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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA A LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, VIGENTES A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Tipo de asunto: QUEJA 431/2019. · Registro digital (IUS): 29558
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2020-11-13
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, Pág. 2125.

QUEJA 431/2019. 7 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MOISÉS MUÑOZ PADILLA. PONENTE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. SECRETARIO: ROBERTO VALENZUELA CARDONA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Estudio.

Los argumentos hechos valer a manera de agravios son sustancialmente fundados y suficientes para revocar el auto recurrido, cuyo análisis se emprenderá de forma conjunta, separada o en grupos, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente.(3)

Al respecto, se comparte la tesis de jurisprudencia (IV Región)2o. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la página 2018 del Libro 29, Tomo III, abril de 2016, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de abril de 2016 a las 10:08 horas», con número de registro digital: 2011406, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."

Agravios.

La parte recurrente señala en sus agravios que la determinación de la juzgadora de amparo de negar la medida cautelar, vulnera lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que señala que a través de la suspensión del acto reclamado se evita el peligro en la demora, considerada ésta como la posible frustración de los derechos del quejoso y que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, pues mientras ello no suceda, la independencia de la institución a la que pertenece el impetrante puede resultar menoscabada, así como el servicio de administración de justicia en general, por lo que se encuentra justificado, en el presente caso, el peligro en la demora.

Luego, refiere que, en cuanto a la apariencia del buen derecho, prevista en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se actualizan los supuestos de dicha figura, ya que los artículos reclamados de la Constitución Política del Estado de Jalisco, previsiblemente resultan inconstitucionales.

Lo anterior, en razón de que la Constitución Federal se ubica en el origen del sistema jurídico y ocupa la posición suprema en su estructura jerárquica, en función de lo cual establece la relación jerárquica y determina su significado.

Por lo que, de acuerdo con la jerarquía de esa Norma Fundamental, las disposiciones constitucionales originales, como creadoras y conformadoras del sistema jurídico, determinan el significado de las demás normas.

Por tanto, dice el recurrente, si de la interpretación sistemática del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se colige que los órganos jurisdiccionales se rigen por un sistema que garantiza la independencia judicial de la institución del Poder Judicial, al margen de todo tipo de presiones o intereses extraños, lo cual se protege mediante diversos mecanismos, como son la permanencia en el cargo de un juzgador; entonces, estima que tales normas constitucionales deben determinar el significado del Decreto Legislativo Número 27296/LXII/19, por el cual se reformaron los artículos 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Por ende, considera que aplicando la apariencia del buen derecho se puede anticipar, de manera preliminar, la inconstitucionalidad del decreto reclamado, ya que vulnera la independencia judicial, tutelada por la Constitución Federal.

Finalmente, indica que con la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se materializarían ninguna de las hipótesis del artículo 129 de la Ley de Amparo, por el contrario, refiere que de no concederse la medida cautelar, se pone en situación de vulnerabilidad el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, cuyo cumplimiento se encuentra a cargo del Poder Judicial, siendo que con la reforma impugnada se reconfiguran de forma directa las garantías que posibilitan el goce de tal prerrogativa humana, así como los principios de independencia y autonomía judicial.

Argumentos los anteriores que, en esencia, reproduce en su escrito de ampliación de agravios.

Los anteriores motivos de inconformidad son sustancialmente fundados y suficientes para revocar el auto recurrido y conceder la medida cautelar solicitada, pues contrario a lo sostenido por la Juez de Distrito, en el particular sí se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, concretamente porque con su otorgamiento no existe una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.

En efecto, como quedó evidenciado en los antecedentes del caso, el quejoso solicitó la suspensión provisional, en lo que interesa, para los siguientes efectos:

"A. Se mantengan las cosas en el estado en el que se encuentran; esto es, que las autoridades responsables o cualquier otra vinculada con la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, se abstenga de aplicar las consecuencias de las normas en análisis, es decir;

"a. Que no se impongan las normas que se reclaman de inconstitucionales, por tanto, no se le apliquen los exámenes de control y confianza al hoy quejoso, hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del asunto.

"b. Que no se aplique la causa de retiro forzoso, relativa a no aprobar los exámenes de control y confianza hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del asunto."

Luego, atendiendo al contenido de la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se determinó que el juzgador de amparo puede conceder la suspensión del acto reclamado, por efectos distintos a los solicitados, este Tribunal Colegiado se pronunciará sobre la suspensión del acto reclamado, aun cuando los efectos y consecuencias puedan ser distintos a los pedidos por el quejoso.

La jurisprudencia de que se da cuenta es localizable en la página 14 del Libro 63, Tomo I, febrero de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de febrero de 2019 a las 10:03 horas», con número de registro digital: 2019200, de título, subtítulo y texto siguientes:

"SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo."

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos, ha considerado que la eficacia de cualquier sistema jurisdiccional depende, en gran medida, de la posibilidad de emitir medidas cautelares que permitan mantener viva la materia del proceso.

En ese orden, ha determinado que especialmente en los juicios de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tienen por objetivo evitar, sobre todo, que aquellos actos posiblemente transgresores de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso y afecten la esfera jurídica del particular de manera irreversible o difícilmente reparable, ocasionando que el propio proceso instituido para su defensa terminara por resultar inútil para esos efectos.

En tal virtud, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los derechos a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, serían letra muerta sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar que no sean transgredidos, lo que debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso (artículo 14 constitucional), un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) de los intereses jurídicos involucrados, tomando en cuenta que la demora del procedimiento para obtener la salvaguarda de aquéllos no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave.

En suma, el Más Alto Tribunal del País ha considerado que de la prohibición prevista en el artículo 17 constitucional, en el sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho", y de la exigencia constitucional a la administración de justicia "pronta, completa e imparcial", deriva el derecho a la tutela judicial efectiva que comprende, como una de sus manifestaciones, el derecho a un sistema de medidas cautelares apto para la adecuada y oportuna protección de los intereses jurídicos controvertidos, tomando en cuenta que sólo a través de ellas se evita que la demora en la sustanciación del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia consume las violaciones alegadas de manera irreparable, y se impida, consecuentemente, que resulte inútil el proceso principal instituido para la defensa y eficacia de los derechos defendidos.

Sobre esa relevancia constitucional será interpretado el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo, a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada.

La interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción X, constitucional,(4) permite arribar a la conclusión de que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo,(5) la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la configuración de cinco presupuestos jurídicos:

a) Solicitud de parte (salvo suspensión de oficio);

b) Interés suspensional;

c) Certeza de los actos reclamados;

d) Existencia de materia para la suspensión (análisis de la naturaleza de los actos reclamados); y,

e) Análisis simultáneo del peligro en la demora, la apariencia del buen derecho, del orden público e interés social.

Es preciso mencionar que la ausencia de cualquiera de tales condiciones amerita negar el otorgamiento de la medida cautelar.

a) Solicitud de la suspensión (artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo), salvo los supuestos de los artículos 126 (violaciones graves) y 127 (extradición y violaciones irreparables).(6)

Cabe precisar que, como se aprecia de la demanda de amparo, la parte quejosa fue expresa en solicitar la medida cautelar de mérito; por tanto, se tiene por cumplido el primer presupuesto jurídico para el otorgamiento de la medida cautelar.

b) Interés suspensional.

De conformidad con la Ley de Amparo, sólo se concederá la medida cautelar cuando el quejoso acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento; es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación en la esfera jurídica del quejoso.

En efecto, ínsita en la exigencia legal destacada, se encuentra la carga procesal del quejoso de acreditar la titularidad del derecho legítimamente tutelado, para solicitar la suspensión de los actos reclamados.

En tales condiciones, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones que el quejoso formuló bajo protesta de decir verdad y a las pruebas que exhibió con la demanda de amparo, entre las que destacan la copia certificada del acuerdo legislativo número 732-LX-14, aprobado el diez de febrero de dos mil catorce, por medio del cual la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Jalisco ratificó a ********** en el cargo de Magistrado del entonces denominado Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, por un segundo periodo de diez años contados a partir del siete de marzo de dos mil catorce, así como de las cédulas de votación emitidas por el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, de las cuales se advierte que se aprobó dicho acuerdo legislativo por 29 votos a favor, 0 abstenciones y 10 en contra.

En ese tenor, cabe destacar que del análisis a la totalidad de las pruebas documentales reseñadas, se aprecia la existencia de la ratificación al cargo público que ejerce el aquí quejoso, por un segundo periodo de diez años contados a partir del siete de marzo de dos mil catorce, como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; las cuales adquieren valor probatorio en términos de los artículos 127, 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2o.

Lo cual genera indicios para que este Tribunal Colegiado de Circuito, en este momento procesal, considere que el interés suspensional del quejoso se encuentra acreditado, al demostrar que se ubica en los supuestos normativos a que se refieren los preceptos reclamados, en tanto que prueba ejercer el cargo público de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco hasta el siete de marzo de dos mil veintitrés, con lo cual se puede afirmar que forma parte del conglomerado social al cual van dirigidas las normas impugnadas, por lo que se cumple con el segundo presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar.

c) Certeza de los actos reclamados.

Desde una perspectiva lógica, se interpreta que la inexistencia de los actos reclamados produce que las medidas cautelares deban, en consecuencia, negarse ante la ausencia de materia para que produzcan efectos.

Para resolver sobre la suspensión provisional se debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos.

Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones que el quejoso formuló en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, y a las pruebas que acompañó, entre las que se encuentra la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" de diez de septiembre de dos mil diecinueve, en el que aparece el decreto que contiene las reformas a las normas impugnadas, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar.

Sirve de fundamento a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Número 68, agosto de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro digital: 206395, que a la letra dice:

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.—Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo."

Por tanto, se tiene por acreditado el tercer presupuesto jurídico necesario para otorgar la medida cautelar, en los términos expuestos en este apartado.

d) Valoración de la existencia de materia para la concesión de la medida cautelar. Análisis de la naturaleza de los actos reclamados (artículos 131 y 147 Ley de Amparo).(7)

Los actos reclamados, sus efectos o consecuencias, deberán ser paralizables y no haberse consumado irreparablemente en lo jurídico y material o, bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen al quejoso en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar.

Al respecto, este Juzgado de Distrito (sic) advierte que si bien el artículo 131 de la Ley de Amparo señala que tales medidas no tendrán por efecto constituir derechos que no haya tenido el promovente antes de la presentación de la demanda, sin embargo, el propio legislador también estableció en el artículo 147 de la Ley de Amparo facultades para que el juzgador: "...Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo..."; siendo que estas últimas facultades son acordes con la finalidad constitucional ya expuesta de las medidas cautelares y las que, en todo caso, deben atenderse por resultar más favorables para la protección de la persona, a la luz del artículo 1o. constitucional, en caso de posibles conflictos interpretativos.

En tales condiciones, se estima pertinente traer a cuenta que en términos del numeral 148 de la Ley de Amparo(8), de conformidad con el cual, cuando se solicite la suspensión de una norma general autoaplicativa –que es la modalidad de impugnación en el presente caso–, sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso.

Por lo anterior, se colige que es material y jurídicamente factible paralizar los efectos de las normas generales reclamadas.

f)(sic) Análisis simultáneo del peligro en la demora, la apariencia del buen derecho, el orden público e interés social.

El Máximo Tribunal del País ha considerado(9) que, pese a que la mayor parte de la actuación pública y de las leyes emitidas por el Congreso persiguen fines de carácter público y social, la eficacia de los derechos fundamentales defendidos frente a ese tipo de actos impone al Juez de amparo realizar un juicio de ponderación y de equilibrio de los intereses fundamentales involucrados al resolver los asuntos sobre medidas cautelares en dicho proceso.

De ahí la importancia de realizar una ponderación de todos los intereses en conflicto al resolver los asuntos sobre medidas cautelares, destacada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 115/2003-SS,(10) de la siguiente manera:

"...Es decir, aun cuando se reclame un acto cuyo fundamento es una ley de orden público, para decidir sobre la suspensión el juzgador debe examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, debido a que no basta la sola circunstancia de que se pida la paralización de los efectos del acto fundamentado en un ordenamiento de orden público para negar la suspensión bajo el argumento del carácter de éste y de que responde al interés general, ya que todas las leyes (en sentido amplio) participan en mayor o menor medida de esas características, sino que resulta imprescindible, incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público, la distinta naturaleza del objeto específico de los ordenamientos y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación..."

En esos términos, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País apuntó que son los Jueces de Distrito y los Tribunales de Circuito a los que les corresponde realizar la ponderación de los intereses en conflicto, en los casos relativos a medidas cautelares, debido a que tienen acceso directo e inmediato al material probatorio del asunto concreto.

En este orden, los siguientes elementos: i) peligro en la demora, ii) apariencia del buen derecho, iii) orden público, y iv) interés social, serán analizados simultáneamente.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315 del Tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 165659, del tenor literal siguiente:

"SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida."

En tal sentido, a través de la suspensión del acto que se reclama se evita el peligro en la demora, considerando esto como la posible frustración de los derechos de los pretendientes de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, pues mientras ello no suceda, la independencia de la institución a la que pertenece el quejoso puede resultar menoscabada, como se explicará con mayor amplitud con posterioridad y, así, el servicio de administración de justicia en general, por lo que se encuentra justificado en el presente caso el peligro en la demora.

En cuanto a la apariencia del buen derecho, que se encuentra prevista en el numeral 138 de la ley de la materia, se actualizan los supuestos de dicha figura, adverso a lo considerado por la a quo, atento a que los preceptos reclamados de la Constitución Política del Estado de Jalisco, previsiblemente resultan inconstitucionales.

Al respecto, debe tenerse presente que el ejercicio de ponderación de la apariencia del buen derecho sólo debe reducirse a establecer si a primera impresión es o no inconstitucional el acto de que se trate, de manera que no se puede llegar al extremo de exigir que el análisis respectivo se haga desde todas las vertientes y puntos de vista posibles, incluyendo aspectos fácticos, futuros e inciertos, hasta agotar el estudio de los argumentos en pro y en contra, para llegar a una conclusión, porque ello no es propio de un examen aparente o probable sobre el buen derecho, sino de una postura definitiva sobre el carácter constitucional o inconstitucional del acto, lo que sólo puede ser materia de la sentencia de fondo.

Sobre el particular, se invoca la tesis I.8o.C.5 K (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, localizable en la página 1956 del Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas», con número de registro digital: 2005998, que cita textualmente:

"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LÍMITES EN EL ESTUDIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El examen que para los efectos de la suspensión se efectúe en relación con la denominada apariencia del buen derecho, al que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo, debe reducirse a establecer si a primera impresión es o no inconstitucional el acto de que se trate. Por lo mismo, no puede llegarse al extremo de exigir que el análisis de esa cuestión se haga desde todos los puntos de vista posibles, hasta agotar el estudio de los argumentos en pro y en contra, para llegar a una conclusión pues, de ser así, se estaría ya no en el caso de una mera apariencia o probabilidad, sino de fijar con certeza el carácter constitucional o inconstitucional del acto, lo que sólo puede ser materia de la sentencia de fondo."

Precisado lo anterior, del Decreto Legislativo Número 27296/LXII/19, por el cual se reformaron los artículos 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa, ambos del Estado de Jalisco disponen, en lo que aquí concierne, que el Tribunal de Justicia Administrativa contará con un sistema de evaluación de control de confianza que se regirá bajo los lineamientos que establezca la ley; que las evaluaciones de control de confianza serán aplicables a los Magistrados cada cuatro años, y serán realizadas por el órgano de evaluación, de conformidad en lo establecido en su ley orgánica.

Asimismo, indican que para ser electo Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, serán los mismos requisitos que para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que se requiere, entre otros, realizar y aprobar las evaluaciones correspondientes, en los términos de la Constitución Estatal y la ley.

Que durarán en su encargo doce años improrrogables, contados a partir de que rindan protesta de ley; regla que no será aplicable a aquellos que se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigor del decreto, como acontece con el impetrante, conforme a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del decreto en cuestión.(11)

De igual forma, precisan que son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, entre otras, no aprobar las evaluaciones de control de confianza.

Y reitera que dichas evaluaciones serán aplicables cada cuatro años, las cuales se integrarán al expediente laboral que será de carácter reservado.

Ahora, asentado lo anterior, en el caso concreto se toma en consideración, por analogía sustancial, lo resuelto en la controversia constitucional 86/2012, que aun cuando fue promovida por el Poder Judicial del Estado de Jalisco, al que entonces pertenecía el denominado Tribunal de lo Administrativo, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad federativa, servirá de sustento, en lo que aquí se resolverá, en la medida en que el Tribunal de Justicia Administrativa es un organismo público autónomo, de conformidad con el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco,(12) por lo que goza de plena autonomía e independencia para emitir sus resoluciones, y debe mantener las condiciones necesarias para que se administre la justicia de forma independiente, imparcial y eficaz, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116, fracció

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29558-9d238b5c/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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