MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA PENAL. CONFORME AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTROS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, LOS ARTÍCULOS 153 A 171 Y 176 A 182 DE DICHO CÓDIGO, QUE REGULAN LO RELATIVO A LA IMPOSICIÓN Y SUPERVISIÓN DE AQUÉLLAS, PUEDEN APLICARSE AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL TRADICIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 320/2016. 6 DE OCTUBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ÉDGAR BRUNO CASTREZANA MORO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: JUAN ANTONIO ACA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Análisis de los conceptos de violación.
Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
Es pertinente destacar que el proceso penal de donde deriva el acto reclamado se ha tramitado bajo las normas del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, con motivo de los hechos acontecidos en marzo del año dos mil siete.
Como quedó precisado, el acto reclamado consiste en una orden de reaprehensión dictada con motivo de la resolución (auto de doce de enero de dos mil dieciséis) de segunda instancia que ordena la reposición del procedimiento, porque el delito que se atribuye al inconforme es considerado grave -violación, prevista y sancionada en el artículo 127, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Quintana Roo-,(28) y debe encontrarse en ese estadio procesal en prisión preventiva.
Sin embargo, al momento de dictarse la orden de reaprehensión por el Juez de primera instancia, se tiene presente el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, el cual debe ser aplicado en beneficio del indiciado con miras a proteger el derecho humano de la libertad personal, como es que pueda gozar del derecho de una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, dado que ha rebasado el tiempo máximo de dos años de prisión preventiva que prevé la Constitución en su artículo 20, apartado B, fracción IX,(29) en relación con el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(30) como se expondrá.
I. Estudio preliminar de la prisión preventiva.
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En principio, debe decirse que la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene su fundamento en los artículos 18, primer párrafo y 20, apartado A, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(31)
De los citados preceptos, se desprende que la Constitución Federal permite restringir el derecho de libertad del gobernado, al disponer la prisión preventiva como una medida para asegurar que todo procesado por delito o delitos que merecen pena corporal, enfrente el proceso que se le sigue, para conservar la materia de la litis, y/o para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de dicho proceso.
Así, la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal, la cual tiene como principal finalidad:
a) Asegurar la presencia del imputado en el juicio y en los demás actos que se requiera su presencia.
b) Garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, testigos de los hechos y de la comunidad en general; y,
c) Evitar la obstaculización del procedimiento o el desarrollo de la investigación.
En ese orden de ideas, debe decirse que en el ámbito internacional, en sentido amplio, se ha dicho que la justificación para la prisión preventiva está, entre otras cosas, en el peligro de fuga, en el entorpecimiento del proceso y en evitar la reiteración delictiva.
En nuestro país, dicha justificación se encuentra en la preservación del desarrollo adecuado del proceso, en el aseguramiento de la ejecución de la pena y en evitar daños a las víctimas y a la sociedad.
De tal suerte que, la libertad de una persona, a título de prisión preventiva, puede restringirse cuando se le investigue o procese por un delito considerado como grave, o bien, cuando ante el Juez penal quede demostrado que existe peligro de sustracción del inculpado a la acción de la justicia, peligro de obstaculización del desarrollo del proceso y/o riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la sociedad, siempre y cuando se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad.
2. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por otra parte, la prisión preventiva no es una medida indefinida ni permanente, pues si bien la Constitución, antes de la reformas de dos mil ocho, no establecía límites para su duración, lo cierto es que ésta no puede ser mayor a la que la ley impone como pena, pues de lo contrario tendría efectos de sanción.
Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 27/2012, correspondiente a la sesión pública de veintiocho de marzo de dos mil doce, realizó diversas precisiones en relación con la razonabilidad de la duración de la prisión preventiva como medida cautelar y provisional, para todo procesado por delito o delitos que merecen pena corporal.
En efecto, el Alto Tribunal señaló que la duración de dicha medida, en términos del artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo segundo, constitucional,(32) no puede ser mayor a la que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso; asimismo, que en el ámbito internacional, en sentido amplio, se ha dicho que la justificación para la prisión preventiva está, entre otras cosas, en el peligro de fuga, en el entorpecimiento del proceso y en evitar la reiteración delictiva.
Precisó la Corte, que en nuestro país, la justificación de la prisión preventiva se encuentra en la preservación del desarrollo adecuado del proceso, en el aseguramiento de la ejecución de la pena y en evitar los daños al ofendido y a la sociedad.(33)
De tal suerte que la libertad de una persona, a título de prisión preventiva,(34) puede restringirse en forma apegada al principio de supremacía constitucional, cuando perpetrado un delito sancionado con pena privativa de la libertad, existe riesgo de que la persona a la que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia; hay posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse una reiteración delictiva; deba asegurarse la posible ejecución de la pena; o cuando sea factible que se provoquen daños al ofendido y a la sociedad.
No obstante, precisó el Alto Tribunal, que la propia Carta Fundamental,(35) para salvaguardar los principios y valores del Estado Mexicano, dispone a favor de todo gobernado la prerrogativa de que pueda permanecer en libertad mientras se le sigue proceso.
Lo anterior, ya que el principio de presunción de inocencia otorga a favor del inculpado la prerrogativa de llevar en libertad su proceso cuando no se actualizan determinadas hipótesis; sin embargo, para permitir el desarrollo del proceso, en ciertos casos, se vuelve necesario restringir cautelarmente la libertad del imputado.
En ese sentido, se precisó que los alcances de la presunción de inocencia durante el proceso son:
i. Al ejercer el Ministerio Público la acción penal contra una persona, la presunción continúa favoreciéndola durante todo el proceso, a pesar de que se dicte en su contra auto de formal prisión, aun si se acumulan pruebas contundentes de la comisión del delito y de la responsabilidad del acusado.
ii. La persona puesta en libertad, ya sea por falta de méritos o bajo caución, debe continuar en libertad, aun cuando se hubiese interpuesto apelación contra la decisión judicial correspondiente.
iii. La persona acusada no está obligada a probar que es inocente, sino que es a la parte acusadora a quien incumbe la carga de la prueba de los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado.
iv. En caso de duda, ésta beneficia al acusado, al tenor del principio que expresa el adagio "in dubio pro reo".
Por otra parte, la Primera Sala de Justicia de la Nación analizó la razonabilidad de la prisión preventiva en los siguientes términos:
• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(36) -salvo lo dispuesto en relación con la libertad provisional bajo caución-, no prevé expresamente que pueda analizarse la restricción de la libertad del procesado realizada con motivo del dictado del auto de formal prisión; sin embargo, eso no significa que no sea posible constatar si se violentan en su perjuicio los principios de "presunción de inocencia", "debido proceso legal" y "plazo razonable", emanados de la Ley Suprema de la Unión; en atención a dichos principios, es factible examinar, pasado un plazo razonable y al no existir todavía una decisión firme respecto de la culpabilidad del inculpado, si la mencionada restricción a su libertad debe tutelarse desde otra perspectiva, en aras de favorecerlo en la protección más amplia (principio pro personae); desde luego, debe interpretarse lo anterior de acuerdo con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.
• De conformidad con la Constitución, la prisión preventiva no puede prolongarse por más tiempo del que como límite establece la ley para el delito que motiva el proceso.
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 2/97, hizo un señalamiento expreso en el sentido de que la situación jurídica de la persona que se encuentra en prisión preventiva es muy imprecisa, porque existe una sospecha en su contra, sin que esté demostrada su culpabilidad. Estableció que el derecho al levantamiento de la prisión preventiva, luego de transcurrido un cierto tiempo, se encontraba garantizado por el artículo 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(37) adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
• De igual manera, señaló la Corte Interamericana, que el derecho a la presunción de inocencia requiere que la duración de la prisión preventiva no exceda el plazo razonable mencionado en el artículo 7, numeral 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(38)
• De lo contrario -explicó-, dicha prisión adquiere el carácter de una pena anticipada y constituye una violación del artículo 8, numeral 2, de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Al revisar la Corte Interamericana su propia jurisprudencia y la de los órganos internacionales de derechos humanos, llegó a la conclusión de que las razones legítimas que permiten justificar la prisión preventiva de una persona durante un plazo prolongado son:
• La sospecha de que el acusado cometió un delito. Aunque sostuvo que esto únicamente resulta insuficiente para justificar la continuación de la privación de la libertad.
• El peligro de fuga. En cuanto a ese tópico, ponderó la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena. Expuso que dichos factores deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse y eludir la acción de la justicia. Aseveró que las citadas variables, por sí solas, no resultan suficientes para justificar la continuación de la prisión preventiva, luego de haber transcurrido un lapso prudente, toda vez que, a medida que aumentara la duración de la detención, el tiempo debía ser computado para efectos del cumplimiento de la pena aplicada en la sentencia. De igual manera, indicó que deben tomarse en cuenta los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que la mantendrían en el país; sin soslayar la posibilidad de fijar fianza suficiente en el sentido de que la perspectiva de perderla pudiera ser un elemento disuasivo suficiente para evitar que el procesado se fugara o eludiera la acción de la justicia.
• Riesgo de comisión de nuevos delitos. Al evaluar el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos, en relación con el detenido, reiteró que debía tenerse en cuenta la gravedad del delito. Pero para justificar la prisión preventiva, el peligro de nueva comisión tenía que ser real, para tal efecto, resultaba especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado anteriormente fue condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad.
• Necesidad de investigar y posibilidad de colusión. Plasmó que la complejidad de un caso podía justificar la prisión preventiva; especialmente cuando se trata de un asunto que requiere de interrogatorios difíciles de llevar a cabo, y donde el acusado intervenga para impedir, demorar o conspirar con otros que estuvieran siendo investigados en el curso normal del proceso judicial. Pero, una vez concluida la investigación, esa necesidad, por sí sola, tampoco podía justificar la continuación de la medida restrictiva. La necesidad de investigación -enfatizó- debía fundarse en un peligro efectivo de que el proceso de investigación sería impedido por la liberación del acusado.
• Riesgo de presión sobre los testigos. El riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos sean amenazados constituye un fundamento válido para dictar la medida precautoria de la prisión preventiva al inicio de la investigación. Empero, cuando la investigación prosigue y dichas personas ya han sido interrogadas suficientemente, el peligro disminuye y deja de ser válida la justificación para mantener la prisión preventiva. Las autoridades judiciales deben demostrar igualmente que existen fundados motivos para temer la intimidación de los testigos o sospechosos por parte del procesado.
• Preservación del orden público. En circunstancias excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto periodo. La liberación del acusado puede ocasionar disturbios del orden público; pero para que constituya una justificación legítima, dicha amenaza debe seguir siendo efectiva mientras dure la medida de restricción de la libertad del procesado. En todos los casos en que se invoque la preservación del orden público para mantener a una persona en prisión preventiva, el Estado tiene la obligación de probar en forma objetiva y concluyente que tal medida se justifica exclusivamente con base en esa causal.
• Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento. Sostuvo que aun en los casos en que se consideraran suficientes las razones expuestas por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la prisión preventiva, se debía justipreciar si tales autoridades habían empleado la debida diligencia al sustanciar el procedimiento, a fin de que tal medida no se vuelva irrazonable.
• En México, el plazo razonable no se basaría en una sospecha de que el imputado perpetró un ilícito, sino en la probable responsabilidad de la persona en su comisión; para hacer la ponderación del plazo razonable, se tendrían que tomar en cuenta la subsistencia de los datos que hacen probable la responsabilidad del procesado y que llevaron al dictado de la prisión preventiva.
• Por consiguiente, la ecuación para el plazo razonable queda conformada de la siguiente manera: Plazo razonable = f(39) (probabilidad de que el acusado cometió un delito merecedor de pena carcelaria; peligro de fuga o evasión de la acción de la justicia; riesgo de comisión de nuevos delitos; necesidad de investigar y posibilidad de colusión; viabilidad de presión sobre los testigos; preservación del orden público; ponderación de la debida diligencia en la sustanciación del procedimiento; motivos expuestos por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la prisión preventiva; lapso constitucional de duración del juicio; ejercicio efectivo del derecho de defensa; y, eventualidad apoyada en datos de riesgo para el ofendido o la sociedad).
Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis aislada 1a. CXXXVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:(40)
"PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE DURAR UN PLAZO RAZONABLE.-El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981, prevé en su artículo 9o., numerales 1, 3 y 4, respectivamente, que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin que pueda ser sometido a detención o prisión arbitrarias, esto es, no podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta; que toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad; que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, y que éstas tendrán derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que decida, a la brevedad posible, sobre la legalidad de su prisión. De lo anterior y de una interpretación al principio pro personae al derecho nacional en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que la prisión preventiva debe durar un plazo razonable."
Asimismo, resulta ilustrativa la tesis aislada 1a. CXXXVII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro y texto siguientes:(41)
"PRISIÓN PREVENTIVA. FORMA DE PONDERAR EL PLAZO RAZONABLE DE SU DURACIÓN.-Conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso. Ahora bien, una interpretación basada en el principio pro personae, con fundamento en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, permite definir la forma en que debe ponderarse si ha transcurrido un plazo razonable en la duración de la prisión preventiva, en atención a los factores siguientes: 1. Probabilidad de que el acusado cometió un delito merecedor de pena carcelaria, en donde el juzgador podría estimar que la medida cautelar provisional decretada ya no es imperiosa, lo que no prejuzga lo resuelto en el auto de formal prisión; 2. Peligro de fuga o evasión de la acción de la justicia, donde deben tenerse en cuenta la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena, elementos que por sí solos son insuficientes para concluir que no ha transcurrido un plazo razonable de duración de la prisión preventiva; 3. Riesgo de comisión de nuevos delitos, en donde el peligro debe ser real; 4. Necesidad de investigar y posibilidad de colusión, circunstancias que deben evaluarse en asuntos donde el acusado puede impedir el curso normal del proceso judicial, dicha necesidad debe fundarse en un peligro efectivo; 5. Viabilidad de presión sobre los testigos, caso en que debe examinarse si existe un riesgo legítimo para éstos u otras personas; 6. Preservación del orden público, en donde por circunstancias excepcionales, la gravedad especial de un hecho delictivo y la reacción del público ante el mismo, pueden justificar la aplicación de la medida cautelar por cierto periodo; 7. Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento, donde debe justipreciarse si las autoridades la han empleado; 8. Motivos expuestos por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la medida, donde la información se analiza caso por caso para determinar la relevancia y suficiencia de las justificativas para la prisión preventiva; 9. Lapso constitucional de duración del juicio, donde debe constatarse si han transcurrido 4 meses en caso de delitos cuya pena máxima no excede de 2 años de prisión o 1 año si la pena excede de ese tiempo; 10. Ejercicio efectivo del derecho de defensa, el cual no debe ser un pretexto para que la autoridad alargue el proceso de manera injustificada; y 11. Eventualidad apoyada en datos de riesgo para el ofendido o la sociedad, donde el riesgo debe justipreciarse con elementos de convicción aportados por la Representación Social. Así, los Jueces, fundándose en una prudente apreciación, deben evaluar en forma proporcional y razonada en cada caso dichos factores, a efecto de determinar si ha transcurrido un plazo razonable de permanencia del procesado sujeto a prisión preventiva."
Cabe señalar que el derecho a gozar de la libertad provisional bajo caución deriva de la propia prisión preventiva, de hecho, no la elimina por completo al imponerle una serie de obligaciones o garantías que de hecho contienen restricciones a la libertad.
3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por otra parte, frente a la grave situación de las personas privadas de libertad en las Américas, y a la existencia de normas internacionales vinculantes, que son muy claras en reconocer el derecho a la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la detención preventiva, el treinta de diciembre de dos mil trece, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la publicación de su Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas.
En el mismo, se hace un análisis de la situación general del uso de la prisión preventiva en la región; identifica desafíos comunes; presenta, tanto información oficial aportada por los Estados, como información generada por otros actores involucrados y reafirma los principales estándares internacionales en la materia.
Asimismo, reitera que la detención preventiva debe utilizarse de manera excepcional, y sólo con el objetivo de proteger los fines del proceso previniendo el riesgo de fuga o de entorpecimiento de las investigaciones; además, de acuerdo con criterios de necesidad, proporcionalidad y durante un plazo razonable.
En el referido informe, quedaron plasmados los estándares internacionales relativos a la aplicación de la prisión preventiva, conforme a lo siguiente:
A. El derecho a la presunción de inocencia y el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva.
La presunción de inocencia es la que ha llevado al derecho penal moderno a imponer como regla general, que toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad y que es sólo por vía de excepción que se puede privar al procesado de la libertad (principio de excepcionalidad).
Del principio de presunción de inocencia se deriva también, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva".(42)
Así, el respeto al derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los requisitos válidos de procedencia de la prisión preventiva.
En ese sentido, debe decirse que el principio de presunción de inocencia se viola cuando la prisión preventiva se impone arbitrariamente; cuando su aplicación está determinada esencialmente, por ejemplo, por el tipo de delito, la expectativa de la pena o la mera existencia de indicios razonables que vinculen al acusado; o bien, rebase el término máximo de prisión preventiva establecido por la Constitución o la ley.
Así pues, en atención a la propia naturaleza de la prisión preventiva como la medida más grave que se puede imponer a un acusado, la Corte Interamericana, ha establecido, consistentemente, desde hace una década que: "su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática".(43)
En términos prácticos, el principio de excepcionalidad implica que sólo procederá la prisión preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso, porque se pueda demostrar que otras medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines. Por eso, siempre se debe procurar su sustitución por una de menor gravedad cuando las circunstancias así lo permitan.
B. Condiciones para su aplicación.
B.1 Fundamentos legítimos o causales de procedencia.
Este criterio, según el cual la prisión preventiva sólo debe emplearse con fines procesales para cautelar los efectos del proceso, ha sido posteriormente reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los siguientes términos:
"Aun verificado este extremo (indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la participación del imputado en el ilícito que se investiga), la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo -generales o preventivo- especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia."(44)
"Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva."(45)
En sentido concordante, la Comisión Interamericana entiende que la norma contenida en el artículo 7, numeral 5, de la Convención,(46) prevé como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva, los riesgos de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial.
B.2 Criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
Además de aplicarse en casos en los que hayan indicios razonables que vinculen al acusado con el hecho investigado y que exista un fin legítimo que la justifique, el uso de la prisión preventiva debe estar limitado por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad vigentes en una sociedad democrática.
- Necesidad.
De acuerdo con el criterio de necesidad, la prisión preventiva, al igual que el resto de las medidas cautelares, se deberá imponer en tanto sea indispensable para los objetivos propuestos. Es decir, que sólo procederá cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso, tras demostrarse que otras medidas cautelares menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines.
Por eso, siempre se debe procurar su sustitución por una medida cautelar de menor gravedad, cuando las circunstancias así lo permitan. En este sentido, pesa sobre el órgano a disposición del cual se encuentra el detenido la obligación de disponer de su libertad, aun de oficio, cuando hayan cesado los motivos que originariamente la habían sustentado. Pues, en atención a su naturaleza cautelar, la misma sólo puede estar vigente durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto.
- Proporcionalidad.
Para la imposición de la prisión preventiva, es de esencial importancia tener en cuenta el criterio de proporcionalidad, lo que quiere decir que debe analizarse si el objetivo que se persigue con la aplicación de esta medida restrictiva del derecho a la libertad personal, realmente compensa los sacrificios que la misma comporta para los titulares del derecho y la sociedad.
Cuando los tribunales recurren a la detención preventiva sin considerar la aplicación de otras medidas cautelares menos gravosas, en atención a la naturaleza de los hechos que se investigan, la prisión preventiva deviene desproporcionada.
- Razonabilidad.
En cuanto al criterio de razonabilidad, la Corte Interamericana ha establecido que el artículo 7, numeral 5, de la Convención Americana "impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar".
Así, como ya se vio, el mantener privada de la libertad a una persona más allá de un periodo de tiempo razonable, equivaldría en los hechos, a una pena anticipada. No obstante, aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 7, numeral 5 garantiza que aquélla sea liberada si el periodo de la detención ha excedido el límite de lo razonable.
B.3 Autoridad competente, proceso decisorio, motivación e indicios.
- Autoridad competente.
La Comisión entiende que el sentido del artículo 7, numeral 5, de la Convención es el de establecer que la misma sea necesariamente una autoridad judicial.
- Proceso decisorio.
Los Jueces deben expedir los autos que decretan la prisión preventiva, luego de un análisis sustantivo, no simplemente formal, de cada caso.
El acusado deberá tener la posibilidad de estar presente en los procedimientos en los que se decida la aplicación de la prisión preventiva, bajo determinadas condiciones; este requisito se podrá satisfacer mediante el uso de sistemas de video adecuados, siempre y cuando se garantice el derecho de defensa.
Todo acusado tiene derecho a ser escuchado por el Juez y argüir personalmente contra su detención; la detención preventiva no debería decidirse solamente con vista al expediente del caso.
Asimismo, la resolución por medio de la cual se impone esta medida "debe ser realmente dictada por el Juez, luego de escuchar en persona al detenido, no por secretarios de juzgado".(47)
- Motivación e indicios suficientes.
Es un principio fundamental, largamente establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que "las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas pues, de lo contrario, serían decisiones arbitrarias".(48)
Así, en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, la Corte Interamericana estableció específicamente que toda decisión por medio de la cual se restrinja el derecho a la libertad personal por medio de la aplicación de la prisión preventiva, deberá contener una motivación suficiente que permita evaluar si tal detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación (indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27105-afb29ada/medidas-cautelares-en-materia-penal-conforme-al-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA POR "DELITOS COMETIDOS CON MEDIOS VIOLENTOS COMO ARMAS Y EXPLOSIVOS". ES UNA HIPÓTESIS CONSTITUCIONAL QUE REQUIERE SER DESARROLLADA POR EL LEGISLADOR, P (AMPARO EN REVISIÓN)
- PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSIT (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR CON BASE EN APRECIACIONES SUBJETIVAS DEL JUEZ DE CONTROL ES ILEGAL. (AMPARO EN REVISIÓN)
- PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE ORDENAR SU CESE Y LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA, CUANDO SU DURACIÓN HA EXCEDIDO EL PLAZO DE DOS AÑOS, SIN QUE ELLO DERIVE DEL EJERCICIO (II.3o.P.54 P (10a.))
- PRISIÓN PREVENTIVA. DIFERENCIAS ENTRE SU JUSTIFICACIÓN INICIAL Y LA AUTORIZACIÓN DE SEGUIR EL PROCESO EN LIBERTAD POR LA IRRAZONABILIDAD DEL TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL JUICIO SIN QU (1a. XXXIX/2017 (10a.))
- PRISIÓN PREVENTIVA. LA PENA MÁXIMA COMO ÚNICA RAZÓN PARA JUSTIFICAR SU IMPOSICIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR, VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE (VI.2o.P. J/2 (10a.))
- PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO, ÉSTE (II.1o.33 P (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis