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Modo: Corpus Pro

ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA. PARA GARANTIZAR ESTOS DERECHOS HUMANOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO RECLUIDO EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL QUE RECLAMA ACTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DISPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SEA DEBIDAMENTE REPRESENTADO Y ASESORADO POR UN PROFESIONAL DEL DERECHO, INCLUSO CON LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 575/2017. · Registro digital (IUS): 27838
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-05-25
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Pág. 2159.

AMPARO EN REVISIÓN 575/2017. 13 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LUIS FERNANDO ZÚÑIGA PADILLA. SECRETARIO: ROBERTO CARLOS ARRENQUÍN PINEDA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—No será necesario analizar la resolución que se recurre, ya que de conformidad con el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, este tribunal advierte que se violaron las reglas del procedimiento en el juicio de amparo y, por tanto, procede ordenar la reposición del mismo.

El citado artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

"...

"IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento;"

De lo transcrito se evidencia que es obligación de este Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de los juicios de amparo en revisión, velar porque no se violen las normas fundamentales del procedimiento en perjuicio de las partes, incluso en aquellos casos en que éstas no lo hicieren valer vía agravios.

Así, dadas las particularidades del caso concreto, específicamente la condición actual del quejoso, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Once, con asiento en esta ciudad, se considera que el Juez de Distrito del conocimiento incurrió en una omisión que dejó sin defensa al solicitante del amparo y, que desde luego, influyó en la determinación que adoptó al momento de resolver el juicio de amparo de que se trata, pues no dispuso las medidas necesarias para que éste tuviera una asesoría legal adecuada respecto de su reclamo.

Para evidenciar la violación en comento, es preciso mencionar que mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad.

Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del precepto 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del ordinal 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado Mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en nuestra Ley Suprema y en los tratados internacionales de los que el propio Estado Mexicano es Parte, lo que también comprende el control de convencionalidad.

De lo anterior se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los Jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los Jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración, distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales.

Lo anterior, ya que únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como Jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con nuestra Carta Magna o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Esto último, debe analizarse en contexto con las recientes reformas al artículo 18 constitucional, en particular, por lo que se refiere al régimen penitenciario, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días dieciocho de junio de dos mil ocho y diez de junio de dos mil once. Dicho precepto actualmente dispone:

"Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

"El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. ..."

El precepto de mérito establece que el sistema de ejecución de penas tiene como vocación lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Asimismo, la organización del sistema penitenciario se apoyará, entre otros, en el respeto a los derechos humanos.

En efecto, el impacto que tiene el nuevo paradigma constitucional es que el artículo 18 de la citada Ley Suprema establece determinadas directrices que de ahora en adelante deben regir la actuación de legisladores, Jueces y autoridades administrativas. De este modo, nos encontramos con la obligación a cargo de dichas autoridades de garantizar que los establecimientos penitenciarios cuenten con ciertas cualidades, como lo son: la posibilidad de acceder al trabajo, a la capacitación para el mismo, a la educación, a la salud y al deporte. Todo ello, en el marco de un sistema respetuoso de la dignidad y los derechos humanos del interno.

La nueva lógica del sistema se traduce en el deseo por parte del Constituyente de aminorar los perjuicios que de facto suelen estar implicados con la pena privativa de la libertad, tales como la falta de oportunidades para que la persona se desarrolle adecuadamente en ese ambiente, y busca evitar que cuando el sentenciado recupere su libertad, continúe teniendo los mismos incentivos que antes de delinquir. Por lo que la prisión debe ofrecerle medios para su crecimiento como persona, en el ámbito educativo, laboral, etcétera.

En suma, lo que aquí merece ser enfatizado es que, bajo el nuevo modelo de reinserción social, las instituciones penitenciarias deben funcionar de tal forma que permitan garantizar al sentenciado la posibilidad de acceder a los medios de reinserción –salud, deporte, trabajo y capacitación para el mismo– y, por otro lado, pretende que sea la lógica de la protección de los derechos humanos la que inspire y determine el funcionamiento de tales instituciones, de tal forma que se garanticen condiciones de vida dignas en prisión. Éste es el fin al que principalmente aspira el artículo 18 constitucional reformado.

En ese sentido, el sentenciado no debe ser considerado como una persona desadaptada socialmente o enferma, sino simplemente como acreedor a una pena previo a incorporarse a la sociedad, entonces no hay razón para que no sea tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

De ahí que sea indispensable darles contenido a los derechos que los reos tienen, entre los que se encuentran, desde luego, la oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en los casos que se les presenten en su condición de internos, cuya situación por sí misma, y por obvias razones, les impiden tener acceso como cualquier otra persona no privada de su libertad, a buscar un apoyo legal adecuado.

Es decir, en todos aquellos actos que no derivan de un procedimiento judicial –en el cual, por disposición constitucional, el procesado o sentenciado debe estar debidamente representado y asesorado por un profesional del derecho, que garantice su defensa adecuada–, pero que se encuentran relacionados directamente con las condiciones de su internamiento en un centro de reclusión, como lo pudiera ser la falta de atención médica, malos tratos o azotes, ser aislado o segregado del resto de los internos, o interno en condiciones que transgredan el respeto a su dignidad, resulta indefectible proporcionarles a los reos la oportunidad a una debida defensa y asesoría legal.

Ahora bien, en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estriba el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente.

En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de jurisprudencia 1a./J. 42/2007,(2) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

De ahí que el derecho mencionado comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas.

Los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.

Bajo el marco constitucional y legal expuesto, este Tribunal Colegiado de Circuito, conforme al concepto rector de un efectivo acceso a la justicia, considera que también deberá velarse para que una persona que detente una condición de reo dentro de un centro de reinserción social, cuente con la asesoría legal adecuada para poder enfrentar, de manera digna, cualquier situación legal que se le presente bajo esas condiciones.

Ello porque, se insiste, su condición social lo limita de manera importante para poder elegir, o bien, encontrar a una persona de su confianza con capacidades y conocimientos jurídicos que le brinde una asesoría adecuada con respecto a las situaciones que pueda enfrentar desde su posición restringida de la libertad.

En efecto, en el escrito a través del cual el quejoso formuló su demanda, en lo que interesa, manifestó:

"...

"3. Autoridades Responsables: Director General del CEFERESO No. 11 (once), Cps, Sonora, con domicilio en ...

"4. Acto reclamado: La negativa de las autoridades responsables a proporcionar la atención médica especializada que requiero y su adecuado tratamiento.

"5. ...

"Que bajo protesta de decir verdad manifiesto que son ciertos todos los hechos y abstenciones en que incurrieron las autoridades que señalo como responsables y que constituyen los precedentes del acto reclamado y para ello hago la siguiente relación de hechos.

"7. Hechos: Resulta que desde el mes de junio me he estado reportando con personal de área médica pues tengo una verruga plantar en el pie derecho que me resulta muy dolorosa cada vez que camino, pero hasta el día de hoy no he sido atendido y esta verruga cada día crece más y se acentúa cada vez más el dolor, por más que pido atención médica no se me hace caso por pensar que es algo sin importancia pero créame que al contrario cada vez se propaga más.

"...

"Por lo anteriormente expuesto su señoría atenta y respetuosamente pido:

"Único: Se me conceda el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados a las autoridades y se ordene se proporcione la atención médica requerida y como no tengo la oportunidad de proporcionar las copias de ley requeridas para la tramitación de la presente demanda de garantías solicito su auxilio para que se provean, de antemano muchas gracias por su apoyo."

Luego, en auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, admitió la demanda, sin proveer sobre la falta de asistencia legal del quejoso, aun cuando éste se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Once, con sede en esta ciudad.

Por ende, se considera que en los casos como el que nos ocupa, en que la parte quejosa sea una persona que se encuentre recluida en un centro de reinserción social, en el que reclama actos relativos a las condiciones de su internamiento, en este caso, la falta de atención médica, y no aparezca en su demanda de amparo que cuenta con asistencia legal alguna, el Juez de Distrito deberá adoptar las medidas necesarias para que sea asistido por un asesor jurídico en los términos que prevé la Ley Federal de Defensoría Pública.

Al respecto, precisa destacar el contenido de los artículos 4, 6, 14, 15, 16 y 19 de la mencionada legislación, que disponen:

"Artículo 4. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de:

"I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal y de la justicia federal para adolescentes, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas o medidas, y

"II. Asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal, salvo los expresamente otorgados por la Ley a otras instituciones."

"Artículo 6. Los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a:

"I. Prestar personalmente el servicio de orientación, asesoría y representación a las personas que lo soliciten en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley y las demás disposiciones aplicables;

"II. Representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de los defendidos o asistidos, a cuyo efecto harán valer acciones, opondrán excepciones o defensas, interpondrán incidentes o recursos y realizarán cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a derecho que resulte en una eficaz defensa;

"III. Evitar en todo momento la indefensión de sus representados;

"IV. Vigilar el respeto a las garantías individuales de sus representados y formular las demandas de amparo respectivas, cuando las garantías individuales se estimen violadas;

"V. Llevar un registro y formar un expediente de control de todos los procedimientos o asuntos en que intervengan, desde que se les turnen hasta que termine su intervención;

"VI. Atender con cortesía a los usuarios y prestar sus servicios con diligencia, responsabilidad e iniciativa, y

"VII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables."

"Artículo 14. Para gozar de los beneficios de la asesoría jurídica, se llenará solicitud en los formatos que para tal efecto elabore el Instituto Federal de Defensoría Pública, y se deberán cumplir con los requisitos previstos en las bases generales de organización y funcionamiento.

"En la asignación de un asesor jurídico se dará preferencia a la elección del usuario, a fin de lograr mayor confianza en la prestación del servicio.

"En caso de que el servicio de asesoría sea solicitado por partes contrarias o con intereses opuestos, se prestará a quien lo haya solicitado primero."

"Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a:

"I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;

"II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

"III. Los trabajadores eventuales o subempleados;

"IV. Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos mensuales inferiores a los previstos en las bases generales de organización y funcionamiento;

"V. Los indígenas, y

"VI. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios."

"Artículo 16. Para determinar si el solicitante de los servicios de asesoría jurídica reúne los requisitos establecidos para que se le otorgue el servicio, se requerirá un estudio social y económico, elaborado por un trabajador social del Instituto Federal de Defensoría Pública.

"En los casos de urgencia previstos en las bases generales de organización y funcionamiento, se deberá prestar de inmediato y por única vez, la asesoría jurídica, sin esperar los resultados del estudio socioeconómico."

"Artículo 19. Los asesores jurídicos realizarán sus funciones de acuerdo a las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública y en función de la naturaleza de cada uno de los asuntos para los cuales se prestará la asesoría jurídica."

Como se ve, la primordial finalidad de la figura de la asesoría jurídica es, en concreto, brindar esos servicios jurídicos profesionales a los sectores de la población destacados de manera enunciativa, pero no limitativa, en el artículo 15 de la ley en comento; de lo cual, válidamente puede deducirse, por razones análogas, que también los núcleos de la población penitenciaria encuentran esa condición escasa de oportunidades para encontrar un apoyo legal digno, a fin de adquirir una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se les presenten bajo las condiciones restrictivas en que se encuentran.

También es preciso destacar algunos principios que tienen por objetivo la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, derivados de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada y proclamada en la Septuagésima Sexta sesión plenaria, el nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, consultables en la publicación identificada como "Compilación de Instrumentos Internacionales sobre la Protección de la Persona Aplicables en México", y que se encuentran descritos en la compilación de tales instrumentos, en el Tomo I, denominado "Derecho Internacional de los Derechos Humanos", elaborado por la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Tales principios establecen lo siguiente:

"Principio 17

"1. Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La autoridad competente les informará de ese derecho prontamente después de su arresto y les facilitará medios adecuados para ejercerlo.

"2. La persona detenida que no disponga de asistencia de un abogado de su elección tendrá derecho a que un Juez u otra autoridad le designe un abogado en todos los casos en que el interés de la justicia así lo requiera y sin costo para él si careciere de medios suficientes para pagarlo."

"Principio 18

"1. Toda persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse con su abogado y a consultarlo.

"2. Se darán a la persona detenida o presa tiempo y medios adecuados para consultar con su abogado.

"3. El derecho de la persona detenida o presa a ser visitada por su abogado y a consultarlo y comunicarse con él, sin demora y sin censura, y en un régimen de absoluta confidencialidad, no podrá suspenderse ni restringirse, salvo en circunstancias excepcionales que serán determinadas por la ley o los reglamentos dictados conforme a derecho, cuando un Juez u otra autoridad lo considere indispensable para mantener la seguridad y el orden.

"4. Las entrevistas entre la persona detenida o presa y su abogado podrán celebrarse a la vista de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero éste no podrá hallarse a distancia que le permita oír la conversación.

"5. Las comunicaciones entre una persona detenida o presa y su abogado mencionadas en el presente principio no se podrán admitir como prueba en contra de la persona detenida o presa a menos que se relacionen con un delito continuo o que se proyecte cometer."

"Principio 19

"Toda persona detenida o presa tendrá el derecho de ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho. ..."

De la interpretación sistemática de tales principios protectores, puede inferirse válidamente, en lo que aquí interesa, que las personas privadas de su libertad tienen derecho a la asistencia de un abogado defensor cuando reclamen actos de las autoridades, para lo cual, se les deberán otorgar las facilidades para ejercer esa facultad.

De ese modo, partiendo de esa prerrogativa fundamental, aunado a las circunstancias de hecho y de derecho que han sido previamente destacadas, se corrobora la necesidad de que, en los casos como el que nos ocupa, las personas solicitantes de la protección constitucional se encuentren asesoradas por un experto en el ámbito jurídico, que los represente de una manera digna y profesional dentro de los procedimientos que instauren con motivo de una lesión a sus derechos fundamentales.

Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis V.3o.P.A.3 P (10a.),(3) emitida por este Tribunal Colegiado, de título, subtítulo y texto siguientes:

" Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional deben ejercer el control de constitucionalidad; por ello, se estableció que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por su parte, el artículo 18 constitucional, en la parte que se refiere al régimen penitenciario, establece que el sistema de ejecución de penas tiene como fin lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Asimismo, que la organización del sistema penitenciario se apoyará, entre otros, en el respeto a los derechos humanos; de ahí que sea indispensable dar contenido a los derechos que tienen los reos, entre los que se encuentran, la oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en las situaciones que se les presenten en su condición de internos, la que, por sí misma, y por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclamen actos que no derivan de un procedimiento judicial, pero que se encuentran relacionados directamente con las condiciones de internamiento del quejoso en un centro de reclusión, como lo pudiera ser la falta de atención médica, malos tratos o azotes, ser aislado o segregado del resto de los internos, o interno en condiciones que transgredan el respeto a su dignidad, el Juez de Distrito, para garantizar los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada, debe disponer las medidas necesarias para que el quejoso sea debidamente representado y asesorado por un profesional del derecho, incluso con la designación de un asesor jurídico, quien tiene, dentro de sus funciones, brindar esos servicios jurídicos profesionales a los sectores de la población destacados de manera enunciativa, pero no limitativa, en el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública. En consecuencia, puede deducirse que por razones análogas, también los núcleos de la población penitenciaria tienen una condición escasa de oportunidades para encontrar un apoyo legal digno, a fin de adquirir una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se les presenten bajo las condiciones restrictivas en que se encuentran; de ahí que los asesores jurídicos pueden ser designados por el juzgador de amparo para intervenir como autorizados de los quejosos en dichos juicios."

Bajo esa óptica, regida fundamentalmente por un contexto inherente a la promoción, respeto y protección a los derechos humanos del quejoso **********, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Once, con asiento en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, se considera como una violación al procedimiento del juicio de amparo condigno, la omisión del Juez de Distrito en realizar los actos necesarios a fin de que el referido impetrante contara con la debida representación legal en el juicio constitucional **********, la cual trascendió al sentido de la sentencia impugnada.

En efecto, el Juez de Distrito consideró que sobrevino la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los actos reclamados, porque el quejoso recibió la atención médica solicitada.

En tales condiciones, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento desde el auto de radicación, a fin de que el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, designe de manera oficiosa, a un asesor legal para que asista al quejoso en el trámite del juicio de amparo de que se trata.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.—Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese como corresponda; publíquese, anótese en el libro de gobierno, en la estadística de este tribunal; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este toca.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, Miguel Ángel Betancourt Vázquez, Alba Lorenia Galaviz Ramírez y Luis Fernando Zúñiga Padilla, siendo presidente el primero de los nombrados y ponente el último.

En términos de lo previsto en los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los numerales 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

______________________

2. Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, registro digital: 172759.

3. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Tomo III, febrero de 2017, página 2157, registro digital: 2013643 « y Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de febrero de 2017 a las 10:12 horas».

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27838-3cf62854/acceso-efectivo-a-la-justicia-y-defensa-adecuada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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