JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. COMPETENCIA DE LAS DEFENSORÍAS PÚBLICAS FEDERAL Y DE LOS ESTADOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DEFENSA Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, TODOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 27 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA (PRESIDENTE), JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL, MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO, MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ, JUAN CARLOS ZAMORA TEJEDA Y JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. DISIDENTE: REFUGIO NOEL MONTOYA MORENO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: JUAN CARLOS ZAMORA TEJEDA. SECRETARIA: MARTHA CECILIA ZÚÑIGA ROSAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
6. Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince, por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
SEGUNDO.—Legitimación.
7. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por la parte recurrente en los recursos de queja que conforman los criterios discrepantes.
TERCERO.—Criterios contendientes.
8. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
9. En sesión de quince de octubre de dos mil diecinueve al resolver el recurso de queja 218/2019, consideró fundados los agravios propuestos por la titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública y revocó el acuerdo controvertido.
10. Previo a exponer las razones que llevaron a tal calificación jurídica, entre otros, se citó como antecedente, que el quejoso manifestó estar sentenciado e interno en el Cereso estatal número 2 del Estado de Chihuahua, y solicitó se le designara un defensor, por no contar con recursos para solventar su defensa.
11. El Juez Segundo de Distrito en el Estado, que conoció de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, ordenó girar oficio al Instituto Federal de la Defensoría Pública en esta ciudad, para que se nombrara un funcionario para tal efecto.
12. La titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de la Defensoría Pública manifestó que no era procedente lo solicitado por carecer de competencia para prestar el servicio de defensa en ese juicio de amparo, debido a que la autoridad responsable era la Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, con residencia en Ciudad Delicias, Chihuahua, vinculada con la jurisdicción local.
13. En diverso proveído, el Juez de Distrito consideró que si bien era verdad lo aducido por la autoridad requerida; sin embargo, la función del asesor jurídico no comprendía intervenir en el juicio de origen, sino únicamente en el amparo y requirió el cumplimiento del mandato.
14. La titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública manifestó que en los amparos del orden penal derivados de causas del fuero común, el Juez debe requerir a la Defensoría Pública local para que proporcione el servicio e insistió en la incompetencia.
15. El Juez de Distrito aplicó de manera supletoria a la indicada autoridad los medios de apremio establecidos en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, determinación que se controvirtió a través del recurso de queja.
16. Previo al estudio de los agravios, el Tribunal Colegiado de Circuito precisó que por oficio DCHI/1647/2019, la titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Chihuahua, informó que designó a la licenciada Zulema Aracely Hernández Valenzuela como representante del quejoso, oficio que fue acordado por el Juez de Distrito.
17. Luego, estimó que si la delegada asignó al quejoso un representante para el juicio de amparo ad cautelam para evitar ser objeto de aplicación de otros medios de apremio más lesivos, el fallo no tenía el alcance de dejar sin efecto la representación asignada al peticionario de la tutela federal.
18. Máxime que el recurso de queja había sido interpuesto contra el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en el cual se impuso una multa a la titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública y el oficio por el cual se designó a la representante del quejoso, era del diverso día veinte del citado mes y año.
19. Enseguida, analizó el agravio relacionado con los apercibimientos y la multa impuesta en el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, el cual reprodujo.
20. Se consideró fundado, ya que de los artículos en que el Juez fundamentó sus determinaciones, se desprendía que el Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Chihuahua, prestaría sus servicios en el fuero federal y se especificaba que los asesores jurídicos sólo actúan en asuntos de orden no penal; de ahí que si los actos reclamados y las autoridades responsables eran del orden común, por tanto, el acuerdo contravenía la ley.
21. En cuanto a la asistencia de un abogado en el juicio de amparo indirecto en materia penal, se expresó y reprodujo lo que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decidir la contradicción de tesis 187/2017, que dio origen a la jurisprudencia identificada con el rubro (sic): "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO."
22. Al respecto, destacó que la Primera Sala del Alto Tribunal determinó que en el juicio de amparo indirecto, el quejoso puede ser representado por la Defensoría Pública correspondiente –federal o local–, asimismo, a efecto de determinar cuál de ellas era la competente para garantizar tal derecho, señaló que debían interpretarse las disposiciones relevantes.
23. En tal orden de ideas, estimó correcto el agravio en cuanto a que correspondía a la Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, designar al quejoso un representante para la sustanciación del juicio de amparo.
24. Para apoyar su decisión precisó que el artículo 17 constitucional señala que la Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de Defensoría Pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores.
25. Asimismo, tomó en cuenta que la Ley Federal de Defensoría Pública en los artículos 1 y 4 dispone que tiene por objeto regular la prestación del servicio de Defensoría Pública en asuntos del fuero federal, señalando que los defensores públicos prestarán sus servicios en los asuntos del orden penal federal y los asesores jurídicos en los asuntos de orden no penal.
26. En el mismo sentido, se refirió que en las Bases Generales del Instituto de Defensoría Pública Federal se prevé que el servicio de defensa penal se presta en asuntos del fuero federal desde la averiguación previa hasta la ejecución de sentencias –artículo 17–, asimismo, si bien es explícito en que los defensores de primera y segunda instancias deben promover los juicios de amparo –directo o indirecto– que estimen pertinentes para la defensa adecuada de su patrocinado, lo cierto era que es específica en cuanto a que tal servicio se prestará en asuntos del fuero federal, lo que no acontecía en el supuesto que analizó.
27. Luego, atendiendo al marco jurisprudencial y legal establecido, resolvió que al ser la autoridad responsable el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, con sede en Ciudad Delicias, Chihuahua, está vinculado con la jurisdicción de autoridades locales, por lo que existía un ente público facultado para prestar el servicio de defensa y asesoría jurídica correspondiente, esto es, (sic) Instituto de Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, quien debió proporcionarlo respecto del quejoso, a través del personal y condiciones que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua estableciera.
28. Lo expuesto fue considerado acorde con la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, correspondiente al Libro 69, Tomo II, agosto de 2019, página 1301, registro digital: 2020495 y Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas, de título y subtítulo:
29. "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO."
30. En consecuencia, al resultar fundados los agravios revocó el acuerdo controvertido.
B. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
31. En sesión de quince de noviembre de dos mil diecinueve, resolvió el recurso de queja 243/2019, por una parte lo declaró parcialmente sin materia y en otra parte fundado.
32. Por lo que corresponde al auto recurrido de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, consideró sin materia el recurso.
33. Lo anterior, atento a que la inconforme lo promovió contra el acuerdo en el que se requirió a la recurrente, para que dentro de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente al en que recibiera la comunicación, señala (sic) a un funcionario para que fungiera como asesor jurídico del quejoso.
34. Sin embargo, precisó que la indicada autoridad, mediante oficio DCHI/1654/2019, de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, designó a la licenciada Brenda Patricia Briano Alamillo, defensora pública federal, para que ejerciera tal representación.
35. En ese contexto, estimó que había quedado sin materia, porque la finalidad del medio de impugnación era reparar alguna ilegalidad que se hubiera incurrido en cuanto al requerimiento, empero, la propia autoridad recurrente informó al Juez de amparo que acató su determinación y nombró una asesora que representara al quejoso.
36. En el considerando cuarto se analizó el agravio vinculado con el fondo del asunto, en el que se hizo valer que el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, al imponerle una multa, adolecía de fundamentación y motivación, lo cual se consideró fundado.
37. Así, se llevó a cabo una comparativa entre los apercibimientos de cuatro, diez y trece de junio de dos mil diecinueve, con la multa impuesta en el auto de dieciocho de junio del mismo año y se advirtió que el Juez de Distrito incorrectamente se refirió en este último a la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, no obstante que en los anteriores acuerdos citó como fundamento los artículos (sic) 237, fracción I, en relación con los diversos numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo.
38. En otro aspecto, se consideró que el acuerdo mediante el que se impuso la multa por la cantidad de cien unidades de medida de actualización conforme a su valor diario, adolecía de una debida motivación.
39. Ello, porque el Juez de Distrito no expresó las razones por las que se impuso la multa en un monto de cien unidades de medida de actualización conforme a su valor diario, ya que de acuerdo con lo previsto en el artículo 259 de la Ley de Amparo, las multas serán de cincuenta a mil días, o bien, conforme a los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de cincuenta a mil días de unidades de medida de actualización conforme a su valor diario.
40. No se soslayó que la imposición de la multa obedecía a la falta de cumplimiento de nombrar un asesor al quejoso; sin embargo, ello no significó que sólo se tomara en consideración tal supuesto para efectos de cumplir con el requisito de motivación, sino que al precisar el monto de la multa, se debían exponerse (sic) las razones por las que se llegaba a la conclusión de imponer esa cantidad. En esa virtud, declaró fundada la queja.
41. C. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.
42. En sesión de seis de noviembre de dos mil diecinueve, resolvió el recurso de queja 151/2019, considerándolo infundado.
43. Previo a exponer las razones que llevaron a tal calificación jurídica, como antecedes (sic) del caso se advirtió que el quejoso señaló como acto reclamado la orden de traslado del Cereso estatal número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, a otro centro penitenciario dentro o fuera del Estado de Chihuahua.
44. El Juez Quinto de Distrito con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, a quien correspondió el conocimiento de la demanda, requirió a la titular del Instituto de la Defensoría Pública federal para que se nombrara a un asesor jurídico o defensor público federal a efecto de que asesorara al quejoso.
45. La titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de la Defensoría Pública manifestó que no era procedente la designación solicitada por carecer de competencia.
46. En diverso proveído, el Juez de Distrito hizo efectivo el apercibimiento e impuso a la indicada autoridad una multa, determinación que se controvirtió a través del recurso de queja.
47. Al analizar los agravios se hizo alusión a que la recurrente indicó que en dos ocasiones fundó y motivó la incompetencia para realizar tal designación y, por tanto, los acuerdos controvertidos eran ilegales, toda vez que el Juez sólo enunció los artículos 1, 2, 4, fracción I, y 6, fracciones I, II, III y IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, pero sin motivación.
48. Tales razonamientos resultaron infundados, porque el Juez de Distrito la requirió para que designara un asesor jurídico o defensor público federal que orientara al quejoso, fundando el acuerdo en los artículos 1, 2, 4, fracción I, y 6, fracciones I, II, III y IV, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, en concordancia con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, incluso citó la jurisprudencia XXIV.2o. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de abril de 2017 a las 10:11 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 41, Tomo II, abril de 2017, página 1616, con número de registro digital: 2014075, con el título y subtítulo: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO."
49. El Tribunal Colegiado de Circuito agregó que sí se fundó la sanción pecuniaria impuesta, reproduciendo las consideraciones en que se apoyó el a quo federal.
50. Aunado a lo expuesto, consideró infundados los agravios, debido a que el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, cuyo rubro (sic) quedó reproducido «en» líneas precedentes, no se encontraba superado por la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el registro digital: 2020495, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con el título y subtítulo: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO."
51. Lo anterior toda vez que la superioridad al resolver la contradicción de tesis 187/2017, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Distrito (sic), Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos del Décimo Quinto Circuito, los tres primeros órganos jurisdiccionales mencionados, en los amparos en revisión sometidos a su consideración, que fueron promovidos por propio derecho por personas privadas de la libertad en centros de reinserción federales que impugnaron un acto que incidía en las condiciones en que se ejecutaba la privación de su libertad provocada ya por la prisión preventiva, o bien, como consecuencia de una sentencia condenatoria, dichos Tribunales Colegiados determinaron que el Juez de Distrito incurrió en una violación a las reglas que instrumentan el juicio de amparo cuando omitían designarle al quejoso un defensor público o un asesor público federal que lo representara durante la sustanciación del procedimiento constitucional.
52. Que, por su parte, los otros dos órganos contendientes, al conocer de recursos de queja, interpuestos por la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública contra el auto emitido por el Juez de Distrito, durante la sustanciación de un juicio de amparo en materia penal, mediante el cual se le impuso por omitir designar a un especialista que asistiera a la parte quejosa (privada de la libertad en un centro de reinserción estatal), que promovió un juicio de amparo reclamando un acto que incidía en las condiciones de su internamiento, decidieron que era injustificada la multa impuesta por el Juez Federal, a la delegada de la citada institución, pues en esencia sostuvieron que la solicitud del a quo era innecesaria y, por tanto, la delegada no debía atenderla, ya que tratándose de un juicio de amparo, conforme a las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública federal, únicamente podía designar asesor jurídico que representara a la persona quejosa cuando: a) fuera menor de edad, o b) tuviera capacidad limitada para representarse a sí misma, es decir, se tratara de una persona con discapacidad o sujeta a interdicción.
53. Refirió lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la contradicción de tesis 187/2017, reproduciendo su parte medular.
54. De donde se siguió que el contenido de la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y el de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pugnan entre sí, que lejos de ello, van entrelazadas, en virtud de su espíritu de tutelar derechos fundamentales cuando un gobernado que (sic) se encuentra privado de su libertad y se ejerce (sic) en su contra actos de autoridad que considera ilegales.
55. En relación con el agravio en el que se hizo valer que el Juez Federal debió prevenir al quejoso para que nombrara a un abogado que lo representara, con base en la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resolvió fundado pero inoperante.
56. Resultó fundado, en atención a que si bien de la lectura de la jurisprudencia se desprendía que: "... el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación ..."; sin embargo, a juicio del órgano colegiado, lo que se pretendía con el criterio era no dejar en estado de indefensión al quejoso, fin que quedó cubierto por el juzgador al exhortar a la recurrente para que facilitara un defensor porque está recluido y se encuentra en una situación de especial sujeción frente al Estado, lo que implicaba total vulnerabilidad respecto de su seguridad, alimentación, salud, integridad y vida, entre otros aspectos, y a la vez, el deber del Estado frente a éste para garantizar sus derechos fundamentales que no habían sido limitados o suspendidos durante su reclusión.
57. Entonces, se expresó que esa especial vulnerabilidad, por las graves consecuencias que pueden seguirse para los derechos fundamentales del quejoso en caso de no contar con la asistencia letrada durante el juicio de amparo indirecto promovido en esas condiciones, son una razón para que el Estado la provea cuando éste no pueda permitírsela o no quiera hacerlo, pues no debía soslayarse que la reclusión en sí misma entraña un serio obstáculo para representarse a sí mismo durante el juicio de amparo indirecto en materia penal, pues implica una barrera física para allegarse de pruebas acudir al órgano jurisdiccional a consultar actuaciones o realizar promociones, por lo que no daña que desde un inicio el juzgador haya requerido a la titular de la Defensoría Pública que designara un defensor o asesor jurídico federal para que representara al quejoso en el juicio de amparo.
58. En relación con el agravio en el que se expresó que el juzgador federal solamente enunció los artículos 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Defensoría Pública, que contienen mandamientos que nada tienen que ver con lo que solicitó o que son contrarios a sus pretensiones, lo consideró infundado.
59. Al respecto se reprodujeron tales artículos y se resolvió que de su contenido se apreció que el defensor público podía prestar sus servicios no tan sólo en una causa penal, sino en un asunto federal como lo es el juicio de garantías, esto porque en el sistema jurídico mexicano se ha reconocido que el juicio de amparo es, por antonomasia, la garantía jurisdiccional para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Es decir, se trata de una herramienta jurisdiccional efectiva para ese fin, porque además de estar previstas en las disposiciones del derecho interno, es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebida, o sea, determinar si existió, o no, una violación a los derechos humanos de la persona que promueve y, en su caso, proporcionarle una reparación.
60. Se agregó que el juicio de amparo no es propiamente parte del proceso penal sino un juicio o recurso extraordinario y, por ello, tiene una regulación propia distinta del proceso penal, por lo que las instituciones de éste no pueden aplicarse sin más a aquél. La Ley de Amparo no prevé expresamente, la obligación de nombrar un abogado público al quejoso privado de su libertad en virtud de un proceso penal que promueve el juicio de amparo indirecto en materia penal por derecho propio y sin asistencia letrada. No obstante, el referido ordenamiento no debe interpretarse de manera aislada, sino conforme con las exigencias constitucionales y de manera sistemática con otros ordenamientos relevantes para el juicio constitucional, como las leyes que regulan las defensorías federal y locales.
61. En otro aspecto, referente al agravio que se hizo valer en el sentido de que los defensores públicos federales prestan sus servicios en diversas materias a la penal y que sus actuaciones también están regidas por las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública se consideró infundado, toda vez que el ordenamiento que citó la recurrente, esto es, el artículo 30, fracción IV, de dicha normatividad, data del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, sin embargo, por acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública se abrogó y se emitieron las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, aprobadas en sesión extraordinaria de doce de febrero de dos mil diecinueve, que en su artículo 30, fracción IV, señala:
62. "Artículo 30. Materias en las que deberá prestarse el servicio de asesoría jurídica.
"El servicio de asesoría jurídica del fuero federal debe prestarse en las materias que a continuación se señalan:
"...
"IV. En todas las materias, tratándose de juicios de amparo en que los titulares de órganos jurisdiccionales requieran la designación de un representante especial para un menor o un adulto que tenga alguna limitación para representarse por sí mismo, o por estar privado de su libertad personal de manera provisional o por sentencia definitiva firme."
63. Precepto del cual consideró se desprende que, contrario a lo referido por la titular de la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, sí es de su competencia designar en cualquier materia al asesor jurídico, tratándose de menores, adultos con alguna limitación para representarse por sí mismos, o como en ese caso, por estar privado de su libertad personal de manera provisional o por sentencia definitiva firme.
64. Por otra parte, se resolvieron infundados los agravios en los que se hizo referencia a que los apercibimientos y la imposición de la multa carecían de fundamentación y motivación.
65. Lo expuesto se consideró así, atendiendo a que se requirió a la autoridad recurrente para que designara un asesor jurídico con el fin de que representara al quejoso, luego, por diverso proveído de nueva cuenta exhortó a la recurrente en los mismos términos.
66. Por tanto, ante el incumplimiento reiterado, el Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la ley en la materia, ordenó hacer efectivo el apercibimiento.
67. En esa virtud, no advirtió que el juzgador haya procedido de manera incorrecta, pues solicitó a la inconforme que de manera inmediata asignara un defensor al quejoso, sin que ésta acatara dicho pronunciamiento. Así, en lo que respecta a la multa impuesta, se fundó la determinación en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, que facultan al Juez de Distrito a imponer la multa que considerara necesaria, tras el desacato de una orden judicial; de ahí lo infundado del agravio.
68. Por último, en lo referente a que se invadió la competencia entre el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chihuahua, se consideró infundado.
69. Sobre tal aspecto jurídico, se tomó en cuenta que la asistencia de un asesor jurídico o defensor constituye una condición de efectividad en el juicio de amparo, toda vez que permite al quejoso ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional firme.
70. El Tribunal Colegiado de Circuito agregó que si el promovente se encuentra privado de su libertad, ya sea de manera provisional o definitiva, y no cuenta con un asesor legal o defensor que le asista, el órgano de control constitucional que conozca del juicio de amparo está obligado a prevenirlo para que nombre a un abogado que lo represente, de lo contrario, el Juez de Distrito debe nombrarle uno de oficio.
71. En esa virtud, se precisó que correspondía requerir a la Defensoría Pública ya sea federal o local para que proporcionara un defensor al quejoso, de inmediato, con independencia de que el promotor de amparo, en su caso, se encontrara a disposición de un Juez del orden común, pues la tramitación de un juicio federal, como lo es el amparo, es independiente de los procedimientos o procesos del fuero estatal, ya que cuenta con sus propias leyes y reglamentos y en nada incidía que en su momento el agraviado estuviera asistido por un patrocinador federal, pues, precisamente, la tramitación de un juicio de amparo se ventilaba ante instancias federales.
72. De ahí, se resolvió que aun cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 1a/J. 43/2019, haya señalado que el órgano jurisdiccional de amparo debe requerir a la Defensoría Pública correspondiente (federal o local) que proporcione al quejoso privado de su libertad un defensor de oficio que lo represente en el juicio, ello no significaba que el resolutor de amparo debiera considerar si la detención provenía de una autoridad local o federal, pues la tramitación del juicio de amparo se ventilaba ante una instancia federal, lo que faculta al Juez de Distrito a requerir a la Defensoría Pública Federal la designación de un defensor y/o asesor jurídico para el quejoso, sin que ello le privara de la potestad para requerir en los mismos términos a la Defensoría Pública el (sic) Estado de Chihuahua.
73. En consecuencia, estimó que no existió invasión en las esferas competenciales, ya que el Juez de Distrito está facultado para solicitar a la autoridad correspondiente (defensoría federal o local), que de manera inmediata facilite al quejoso, el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29618-e5254221/juicio-de-amparo-indirecto-en-materia-penal-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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