ... a aquel en que haya tenido conocimiento’ del acto o resolución que reclame; o bien el tercer supuesto,
"c) A partir del día siguiente de aquel en que ‘se ostente sabedor’ del propio acto o resolución y su ejecución materia del reclamo.
"Como se ve, en estos dos últimos supuestos (b y c, según la distinción que aquí se hace), que contempla el referido artículo 18 de la Ley de Amparo, el dato importante para determinar el inicio del cómputo no es la notificación entendida como diligencia, ni tampoco la fecha en que ésta surta legalmente sus efectos; sino el dato determinante del conocimiento pleno del acto; lo cual, se insiste, no depende de una eventual diligencia de notificación, sino del conocimiento que obre suficientemente probado o bien, que así se declare por el quejoso que se ostente sabedor bajo protesta de decir verdad y sin prueba en contrario.
"La anterior distinción técnica y finalística es de vital importancia para entender la regulación del juicio de amparo como medio de control constitucional que implica una instancia autónoma de impugnación como garantía del gobernado de acceso a la justicia y a un medio eficaz de revisión de la constitucionalidad de los actos de autoridad, en un Estado de derecho.
"Además, esa distinción actualmente cobra mayor relevancia cuando se trata de actos reclamados con motivo de un procedimiento penal de corte acusatorio o adversarial, en el cual prevalecen principios constitucionales rectores que lo regulan y modelan, tales como el de publicidad, concentración y continuidad, que se materializan a través de la oralidad como metodología propia de las audiencias.
"En tal virtud, si el Código Nacional de Procedimientos Penales recogiendo tales principios privilegia dicha oralidad y el efecto de conocimiento directo de lo acontecido en las audiencias legalmente celebradas, e incluso se prevé en el artículo 63, que aún las notificaciones que ahí se realicen se tendrán formalmente hechas; es claro que ese tipo de metodología procesal no deja lugar a dudas de que si el quejoso estuvo presente en la propia audiencia, asistido de defensor y ante la presencia del Juez, por ejemplo, en la que se calificó la detención o bien se dictó el auto de vinculación a proceso, es en esa misma fecha de la celebración fáctica de la audiencia en la que las partes ahí presentes tuvieron conocimiento directo y pleno de la existencia del acto ahí emitido, decretado o realizado, al margen de que también se considere por disposición legal formalmente notificado.
"Y es que al ser así, cabe entonces distinguir que tratándose de la reclamación en el amparo, de actos emitidos en las audiencias en las que el quejoso tuvo conocimiento de su existencia por estar presente, el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo, será el antes señalado con el inciso b) en esta resolución, es decir, a partir del día siguiente en el que el quejoso tuvo conocimiento del acto o resolución, que fue el día de la propia audiencia con total independencia de que para efectos intraprocesales del procedimiento penal de origen, los efectos de las notificaciones adicionalmente realizadas surtan efectos hasta un día después [como refiere el artículo 82, fracción I, inciso a), párrafo último, del Código Nacional de Procedimientos Penales], puesto que esa disposición no regula los plazos para la presentación de las demandas de amparo, sino los artículos 17 y 18 antes referidos y que son claros en hacer la distinción en comento, la cual se corresponde con la estructura y naturaleza del llamado nuevo sistema procesal penal de tipo acusatorio y no el tradicional o inquisitivo, por ende, los posibles criterios o jurisprudencias derivadas de la interpretación de las normas inherentes al procedimiento penal escrito y no por audiencias, no resultan aplicables para contravenir la distinción y criterio que aquí se contiene.
"Lo anterior lleva a concluir que, de conformidad con el contenido del citado artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor, el inicio del cómputo del plazo para la presentación de la demanda del juicio constitucional, dependerá, según el caso, de que exista o no prueba irrefutable de la fecha del conocimiento sobre la existencia del acto; o bien de que sin prueba en contrario, el quejoso se haga sabedor de dicha existencia; o por el contrario, si ese conocimiento del acto debe deducirse de la notificación que de él se hubiere tenido que realizar para ponerlo en conocimiento del mismo, caso en el cual tiene sentido hablar de la fecha en que surta efectos la notificación de que se trate.
"Por tanto, llevada esa distinción al sistema de audiencias que metodológicamente prevé el sistema procesal penal de corte acusatorio; tenemos entonces que pueden presentarse diversas hipótesis en términos de lo previsto en los artículos 63 y 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de modo que si en una audiencia oral se tienen por formalmente hechas las notificaciones de próximas audiencias, requerimientos, actos futuros, condicionados o cualquier otro de carácter intraprocesal; sea que acudan o no las partes (debiendo haber asistido por estar legalmente enteradas de ello), el plazo para la presentación de la demanda de amparo se iniciará a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se tendrá por formalmente hecha en la propia audiencia, ello conforme a lo dispuesto en el citado artículo 63, en relación con el 82 del citado ordenamiento. Es decir, se está ante el primer supuesto de lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo.
"En cambio, si se trata de la reclamación de actos o resoluciones, emitidas, decretadas o realizadas y cabalmente comunicadas en su formulación durante la propia audiencia, en la cual estuvo presente aquella parte que ahora acude al amparo a reclamar precisamente ese acto o resolución que se emitió y materializó en su presencia; es claro que en tal supuesto no habrá duda de que el conocimiento de la existencia del acto reclamado se produjo en la misma audiencia y, por consiguiente, conforme al segundo supuesto previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el cómputo para el plazo de los quince días será a partir del día siguiente del de la celebración de la propia audiencia en la que indiscutiblemente se actualizó ese conocimiento y, por ende, no existe razón legal para desconocer la regla específica (sobre el conocimiento y no respecto de la notificación), que de manera diferenciada contempla el citado artículo 18 de la ley de la materia, pues de no ser así se haría nugatoria, inútil e infuncional esa distinción que rige en materia de amparo.
"Cabe además señalar que incluso el Juez Federal invocó un criterio de este propio tribunal para apoyar su determinación de sobreseimiento por extemporaneidad en la presentación de la demanda por lo que hace al auto donde se calificó de legal la detención de los quejosos y recurrentes; criterio que por cierto sólo puede estimarse aplicable, en lo conducente, a la fecha del conocimiento directo del acto reclamado, derivado de la presencia en la audiencia en que fue dictado; al margen de las cuestiones relativas a los efectos de las notificaciones que se aclaran en este fallo y que pudieran dar lugar a confusión interpretativa, ya que dicho criterio tuvo como eje esencial destacar lo incorrecto de la pretensión de computar los plazos a partir de que se obtuviese copia del contenido de la audiencia o de la versión escrita de la misma, aspectos ajenos al presente asunto; no obstante, no se produce agravio que trascienda en perjuicio de los quejosos por el hecho de su invocación, máxime si se atiende a que en el caso particular, aun atendiendo a los efectos de la notificación y no del conocimiento, estaría igualmente presentada fuera del plazo legal la demanda en cuestión.
"Lo anterior, igualmente con total independencia de que el aludido criterio sea objeto de trámite de aclaración de algunas expresiones de contenido, a fin de evitar posibles confusiones de interpretación futura; ello ante la Dirección (sic) de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Así, en el caso particular se aprecia que el acto reclamado que se hace consistir en la calificación de la detención de ********** y ********** se decretó el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, siendo en la propia audiencia en la que los aquí recurrentes inexorablemente tuvieron conocimiento de la existencia del acto reclamado que además les fue notificada dicha determinación en la propia audiencia; y tal notificación se tiene formalmente hecha el mismo día, conforme a lo dispuesto en el numeral 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de garantías, transcurrió del dieciocho de septiembre (día siguiente a aquel en que tuvieron conocimiento de la resolución reclamada), al ocho de octubre de dos mil diecinueve, sin considerar el veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de septiembre, y cinco y seis de octubre, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo; por lo que si la demanda fue presentada hasta el once de octubre del año próximo pasado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se hace patente que su promoción fue notoriamente extemporánea, al haberse presentado fuera del lapso que prevé la Ley de Amparo, lo que motiva la causal de improcedencia advertida y efectivamente impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado.
"Lo anterior es así, atendiendo a que el acto que se combate no encuadra en alguno de los supuestos de excepción previstos en el propio numeral 17 de la citada ley de la materia a que se aludió en párrafos anteriores, al tratarse de la resolución pronunciada por un Juez de Control que califica de legal una detención en audiencia en la que estuvieron presentes los imputados (ahora quejosos), esto es, de una actuación emitida dentro de un procedimiento penal y no fuera del mismo.
"Al respecto y en la parte conducente, cobra aplicación la tesis aislada II.2o.P.83 P (10a.), de este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, con número de registro 2020131, página cinco mil doscientos ochenta y ocho, Libro 67, Tomo VI, junio de 2019, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘NOTIFICACIONES REALIZADAS EN LA AUDIENCIA DENTRO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. SURTEN EFECTOS EN ESE PROPIO ACTO, POR LO QUE, PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, DEBE PARTIRSE DE ESA FECHA Y NO DE AQUELLA EN LA QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO EN VIRTUD DE LA EXPEDICIÓN DE LA COPIA AUTORIZADA DE DICHA DILIGENCIA, O LA EMISIÓN DE SU VERSIÓN ESCRITA. Para los efectos del juicio de amparo, si se trata de la notificación realizada en la audiencia dentro del proceso penal acusatorio, debe partirse de la efectuada en esa fecha para realizar el cómputo de los plazos a los que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, y no de aquella cuando se aduzca que se tuvo conocimiento del acto hasta la expedición de la copia autorizada de la señalada diligencia, o bien, cuando se emita su versión escrita. Ello es así, ya que, en el sistema penal de corte acusatorio, conforme a los principios de publicidad e inmediación, la audiencia, en sí misma, implica una participación real en el acto jurídico con el involucramiento de las partes en el desarrollo de las diligencias que conforman el proceso penal. De manera que, conforme al artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la notificación de las resoluciones dictadas en forma oral, tanto a los intervinientes en aquélla, como a quienes se encontraban obligados a asistir, quedan formalmente realizadas; por tanto, para la presentación de la demanda de amparo, la notificación de la resolución oral surte efectos en la misma audiencia, dado que se reconoce el efecto contundente de que el interesado participa en ella; por ello, no puede alegarse que no tuvo conocimiento de la emisión del acto, cuando éste se realizó en su presencia material y formalizada.’
"En ese sentido, por lo que hace a los diversos argumentos que efectúa el inconforme atinentes a la posible ilegalidad de la detención en la hipótesis de flagrancia, éstos deben estimarse inoperantes, ya que, ante la actualización de una causal de improcedencia, como acontece en la especie, resulta legalmente imposible emprender el análisis del fondo del asunto planteado.
"Sobre este tema, cobra aplicación la tesis aislada 1a. CCCLXXI/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro: 2010501, que se localiza en la página novecientos ochenta y uno, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido.’
"Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al revolver el recurso de queja 20/2018, analizó un proveído emitido por un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, cuyo objeto de estudio fue la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo donde se señaló, como acto reclamado, un auto de vinculación a proceso. Aquel órgano jurisdiccional sustentó su determinación conforme a las siguientes consideraciones:
"SEXTO.—Previo análisis del fondo del asunto, en términos del inciso b) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, este tribunal llega a la conclusión de que procede declarar fundado el recurso de queja, virtud a que el secretario encargado del despacho recurrido, establece que la acción constitucional es manifiesta e indudablemente improcedente; pero lo hace sin apreciar en su contenido y contexto la demanda de amparo y sin tener en cuenta la legislación aplicable en el nuevo sistema de justicia penal, en el caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales; toda vez que parte de una apreciación equivocada en relación con la manera en la cual, por disposición legal, los quejosos quedaron notificados del acto reclamado; pues el a quo parte del supuesto de que aqué
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30255-299c5578/demanda-de-amparo-indirecto-el-computo-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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