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Modo: Corpus Pro

PRISIÓN PREVENTIVA. CUANDO SE DECRETE UN CONCURSO REAL DE DELITOS DENTRO DE UN SOLO PROCESO PENAL, DEBE DESCONTARSE EL TIEMPO DE AQUÉLLA AL TOTAL QUE RESULTE DE LA SUMATORIA DE LAS PENAS DE PRISIÓN QUE CORRESPONDAN POR CADA DELITO Y NO A CADA UNA DE ÉSTAS EN LO INDIVIDUAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 171/2015. · Registro digital (IUS): 26919
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Pág. 332.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 171/2015. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ARTURO BÁRCENA ZUBIETA.

III. COMPETENCIA

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(13) 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;(14) así como en el punto segundo, fracción VII, parte final, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013. Esto es así, en atención a que se trata de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distintos Circuitos y derivados de asuntos en materia penal, sin que se advierta la necesidad de la intervención del Tribunal Pleno.

IV. LEGITIMACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, la presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por MÁGS, quejoso y recurrente dentro del amparo en revisión ********* del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, es decir, proviene de una de las partes que participó en uno de los asuntos que motivaron la presente contradicción.

V. CRITERIOS CONTENDIENTES

1. Amparo en revisión ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito

a) Antecedentes del caso

El 27 de agosto de 2002, MÁGS y otros sujetos fueron detenidos por elementos de Seguridad Pública de Tijuana, Baja California, en atención a que tenían un su poder diversos artefactos bélicos, cartuchos y documentos. En consecuencia, el Ministerio Público inició y, posteriormente consignó, una averiguación previa por su probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos.(15)

El 29 de marzo de 2004, una vez seguido el proceso penal en todas sus etapas, el Juez de Distrito que conoció del asunto dictó sentencia definitiva dentro de la que consideró penalmente responsable al señor GS por la comisión de los delitos de delincuencia organizada; portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; y uso indebido de credenciales de corporaciones policiales. En consecuencia, frente a la actualización de un concurso real de delitos, le impuso al sentenciado una pena de diecisiete años de prisión, conformada a partir de la imposición de: I. diez años de prisión por el primero de los delitos; II. Cuatro y dos años de prisión, respectivamente, por los segundos delitos; y, III. Un año de prisión por el último delito.(16) Inconforme con dicha determinación, el señor GS interpuso recurso de apelación; sin embargo, por sentencia de 23 de septiembre de 2004, un Tribunal Unitario determinó confirmar la sentencia recurrida.(17)

El 13 de mayo de 2008, el sentenciado promovió un incidente no especificado ante el Juez de la causa penal, con el objeto de que se le computara simultáneamente el tiempo que duró su prisión preventiva en cada una de las penas que le fueron impuestas. Mediante sentencia interlocutoria de 8 de julio de 2008, el mencionado juzgador declaró infundados los argumentos del solicitante,(18) por lo que, el sentenciado interpuso recurso de apelación; sin embargo, el Tribunal Unitario confirmó la resolución impugnada.(19)

Así las cosas, el sentenciado promovió una demanda de amparo indirecto en contra de esta última resolución; sin embargo, el Tribunal Unitario que conoció de la misma dictó sentencia en el sentido de negar la protección constitucional al quejoso, argumentando que "no (era) posible duplicar el quántum de la prisión preventiva, porque ésta no ocurrió en tiempos diferentes, pues el hecho de que la persona sea encarcelada por varios delitos no trae como consecuencia que la sufra en forma separada por cada delito, sino que es una sola prisión preventiva con independencia del número de injustos que la motivaron".

En este sentido, señaló que "el artículo 25 del Código Penal Federal, y la jurisprudencia que lo interpreta ... , no establecen que la prisión preventiva se descuente por cada uno de los delitos que al final hayan sido motivo de la sentencia definitiva". Además, el Tribunal Unitario sostuvo que como las cuatro sanciones corporales impuestas al quejoso sumaban diecisiete años de prisión y se impusieron en un solo proceso -no en diversos-, se debería compurgar aquella temporalidad como única sanción, pues de lo contrario se dejarían sin efectos las penas impuestas por los delitos menores.(20)

El quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la resolución a que hacen referencia los párrafos anteriores, el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y registrado bajo el número de expediente *********. Sin embargo, por sentencia de 11 de febrero de 2015, dicho órgano jurisdiccional determinó confirmar la negativa de amparo.

b) Consideraciones del Tribunal Colegiado

Para arribar a dicha conclusión, el Tribunal Colegiado procedió a analizar el contenido del artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su redacción previa a la reforma de 18 de junio de 2008); así como de los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal, de donde se desprende que el inculpado por la comisión de cualquier delito tiene derecho a que en toda pena de prisión que se le imponga, se compute el "tiempo de detención" (prisión preventiva). Lo anterior, tomando en consideración lo decidido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 38/2006 y su posterior aclaración.

Partiendo de dichas consideraciones, el Tribunal Colegiado argumentó que si bien era cierto que al recurrente se le habían impuesto cuatro penas como consecuencia de los delitos que cometió, no debía perderse de vista que en el caso se actualizó un concurso real de delitos dentro de un solo procedimiento penal, por lo que aquellas sanciones en realidad se convirtieron en una. Lo anterior, de acuerdo con el Tribunal Colegiado, se desprendía de la propia redacción del segundo párrafo del artículo 64 del Código Penal Federal, el cual si bien en su parte inicial dispone que en caso de concurso real se impondrán las penas que correspondan a cada delito, concluye señalando que no deben rebasarse los límites establecidos en la propia ley penal, lo que implica que las penas de prisión impuestas deben sumarse y, consecuentemente, se impone una en forma total.

Así las cosas, sostuvo que el tiempo que el recurrente permaneció en prisión preventiva -dos años y veintisiete días- debía descontarse de la pena total de diecisiete años de prisión impuesta y no, como lo pretendía el recurrente, de cada una de las cuatro penas impuestas por los diferentes delitos que cometió. Sostener lo contrario, de acuerdo con el Tribunal Colegiado, significaría partir de la base de que en el caso se impusieron cuatro penas de manera independiente y que las mismas deben compurgarse de forma simultánea, lo cual las tornaría completamente nugatorias al sólo compurgarse la pena de prisión más alta -dejando sin sanción los demás delitos cometidos-; además de que implicaría duplicar el tiempo de prisión preventiva en un caso no permitido.(21)

2. Amparo en revisión ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito

a) Antecedentes del caso

El 29 de marzo de 2004, un Juez de Distrito en Materia Penal dictó sentencia condenatoria en contra de FQA, al considerarlo penalmente responsable por la comisión de los delitos de delincuencia organizada; portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; y uso indebido de credenciales de corporaciones policiales. En consecuencia, frente a la actualización de un concurso real de delitos, le impuso al sentenciado una pena de diecisiete años de prisión, conformada a partir de la imposición de: I. diez años de prisión por el primero de los delitos; II. Cuatro y dos años de prisión, respectivamente, por los segundos delitos; y, III. Un año de prisión por el último delito. Inconforme con dicha determinación, el señor QA interpuso recurso de apelación; sin embargo, por sentencia de 7 de febrero de 2006, un Tribunal Unitario determinó confirmar la sentencia recurrida, resolución que quedó firme al haberse negado el amparo directo promovido en contra de ella.(22)

El 12 de agosto de 2009, el sentenciado promovió un incidente no especificado ante el Juez de la causa penal, con el objeto de solicitar que se le aplicaran de manera retroactiva las reformas a los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal que entraron en vigor el 26 de mayo de 2004, para el efecto de que considerara compurgada la prisión preventiva en cada una de las penas, sin importar que éstas hubiesen sido impuestas dentro de una misma causa penal. Sin embargo, mediante resolución de 13 de noviembre de 2009, el mencionado juzgador declaró infundado el incidente en cuestión, decisión que fue posteriormente confirmada en un recurso de apelación.

Así las cosas, el sentenciado promovió una demanda de amparo en contra de esta última resolución; sin embargo, el Tribunal Unitario que conoció de la misma dictó sentencia en el sentido de negar la protección constitucional al quejoso, argumentando que resultaban ineficaces los conceptos de violación expuestos al versar sobre cuestiones que quedaron firmes en las resoluciones de primera y segunda instancias, así como en las sentencias de amparo dictadas en el procedimiento de origen; pues en dichas resoluciones se resolvió sobre la imposición de la pena correspondiente y la forma en que se descontaría la prisión preventiva, sin que se hiciera consideración alguna en torno a que el tiempo de prisión preventiva sufrido por el quejoso debiera descontarse a cada una de las penas impuestas, a pesar de que cuando se resolvió el recurso de apelación las reformas en cuestión ya se encontraban vigentes.(23)

El quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la resolución a que hace referencia el párrafo anterior, el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito y registrado bajo el número de expediente **********. Al respecto, por sentencia de 23 de junio de 2011, dicho órgano jurisdiccional determinó revocar la sentencia recurrida y otorgar la protección constitucional al recurrente.

b) Consideraciones del Tribunal Colegiado

Para arribar a dicha conclusión, el Tribunal Colegiado señaló que era erróneo que el Tribunal Unitario hubiera señalado que la solicitud del quejoso versaba sobre una cuestión que ya había quedado firme, pues los órganos jurisdiccionales que conocieron del asunto natural no se pronunciaron sobre dicho tópico. Así, el Tribunal Colegiado procedió a analizar los conceptos de violación expuestos por el quejoso en el sentido de que debía descontarse la prisión preventiva a cada una de las penas impuestas, independientemente de que se tratara de una sola causa penal.

En este sentido, el Tribunal Colegiado señaló que resultaba fundado dicho concepto de violación, en tanto que de la interpretación sistemática del contenido del artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su redacción previa a la reforma de 18 de junio de 2008) y de los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal -aplicados de forma retroactiva-, se desprendía que a toda pena de prisión impuesta se le debía descontar el tiempo de la detención y que -en casos de concurso real de delitos- operará la simultaneidad tratándose de la prisión preventiva, mientras que tratándose de la imposición de las penas operará la sucesividad. Además, argumentó que la razón principal que justificó la reforma de los artículos citados consistió en reducir la población de internos en los centros de reclusión, mediante la sustitución de la pena privativa de libertad y la reducción de la duración de la prisión preventiva en otras causas seguidas en contra del propio inculpado.

Partiendo de lo anterior, y tomando en consideración lo expuesto por esta Primera Sala en la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2007,(24) el Tribunal Colegiado concluyó que sí era posible aplicar retroactivamente al quejoso las reformas a los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal que entraron en vigor el 26 de mayo de 2004 y, por ende, que se tuviera por compurgada la prisión preventiva de manera simultánea en cada una de las penas privativas de la libertad que le fueron impuestas, sin que fuera relevante el hecho de que al quejoso se le siguió un solo proceso en el que se le consideró responsable de varios delitos.(25)

VI. EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN

En primer término, es necesario precisar que la intervención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación -y en algunos supuestos de los Plenos de Circuito- en procedimientos de contradicción de tesis como el presente, se justifica por la necesidad de unificar criterios y, de esta forma, dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.(26) Por tanto, el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en algún tramo de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centren en una misma problemática y concluyan con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean contradictorias en términos lógicos.(27)

Al respecto, es importante señalar que -tal como sucede en el presente caso- para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales. Así, para estos efectos, debe entenderse por tesis el criterio adoptado por un órgano jurisdiccional terminal a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia.(28)

Así las cosas, esta Suprema Corte ha emitido diversos criterios a partir de los cuales ha establecido los requisitos para determinar la existencia de una determinada contradicción de tesis,(29) a saber:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se hayan visto en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque o contacto, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación desarrollada gire en torno a un mismo problema jurídico, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean exactamente iguales.(30)

3. Que las tesis o criterios de los órganos colegiados resulten contradictorios, lo que da lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquiera otra que, como aquélla, sea legalmente posible.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, esta Primera Sala considera que en el caso sí existe la contradicción de criterios denunciada, por las razones que se exponen a continuación:

1. Emisión de un criterio o tesis a partir de un ejercicio interpretativo

En primer lugar, del análisis de los criterios contendientes es posible desprender que los Tribunales Colegiados involucrados en el presente asunto realizaron un ejercicio interpretativo para resolver los casos sujetos a su jurisdicción y emitieron respectivas sentencias en las que plasmaron los argumentos que consideraron pertinentes para sostener su decisión, sin que se advierta que alguno de ellos se hubiese limitado a aplicar jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al respecto, no pasa desapercibido el hecho de que ambos Tribunales Colegiados hicieron referencia a precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para fundamentar su decisión;(31) sin embargo, como se verá más adelante, los precedentes en cuestión no resolvían la problemática planteada por los quejosos en sus respectivas demandas de amparo, lo que obligó a dichos órganos jurisdiccionales a exponer consideraciones propias para sostener su interpretación del artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución (en su redacción previa a la reforma de 18 de junio de 2008), así como de los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal.

2. Existencia de punto de toque o contacto

Por otra parte, de las constancias que obran en el presente expediente también se advierte que ambos Tribunales Colegiados resolvieron respectivos casos en los que se vieron obligados a abordar un mismo punto de estudio, en específico: determinar cómo debe descontarse el tiempo de prisión preventiva en aquellos casos en los que se decrete un concurso real de delitos dentro de una sola causa penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución (en su redacción previa a la reforma de 18 de junio de 2008) y en los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal.

3. Contradicción entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados

Finalmente, esta Primera Sala considera que las consideraciones expresadas por los Tribunales Colegiados involucrados para resolver el problema jurídico precisado en el apartado anterior, resultan abiertamente contradictorias. Lo anterior, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Séptimo Circuito sostuvo que de los citados preceptos legales se desprendía que en casos de concurso real de delitos, el tiempo de prisión preventiva debía descontarse de forma individual a cada una de las penas impuestas por los delitos de que se trate; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito interpretó dichas disposiciones en el sentido de que en estos casos, el tiempo de prisión preventiva debía descontarse al total que resulte de la suma de las penas impuestas. Así las cosas, resulta evidente que en el caso los Tribunales Colegiados involucrados emitieron criterios sobre un mismo punto de derecho y arribaron a conclusiones distintas, a partir de las cuales es posible formular una pregunta genuina sobre la forma de resolver una determinada cuestión jurídica.

En efecto, se considera que la problemática a resolver en el presente asunto consiste en determinar si el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Federal (en su redacción previa a la reforma de 18 de junio de 2008) y los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal, deben ser interpretados de tal forma que en aquellos casos en los que se ha decretado la existencia de un concurso real de delitos dentro de una sola causa penal, sea procedente descontar el tiempo de prisión preventiva de forma individual a cada una de las penas impuestas por los delitos de que se trate o si, por el contrario, el mismo debe descontarse al total que resulte de la suma de dichas penas.

VII. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por la presente sentencia. Al respecto, por cuestión de método, los razonamientos para sostener dicha determinación se estructurarán de la siguiente forma: 1. En primer lugar, se analizará el contenido del derecho fundamental a que se compute el tiempo de prisión preventiva para efectos del cumplimiento de la pena de prisión impuesta, conforme a lo establecido en los artículos 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su redacción previa a la reforma de 18 de junio de 2008) y 25 del Código Penal Federal; y, posteriormente; y, 2. Se estudiarán los alcances de dicho derecho en aquellos casos en los que concurran diversas penas de prisión sobre un mismo imputado, como consecuencia de la configuración de un concurso real de delitos dentro de un proceso penal.

1. Pena privativa de libertad y el derecho a que se compute la duración de la prisión preventiva

El título segundo (artículos 24 a 50 Bis) del Código Penal Federal regula las penas y medidas de seguridad que pueden ser impuestas por los juzgadores en el ámbito federal frente a la comisión de un determinado delito, mientras que el título tercero (artículos 51 a 76) del mismo ordenamiento dispone las reglas para la aplicación de dichas sanciones. Al respecto, como se desprende del artículo 24 del citado código, una de las principales sanciones que puede traer aparejada la comisión de un delito es la pena de prisión, la cual se encuentra a su vez regulada por el artículo 25 de dicho ordenamiento, cuya redacción vigente establece:

"Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva.

"La privación de libertad preventiva se computará para el cumplimiento de la pena impuesta así como de las que pudieran imponerse en otras causas, aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las penas se compurgarán en forma simultánea.

"El límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad hasta por 60 años contemplada en el presente artículo, no aplicará para los delitos que se sancionen con lo estipulado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya duración máxima será la que marque dicha ley."

De una simple lectura al artículo citado se desprende que la pena de prisión consiste en la privación de la libertad personal en los lugares que fijen las leyes o las autoridades ejecutoras, la cual no podrá durar más de sesenta años -salvo tratándose de los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro-. Además, el párrafo segundo dispone que el tiempo que el imputado permanezca en prisión preventiva deberá ser computado para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, así como de aquellas penas que pudieran haber sido impuestas en otras causas a pesar de que hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión, en cuyo caso la compurgación se realizará de forma "simultánea".

Es importante señalar, como lo advirtió esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 38/2006 y su posterior aclaración,(32) que la redacción actual del segundo párrafo del mencionado precepto fue resultado de una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2004, la cual -como se desprende del procedimiento legislativo- obedeció al problema de sobrepoblación en los centros de reclusión del país, por lo que el legislador dispuso el reemplazo de las penas de prisión por penas sustitutivas y el que se previera el tiempo de prisión preventiva en los delitos cometidos por hechos anteriores al ingreso a prisión. En este sentido, previo a la mencionada reforma, el artículo en cuestión disponía:

"Artículo 25. ...

"Las penas de prisión impuestas se compurgarán de manera sucesiva. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención." (Lo resaltado es propio)

Ahora bien, esta Primera Sala estima que la referida obligación de las autoridades jurisdiccionales de computar el tiempo de prisión preventiva para efectos del cumplimiento de la pena de prisión impuesta se traduce en un verdadero derecho fundamental de la persona inculpada,(33) el cual encuentra su fundamento en el artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su redacción previa a la reforma de 18 de junio de 2008),(34) el cual establece:

"Artículo 20. En todo proceso del orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"A. Del inculpado:

"...

"X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

"Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso."

"En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención." (Lo resaltado es propio)

Efectivamente, esta Primera Sala ya se ha pronunciado en el sentido de que la prisión preventiva es una medida cautelar y provisional que comprende el lapso efectivo de privación de la libertad desde la detención de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación;(35) la cual tiene como fin el preservar el desarrollo adecuado del proceso y asegurar la ejecución de la pena, además de evitar un grave e irreparable daño al ofendido y a la sociedad.(36)

En este sentido, en lo que se refiere al aludido derecho, este Alto Tribunal ha señalado que "para el cómputo de la prescripción de una sanción privativa de libertad, debe considerarse el tiempo que el reo estuvo recluido en prisión preventiva, en atención a que con su ejecución se afecta de manera inmediata y directa el derecho sustantivo de la libertad, y toda vez que aquélla puede convertirse en parte de la pena, como lo reconoce el artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención, con lo que la mencionada prisión preventiva pierde su carácter de provisional, pues se estima como idéntica a la prisión impuesta como pena o sanción, esto es, como si se hubiera compurgado parte de la sentencia condenatoria".(37)

Además, es importante destacar que esta Primera Sala ha establecido que corresponde a la autoridad judicial -y no administrativa- determinar el tiempo que un inculpado ha estado recluido en prisión preventiva y realizar el cómputo correspondiente para su descuento a la pena de prisión impuesta,(38) pues resulta evidente que dicho ejercicio requiere un análisis especializado que no es propio de realizarse por una autoridad administrativa que no tiene obligación de ser perito en derecho.(39)

Así las cosas, puede decirse a manera de conclusión preliminar que de los artículos 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su redacción previa a la reforma de 18 de junio de 2008)(40) y 25, segundo párrafo, del Código Penal Federal, se desprende que todo imputado cuenta con el derecho a que las autoridades jurisdiccionales descuenten de la pena de prisión impuesta dentro de un determinado proceso penal, el tiempo que aquél permaneció privado de su libertad como consecuencia de la prisión preventiva. Lo anterior se justifica, según lo ha sostenido esta Suprema Corte, pues resulta claro que, de no tomarse en cuenta el tiempo de prisión preventiva al momento de la ejecución de la pena, se estaría privando de la libertad al sentenciado por más tiempo del que en realidad le correspondería.(41)

2. Cómputo de la prisión preventiva frente a un concurso real de delitos decretado dentro de un proceso penal

Ahora bien, teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, la cuestión a resolver en la presente contradicción de tesis consiste en determinar la forma en que debe realizarse el referido descuento del tiempo de prisión preventiva en aquellos casos en los que concurran diversas penas de prisión sobre un mismo imputado como consecuencia de la configuración de un concurso real de delitos dentro de un proceso penal. Al respecto, como se señaló en el apartado correspondiente, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a conclusiones abiertamente contradictorias al pronunciarse sobre dicha problemática, pues mientras uno de ellos sostuvo que el tiempo de prisión preventiva debía descontarse de forma individual a cada una de las penas de prisión impuestas por los delitos de que se trate, el otro señaló que dicho descuento debía realizarse al total que resulte de la suma de dichas penas de prisión.

En primer lugar, es importante recordar que tradicionalmente el concurso de delitos se ha estructurado para su estudio en "concurso ideal" y "concurso real". El primero de ellos se presenta cuando una sola acción infringe varias disposiciones legales o varias veces la misma disposición, mientras que el segundo se refiere al supuesto en el que concurren varias acciones o hechos y cada uno es constitutivo de un delito autónomo.(42) Al respecto, en lo que se refiere al ámbito Federal, el co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26919-a716c4fe/prision-preventiva-cuando-se-decrete-un-concurso-real · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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