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Modo: Corpus Pro

PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA CONSTITUCIONALIDAD DE SU IMPOSICIÓN IMPIDE ANALIZAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO PARA DETERMINAR SI PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS.

Tipo de asunto: QUEJA 259/2025. · Registro digital (IUS): 33580
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-09-05
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.999.

QUEJA 259/2025. 8 DE ABRIL DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GELACIO VILLALOBOS OVALLE. PONENTE: JUAN GABRIEL SÁNCHEZ IRIARTE. SECRETARIO: ARMANDO MANUEL PÉREZ TRUJILLO.

Zacatecas, Zacatecas. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, correspondiente a la sesión extraordinaria virtual, celebrada a las diez horas con quince minutos del ocho de abril de dos mil veinticinco.

VISTO, para resolver, el recurso de queja administrativo 259/2025; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Presentación del recurso. ******* ***** *****, por conducto de su autorizado **** ** ***** ******* ******,(1) mediante escrito presentado el dos de abril de dos mil veinticinco, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiocho de marzo del año en cita, dictado dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto ********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en el que se negó la suspensión provisional.

2. SEGUNDO. Admisión, registro y turno del recurso. En acuerdo de presidencia de cuatro de abril de dos mil veinticinco, se admitió a trámite el recurso de queja y se ordenó registrarlo con el número de expediente 259/2025.

3. En el mismo proveído se mandó turnar los autos a la ponencia del magistrado Juan Gabriel Sánchez Iriarte, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, en términos del artículo 101, último párrafo, de la Ley de Amparo.

CONSIDERANDO:

4. PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en Zacatecas, Zacatecas, es legalmente competente para conocer y resolver este recurso de queja, conforme a los artículos 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; 35, fracción III, y 210, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y el segundo en cita que adicionó al primigenio en sus fracciones XXXIII y XXXIV, ambos en relación con el Acuerdo General 20/2019 del citado Pleno, que determina el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional.

5. Lo anterior, en virtud de que se recurre un auto dictado en el incidente de suspensión en un juicio de amparo indirecto, en el que se negó a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados en un sumario del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, lugar en donde este tribunal colegiado ejerce jurisdicción.

6. SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de queja se interpuso oportunamente, en atención a lo siguiente:

a) El auto impugnado se notificó por lista al recurrente, el treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.(2)

b) El plazo de dos días para la interposición del recurso de queja, previsto en el artículo 98, fracción I, de la legislación en cita, transcurrió del uno al dos de abril de dos mil veinticinco.

c) La parte recurrente presentó el pliego de expresión de agravios el dos de abril de este año; por consecuencia, su interposición es oportuna.

7. TERCERO. Legitimación. El recurso de queja se hizo valer por parte legítima, en virtud de que fue interpuesto por **** ** ***** ******* ******, autorizado en términos amplios de ******* ***** *****, quien se ostenta como quejoso en el juicio de amparo indirecto de origen.(3)

8. CUARTO. Análisis de los agravios. Son infundados los motivos de inconformidad propuestos; sin embargo, en atención a la institución procesal de rango constitucional de suplencia de la queja deficiente, se ha de conceder la suspensión provisional, para los efectos que se imprimen en la parte final de esta resolución.

9. En los agravios se aduce, en esencia, lo siguiente:

- El juzgador para negar la suspensión provisional citó la tesis que identificó, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.", la cual resulta inaplicable porque, en el caso, no fue concedida la medida cautelar por el juez de amparo para ningún efecto distinto al solicitado, al contrario, fue negada; de ahí que no es aplicable al caso concreto.

- Fue infructuoso que aseverara que se iba a apartar de los efectos de la suspensión en los términos que se le solicitó en el incidente para emitir su pronunciamiento, debido a que la medida cautelar fue negada sin conceder ningún efecto.

- En el agravio numerado como SEGUNDO se expresa, en lo fundamental, que el Juez Federal argumentó que la medida cautelar de prisión preventiva no debe imponerse de carácter oficioso, debe haber una justificación para que dicha medida se pueda imponer.

- Argumento en el que, lejos de analizar con objetividad, razonar, si el juez de control había verificado a cabalidad con legalidad, a la luz de los principios de excepcionalidad y subsidiariedad, si el Ministerio Público había cumplido con su carga probatoria y procesal para que fuera impuesta dicha medida, no lo hizo y, en cambio, el juez recurrido lo sigue compartiendo. Esto, porque de los registros de audio y video que forman parte del informe de la responsable, el Ministerio Público no justificó la medida cautelar, en principio, porque el Juez de control la relevó de su carga procesal para justificar fehacientemente por qué ninguna medida de la 1 a 13 que contempla el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no eran suficientes y al no haberlo hecho pasó por alto el principio de excepcionalidad y subsidiariedad.

- El Juez de control resolvió que la media cautelar resulta aplicable al caso no solo por la pena máxima (quince años), sino que existe un riesgo objetivo para la víctima, quien a través de su declaración indicó que al momento en que acontecieron los hechos fue amenazada de muerte por el imputado. El tomar en cuenta el argumento para negar la suspensión provisional del acto reclamado es inobservar el principio de presunción de inocencia, aparte de que convalida una interpretación errónea e ilegal del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que debe existir un riesgo fundado, no así un riesgo objetivo.

- En el caso, no es proporcional, ni racional la medida cautelar que padece el recurrente, por no estar sustentada en datos de prueba que revelaran que existía un riesgo fundado y esto lo soslayó el Juez de amparo.

- La Corte Interamericana ha determinado que un peligro procesal no se presume, sino que deben de realizarse su verificación en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso, lo que no acontece en el caso y el Juez lo pasó por alto, inobservando y desatendiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al convalidar un riesgo objetivo, como lo refiere y convalida sin datos de prueba suficientes.

- El argumento que invoca en la resolución el juez en cuanto a que, si bien el dictamen psicológico que se le practicó no es el dato idóneo para justificar una necesidad de cautela, indica que, en efecto, sí se presentó una afectación emocional e, incluso, podría ser indicador de que la adolescente se ha conducido con objetividad al momento de relatar los hechos. Argumento subjetivo, apartado de la legalidad, contrario al principio de presunción de inocencia en su regla de trato procesal.

- En cuanto al argumento de que la hija del imputado tenía una relación de amistad con la víctima y si bien la defensa refirió que esa amistad terminó, lo cierto es que es conocedor del domicilio de la adolescente víctima y de los lugares a los que acude de manera cotidiana. Ello no es un riesgo fundado, ya que ni así lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales y que se deba imponer la medida más gravosa de prisión preventiva justificada.

- El argumento del juzgador en cuanto a que, si bien el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla trece medidas cautelares más, además de la de prisión preventiva, cualquiera de las medidas anteriores implicaría que el imputado se encuentre en libertad y que derivado de lo anterior pudiera tener un fácil acceso hacia la adolescente víctima, lo cual pudiera devenir la causación de un daño mayor al que constituyen los hechos ventilados en la causa penal 163/2023. Por lo cual la prisión preventiva justificada resulta aplicable, proporcional y justificada. Argumento, contrario a la garantía de presunción de inocencia en su regla de trato procesal, porque se está dando por hecho sin dato de prueba que el recurrente pudiera tener acceso fácil a la que se dice víctima y que pudiera devenir una causación de un daño mayor al que constituyen los hechos ventilados en la causa penal.

- En el agravio señalado como TERCERO se expresa, en lo fundamental, que al momento de pronunciarse el juez respecto de la suspensión provisional no atendió debidamente, completamente, lo que se planteó en el escrito donde se hizo la solicitud, esto es, no atendió los puntos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, no dio contestación en lo absoluto, guardó silencio y resolvió como mejor le pareció, inobservando los artículos 8.1. y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- El Juez inobservó los artículos 125, 127, fracción II, 128 y de la sección tercera, del capítulo I del título III, de la Ley de Amparo, respecto de la suspensión en materia penal, puesto que no aplicó las reglas generales para pronunciarse sobre la suspensión, para ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. De ahí que la resolución recurrida carece de legalidad, fundamentación y motivación, congruencia, porque no existe identidad.

- Solicitando, de forma respetuosa, tenga a bien tomar en consideración la tesis PR.P.T.CN. J/27 P (11a.), con número de registro 2030174, emitida por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la cual tiene aplicación directa en el caso, por ser de aplicación obligatoria para este órgano jurisdiccional, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PUEDE CONCEDERSE CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA NEGATIVA DE MODIFICAR LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA."

10. Según se anticipó, los motivos de disenso son infundados, sin que se advierta queja deficiente a suplir.

11. En el auto recurrido, el Juez Primero de Distrito en el Estado, estimó negar a ******* ***** ***** la suspensión provisional en contra de la resolución emitida dentro de la audiencia de revisión de medidas cautelares, en la causa penal 163/2023, de diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, en la cual se determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

12. El a quo, como razones torales, para no estimar procedente otorgar al impetrante la medida suspensional, expresó lo siguiente:

a) Ante todo, destacó que el autorizado de la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, para los efectos que a continuación se citan:

"Solicitando, le sea concedida la suspensión provisional al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable (Juez de Control), de inmediato, fije nueva audiencia de revisión de la medida cautelar y, sin demora, dicte otra sin relevar al ministerio público de su carga probatoria, y realizando el ejercicio del test de proporcionalidad de forma objetiva, y legal, conforme los parámetros que tenga a bien determinar esta autoridad federal, y se le ordene que le garantice el derecho a la libertad personal y el derecho de presunción de inocencia al quejoso, y si lo considera le imponga medidas cautelares menos gravosa de la que padece el quejoso (...)"

b) Enseguida, resaltó que, en términos de la jurisprudencia que identificó, de título: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.", podía pronunciarse respecto a los efectos de la suspensión solicitada, sin importar que para ello se apartara de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, lo anterior, dijo, para conservar la materia del juicio de amparo y no necesariamente proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, incluso, si se atendiera en forma puntual a su solicitud no se lograría el objetivo integral de la suspensión.

c) Luego, reiteró que lo reclamado por el quejoso era la resolución emitida en audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el diecisiete de abril de dos mil veinticuatro, en la cual se le impuso la de prisión preventiva justificada.

d) Al continuar su estudio, el juzgador explicó qué son medidas cautelares en el proceso penal acusatorio, así como las diferencias entre la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada.

e) El Juez Federal subrayó que, el diecisiete de abril de la anualidad pasada, a petición de la defensa se llevó a cabo audiencia de revisión de medidas cautelares, la cual buscaba modificar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del imputado ******* ***** *****; sin embargo, dijo, la Representante Social en dicha audiencia solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con base a los siguientes argumentos:

"1.- Que la medida cautelar de prisión preventiva justificada es la idónea para garantizar y asegurar el procedimiento, pero sobre todo, la seguridad de la víctima, pues obran datos de investigación en los que se establece que la víctima al momento de ser sometida por parte de su agresor fue amagada y amenazada de que si decía algo o hacía algo, la iba a matar y que al momento de denunciar los hechos ocurridos estableció que ella sentía miedo por las amenazas de muerte en su contra.

2.- Que obra un dictamen psicológico donde se establece el daño emocional y psicológico que la misma presenta.

3.- Que la única medida cautelar idónea y necesaria para asegurar la protección de la víctima es la prisión preventiva justificada, pues debido a la relación de amistad que tenía con su hija, es conocedor de los lugares donde vivía la víctima y los lugares que frecuentaba, lo que implica un peligro para ella."

f) Al responder a la solicitud, apuntó el juzgador, la defensa del imputado ofreció algunos datos de prueba para acreditar su arraigo y realizó algunas manifestaciones en torno a éste, así como al riesgo de la víctima a que hizo alusión la Representante Social.

g) El Juez de control responsable, agotado el debate, resolvió preponderantemente lo siguiente:

"• La medida cautelar de prisión preventiva no debe imponerse de carácter oficioso, debe haber una justificación para que dicha medida se pueda imponer.

• La medida cautelar resulta aplicable al caso no solo por la pena máxima (quince años), sino que existe un riesgo objetivo para la víctima, quien a través de su declaración indicó que al momento en que acontecieron los hechos fue amenazada de muerte por el imputado.

• Que si bien el dictamen psicológico que se le practicó no es el dato idóneo para justificar una necesidad de cautela, indica que en efecto sí se presentó una afectación emocional e incluso podría ser indicador de que la adolescente se ha conducido con objetividad al momento de relatar los hechos.

• Que la hija del imputado tenía una relación de amistad con la víctima y si bien la defensa refirió que esa amistad terminó, lo cierto es que, es conocedor del domicilio de la adolescente víctima y de los lugares a los que acude de manera cotidiana.

• Que si bien el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla trece medidas cautelares más, además de la prisión preventiva, cualquiera de las medidas anteriores implicaría que el imputado se encuentre en libertad y que derivado de lo anterior, pudiera tener un fácil acceso hacia la adolescente víctima, lo cual pudiera devenir la causación de un daño mayor al que constituyen los hechos ventilados en la causa penal 163/2023. Por lo cual la prisión preventiva justificada resulta aplicable (idónea), proporcional y justificada."

h) Con base en lo anterior, el a quo precisó que el Juez de control al emitir su determinación de imponer la prisión preventiva justificada, como medida cautelar, se basó principalmente en un riesgo fundado para la víctima, pues contrario a lo señalado por el autorizado de la parte quejosa, el juez responsable emitió su determinación en un dato de prueba, idóneo, pertinente y objetivo, tal como se relucía de lo expuesto.

i) En esa medida, negó la suspensión provisional solicitada.

13. Determinación que, en opinión de este órgano de control constitucional, debe subsistir jurídicamente.

14. En primer lugar, asiste razón al recurrente cuando asevera que el Juez Federal indebidamente invocó la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA."(4)

15. El contenido de que dicho criterio interpretativo, pone de manifiesto que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión.

16. Bajo esa perspectiva, la aplicabilidad al caso en estudio, como lo expone el inconforme en sus agravios, conllevaría a estimar, prima facie, que la medida cautelar ha de concederse y no negarse (como ocurrió en el caso).

17. Pese a esa indebida fundamentación inicial por parte del a quo en el auto recurrido y a lo fundado del agravio en ese aspecto, la negativa de la suspensión provisional del acto reclamado ha de subsistir, aunque por las consideraciones que se contienen en esta ejecutoria. Se explica las razones.

18. Por el tema que se analiza –suspensión provisional solicitada respecto de la prisión preventiva justificada– se tiene presente que el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 36/2023, estableció que cuando se reclame la imposición de esa medida cautelar de prisión preventiva justificada, al proveer sobre la medida suspensional, el órgano de amparo no debe limitarse al efecto precisado en el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo,(5) sino que debe hacer un análisis de ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, analizando caso por caso, conforme a los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo.

19. Lo anterior se reflejó en la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/11 P (11a.), de carácter obligatorio para este órgano colegiado y para el Juez de Distrito recurrido, en términos de lo establecido en el artículo 217, tercer párrafo, de la Ley de Amparo,(6) en relación con el diverso 7 del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(7) cuyo epígrafe y consideraciones son las siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.

Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado."(8)

20. La ejecutoria que dio origen al criterio que antecede, en lo que interesa, estableció lo siguiente:

" ... 193. De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos:(38)

- Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas),(39) y

- La relación del quejoso con ese hecho.

194. En el entendido que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un Juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto.(40)

Así como:

- Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana.

- Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido.

- Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia.

- Que resulte estrictamente proporcional.

- Que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado.

195. En caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, estará condicionada a satisfacer las garantías que aseguren la comparecencia de éste en el juicio.(41)

196. Siendo enunciativas las siguientes:

- Presentarse ante la autoridad responsable, para la continuación del proceso.

- Comparecer a registrar firma semanal ante el órgano de amparo.

- Exhibir garantía económica;(42)

- Y aquellas que considere necesarias según el caso, para regir la libertad del peticionario de amparo, en tanto se resuelve la suspensión definitiva, o en su caso, hasta el dictado de la sentencia ejecutoriada del juicio principal.

197. Precisando que los anteriores requisitos atienden a la apariencia del buen derecho que, como instrumento de preservación de derechos humanos se encomienda a todo juzgador, en uso de su discrecionalidad, por lo que le corresponde adoptar la decisión que se considere óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin.

198. De ahí que, al resolver sobre cada situación, deberá exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para en su caso, otorgar o no, la suspensión con efectos restitutorios, que se traduciría en la libertad del quejoso; es decir, la apariencia del buen derecho no sólo supone un juicio valorativo de probabilidad, sino también de verosimilitud en relación con el derecho del solicitante.

199. En ese orden de ideas, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. ..."

21. A partir de esa base, cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente (en el caso, por la medida cautelar de prisión preventiva justificada) y en el juicio constitucional se solicita la suspensión provisional de ese acto, la medida suspensional podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.

22. Criterio el anterior que ha sido reiterado por el referido Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/27 P (11a.), [citada por el recurrente], de título siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PUEDE CONCEDERSE CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA NEGATIVA DE MODIFICAR LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA."(9)

23. Bajo ese entendimiento, para estimar si procede conceder la suspensión provisional, con efectos restitutorios, a la persona quejosa en contra de la resolución que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada es necesaria la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.

24. En cuanto al primer aspecto –apariencia del buen derecho–, se tiene que en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(10) y numeral 138, párrafo primero de la Ley de Amparo,(11) los actos reclamados pueden ser objeto de suspensión, en los casos y condiciones previstas por este último ordenamiento, debiendo realizar el juzgador un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

25. El Tribunal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33580-2ffc4b37/prision-preventiva-justificada-la-sentencia-de-amparo-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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