PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AUNQUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HAYA RESUELTO UN ASUNTO SOBRE EL MISMO TEMA, SI AÚN NO SE HA INTEGRADO JURISPRUDENCIA.
PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 393/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 1 DE FEBRERO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS RESPECTO DEL FONDO. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: HORACIO NICOLÁS RUIZ PALMA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. -Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, se reformó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.
Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.
Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado formal ni materialmente el Pleno del Sexto Circuito.
La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulta innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esta naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.
En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Sexto Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma-; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Legitimación. Como ya se adelantó, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues se formuló por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, órgano jurisdiccional que al resolver los amparos directos ********** y ********** sustentó uno de los criterios contendientes.
TERCERO. Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número **********, sostuvo, en esencia, que el lapso de la prisión preventiva debe computarse a partir del momento en que la autoridad, sea ministerial o judicial, decretó la detención del quejoso hasta que la sentencia definitiva cause ejecutoria, momento a partir del cual se empezará a compurgar la pena impuesta.
Los antecedentes relevantes del asunto son los siguientes:
1. El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Única Investigadora, Puebla, ejerció acción penal en contra de ********** y **********, ambos de apellidos ********** y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en los artículos 81, primer párrafo, en relación con el 9, fracción I y 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, relacionados con los numerales 6, 7, fracción I, 8 y 9, párrafo primero, del Código Penal Federal.
2. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Puebla dictó sentencia condenatoria el diecinueve de julio de dos mil diez.
3. Los sentenciados apelaron esa resolución, y el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito confirmó el fallo.
4. Los apelantes promovieron amparo directo, y en los conceptos de violación, entre otras cuestiones, alegaron que el tribunal de apelación de manera errónea consideró que la prisión preventiva finaliza con el dictado de la sentencia de primera instancia; al respecto, el Tribunal Colegiado determinó, en lo que al caso concierne, lo siguiente:
"Por otra parte, los quejosos alegan que el ad quem indebidamente consideró que la prisión preventiva finaliza con el dictado de la sentencia de primera instancia; sin embargo, el término ‘prisión preventiva’ no se encuentra definido en la Constitución ni en la ley secundaria, por lo que es necesario que esta autoridad se pronuncie sobre la interpretación del término ‘prisión preventiva’ a fin de que se aplique correctamente la temporalidad que en todo juicio de orden penal deba considerarse como tal, tomando en cuenta que tal precisión resulta necesaria para la correcta aplicación de lo que prevé el segundo párrafo del artículo 25 del Código Penal Federal, relativo a la compurgación simultánea de las penas, considerando la prisión preventiva. En atención a lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito considera lo siguiente: El artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto anterior a la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho), a la letra dice: ‘Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: ... X. ... En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.’. Con la anterior disposición, se reconoce indirectamente la prisión preventiva y la prisión punitiva, las cuales son esencialmente idénticas, ya que más allá de cualquier tecnicismo procesal o ejecutivo, ambas traen aparejada la pérdida de la libertad del individuo, según se ha interpretado en el siguiente criterio: tesis aislada sin número, emitida por el otrora Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 454, Tomo III del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del tenor siguiente: ‘PRISIÓN PREVENTIVA. Aun cuando técnicamente no es una pena corporal, está equiparada a ella y produce su principal efecto, que es la privación de la libertad.’. En consecuencia, al ser la prisión preventiva parte del sistema penitenciario, es claro que de no tomarse en cuenta al momento de la ejecución de la misma, se estaría privando de la libertad a una persona por más tiempo del que en realidad se le sentenció. Ahora bien, la detención a que se refiere el artículo 20, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como medida precautoria, que consiste en coartar la libertad a los inculpados por delitos que merecen penas privativas de libertad, de manera temporal, y que tiene por objeto mantenerlos ahí sin riesgo de que se sustraigan de la acción de la justicia o que entorpezcan los fines del proceso penal, puede presentarse en diversos momentos que, a saber, son: a) La efectuada por la autoridad administrativa, agente del Ministerio Público, quien de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 16, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede decretar la detención de un indiciado en caso de flagrancia del delito o notoria urgencia. b) La efectuada por la autoridad judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 16, sexto párrafo, constitucional; y la prevista en los párrafos primero y segundo del artículo 19 de la Constitución Federal, cuando se pone a disposición de la autoridad judicial al indiciado, en los casos de flagrancia, urgencia o en virtud de una orden de aprehensión. c) La que se determina con el dictado del auto de formal prisión, y que podrá prolongarse durante todo el proceso. Ahora bien, una vez conocido el momento en que puede iniciar el cómputo de la detención a que se refiere el artículo 20, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es importante determinar el momento en que termina la detención preventiva e inicia el cómputo de la pena de prisión impuesta al sentenciado. Así, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que para determinar el momento en que termina la prisión preventiva e inicia la prisión punitiva, debe atenderse a las etapas del procedimiento y, específicamente, a la etapa de ejecución de la sentencia, y ésta inicia desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia, de acuerdo con lo que establece el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Penales, cuyo texto es del tenor siguiente: ‘Artículo 1o. El presente código comprende los siguientes procedimientos: ... VI. El de ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas ...’. Y conforme lo preceptúa el diverso artículo 360 del referido código, son irrevocables y causan ejecutoria: ‘I. las sentencias pronunciadas en primera instancia cuando se hayan consentido expresamente o cuando, concluido el término que la ley señala para interponer algún recurso, no se haya interpuesto; y II. Las sentencias contra las cuales no dé la ley recurso alguno.’. Así, el tiempo de la detención a que se refiere la fracción X, párrafo tercero, del artículo 20 constitucional (texto anterior a las reformas publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho), cuenta, en este caso, a partir del momento en que la autoridad, sea ministerial o judicial, decretó la detención del quejoso, hasta la fecha en que la sentencia definitiva cause ejecutoria, momento a partir del cual se empezará a compurgar la pena impuesta, lo anterior con apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia 139, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 164/2005-PS, visible a página 155, Tomo XXVI, noviembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: ‘PRISIÓN PREVENTIVA. TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS DICTADAS EN DIVERSOS PROCESOS, DERIVADOS DE LOS MISMOS HECHOS, A COMPURGARSE EN FORMA SUCESIVA, PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO RELATIVO, EL TIEMPO DE AQUÉLLA SÓLO DEBE TOMARSE EN CUENTA RESPECTO DE LA PRIMERA SENTENCIA EJECUTADA. El artículo 18, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las características básicas del sistema penitenciario, cuyo propósito es lograr la readaptación social del delincuente, para lo cual fija como elementos básicos del sistema readaptador, el trabajo y la educación. Ahora bien, de la interpretación armónica de dichos párrafos se advierte que la prisión preventiva forma parte del sistema penitenciario y, por tanto, también debe regirse por los criterios de readaptación social; además de que el artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, constitucional, señala que en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención, con lo que se reconoce indirectamente que la prisión preventiva y la punitiva son esencialmente idénticas, pues ambas implican la pérdida de la libertad del individuo. En congruencia con lo anterior, se concluye que tratándose de sentencias dictadas en diversos procesos, derivados de los mismos hechos, a compurgarse en forma sucesiva, si bien debe tomarse en cuenta el tiempo de la detención para efectos del cómputo de la compurgación de la pena, ello debe hacerse sólo respecto de la primera sentencia ejecutada, pues de otra manera dicho cómputo sería indebido, al darle un valor temporal mayor a la prisión preventiva.’. Así como la tesis aislada 5365, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que se comparte, visible a página 2761, Tomo II, Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, que dice: ‘PRISIÓN PREVENTIVA, DEBE PROLONGARSE HASTA QUE LA SENTENCIA CONDENATORIA CAUSE EJECUTORIA. La autoridad administrativa, director del reclusorio preventivo, no está facultada para que de manera unilateral, disponga el traslado de un inculpado a un centro diverso al de prisión preventiva, cuando está pendiente de resolverse el recurso de apelación hecho valer, dado que la sentencia condenatoria aún no ha causado ejecutoria, por lo que el encausado conserva el derecho de permanecer en el lugar de reclusión, pese a que sea considerado con un alto índice de peligrosidad por el consejo interdisciplinario de dicha institución, toda vez que el derecho penitenciario encuentra su límite y razón de ser en la Constitución General de la República y ninguna autoridad administrativa puede ir más allá de lo que establece el artículo 18 de este ordenamiento jurídico.’. Y, en lo conducente, la tesis aislada I.6o.P.110 P, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada a página 1810, Tomo XXVIII, julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: ‘PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. AL DELIMITAR LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL EL SENTENCIADO DEBERÁ COMPURGAR DE MANERA SUCESIVA LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA, LA AUTORIDAD EJECUTORA DEBE DEDUCIR LOS DÍAS QUE DICHO INCULPADO ESTUVO PRIVADO DE SU LIBERTAD EN PRISIÓN PREVENTIVA, AUN CUANDO EN ESE LAPSO SE ENCUENTRE COMPURGANDO LA PRISIÓN FIJADA EN UNA DIVERSA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Es ilegal que, al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el director ejecutivo de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, como autoridad ejecutora en el juicio de garantías, determine que la pena de prisión impuesta al sentenciado se compurgará de manera sucesiva en términos del párrafo tercero del artículo 33 del Código Penal para el Distrito Federal, una vez que dicho inculpado compurgue la pena de prisión impuesta en una diversa causa penal, en la cual los hechos no son conexos, similares o derivados unos de otros, sin deducir previamente el tiempo de prisión preventiva que el quejoso estuvo privado de su libertad con motivo de la causa penal de la que derivó el juicio de garantías, toda vez que el párrafo segundo del mencionado precepto dispone que en toda pena de prisión impuesta debe computarse la prisión preventiva; en ese sentido y tomando en consideración que por prisión preventiva debe entenderse el lapso en el que el reo se encuentra recluido con motivo de los hechos ilícitos que se le atribuyen, y comprende desde el momento de su detención hasta que causa ejecutoria la sentencia que llegare a pronunciarse en su contra, resulta inconcuso que la autoridad ejecutora, al delimitar la fecha a partir de la cual el quejoso compurgará la pena de prisión impuesta, debe deducir los días que el quejoso estuvo privado de su libertad en prisión preventiva, aun cuando en este lapso se encuentre compurgando la pena de prisión fijada en aquella diversa causa penal, pues su libertad deambulatoria también se encuentra restringida en razón de los hechos por los cuales se le juzga.’. En ese contexto, en el caso a estudio, los quejosos fueron detenidos en flagrancia de delito por los elementos de la policía, y decretada su detención por la autoridad ministerial el veinte de octubre de dos mil nueve (foja 271, tomo I); mientras que el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito resolvió el recurso de apelación interpuesto contra de la sentencia de primera instancia, el siete de octubre de dos mil diez, en el toca penal **********, confirmando la sentencia de primera instancia; por tanto, la autoridad responsable debió considerar que los quejosos permanecieron en prisión preventiva del veinte de octubre de dos mil nueve, en que se decretó la detención de los quejosos, al siete de octubre de dos mil diez, en que se resolvió el recurso de apelación, tiempo que deberá restarse a la pena impuesta; consecuentemente, al haberse considerado en la sentencia reclamada que la prisión preventiva fenecía con el dictado de la sentencia de primera instancia, se violaron las garantías individuales de los quejosos contenidas en la fracción X, párrafo tercero, del artículo 20 constitucional (texto anterior a las reformas publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho). No es obstáculo para sostener lo anterior, lo considerado en las diversas tesis emitidas tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los Tribunales Colegiados de Circuito, relativas a la restricción de la libertad personal, y que son: a) la aprehensión; b) la detención; c) la prisión preventiva; y, d) la pena, pues dichos criterios se emitieron en relación con la improcedencia del juicio de amparo en virtud del cambio de situación jurídica. Tampoco es obstáculo lo sostenido en la sentencia reclamada, en el sentido de que con motivo del cambio de situación jurídica, específicamente con el dictado de la sentencia, cesa la calidad de procesado por parte del inculpado, adquiriendo a partir de ese instante el carácter de sentenciado; pues tal consideración no se contrapone con lo considerado por este Tribunal Colegiado de Circuito, pues la calidad de procesado y sentenciado son independientes con la calidad de su detención, esto es, que se encuentre en prisión preventiva o punitiva, pues bien puede suceder que sea sentenciado y que nunca hubiera estado en prisión preventiva, por lo que no debe confundirse la situación jurídica de las personas sujetas a un procedimiento penal, con la calidad de su detención ..."
Ese criterio fue reiterado por el órgano jurisdiccional al dictar sentencia en los amparos directos ********** y **********.
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el amparo directo **********, se pronunció en el sentido de que el tiempo de la prisión preventiva debe computarse desde la fecha en que el quejoso fue detenido, hasta que se dicta la sentencia de primera instancia.
Los antecedentes del acto reclamado en ese juicio de garantías son los siguientes:
1. El agente de Ministerio Público de la Federación, con residencia en **********, ejerció acción penal en contra de **********, por el delito de portación de arma de fuego reservada para uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 11, inciso b), en relación con el 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
2. El Juez Noveno de Distrito en el Estado de Puebla dictó sentencia condenatoria el diez de abril de dos mil siete.
3. El sentenciado interpuso recurso de apelación. La determinación de primer grado fue confirmada por el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, pronunciamiento que constituyó el acto reclamado en el amparo directo.
4. El quejoso adujo, en sus conceptos de violación -entre otras cosas-, que la prisión preventiva no concluye con el dictado de la sentencia de primera instancia, sino hasta que causa ejecutoria dicha resolución.
5. Ese planteamiento fue declarado infundado por el tribunal de amparo.
Las consideraciones de la ejecutoria que se mencioana, en lo que aquí interesa, son las siguientes:
"Como también puede observarse de la determinación reclamada, la autoridad responsable, Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito estableció que si **********, fue detenido desde el tres de marzo de dos mil seis -con motivo de los hechos constitutivos de un delito de fuero común, conexos con los de la causa penal de origen-, aun cuando dicho inculpado no hubiere sido puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal en relación con estos últimos y que la orden de aprehensión respectiva pronunciada en su contra por el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea hubiere sido ejecutada hasta el veintisiete de julio de dos mil seis, la prisión preventiva que debe computarse en términos de lo previsto por el artículo 25 del Código Penal Federal para el cumplimiento de la pena impuesta, comprende desde el tres de marzo de dos mil seis -fecha en que fue detenido con motivo de los hechos conexos con los de la causa penal federal de origen-, hasta la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia, que en el caso lo fue el diez de abril de dos mil siete. El quejoso ********** argumenta que el cómputo referido en párrafo anterior es incorrecto, atento a que, dice, la prisión preventiva no concluye con el dictado de la sentencia de primera instancia, sino en la fecha en que causa ejecutoria dicha sentencia, en el caso, cuando se dicta la resolución de segunda instancia, puesto que ésta -segunda instancia-, tal como lo establece el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Penales, forma parte del procedimiento penal. El concepto de violación que se sintetiza en el párrafo anterior, es infundado. En efecto, aun cuando ciertamente el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Penales estatuye que los procedimientos de preinstrucción, instrucción y primera instancia, así como la segunda instancia ante el tribunal de apelación, constituyen el proceso penal federal, ello no significa en forma alguna que la prisión preventiva se prolongue hasta el instante en el cual el órgano de apelación pronuncie la ejecutoria respectiva con motivo del medio de impugnación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, pues ésta -prisión preventiva-, tal como lo determinó la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis número 22/2006, es la privación de la libertad deambulatoria por el tiempo que dure el proceso, hasta que se resuelva la situación jurídica del inculpado. Así, cada una de las etapas que comprenden el proceso penal -y que señala el citado artículo 4o. de la ley adjetiva penal federal-, crean una situación jurídica determinada, y de acuerdo a lo señalado por la Sala en cita, debe entenderse que la prisión preventiva no comprende todo el periodo del proceso, sino hasta que el reo adquiere el carácter de sentenciado -que es cuando opera un cambio de situación jurídica e inicia otro, pues culmina el periodo de instrucción y el reo adquiere entonces el carácter de sentenciado-. Resulta ilustrativa de lo anterior, la tesis aislada sostenida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1019, Tomo CVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra dice: ‘SITUACIÓN JURÍDICA DEL REO, CAMBIO DE LA. Con anterioridad al auto de formal prisión, el inculpado tiene el carácter de indiciado; antes y después de ser detenido por virtud de una orden de aprehensión, pero con posterioridad al auto de formal prisión, dicho inculpado adquiere el carácter de procesado, el cual concluye en el momento en que se pronuncia la resolución que pone fin a la instancia, pues a partir de entonces adquiere el carácter de sentenciado. Las situaciones de indiciado, procesado y sentenciado son jurídicamente distintas, pues cada una de ellas requiere condiciones legales diversas, puesto que para la primera es suficiente con que existan indicios de responsabilidad; para la segunda, la plena comprobación del cuerpo del delito o indicios de responsabilidad; y para la tercera, que es posterior al auto de formal prisión, la plena comprobación del cuerpo del delito y de la responsabilidad del procesado. En consecuencia, cuando con posterioridad al amparo que se solicita contra la orden de aprehensión se dicta auto de formal prisión, cambia la situación jurídica del inculpado y es indebido pretender que se examine, después del auto de prisión preventiva, si en el momento de librarse la orden de aprehensión, existían o no indicios de responsabilidad, ya que en el supuesto de que no los haya habido y de que, como corolario, dicha orden fuera violatoria de garantías, durante el término de setenta y dos horas pudieron haberse recabado indicios suficientes de responsabilidad del inculpado para que, unidos a la plena comprobación del cuerpo del delito, permitieran dictar un auto de formal prisión con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Federal, a pesar de que la orden de aprehensión no reuniera, al librarse, las condiciones del artículo 16 del mismo ordenamiento, pues dictado el auto de formal prisión, ya pasó la oportunidad legal para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto precedente como lo es la orden de aprehensión de suerte que en ese caso, las posibles violaciones de garantías cometidas en dicha orden deben considerarse irreparablemente consumadas, sin perjuicio de que pueda examinarse, en el amparo contra la formal prisión, si ésta satisface o no las exigencias constitucionales necesarias.’. Así como la jurisprudencia número 57, sostenida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, consultable en la página 139, Tomo VIII, agosto de 1991, misma publicación, Octava Época, que a la letra dice: ‘SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del Juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción I
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23543-294fff01/prision-preventiva-comprende-el-tiempo-en-que-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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