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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 200/2011. **********. 12 DE ENERO DE 2012. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIOS: ADRIANA CECILIA SAULÉS PÉREZ, ARNOLDO CASTELLANOS MORFÍN Y JAIME NÚÑEZ SANDOVAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 200/2011 · Registro digital (IUS): 80043
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Versión electrónica, Pág. 2.

VISTO BUENO

MINISTRO:

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día doce de enero de dos mil doce.

V I S T O S; Y,

R E S U L T A N D O:

COTEJÓ:

PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil diez, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y por las autoridades que a continuación se indican:

"II. AUTORIDADES RESPONSABLES:--- 1. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con domicilio bien conocido en la ciudad de México, Distrito Federal;--- 2. Coordinador General de Centros Federales, del Órgano Administrativo (sic) Prevención y Readaptación Social precitado. -- 3. Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, en Veracruz. -- 4. Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Zacatecas; con domicilio conocido en la capital del Estado de Zacatecas. -- 5. Director o encargado del Centro Regional de Readaptación Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas. -- [...] --- IV ACTOS RECLAMADOS:--- Primero. De todas las autoridades responsables: El inconstitucional e ilegal traslado que de mi persona se hizo, del Centro Regional de Readaptación Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en Veracruz. -- Segundo. De todas las autoridades responsables: El dificultar mi readaptación social, al alejarme de mi domicilio, de mi familia y amistades con ese traslado injustificado en un Estado de Derecho Democrático. -- Tercero. De todas las autoridades responsables: El haberme privado de mi derecho fundamental de purgar la pena de prisión en el reclusorio más cercano a mi domicilio, como condición fundamental de la readaptación social, sin haberme dado la oportunidad de audiencia, ya que es claro que actualmente ese derecho sólo se permite restringirlo en caso de delincuencia organizada o respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad. -- Cuarto. De todas las autoridades responsables: El trato indigno a mi dignidad humana. -- Quinto. De todas las autoridades responsables: La violación al derecho de igualdad o no discriminación, ya que he sabido que, sin motivos justificados conocidos, dejaron sin efecto el traslado de algunos internos quienes estaban en la lista de personas a trasladar, según oficio número ********** (éste fue dado a conocer a mi defensor público en informe que rindió el encargado del CERERESO en Cieneguillas, en el juicio de amparo indirecto **********, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas), que al efecto emitió el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entre esas personas no trasladadas, figura el señor **********, ex Director del Centro Regional de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, y quien está purgando una pena de prisión por el delito de fuga de reos en el fuero federal." (Fojas 2 y 3 vuelta del cuaderno de amparo).

SEGUNDO. La parte quejosa expresó bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, señaló como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los artículos 1º, 4° 14, 16, 17, 18 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 2 a 9 del cuaderno de amparo).

TERCERO. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas con residencia en la ciudad del mismo nombre, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo el veintiuno de abril de dos mil diez ordenó su registro bajo el expediente número **********, tuvo como autoridades responsables a las señaladas por la parte quejosa, a las cuales requirió para que rindieran sus informes justificados, y dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción.

CUARTO. Previos los trámites de ley, el veintinueve de julio de dos mil diez, el Secretario encargado del Despacho del citado órgano jurisdiccional, celebró la audiencia constitucional en la que se dictó la sentencia correspondiente y concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo **********, promovido por **********, por su propio derecho, contra actos del Coordinador General de Centros Federales del órgano administrativo (sic) de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en México, Distrito Federal, por los motivos señalados en el cuarto considerando de la presente sentencia. --- SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, por su propio derecho, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, residente en México, Distrito Federal, Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social 5 Oriente, en Perote, Veracruz, Director de Prevención y Readaptación Social del Estado de Zacatecas y Director del Centro Regional de Readaptación Social Varonil, de Cieneguillas, ambos con residencia en Zacatecas, Zacatecas, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. --- Notifíquese personalmente. (Foja 319 vuelta del cuaderno de amparo).

Las consideraciones en que basó los anteriores puntos resolutivos son las siguientes:

"Séptimo. Son infundados, por una parte e inoperantes, por otra, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se esté en algún supuesto de queja deficiente que suplir en términos del artículo 76 bis, por tratarse de un asunto de materia administrativa; por ende, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. -- De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte la causa de pedir de la parte quejosa que expresa contra el acto reclamado, así tenemos que:--- En un principio, se duele de violación en su perjuicio de las garantías individuales consagradas en los artículos 1º, 4º, cuarto párrafo, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 18, penúltimo párrafo, en relación con el 39, constitucionales, 1, 2, 5, 7, 8, 26, 29, 62 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, porque en forma injustificada lo han trasladado del Centro Regional de Readaptación Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social 5 Oriente, en Veracruz. -- Que la readaptación social establecida por el artículo 18 constitucional, se basa fundamentalmente en las facilidades que debe tener todo sentenciado para, entre otras cosas, tener contacto suficiente con sus familiares y amigos; puesto que de dicho numeral se desprende el derecho de todo sentenciado de permanecer cerca de su domicilio durante la compurgación de la pena de prisión, lo que estima necesario para lograr la reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; que ese derecho sólo puede restringirse en los términos y condiciones que disponga la Constitución, en un marco de respeto al estado de derecho democrático, según refiere, se desprende de los artículos 1° y 29, en relación con el 39, segunda parte, constitucionales, 1, 2, 26, 29, 62 y 63, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. -- Que ese derecho fundamental sólo está acotado por la segunda parte del artículo 18 constitucional, es decir, que sólo existe la restricción cuando se esté en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad; que el quejoso no está en esos supuestos de delincuencia organizada ni de los internos que requieran medidas especiales de seguridad, ya que no ha dado lugar siquiera a una corrección disciplinaria en su estancia en prisión por parte de alguna autoridad. -- Que al tratarse de derechos fundamentales, debe prevalecer la interpretación pro persona, que es primordial en un estado de derecho democrático, conforme a la interpretación conjunta, sistemática y teleológica de los artículos 1°, 3°, segundo párrafo y fracción II, inciso a) y 39, segunda parte, constitucionales, en relación con los numerales 1, 2, 26, 29 y 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. -- Que es cierto que el artículo 529 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que es el Poder Ejecutivo, a través del órgano correspondiente legalmente, quien podrá decidir el lugar y las condiciones de ejecución de las sentencias condenatorias; que sin embargo, ello debe entenderse dentro de los parámetros del cuerpo jurídico que el derecho internacional de protección de derechos humanos establece, especialmente la Constitución, fundamentalmente, que el reo debe estar preferentemente en el lugar que le permita estar en fácil contacto con su familia y amigos, en un ambiente adecuado para su desarrollo integral, respetando su dignidad humana, ya que el fin de la prisión es su plena reinserción social. -- Que el ejecutivo puede decidir el lugar y condiciones de ejecución de las penas de prisión, pero atendiendo a los lineamientos de la Constitución, por lo que no puede establecerlos de manera arbitraria ni discrecional, soslayando los principios democráticos de interpretación por persona, por la obligación que se tiene de ejercer el poder en beneficio del individuo; o que acaso, por ese sólo hecho, ¿la autoridad podrá aplicar medidas de tortura, incomunicación o violaciones de la libertad sexual, por ejemplo?; que es claro que no. -- Que en todo caso, la autoridad ejecutora de la pena de prisión, debe sopesar los intereses en juego y atender a lo que más beneficie a la persona; que además siempre debe fundar, motivar y comprobar la razón de su proceder, por tratarse de la restricción de derechos fundamentales; que por ello no bastan actuaciones ni afirmaciones dogmáticas de las responsables. -- Que las responsables debieron atender el principio de última ratio que priva en todo proceso penal y que implica que debe justificarse plenamente el alejamiento del reo de un debido contacto y comunicación con su familia y sus amigos, del ambiente adecuado para su desarrollo integral, ya que sin duda, con el traslado de un reclusorio a otro, se agrava la pena de prisión impuesta en la sentencia, máxime si se trata de un reclusorio que está en otro Estado de la República, el federal más lejano posible de Zacatecas. -- Que para la ejecución de la orden de traslado reclamada, no debió soslayarse que el Centro Federal de Readaptación Social 5 Oriente en Veracruz, fue concebido legalmente sólo para casos especiales y no en general e indiscriminada, sólo para casos de delincuencia organizada o de reos que merezcan, probadamente un tratamiento de especial y estricta seguridad; que ello se corrobora del acuerdo 05/2009 expedido por el Secretario de Seguridad Pública, que incorpora al sistema penitenciario federal, el Centro de Readaptación Social en comento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de agosto de dos mil nueve. -- Que mínimo, las responsables debieron atender y cumplir lo que se establece en el artículo 26, A), fracción III y B), fracción III, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; pero que de ninguna manera lo hicieron ni justificaron; puesto que el quejoso no está en ninguno de esos supuestos; que por tanto no debió ser trasladado ni ingresado al CE.FE.RE.SO 5 Oriente en Veracruz ni permanecer ahí; por lo que estima que las autoridades responsables le han ocasionado graves daños materiales e inmateriales, que deberán ser reparados en este juicio de amparo. -- Que las responsables vulneraron los derechos fundamentales del quejoso porque con el traslado en cuestión, repite, lo están privando de su derecho a priori de estar cerca de su domicilio, familia y comunidad, como formas de reinserción social y de gozar de un ambiente digno, según dispone el artículo 4°, cuarto párrafo de la Constitución; pues del mismo se obtiene el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo integral de la persona, del cual no puede restringírsele válidamente, ya que estima que sin ello, no podrá alcanzar la reinserción adecuada a la sociedad. -- Que ese ambiente adecuado se obtiene fundamentalmente de la cercanía y contacto con la familia, amistades, comunidad y nunca con el alejamiento o separación de ellas; que por tanto, está negándosele el acceso a un ambiente adecuado para su desarrollo integral con el traslado en cita, pues como reo o sentenciado no ha perdido ese derecho, sino que lo requiere de mayor manera, puesto que está en una etapa de readaptación social. -- De la síntesis anterior, se desprende que el quejoso en lo medular, en sus conceptos de violación del primero al segundo, se duele de violación en su perjuicio de los preceptos legales que cita, virtud a considerar que la orden de traslado reclamada y su ejecución adolece de la debida fundamentación y motivación; aunado a que con el traslado al reclusorio Oriente 5 en Veracruz, lo aleja de su domicilio, familia y comunidad, dificultándole su reinserción a la sociedad, no obstante el derecho que le confiere el artículo 18 constitucional, cuya única restricción es cuando se esté en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, que afirma, no es el caso; que tampoco obsta la facultad concedida a la responsable ordenadora en el artículo 529, del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que si bien, esta puede decidir el lugar y condiciones de ejecución de las penas de prisión, ello debe ser, atendiendo a los lineamientos de la Constitución, justificando plenamente el alejamiento del reo de su comunidad, familia, amigos y del ambiente adecuado para su desarrollo integral, puesto que considera que con su traslado, fue agravada la pena de prisión que le fue impuesta en sentencia; además de no encontrarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 26, A), fracción III y B), fracción III del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social; que por tanto no debió ser trasladado, ingresado ni permanecer en el CEFERESO 5 Oriente en Veracruz. -- De modo que procede analizar en conjunto, dichos motivos de inconformidad, mismos que como ya se adelantó al principio del presente considerando, son infundados. -- Previamente, es preciso señalar que dentro del régimen legal en que se sustenta nuestro sistema jurídico, debe imperar el derecho, esto bajo un carácter normativo legal. De esta manera, la afectación a la esfera jurídica de los gobernados, debe obedecer a determinados principios previos. Ese conjunto de principios previos a que tiene que sujetarse a un acto de cualquier autoridad para producir válidamente efectos, desde el punto de vista jurídico, se traduce en una serie de requisitos, condiciones y elementos, que constituyen las garantías de seguridad jurídica. -- En esta tesitura, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contiene la garantía de legalidad dispone:--- (Se transcribe). --- De esta suerte, toda autoridad que vaya a emitir un acto de molestia (entiéndase por éste el que pese a que pueden constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, aunque no debe pasar inadvertido que todo acto privativo también requiere cumplir con la garantía de legalidad) a la esfera jurídica del gobernado, debe respetar ante todo las garantías que prevé el primer párrafo del artículo 16 de la Ley Fundamental, es decir, debe respetar la garantía de legalidad que pone a salvo al gobernado de que todo acto de molestia no sea arbitrario, sino basado en una norma legal y que los hechos, actos y circunstancias relativas al gobernado coincidan con la hipótesis normativa. El acto de autoridad debe supeditarse a lo establecido por el artículo 16 de la Carta Magna, ya que si dicho acto va a producir una perturbación a los bienes jurídicos del particular, debe reunir los requisitos que de manera obligatoria prevé el aludido dispositivo constitucional. -- La eficacia jurídica de la garantía de legalidad, reside en la circunstancia que por su mediación se protege todo el sistema de derecho objetivo en México, lo que no ocurre si las autoridades al emitir sus actos que produzcan una trasgresión a los derechos subjetivos del gobernado, no cumple con la garantía de legalidad, pues cabe mencionar que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; de lo que se sigue, que dentro del sistema constitucional que nos rige, ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un precepto de la ley, en virtud que las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente la ley les atribuye. -- Tiene aplicación la tesis consultable en la página doscientos sesenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X-Enero, Octava Época que establece:--- "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR." (Se transcribe). -- Entonces, del artículo 16, párrafo 1º del Pacto Federal, se advierte que entre los requisitos que debe contener un acto de molestia a fin de ajustarse a los lineamientos constitucionales, son: 1. Que e

acto de molestia debe adoptar la forma de escrito. -- 2. Que el acto debe estar fundado. -- 3 Que el acto de molestia debe estar motivado. -- De esta suerte, a fin de que un acto autoritario se ciña al régimen jurídico-constitucional que prevalece en nuestro estado de derecho, ineludiblemente debe constar por escrito, estar fundado y motivado, y si no se satisface lo anterior, el acto autoritario podrá ser combatido mediante el juicio de amparo, en virtud de que la sola actuación de un órgano de estado, que irrumpa en la esfera jurídica del gobernado, atendiendo al principio de legalidad que se encuentra inmerso en el párrafo primero del numeral constitucional, en comento, sólo puede acontecer a merced de un mandamiento o mandamientos legales y es a tal aspecto al que se refirió el constituyente, al estimar como garantía del gobernado, que los actos de molestia vertidos por la autoridad (sin distinción alguna), deben fundar y motivar la causa legal del procedimiento. -- Con relación a lo antes destacado, tiene aplicación el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja ciento ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II febrero, Octava Época, que establece: "ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS." (Se transcribe). -- Desde esta óptica, la primera condición que debe satisfacer el acto de molestia es que debe constar por escrito, la cual es una condición esencial para que pueda haber certeza sobre la existencia del acto y para que el afectado pueda conocer con precisión de qué autoridad proviene el acto, cuál es su contenido y consecuencias jurídicas. -- Ahora bien la fundamentación es el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad. -- Dicho en otras palabras, con la finalidad de considerar constitucional un acto autoritario, en éste se deben citar los cuerpos legales y preceptos que tengan aplicación al caso concreto, es decir, los supuesto normativos que encuadran con la conducta del gobernado o con los hechos acontecidos, que deberán ser señalados con toda exactitud, precisándose las fracciones, párrafos, incisos y subincisos de los preceptos aplicables. -- La motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquellos; para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad; para permitir a los afectados impugnar los razonamientos de éstas. Por lo que la exigencia de motivación ha sido referida a la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que se basa se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que va a aplicar. -- De tal suerte, que los requisitos de fundamentación y motivación se suponen mutuamente, pues no es posible lógicamente citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta relación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos invocados a los hechos de que se trate. -- Resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/43, visible en la página setecientos sesenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, del rubro siguiente:--- "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. (Se transcribe)."--- De igual manera es aplicable al caso a estudio, el criterio que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicado en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII-Enero, Octava Época, que dice:--- "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE AUTORIDADES (Se transcribe)."--- Ahora bien, el acto impugnado en el presente juicio es la orden de traslado contenida en los oficios **********, de siete de abril de la presente anualidad, dirigido al Director General de Prevención y Readaptación Social en Zacatecas, por el Comisionado del órgano administrativo desconcentrado de (sic) prevención y readaptación social en México (sic), Distrito Federal; y oficio **********, también de siete de abril de la presente anualidad, dirigido al encargado del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Cinco 'Oriente', por el propio Comisionado responsable, por los que autorizó el ingreso al Centro Federal de Readaptación Social cinco, Oriente, de diversos sentenciados, entre ellos, **********, que se encontraba interno en el Centro Regional de Readaptación Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, son actos de molestia, que deben reunir los requisitos de fundamentación y motivación. -- Resulta aplicable a lo anterior la tesis XIX.2o.20 A, Novena Época, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, visible en la página ochocientos ochenta y seis, del Tomo VIII. agosto de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee:--- "ORDEN DE TRASLADO. DEBE REUNIR LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (Se transcribe)."--- Dichas determinaciones fueron debidamente fundamentadas en lo dispuesto por los artículos 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 116, del Código Penal Federal, 5 y 529, del Código Federal de Procedimientos Penales, 30 bis, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3°, fracción XXV, inciso c), 25 y 36 fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, 8°, fracciones III y XX, del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; 25 y 26, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social; 4°, 5° y 6° del Manual de Tratamiento de los Centros Federales de Readaptación Social, establecen:--- (Se transcribe). -- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --- 'Artículo 18' (Se transcribe). --- Código Penal Federal 'Artículo 77' (Se transcribe). --- 'Artículo 116' (Se transcribe). --- Código Federal de Procedimientos Penales. --- 'Artículo 5°' (Se transcribe). --- 'Artículo 529' (Se transcribe). --- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. --- 'Artículo 30 BIS, fracción XXIII.' (Se transcribe). Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 (sic) marzo de 2007). ---'Artículo 3. fracción XXV, inciso a), b), c)' (Se transcribe). --- 'Artículo 25, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV' (Se transcribe). --- 'Artículo 36, fracción I, II y III' (Se transcribe). --- Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado de (sic) Prevención y Readaptación Social (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de mayo de 2002). --- 'Artículo 8, fracción III, IV, XX.' (Se transcribe). Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. (Publicado en el Diario Oficial el 06 de Abril de 2006). --- 'Artículo 25' (Se transcribe). 'Artículo 26, inciso a), fracción I, II y III; inciso b), fracción I, II y III' (Se transcribe). --- Manual de Tratamiento de los Centros Federales de Readaptación Social. (Diario Oficial de la Federación de 08 de noviembre de 2006). 'Artículo 4' (Se transcribe). -- 'Artículo 5, fracción I, II, III, IV y V' (Se transcribe). --- 'Artículo 6, fracción I, II, III, IV y V' (Se transcribe). -- De lo anterior, resulta incuestionable que sí se encuentra debidamente fundada la orden de traslado contenida en los oficios **********, de siete de abril de la presente anualidad, dirigido al Director General de Prevención y Readaptación Social en Zacatecas, por el Comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social en México, Distrito Federal; y oficio **********, también de siete de abril de la presente anualidad, dirigido al encargado del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Cinco, 'Oriente', por el propio Comisionado responsable, por los que autorizó el ingreso al Centro Federal de Readaptación Social cinco, Oriente, de diversos sentenciados, entre ellos, **********, que se encontraba interno en el Centro de (sic) Regional de Readaptación Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, que constituye el acto aquí reclamado, por lo que resulta inconcuso que la autoridad responsable si fundó la resolución en los preceptos aplicables al caso, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, en cuanto a la 'falta de fundamentación' que reclama el quejoso. -- Por otra parte, respecto de la 'falta de motivación', se desprende que la autoridad responsable determinó autorizar el traslado del quejoso del Centro de Readaptación Social Regional Varonil, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social 5 'Oriente' en el estado de Veracruz, que realizó por encontrarse a disposición del Ejecutivo Federal compurgando una sentencia ejecutoriada, impuesta por comisión de delito del orden federal, a fin de despresurizar el Centro de Readaptación Social en Zacatecas, aunado a que dicha autoridad señaló ser ejecutora de sanciones penales, con competencia para determinar el lugar en que deberán los sentencias (sic) compurgar las penas privativas de libertad. -- Por tal motivo, como se advierte, sí se motivó la resolución de mérito, expresando las razones que tomó en consideración para autorizar el traslado del quejoso del Centro de Reclusión en Cieneguillas, Zacatecas, al diverso Centro Federal de Readaptación Social 5 'Oriente' en el estado de Veracruz, de lo que se hace evidente que sí se cumple con la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -- Sin que se estime necesario que en cada caso particular, la autoridad considere que con el traslado sería alejado el sentenciado de su domicilio, familia, comunidad y amigos o, refiera que el sentenciado (aquí quejoso) tenía características sustantivas o personales propias de ser traslado (sic), o tuviera que justificar en el acto reclamado, cuáles eran la presiones que existían en el centro de reclusión en Zacatecas, para justificar su 'despresurización', y que dicho quejoso, pusiera en riesgo por sí o conjuntamente con otros internos la seguridad del lugar en que se encontraba recluido; ya que el Ejecutivo Federal tiene a su disposición la ejecución de sanciones privativas de libertad, la que deberá purgar en centros federales de readaptación social, por tratarse de un reo federal, sin que tenga que seguir procedimiento previo necesario para estar en aptitud legal de ordenar o ejecutar traslado de sentenciados. -- Tiene apoyo a lo anterior la tesis VI.2º.222 P, Novena Época, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página novecientos ocho, del Tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee:--- "REOS DE DELITOS FEDERALES, LA ORDEN DE TRASLADO DE, NO REQUIERE QUE PREVIAMENTE SE TRAMITE PROCEDIMIENTO ALGUNO." (Se transcribe). -- Además, en consideración a que el artículo 25 del Código Penal Federal faculta al órgano ejecutor de sanciones para que señale la colonia penitenciaria, establecimiento o lugar en que el sentenciado deba extinguir la pena de prisión a que se le condenó, la orden que dio aquél para que el quejoso fuera trasladado a otro centro de readaptación social, no implica que se le haya cambiado la sanción privativa de libertad impuesta agravándosela ni vulnera en su perjuicio las garantías individuales consagradas por el artículo 22 constitucional, al no tratarse de una pena 'inusitada y trascendental al no ser habitual ni frecuente' que se traslade a los sentenciados de un lugar a otro; porque no trasciende al marco de legalidad que los familiares o amigos del sentenciado, tengan que despl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80043-0faf110d/amparo-en-revision-200-2011-12-de-enero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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