DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE TENERLA POR NO PRESENTADA POR NO DESAHOGARSE UNA PREVENCIÓN PARA QUE SE ACLARE, SI LA OMISIÓN SE DEBIÓ A LA EVIDENTE NEGLIGENCIA CON LA QUE SE CONDUJO EL DEFENSOR DEL QUEJOSO (PRIVADO DE LA LIBERTAD), AL NO PRESTAR LA ASISTENCIA JURÍDICA ADECUADA.
QUEJA 94/2022. 2 DE JUNIO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS RAMÍREZ BENÍTEZ. SECRETARIO: DANIEL GUZMÁN AGUADO.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, advierte que es fundado el recurso de queja.
Si bien el presente medio de impugnación fue interpuesto por el defensor público federal designado para asesorar jurídicamente al quejoso, lo cierto es que se advierte deficiencia técnica y material de dicho profesionista para asistir al justiciable en el juicio de amparo indirecto, incluso al exponer los agravios en el escrito por el cual interpuso la queja.
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(4) se ha pronunciado en torno al tema de la suplencia de la queja y señala a dicha institución con un fundamento claro, vinculado con la protección del quejoso en los casos donde se afectan derechos humanos importantes y trascendentes para la autonomía personal.
Destacó que ese principio constitucional obedece a la finalidad de maximizar el acceso a la justicia y procurar una mejor protección de los derechos de los quejosos, ligado a las cuestiones sustantivas planteadas en el juicio de amparo, relacionadas con la defensa del promovente de amparo y su posibilidad para mejorar y alcanzar una protección constitucional.
Motivo por el cual, al advertir una deficiente técnica del defensor público federal al asistir jurídicamente al justiciable y el estado de vulnerabilidad en el cual se encuentra éste al encontrarse privado de la libertad, se analiza el presente recurso en atención a la institución de la suplencia de la queja.
Precisado lo anterior, se destacan como antecedentes del asunto los siguientes:
- Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y la autoridad precisados en el primer resultando de esta ejecutoria.
- Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad y, el uno de septiembre de dos mil veintiuno previno al promovente para:
I. Bajo protesta de decir verdad, ahondara en los antecedentes del acto reclamado al estimar insuficientes los narrados en la demanda de amparo, debiendo señalar, además:
a) La fecha en la cual tuvo verificativo el traslado reclamado;
b) Si realizó alguna petición ante las autoridades administrativas, el Juez responsable, o bien, ante el Juez de Ejecución, a efecto de no ser trasladado a otro centro penitenciario y si la misma le fue notificada y en qué sentido.
c) Si le fue informado o notificado por parte de un Juez de Ejecución de sanciones penales o del Juez que tramitó la causa penal, la calificación del traslado reclamado y, de ser así, la fecha en la cual tuvo conocimiento de éste.
d) En su caso, si solicitó ante la autoridad penitenciaria que no se realizara su reubicación o traslado a diferente centro carcelario, en términos de lo establecido por los artículos 107, 109 y 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
e) Si en contra de la orden de traslado reclamada interpuso el recurso ordinario de defensa, previsto en los numerales 52 y 131 de la referida legislación.
f) Si el Juez competente fue omiso en autorizar la determinación administrativa y, de ser así, si hizo valer diversa controversia judicial en términos de lo dispuesto por los ordinales 116 a 119 de ley en cita, en contra del traslado reclamado.
Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia.
En ese acuerdo lo previno para que al momento de su notificación o en el plazo de tres días, nombrara a un abogado, a fin de tutelar sus derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada y, en caso de no hacerlo, se le designaría uno de oficio.
- El veintisiete de septiembre del año próximo pasado, la autoridad de amparo recibió el escrito mediante el cual tuvo por desahogado el requerimiento anterior y desechó de plano la demanda, al advertir la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
- En desacuerdo, el quejoso interpuso el recurso de queja, resuelto por el entonces Pleno de este órgano colegiado en sesión ordinaria virtual de dos de diciembre pasado, el cual se declaró fundado, al advertir que el quejoso se encontraba privado de la libertad y no contó con la asesoría de un defensor (a pesar de así haberlo acordado la autoridad de amparo en el proveído de prevención), vulnerando con ello el derecho fundamental de defensa adecuada, motivo por el cual, la Juez de control constitucional debía dar vista al inconforme para que designara defensor particular o de oficio y le otorgara el plazo conveniente para desahogar el requerimiento preventivo hecho, así como el acceso a constancias.
- En cumplimiento a lo ordenado en esa ejecutoria, el quince de diciembre de ese año la Juez de Distrito giró oficio y solicitó al Instituto Federal de Defensoría Pública:
1. Designara un defensor público federal para la asistencia jurídica del quejoso.
2. Proporcionara datos suficientes para comunicarse con dicho servidor público (número telefónico y correo electrónico).
3. Instruyera al defensor asignado para que presentara escrito mediante el cual aceptara y protestara el cargo conferido.
4. Le entregara copia simple de la demanda y del auto de prevención, para establecer contacto con el quejoso y brindarle asesoría jurídica, debiendo acreditar lo anterior con la constancia respectiva, la cual debía contener la explicación al justiciable de cómo, cuándo, por qué y en qué términos se debía desahogar la prevención formulada en autos y las consecuencias de no hacerlo; además, debía acreditar que auxilió en la elaboración o presentación en tiempo del escrito de desahogo.
5. Apercibirlo que en caso de no aceptar y protestar el cargo conferido en el término establecido, se le impondría una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo.
- El veintidós de diciembre siguiente, se tuvo al director de Prestación del Servicio de Defensa Penal en la Ciudad de México del Instituto Federal de Defensoría Pública, designando al licenciado Antonio Gama Corona, defensor público federal adscrito al Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, para asesorar jurídicamente al quejoso **********.
Lo requirió en el término de cuarenta y ocho horas para presentar el escrito mediante el cual aceptara y protestara el cargo conferido, apercibido con multa, en caso de no hacerlo.
- El uno de marzo de dos mil veintidós, al haber transcurrido el plazo otorgado al defensor público y no desahogar lo solicitado, nuevamente se le requirió en los términos apuntados, subsistiendo el apercibimiento decretado.
- El siete de marzo siguiente se recibieron los escritos del defensor público federal, a través de los cuales aceptó y protestó el cargo conferido y exhibió constancias tendentes a acreditar la asesoría jurídica brindada al quejoso en torno al juicio de amparo, documentos de los cuales, entre otros, se advierte el acta circunstanciada de visita en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS-Durango", en la que se observa que el entrevistado asentó:
"En caso de no resultar faborable (sic) mi amparo solicito que el defensor público interponga el recurso que sea procedente."
Y, en el apartado de "observaciones del defensor público federal" se lee:
"Se le cuestionó respecto de la prevención de 1o. de septiembre de dos mil veintiuno, en donde se le requería de forma personal, manifestando que no le fue posible, porque la documentación se quedó en el Reclusorio Oriente. Por lo que se le indicó, al notificarle la resolución, que se le apoyaría interponiendo el recurso de queja."
Esto es, no se cumplió con el cuarto punto(5) solicitado por la autoridad de amparo en acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno; por tanto, nada se especificó en relación con la prevención solicitada el uno de septiembre de ese año.
- El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, al haber transcurrido en exceso el plazo concedido al quejoso y al defensor público federal para desahogar la prevención formulada en proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo.
Establecido lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que el quejoso no contó con una defensa técnica y material, la cual le permitiera ejercer sus derechos a la tutela judicial efectiva y oponer el recurso judicial efectivo para controvertir el acto reclamado, consistente en la orden de traslado, la cual atribuye al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(6) estableció que cuando una persona promueva un juicio de amparo indirecto y se encuentre privada de la libertad, en virtud de un proceso penal, debe contar con la asistencia jurídica de un abogado, a efecto de permitirle ejercer adecuadamente su derecho a la tutela judicial efectiva.
Puntualizó que si bien la jurisprudencia internacional y nacional han considerado que el juicio de amparo satisface los estándares mínimos de un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ese derecho humano está estrechamente vinculado con el principio general relativo a la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales en la materia.
Además, destacó que no es suficiente que dicho recurso se prevea en la Constitución o en la ley, o sea formalmente admisible, sino que se requiere que realmente sea idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla.
Así –acotó– las autoridades instructoras deben velar para que los recursos judiciales sean verdaderamente efectivos y, durante su sustanciación, se garanticen ciertas condiciones mínimas necesarias para que las personas estén en posibilidad real de proteger, asegurar y hacer valer los derechos implicados, entre otros, destacó el derecho de ser asistido por un abogado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también destacó la especial vulnerabilidad en la cual se encuentran las personas privadas de su libertad y las graves consecuencias que pueden seguirse para los derechos fundamentales de los quejosos, si no cuentan con la asistencia durante el juicio de amparo indirecto promovido en esas condiciones.
Ello, al considerar la reclusión un serio obstáculo para representarse a sí mismos durante el juicio de amparo indirecto en materia penal, al implicar una barrera física para allegarse de pruebas, acudir al órgano jurisdiccional a consultar actuaciones o realizar promociones, entre otras.
Tal situación precaria justifica la provisión o imposición de un abogado público a efecto de que estén en aptitud de ejercer adecuadamente su derecho a la tutela judicial efectiva.
Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.),(7) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto:
"TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio –sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.–, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja."
Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala(8) que el núcleo esencial del derecho a gozar de una defensa adecuada lo constituye el cumplimiento en su aspecto material, esto es, el abogado debe satisfacer un estándar mínimo de diligencia en sus deberes, lo cual, además, debe ser controlado por el Juez en su calidad de garante.
Ello, al estimar que una verdadera defensa adecuada no puede limitarse a meros aspectos procesales o de trámite, pues el solo nombramiento de un licenciado en derecho para asumir la defensa no satisface ni hace efectivo, por ese hecho, el derecho a gozar de una defensa material, en tanto que para eso se requiere implementar todas las medidas necesarias, las cuales garanticen que la persona tenga la asistencia de un técnico capacitado para su defensa.
No obstante lo anterior, el Juez debe abstenerse de controlar la bondad y eficacia de la estrategia defensiva adoptada o el resultado de ésta, en virtud de la autonomía en su diseño por el defensor nombrado.
Razonamientos contenidos en la tesis 1a. C/2019 (10a.),(9) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente:
"DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. NO SE SATISFACE ESTE DERECHO, CON EL SOLO NOMBRAMIENTO DE UN LICENCIADO EN DERECHO PARA LA DEFENSA DEL IMPUTADO, SINO QUE DEBEN IMPLEMENTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE TIENE LA ASISTENCIA DE UNA PERSONA CAPACITADA PARA DEFENDERLO [ABANDONO PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 12/2012 (9a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada jurisprudencia de rubro: ‘DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.’, sostuvo que el derecho de defensa adecuada se garantiza esencialmente si el inculpado es asistido por un abogado defensor y no se obstaculiza de ninguna manera el trabajo de la defensa. De igual modo, estableció que el referido derecho no debe llegar a ciertos extremos, entre ellos: a) vigilar la estrategia de la defensa; b) justipreciar la capacidad o incapacidad técnica del abogado defensor; y, c) que el incumplimiento de los deberes de la defensa deba evaluarse por el juzgador, sino que en todo caso podrían ser materia de responsabilidad profesional. Ahora bien, la armonización de la doctrina constitucional del Alto Tribunal con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una nueva reflexión sobre el tema, llevan a esta Primera Sala a separarse parcialmente del criterio plasmado en la tesis citada, específicamente en lo referido a las consideraciones señaladas en los incisos b) y c), pues se reconoce que parte del núcleo esencial del derecho a gozar de una defensa adecuada lo constituye el cumplimiento de que ésta cumpla con su aspecto material, es decir, que el abogado satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo que además debe ser controlado por el Juez en su calidad de garante y rector del procedimiento penal. Esto, porque una verdadera defensa adecuada no puede limitarse a meros aspectos procesales o de trámite, pues el solo nombramiento de un licenciado en derecho para que asuma la defensa no satisface ni efectiviza, por sí mismo, el derecho a gozar de una defensa material, sino que se requiere que se implementen todas las medidas necesarias para garantizar que el imputado tiene la asistencia de una persona capacitada para defenderlo. No obstante, una vez satisfecho ese estándar mínimo, el Juez debe abstenerse de controlar la bondad y eficacia de la estrategia defensiva adoptada o el resultado de ésta, en virtud de la autonomía en su diseño por el defensor nombrado."
Anterior criterio que, por mayoría de razón, es aplicable al juicio de amparo para garantizar su efectividad como instrumento de protección de derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Así, el juzgador constitucional, en su calidad de garante y rector del procedimiento de amparo penal, debe velar por que los quejosos privados de la libertad cuenten con una defensa adecuada en sus dos aspectos –formal y material–, pues su solo nombramiento no garantiza, por sí mismo, el derecho a gozar de una defensa material.
Al respecto, se requiere la implementación de todas las medidas necesarias para garantizar al quejoso la asistencia de una persona capacitada, lo cual le permita ejercer el recurso judicial efectivo que la ampare contra actos tendentes a transgredir sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales.
Lo anterior, de acuerdo con lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,(10) pues es el Juez de amparo –como rector del proceso y garante de la tutela judicial efectiva–, el encargado de vigilar que dicho derecho no se torne ilusorio a través de una asistencia jurídica inadecuada.
En ese tenor, la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 1182/2018, indicó que no toda deficiencia o error en la conducción de la defensa implica una vulneración al derecho a gozar dentro del proceso penal de una defensa adecuada en su aspecto material sino, en su caso, deberá comprobarse o demostrarse una negligencia inexcusable o una falla manifiesta.
Esto es, los errores y las deficiencias deben analizarse en su contexto, a efecto de establecer si la defensa incurrió en verdaderas omisiones o fallas graves, las cuales hicieron evidente que el quejoso no contó con una asistencia jurídica adecuada.
De igual manera, puntualizó las directrices a examinar, a fin de verificar si el derecho a gozar de una defensa adecuada en su vertiente material fue vulnerado, a saber:
a) Fallas ajenas a la voluntad del imputado;
b) Las fallas o deficiencias en la defensa no sean consecuencia de la estrategia planteada.
c) Impacto en el sentido del fallo.
También indicó que el órgano jurisdiccional deberá cerciorarse, entre otros, de:
- Ausencia sin justificación evidente de pruebas. - Silencio inexplicable de la defensa.
- Ausencia de interposición de recursos.
- Omisión de asesoría.
- Desconocimiento técnico del representante legal.
- Ausencia o abandono total de la defensa.
Ahora bien, en el presente caso la Juez de Distrito recurrida dejó de observar (en su calidad de garante), que aun cuando el quejoso contó con una defensa formal, al existir la intervención de un profesional en derecho, lo cierto es que dicha circunstancia no evidencia una defensa material, la cual permitiera al justiciable contar con un acceso real a la justicia.
De las constancias remitidas por la autoridad de amparo y narradas previamente en esta ejecutoria, se debe considerar omisa a la defensa en asistir al quejoso para desahogar la prevención formulada por el juzgado recurrido en acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintiuno.
Lo anterior es así, porque del acta circunstanciada de visita, recibida el siete de marzo de dos mil veintidós se advierte:
El quejoso manifestó:
"En caso de no resultar faborable (sic) mi amparo, solicito que el defensor público interponga el recurso que sea procedente."
Mientras en el apartado de "observaciones del defensor público federal" el defensor asentó:
"Se le cuestionó respecto de la prevención de 1o. de septiembre de dos mil veintiuno, en donde se le requería de forma personal, manifestando que no le fue posible, porque la documentación se quedó en el Reclusorio Oriente. Por lo que se le indicó, al notificarle la resolución, que se le apoyaría interponiendo el recurso de queja."
Con ello se advierte una nula e ineficaz asesoría material por parte del defensor de oficio designado, porque de haber cumplido con los lineamientos solicitados por la autoridad de amparo en acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, relativos a presentar una constancia, la cual debió contar con:
La explicación al justiciable de cómo, cuándo, por qué y en qué términos se debía desahogar la prevención formulada en autos y las consecuencias de no hacerlo; incluso, se le indicó que acreditara el auxilio en la elaboración o presentación en tiempo del escrito de desahogo respectivo.
De haberse dado puntual cumplimiento a lo ordenado, el promovente de amparo habría estado en condiciones de desahogar la prevención formulada por la Juez de amparo, con la adecuada asistencia de un profesional en derecho.
Empero, la asesoría del defensor estuvo totalmente fuera de contexto con el estado procesal que guardaba el juicio de amparo, pues ése no era el momento de informarle la interposición de los recursos previstos en la ley de la materia; lo importante era desahogar la prevención formulada por el órgano de control constitucional, de la cual dependía el posible trámite –o no– de la demanda de amparo, esto es, dando cabal cumplimiento a todos y cada uno de los puntos especificados por la a quo.
Prevención que consistía en: bajo protesta de decir verdad, ahondar en los antecedentes del acto reclamado, al estimar insuficientes los narrados en la demanda de amparo e indicar:
a) La fecha en la cual tuvo verificativo el traslado reclamado;
b) Si realizó alguna petición ante las autoridades administrativas, el Juez responsable, o bien, ante el Juez de Ejecución, a efecto de no ser trasladado a otro centro penitenciario, y si la misma le fue notificada y en qué sentido.
c) Si le fue informado o notificado por parte de un Juez de Ejecución de sanciones penales o del Juez que tramitó la causa penal, la calificación del traslado reclamado y, de ser así, la fecha en la cual tuvo conocimiento de éste.
d) En su caso, si solicitó ante la autoridad penitenciaria que no se realizara su reubicación o traslado a diferente centro carcelario, en términos de lo establecido por los artículos 107, 109 y 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
e) Si en contra de la orden de traslado reclamada interpuso el recurso ordinario de defensa, previsto en los numerales 52 y 131 de la referida legislación.
f) Si el Juez competente fue omiso en autorizar la determinación administrativa y, de ser así, si hizo valer diversa controversia judicial en términos de lo dispuesto por los ordinales 116 a 119 de la ley en cita, en contra del traslado reclamado.
Además, no se inadvierte que el presente recurso fue interpuesto por el defensor de oficio; sin embargo, de una lectura de los agravios expuestos se advierten errores técnicos, los cuales un profesional del derecho no debe cometer tratándose de la defensa del quejoso privado de la libertad, al señalar un diverso juzgado de amparo al aquí recurrido.
Así, el defensor público debe contar con conocimientos técnicos en la rama del derecho, pero en el caso analizado no han sido efectivamente utilizados ni tampoco se cumplió con lo mínimo a su cargo y atento a su función, concretamente, comunicar lo requerido por la Juez o solicitar mayor tiempo para allegar tal información o, incluso, la imposibilidad de lo anterior, pidiendo la intervención del juzgador para tal efecto.
Luego, la falta de asistencia adecuada trajo como consecuencia tener por no presentada la demanda de amparo, al no haber desahogado la prevención ordenada en autos, atento, además, a la negligencia de la defensa.
Se insiste, tal consecuencia es totalmente atribuible al defensor, quien desde el momento en que aceptó y protestó el cargo conferido, debió salvaguardar los intereses del quejoso.
Así, este Tribunal Colegiado estima que la omisión en cuanto al desahogo de la prevención formulada por la autoridad de amparo, se debe a causas ajenas de la voluntad del justiciable y, como ha quedado establecido, a la negligencia con la cual se condujo el defensor, al brindar una asesoría técnica jurídica sin relación alguna con lo solicitado por el juzgado de control constitucional, porque de haberlo hecho adecuadamente, la prevención podría haber sido atendida; sin embargo, dicha omisión culminó con un auto, el cual tuvo por no presentada la demanda de amparo.
Por lo previamente narrado, este órgano colegiado estima incorrecta la determinación de la Juez de Distrito de tener por no presentado el escrito de derechos fundamentales, porque ante la negligencia del defensor, la juzgadora de amparo (en su calidad de garante) estuvo en condiciones de informar y requerir al quejoso si –a pesar de las fallas u omisiones detectadas– deseaba continuar con el mismo defensor, o bien, que se le designara otro, a efecto de subsanar las fallas a la defensa material adecuada que pudiera impactar en el sentido de la sustanciación –o no– del juicio biinstancial.
Máxime que del contenido del criterio sostenido por este Tribunal Colegiado, de ser el caso, era procedente que la Juez recurrida informara al director del Instituto Federal de Defensoría Pública, las fallas del defensor de oficio, para actuar en consecuencia, esto es, asignar un nuevo defensor, atento a la negligencia y deficiencias apuntadas, si así lo expresaba el quejoso.
En el entendido de que, con motivo del cambio de defensor, debió conceder al quejoso y a su nuevo defensor un plazo adicional a efecto de estar en aptitud de desahogar puntualmente la prevención formulada y subsanar las deficiencias presentadas.
Bajo ese contexto, se reiteran los criterios(11) I.9o.P.26 P (11a.)(12) y I.9o.P.257 P (10a.)(13), sostenidos por este órgano colegiado, de títulos, subtítulos y texto:
"
"Hechos: En la sentencia de amparo recurrida el Juez de Distrito, al considerar que había transcurrido el plazo concedido a los quejosos (privados de la libertad) para que aclararan su demanda sin que hubieran desahogado esa prevención, hizo efectivo el apercibimiento y la tuvo por no presentada, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Sin embargo, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte, en suplencia de la queja deficiente, que dicha omisión se debió a la negligencia con la que se condujo la defensora de oficio designada para que los asistiera en el trámite correspondiente, al no prestar la asesoría técnica jurídica requerida.
"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente tener por no presentada la demanda de amparo indirecto por no desahogarse una prevención para que se aclare, si la omisión se debió a la evidente negligencia con la que se condujo el defensor del quejoso (privado de la libertad), al no prestar la asistencia jurídica adecuada.
"Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. C/2019 (10a.), de título y subtítulo: ‘DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. NO SE SATISFACE ESTE DERECHO, CON EL SOLO NOMBRAMIENTO DE UN LICENCIADO EN DERECHO PARA LA DEFENSA DEL IMPUTADO, SINO QUE DEBEN IMPLEMENTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE TIENE LA ASISTENCIA DE UNA PERSONA CAPACITADA PARA DEFENDERLO [ABANDONO PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 12/2012 (9a.)].’, estableció que el solo nombramiento de un asesor técnico jurídico no satisface ni efectiviza, por sí mismo, el derecho a gozar de una defensa material. En ese orden, a fin de garantizar la efectividad del juicio de amparo como instrumento de protección de derechos humanos, en términos del artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Juez, en su calidad de garante y rector del procedimiento de amparo penal, debe velar por que los quejosos privados de la libertad cuenten con una defensa adecuada, no sólo en su aspecto formal, sino material, de tal manera que el asesor técnico satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, a fin de garantizar que el quejoso tenga la asistencia de una persona capacitada que le permita ejercer el recurso judicial efectivo por excelencia del Estado Mexicano, que lo ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Por tanto, si la omisión de desahogar la prevención de la demanda se debe a la evidente negligencia con la que se ha conducido el defensor, al no prestar la asesoría té
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30818-04ea91c3/demanda-de-amparo-indirecto-es-improcedente-tenerla-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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