PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR CON BASE EN APRECIACIONES SUBJETIVAS DEL JUEZ DE CONTROL ES ILEGAL.
AMPARO EN REVISIÓN 119/2020. 5 DE MARZO DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EDUARDO OCHOA TORRES. SECRETARIO: ALBERTO SIQUEIROS SIDAS.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Son fundados los agravios expresados por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en los que, en esencia, manifestó que:
1. La autoridad responsable transgredió los principios de excepcionalidad o subsidiaridad, motivación y proporcionalidad que rigen la prisión preventiva, en relación con el principio pro persona, ya que para justificar la imposición de la medida cautelar se basó en argumentaciones totalmente subjetivas, lo que la torna ilegal, y que desafortunadamente sin argumentos propios hizo suya la autoridad recurrida.
La prisión preventiva es la más severa de las medidas cautelares, en tanto entraña una restricción profunda de la libertad, soliéndose afirmar que no es una medida cautelar, porque no constituye una medida punitiva, sino apenas precautoria y efímera; por ello, es preciso ponderar seriamente la justificación, las características y las alternativas de la prisión preventiva, esto es, que se pueda demostrar que otras medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines; siempre se debe procurar su sustitución por una de menor gravedad.
1.1. Respecto al requisito para imponer la medida cautelar, consistente en que no contaba con arraigo en esta ciudad, la Juez responsable no atendió algunas diligencias que se llevaron a cabo dentro del juicio de amparo **********, del índice del mismo Juzgado Primero, toda vez que no indicó nada en relación con que la quejosa, desde dos mil diecisiete, había venido sufriendo en su persona diferentes actos de molestia en su esfera jurídica por parte de la Fiscalía General del Estado, a saber, una ejecución de orden de cateo, un acta circunstanciada de la diligencia de una orden de cateo y un embargo precautorio de nueve de septiembre de dos mil diecinueve.
Durante el debate sobre la imposición de la medida cautelar hizo del conocimiento de la Juez, mediante escrito, que tuvo conocimiento que agentes de la Policía Ministerial Investigadora han estado visitando diversos domicilios en donde no reside y aclaró que donde reside habitualmente, desde hace más de cinco años, es el ubicado en el número ********** de la servidumbre vehicular número ********** (hoy calle **********), del condominio habitacional denominado Residencial **********, ********** Etapa, en esta ciudad de Chihuahua, por lo que sería en este domicilio o en el procesal, donde puede recibir cualquier citatorio o notificación donde se requiera su comparecencia.
De la información que fluyó en la audiencia, se advierte que se documentó que su representada compareció por escrito ante la representación social a informar su domicilio habitual, y las diligencias que no atendió en dicho domicilio, son ajenas al proceso.
El Juez de Distrito responsable en este recurso no indicó en su resolución –acto combatido– lo argumentado por la parte quejosa, en el sentido de que los razonamientos esgrimidos por la responsable no pueden considerarse de importancia o contundencia tal, para tomarse como riesgo de sustracción de la acción de la justicia.
En cuanto al segundo punto considerado por la Juez para imponer la medida cautelar, relativo a que el monto de la posible reparación del daño era alto, no tomó en cuenta que dicho monto se encuentra parcialmente garantizado. Asimismo, la magnitud de la pena a imponer no resulta proporcional a la medida de prisión preventiva, porque los hechos y las circunstancias recopilados por el Ministerio Público, orientaban a que se estimara la posibilidad de una sanción mínima.
La afectación a la libertad personal debe apoyarse en una causa expresamente establecida por la ley, y regirse por lo que en ella se dispone, además debe tener una justificación teleológica, es decir, debe orientarse hacia un fin constitucionalmente legítimo y socialmente relevante, además, emplear los métodos adecuados y necesarios para alcanzarlo, pues si bien el derecho a la libertad personal no es absoluto, sus límites deben ser razonablemente proporcionales y legítimos.
2. En conclusión, el Juez de Distrito debió analizar que es al Ministerio Público a quien corresponde demostrar la necesidad de la imposición de la prisión preventiva, pues al tener carácter de excepcional, debe justificar fehacientemente por qué ninguna de las restantes medidas cautelares resulta suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio.
En principio, debe tenerse presente que el acto reclamado en la instancia constitucional consistió en la resolución emitida en la audiencia inicial de siete de octubre de dos mil diecinueve, por la licenciada Alba Érika Gámez Miramontes, en su calidad de Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, residente en la Ciudad de Chihuahua, en la causa penal **********, del índice de los Juzgados de Control, instruido en contra de ********** –quejosa y recurrente– por el hecho constitutivo del delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 272 del Código Penal del Estado de Chihuahua y sancionado en el artículo 273 de dicho ordenamiento, en la que se impuso la medida cautelar consistente en prisión preventiva establecida en el artículo 169, fracción XII, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.
En la sentencia materia de revisión se consideró que los conceptos de violación expuestos por la quejosa eran infundados, atento a que la determinación reclamada era acorde con lo establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se negó el amparo solicitado.
Efectuado el anunciado estudio, este órgano jurisdiccional advierte que la resolución reclamada no se encuentra apegada a los parámetros constitucionales, convencionales, legales y jurisprudenciales, como se expondrá a continuación.
Para evidenciarlo, es menester atender a las razones en que dicho juzgador justificó la negativa del amparo, por considerar que los conceptos de violación son infundados en una parte e inoperantes en otra, a saber:
• Precisó que la privación de la libertad de una persona en forma preventiva es una restricción permitida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre que esa afectación al gobernado se vea justificada por la constatación de haberse cumplido los requisitos que los ordenamientos internos contemplan.
• Estableció el marco constitucional y legal, al reproducir los artículos 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 157, 158, 169, 170, 171, 172 y 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, y señaló que de su contenido se advierte que la medida cautelar tiene como finalidades asegurar la presencia del imputado en el juicio, garantizar la seguridad de la víctima o del ofendido y evitar la obstaculización del procedimiento.
• Se podrán aplicar las medidas cautelares cuando se le haya dado la oportunidad de rendir su declaración preparatoria al imputado y exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, de que el imputado represente un riesgo para la sociedad, la víctima o el ofendido.
• Se entiende por riesgo para la sociedad, cuando exista una presunción razonable de que el imputado se puede sustraer de la acción de la justicia, o que éste pudiera obstaculizar la investigación o el proceso, por lo que para decidir acerca del peligro de sustracción (sic).
• Además, la prisión preventiva, además (sic) de las diversas medidas personales exigibles, sólo podrá ser aplicable cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
I. El imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia.
II. Exista riesgo de obstaculización de la investigación o del proceso.
III. Se ponga en riesgo a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad.
IV. El imputado ya esté siendo procesado por la comisión de diverso delito doloso; o,
V. El imputado cuente con antecedentes penales o policiacos, o incurra en una conducta delictiva similar a la que se le atribuye.
• La medida cautelar de prisión preventiva tiene el carácter de excepcional, en virtud del principio de presunción de inocencia que asiste a todo imputado en el proceso penal y en atención al principio de mínima intervención contenido en el artículo 19 constitucional, lo que significa que, en casos como el particular, la autoridad judicial únicamente podrá imponerla cuando fuese absolutamente indispensable para los fines del proceso, de manera que habrá de aplicarse sólo cuando otras medidas cautelares menos restrictivas no puedan cumplir con su finalidad.
• En audiencia verificada el siete de octubre de dos mil diecinueve, los agentes del Ministerio Público ********** y **********, adscritos a la Fiscalía General del Estado Zona Centro, formularon imputación a **********.
• Del análisis del acto controvertido, se advierte que la Juez responsable cumplió con los requisitos de forma en estudio, toda vez que fundó y motivó su resolución, ya que en la resolución combatida la Juez citó los artículos 157, 169, fracción XII, 171 y 172 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, en los que se establecen los principios generales de las medidas cautelares, los tipos de medidas cautelares a imponerse, en específico, la medida cautelar de prisión preventiva, la imposición de la citada medida y las consideraciones que deberá tomar en cuenta el Juez para decidir acerca de la imposición de una medida cautelar.
• La resolución que constituye el acto aquí reclamado es la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se decretó a la quejosa la prisión preventiva por parte de la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, residente en Aquiles Serdán, Chihuahua, dentro de la causa penal **********, de su índice, instruida en su contra por el hecho que la ley señala como delito de enriquecimiento ilícito.
• La Juez de Control, una vez escuchado el debate sustentado entre los intervinientes (Ministerio Público y defensor particular de la imputada), expuso los motivos y fundamentos por medio de los cuales consideró legal imponer la medida cautelar de prisión preventiva, prevista en la fracción XII del artículo 169 del código procesal penal estatal.
• Señaló que en el caso se advirtió que la Juez de Control responsable determinó que el riesgo procesal es que la imputada pueda sustraerse a la acción de la justicia, en virtud de que las penas a imponer son, en cuanto a la prisión, de tres a quince años, además de que la multa va de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización, lo cual implica una penalidad bastante alta, además, no es procedente la suspensión condicional del proceso, no es susceptible de concedérsele el beneficio de la condena condicional y, suponiendo que se concediera, estaría condicionado a que se cubriera la reparación del daño, no obstante que está cubierta parcialmente, por lo que se actualizó la necesidad de cautela.
• Los datos existentes en la causa resultan aptos y suficientes para estimar que debía fijar la medida cautelar de prisión preventiva.
Ahora bien, como acertadamente lo manifestó la parte recurrente en sus agravios, los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que las autoridades judiciales están obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contemplados en la Carta Magna, sino también por aquellos previstos en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, favoreciendo en todo momento la protección más amplia, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior.
Luego, los derechos humanos han sido catalogados atendiendo a diversos criterios, de tal suerte que se pueden encontrar varias clasificaciones (civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales) que atienden a su naturaleza, al origen, contenido y por la materia a la que se refieren, sin que dicha agrupación implique mayor o menor importancia de alguno de ellos, pues deben atenderse de forma global, de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.
En específico, el derecho a la libertad, igual que todos los derechos, es uno cuya titularidad se encuentra condicionada únicamente a la pertenencia a la especie humana, lo que implica que toda persona debe gozar de éste; así, la libertad personal debe entenderse como el derecho del hombre a no ser privado de su libertad física, salvo las causas y en las condiciones estipuladas por la Constitución o por las leyes dictadas conforme a tal normatividad; asimismo, protege al ser humano en contra de aquellos actos que, sin fundamento legal, puedan transgredirlo.
Por ende, se trata de un derecho encaminado a evitar que las autoridades restrinjan la facultad de la persona de organizar su vida conforme a sus propias convicciones, siempre que éstas sean acordes con las leyes; por tanto, al ser un derecho fundamental en nuestro derecho interno, el derecho a la libertad personal se reconoce, aunque indirectamente, en el más alto nivel normativo, a saber, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos 16, 19 y 20 se advierte que, en relación con la libertad personal, nuestro Máximo Ordenamiento prevé, entre otros, los derechos específicos de la libertad durante el proceso, y el derecho a que la prisión preventiva se decrete de manera excepcional, sólo en los casos y circunstancias expresamente previstos en la Norma Fundamental.
En ese sentido, la regulación constitucional del derecho a la libertad personal se centra en el reconocimiento de sus derechos, lo que conlleva que dicha regulación persiga una doble finalidad: 1) Garantizar la esfera de autonomía física de las personas; y, 2) Constreñir a los poderes públicos a actuar dentro de los límites que el derecho de mérito les impone para poder privar a alguien de su libertad, lo cual significa que el Estado protege la libertad de cada persona y la hace operable dentro del núcleo social, mediante el establecimiento de restricciones a su ejercicio, las cuales deben tener por objeto asegurar los derechos de los demás, satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática, aspectos con los cuales, únicamente puede verse limitado el ejercicio de su libertad, pero para que los límites fijados resulten exigibles, deben estar expresamente previstos en una norma jurídica y acordes con los derechos humanos.
De tal suerte que la afectación a la libertad personal debe apoyarse en una causa expresamente establecida por la ley y regirse por lo que en ella se disponga y, además, debe tener una justificación teleológica, es decir, debe orientarse hacia un fin constitucionalmente legítimo y socialmente relevante y emplear los medios adecuados y necesarios para alcanzarlo, pues si bien el derecho a la libertad personal no es absoluto y, por ende, puede restringirse, ello sólo es posible dentro de los límites establecidos por la ley (los cuales deben ser razonables, proporcionados y legítimos) y mediante el procedimiento que al efecto se haya determinado, lo que reitera el hecho de que la libertad personal se traduce en el derecho que toda persona tiene a que no se constriña su libertad deambulatoria, si no es por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley, con estricta sujeción a los procedimientos en ella definidos, así como por los motivos y métodos compatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo.
Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:
"Época: Décima Época
"Registro digital: 160267
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
"Libro V, Tomo 1, febrero de 2012
"Materia: Constitucional
"Tesis: 1a./J. 2/2012 (9a.)
"Página: 533
"RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática."
En la misma línea argumentativa, cabe precisar que los criterios internacionales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que la prisión preventiva debe considerarse bajo el principio de última ratio e imponerse por excepción, es decir, sólo en aquellos casos donde el grado de cautela resulte máximo, ya que al incidir directamente en el derecho a la libertad personal, la petición respecto de tal medida debe analizarse bajo el más preciso escrutinio, y dicha restricción debe ser aplicada de manera excepcional y proporcional al caso específico.
En el caso en estudio, si bien la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a la quejosa, ahora recurrente, fue por el término de un año, mismo que feneció el siete de octubre de dos mil veinte; empero, este Tribunal Colegiado de Circuito sostiene el criterio de que en caso de que esa medida cautelar haya sido prorrogada, no por ello origina la cesación de efectos del acto reclamado, porque el quejoso sigue en prisión preventiva; por tanto, el acto reclamado sigue afectando el derecho humano a la libertad, que estima vulnerado, lo que en la especie aconteció, toda vez que la medida cautelar se prorrogó por doce meses en la audiencia llevada a cabo por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos.
Ahora, resulta pertinente señalar que los artículos 157, 158 y 169 a 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, vigente en la época de los hechos prevén, respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, lo siguiente:
"Artículo 157. Principio general.
"Las medidas cautelares en contra del imputado son exclusivamente las autorizadas por este código, tienen carácter excepcional y sólo pueden ser impuestas mediante resolución judicial fundada, motivada y debidamente documentada, por el tiempo absolutamente indispensable y tendrán como finalidades:
"I. Asegurar la presencia del imputado en juicio;
"II. Garantizar la seguridad de la víctima o del ofendido; o
"III. Evitar la obstaculización del procedimiento.
"La resolución judicial que imponga una medida cautelar o la rechace, es modificable en cualquier estado del proceso.
"En todo caso, el tribunal puede proceder de oficio cuando favorezca la libertad del imputado."
"Artículo 158. Proporcionalidad.
"No se podrá decretar una medida cautelar cuando ésta resulte desproporcionada en relación con las circunstancias de comisión del hecho atribuido y la sanción probable.
"Tratándose de medidas cautelares que impliquen privación de la libertad, en ningún caso podrá sobrepasar la media aritmética de la pena prevista para el delito de que se trate, ni exceder el plazo fijado en los artículos 182, fracción II y 183 de este código."
"Artículo 169. Medidas.
"A solicitud del Ministerio Público, una vez que se le haya dado la oportunidad de rendir su declaración preparatoria y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se fija en este código, la autoridad judicial impondrá fundada y motivadamente al imputado, después de escuchar sus razones, alguna o varias de las siguientes medidas cautelares:
"I. La presentación de una garantía económica suficiente en los términos del artículo 176;
"II. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el Juez;
"III. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informe regularmente al Juez;
"IV. La obligación de presentarse periódicamente ante el Juez o ante la autoridad que él designe;
"V. La colocación de localizadores electrónicos, sin que medie violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado;
"VI. El arraigo, en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia alguna o con las modalidades que el Juez disponga;
"VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares;
"VIII. La prohibición de convivir o comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
"IX. La separación inmediata del domicilio, cuando se trate de delitos de violencia familiar o delitos contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual y cuando la víctima conviva con el imputado;
"X. La suspensión de derechos, cuando exista riesgo fundado y grave de que el imputado reitere la misma conducta que fue motivo del auto de vinculación a proceso;
"XI. Internamiento en el centro de salud, centro de atención a adictos u hospital psiquiátrico, en los casos en que el estado de salud del imputado así lo amerite; y
"El Juez, para determinar el tiempo de internamiento, deberá tomar en cuenta la opinión de un profesional especialista en la materia de salud, pudiendo prolongar la medida por el tiempo necesario, en caso de que el imputado requiera seguir con el tratamiento.
"XII. La prisión preventiva, a menos que el delito imputado tuviera señalada pena alternativa o no privativa de libertad.
"En cualquier caso, el Juez puede prescindir de toda medida cautelar cuando la promesa del imputado de someterse al proceso sea suficiente para descartar los motivos que autorizarían el dictado de la medida conforme el artículo siguiente."
"Artículo 170. Procedencia.
"El Juez podrá aplicar las medidas cautelares cuando concurran las circunstancias siguientes:
"I. Se le haya dado la oportunidad de rendir su declaración preparatoria;
"II. Exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, de que el imputado represente un riesgo para la sociedad, la víctima o el ofendido."
"Artículo 171. Imposición.
"A solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá imponer una sola de las medidas cautelares personales previstas en este código o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al caso, y dictar las órdenes necesarias para garantizar su cumplimiento. La prisión preventiva no podrá combinarse con otras medidas cautelares.
"En ningún caso el Juez está autorizado a aplicar estas medidas desnaturalizando su finalidad, ni a imponer otras más graves que las solicitadas o cuyo cumplimiento resulte imposible.
"En el caso de que el Ministerio Público solicite alguna medida cautelar y el Juez no esté de acuerdo en imponerla, éste podrá imponer otra que considere eficaz para sujetar a proceso al imputado, escuchando previamente a la víctima u ofendido o al acusador coadyuvante."
"Artículo 172. Riesgo para la sociedad.
"Se entiende que existe riesgo para la sociedad, cuando haya presunción razonable de que el imputado se puede sustraer a la acción de la justicia, o que éste puede obstaculizar la investigación o el proceso.
"A) Para decidir acerca del peligro de sustracción a la acción de la justicia, el Juez tomará en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:
"I. El arraigo que tenga en el territorio del Distrito Judicial donde debe ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. La falsedad o falta de información sobre el domicilio del imputado constituye presunción de sustracción a la acción de la justicia;
"II. La importancia del daño que debe ser resarcido;
"III. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a proceso;
"IV. La magnitud de las penas o medidas de seguridad que pudieran corresponderle;
"V. La inobservancia de las medidas cautelares que se le hubieran impuesto;
"VI. El desacato de citaciones para actos en que sea significativa su asistencia y que, conforme a derecho, le hubieran dirigido las autoridades investigadoras o jurisdiccionales; y
"VII. La existencia de procesos pendientes o acuerdos reparatorios, condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar, gozando de la condena condicional, libertad preparatoria, semilibertad o de medidas sustitutivas de prisión; en tratándose de los acuerdos reparatorios, el Ministerio Público deberá dar a conocer al Juez de garantía esta información.
"B) Para decidir acerca del peligro de obstaculización de la investigación o del proceso, se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, que existan bases suficientes para estimar como probable que el imputado:
"I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; o
"II. Si es razonable entender que tratará de influir en lo que declararán algunos de los órganos de prueba."
"Artículo 173. Prisión preventiva.
"Además de las exigibles para la imposición de las medidas cautelares personales, la prisión preventiva sólo es aplicable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
"I. El imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia;
"II. Exista riesgo de obstaculización de la investigación o del proceso;
"III. Se ponga en riesgo a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad;
"IV. El imputado ya esté siendo procesado por la comisión de diverso delito doloso; o
"V. El imputado cuente con antecedentes penales o policiacos, o incurra en una conducta delictiva similar a la que se le atribuye.
"El Ministerio Público solicitará invariablemente prisión preventiva y el Juez de garantía no podrá dejar de imponerla, tanto si quedaran consumados como si sólo se manifestaran en grado de tentativa, en aquellos que la permitan, en los delitos de: homicidio doloso; violación; secuestro; secuestro exprés; extorsión; robo de vehículos automotores cometido con violencia en las personas o cosas; delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos; así como los siguientes delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad: delitos contra la formación de las personas menores de edad y protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, en el supuesto de los artículos 181, segundo párrafo y 184; pornografía con personas menores de edad o que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho; y trata de personas, en el supuesto previsto en el artículo 198, tercer párrafo, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua.
"En caso de incumplimiento atribuible al imputado de la medida o de cualesquiera de las medidas cautelares impuestas, diversas a la prisión preventiva, el Juez ordenará de plano su sustitución por esta última."
De los preceptos transcritos, en lo que interesa al presente asunto, se advierte que la Juez de Control, para decidir si procede aplicar la medida cautelar de prisión preventiva deberá verificar, entre otras circunstancias, que el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos de la propia legislación de la materia, así como que se encuentre garantizada o no la comparecencia del imputado al proceso, para lo cual tendrá que tomar en cuenta, entre otras circunstancias, el máximo de la pena que, en su caso, pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate.
Circunstancias que deben analizarse de manera minuciosa, debido a que, como se apuntó, la prisión preventiva es una medida excepcional y su imposición sólo debe aplicarse cuando diversas no se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29990-f12b5bef/prision-preventiva-justificada-la-imposicion-de-esta-medida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA CONSTITUCIONALIDAD DE SU IMPOSICIÓN IMPIDE ANALIZAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO PARA DETERMINAR SI PROCEDE (QUEJA)
- MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA SU IMPOSICIÓN, Y ANTES DE QUE SE RESUELVA EL JUICIO, EN DIVERSA AUDIENCIA SE DECLARA SU SUBSISTENCIA, EL (AMPARO EN REVISIÓN)
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN DONDE SE UBICA EL JUEZ DE CONTR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMA UNA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA EN CUMPLIMIENTO A UNA SUSPENSIÓN PROVISIONAL OTORGADA CON EFECTOS RESTITUTORIOS. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR CON BASE EN APRECIACIONES SUBJETIVAS DEL JUEZ DE CONTROL ES ILEGAL. (XVII.1o.P.A. J/34 P (10a.))
- PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. TEST DE PROPORCIONALIDAD QUE DEBE SUPERARSE PARA LA IMPOSICIÓN DE ESA MEDIDA CAUTELAR. ((II Región)1o.13 P (11a.))
- PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA QUE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD SE (XXVII.3o.78 P (10a.))
- PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESA MEDIDA CAUTELAR EN UN PRIMER PROCESO PENAL NO ES MOTIVO SUFICIENTE PARA QUE TAMBIÉN SE IMPONGA EN EL SEGUNDO, PUES ELLO NO EXIM (I.2o.P.3 P (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis